Novedades

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 29 DE MAYO DE 2019 CONTRA LA EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE UN EXTRANJERO POR LA SECRETARIA DE ESTADO . PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Roj: SAN 2477/2019 - ECLI: ES:AN:2019:2477
Id Cendoj: 28079230052019100364 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 29/05/2019 Nº de Recurso: 69/2018 Nº de Resolución: Procedimiento: Procedimiento ordinario Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES Tipo de Resolución: Sentencia




OCTAVO .- Pues bien, ponderando los criterios expuestos en el Fundamento Jurídico Quinto y analizadas las circunstancias expuestas, consideramos que:

1º.- No cabe duda de la naturaleza y gravedad de la infracción cometida por el recurrente, al estar condenado por pertenencia e integración a grupo terrorista.
2º.- Que su residencia en España tiene cierta duración, 16 años.

3º.- Que el tiempo transcurrido desde la infracción es de, al momento de esta sentencia, 5 años; y su conducta en prisión es de rechazo al terrorismo, realizando estudios y vinculándose a actividades sociales.

4º.- Tanto la nacionalidad de su esposa como de sus hijas es española.

5º.- Contrajo matrimonio en el año 2010, y de las circunstancias laborales y familiares, se desprende, en principio, que la efectividad de una vida familiar estable; teniendo tres hijas, de edades entre los  NUM003  y 2 años.

6º.- De lo declarado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que confirma la de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, anteriormente, citadas, no se hace referencia sobre el conocimiento de la esposa del recurrente de los hechos imputados a su marido.

7º.- No cabe duda que la expulsión, teniendo en cuenta las edades de las hijas, escolarizadas en España, la relación laboral de la esposa y la carencia de vínculos familiares en Argentina, supondría un efecto negativo en el grupo familiar, cuando los vínculos sociales y familiares son más sólidos. Pues bien, de la apreciación conjunta de todas estas circunstancias, se puede apreciar los efectos negativos de la expulsión sobre la situación personal, familiar, laboral y social, en la que el "arraigo social" se pone de manifiesto por la larga residencia en España y la formación del grupo familiar, cuyos miembros, que ostenta la nacionalidad española, están incorporados, también, desde la perspectiva laboral y educativa


(...)

Pues bien, en el presente caso, si bien el Instructor del expediente se refiere a alguno de los datos objetivos que con anterioridad hemos expuesto, lo cierto es que no hace una valoración, primero, específica de cada uno de ellos, ni, tampoco, en segundo lugar, de la repercusión conjunta de los mismos en la situación personal, familiar, laboral y social del recurrente. En este sentido, si bien el recurrente conoce el criterio general por el que se acuerda su expulsión, sin embargo, la resolución impugnada no aplica los criterios exigidos en estos supuestos, pues no se debe olvidar que estamos ante una medida excepcional, que exige también una motivación excepcional; de forma que la expulsión, a la luz de las apreciaciones que hemos puesto de manifiesto en el Fundamento Jurídico Octavo, aparece como desproporcionada

Enviado el: 20-07-2019

OJO : SENTENCIA DEL TS DE 13 DE JUNIO . EXTINCIÓN DE AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL CUANDO SE CONSTATE LA DESAPARICIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON PARA SU CONCESIÓN

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 5ª) de 13 de junio de 2019. Interpretación de los arts. 162.2.b) y 71 del  RD 557/2011. Sentencia interés casacional (a instancia de la Abogacía del Estado en Bizkaia) sobre criterio interpretativo del art. 162.2 y 71.2 del RD 557/2011, facultando a la administración a extinguir autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo (incluidas las extraordinarias) cuando constate la desaparición de circunstancias que sirvieron para su concesión, sin ser de aplicación el artículo 71.2 del reglamento de extranjería. Extinción de la autorización temporal de residencia y trabajo por razones extraordinarias de arraigo. La Administración decretará la extinción de las autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo, incluidas las extraordinarias, cuando constate que han desaparecido las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, siempre que no se hubieran extinguido "ope legis" por cualquiera de las circunstancias legalmente previstas.

Enviado el: 20-07-2019

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE . CONCEDE CIRCUNSTANCIAS HUMANITARIAS A HIJA QUE CUIDA A MADRE CON AUTORIZACION DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS HUMANITARIAS POR ENFERMEDAD SOBREVENIDA

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife de 20 de mayo de 2019. Concede autorización por razones humanitarias. Extranjera que tiene que cuidar a su madre: se concede autorización razones humanitarias enfermedad sobrevenida

Fundamentos de Derecho:
Segundo. (...). En el caso que ahora nos ocupa, la madre de la actora instó esta clase de autorización y le fue concedido. q El caso que ahora examinamos, se fundamenta en el artículo 123.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, conforme al cual: «1. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá o conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés público, previstos en los artículos siguientes».

Fuente:
Nuestra felicitación al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Alejandro Ruiz Menéndez

http://www.migrarconderechos.es/jurisprudenceMastertable/jurisprudencia/SJCA_Tenerife_20_05_2019
Más información

Enviado el: 20-07-2019

SENTENCIA DEL TS DE 1 DE JULIO DE 2019. NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL

Roj: STS 2325/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2325
Id Cendoj: 28079130052019100202 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 01/07/2019 Nº de Recurso: 1826/2018 Nº de Resolución: 966/2019 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO

Respecto de la naturaleza de la resolución administrativa de extinción, discrepamos también de la Abogacía del estado, dado el tenor literal del primer párrafo de su apartado 2: "La autorización de residencia temporal se extinguirá por resolución del órgano competente para su concesión, conforme a los trámites previstos en la normativa vigente para los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, cuando se constate la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: ..." El precepto dice "se extinguirá", no dice "declarará su extinción" y este dato es relevante pues en tanto no se dicte la resolución -que tiene efectos constitutivos "ex nunc"- la autorización no queda extinguida, salvo que hubiera trascurrido el plazo de su expedición o concurrieran las otras dos circunstancias previstas en el apartado 1 de tan citado art. 162, que causan su extinción "ope legis", haciendo entonces innecesario e improcedente tal pronunciamiento>>.

En atención a lo precedentemente expuesto, y dando respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, concluimos que la facultad de la administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 del Real Decreto 557/2011 , debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia. En consecuencia, resolviendo la litis, procede la declaración de no haber lugar al recurso de casación.

Enviado el: 20-07-2019

DECENAS DE SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMANDO LA CONDICIÓN DE REFUGIADO/A A CIUDADANOS/AS DE VENEZUELA PERO OTORGANDO DE MANERA SUBSIDIARIA LA AUTORIZACION POR RAZONES HUMANITARIAS

Roj: SAN 2735/2019 - ECLI: ES:AN:2019:2735
Id Cendoj: 28079230082019100395 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 8 Fecha: 24/06/2019 Nº de Recurso: 1149/2017

Para valorar las circunstancias personales de la recurrente, vinculadas a las causas de asilo invocadas y a la situación real y actual de Venezuela, contamos con información solvente de diversos organismos internacionales, que vienen a evidenciar un alarmante empeoramiento de la situación social del país, que, además de la inobservancia del debido respeto a derechos básicos de la persona, compromete el acceso de los ciudadanos a bienes básicos como alimentos o medicinas.

Es por ello que entiende el tribunal que, en la actual situación, se ha de valorar la situación de los peticionarios de esta medida de protección teniendo en cuenta sus particulares circunstancias, a la luz de la información más reciente sobre el país de origen.

Y , además de la Posición de ACNUR de marzo de 2018, en la que se recomienda la no devolución de los ciudadanos venezolanos a su país de origen, la Resolución emitida por la Inter-American Comission on Human Rights, de marzo de 2018, habla de "violaciones múltiples y masivas de los derechos humanos de la mayoría de la población venezolana, con impactos particulares en los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, libertad de movimiento, protección judicial, salud, alimentos y trabajo, entre otros" ; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos (ACNUDH) , en su documento "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin" , al que se hace referencia en sentencia de esta Sala (Secc. 2ª) de 26/06/18 , afirma que "no se persigue a los causantes de muertes en las protestas; que la fuerza se usa de forma excesiva, causándose muertes en operaciones de seguridad; que se realizan detenciones arbitrarias y sin la garantía del debido proceso; torturas y malos tratos; se producen ataques y restricciones al espacio democrático; que se existe una situación de grave violación del derecho a la salud y la alimentación".

Por otra parte, hemos de tener en cuenta la resolución del Ministerio del Interior de fecha 28/02/2019 "sobre autorización de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional a las personas de nacionalidad venezolana con expedientes resueltos desfavorablemente con anterioridad a febrero de 2019"; la Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos, de ACNUR de marzo de 2018; la resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de marzo de 2018; el Informe "violaciones de los Derechos Humanos en el República Bolivariana de Venezuela" de ACNUDH, de junio de 2018; y la Resolución del Parlamento Europeo, sobre "la situación en Venezuela", de febrero de febrero de 2018. Todo ello justifica que se autorice su permanencia en España por razones humanitarias, al menos hasta que la situación del país de origen ofrezca unas mínimas garantías de seguridad y atención de las necesidades básicas.


Procede, pues, la estimación parcial del recurso

Enviado el: 20-07-2019

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE JUNIO DE 2019 . CONSAGRA LA DISTINCIÓN ENTRE ARRAIGO SOCIAL CON VÍNCULOS FAMILIARES Y LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR . APRECIACIÓN DISCRECIONAL DE LOS MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Roj: STS 1992/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1992
Fecha: 17/06/2019
Nº de Recurso: 1023/2018
Nº de Resolución: 832/2019
Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO



En efecto es de interés resaltar el distinto tratamiento dado por quien ejerce la potestad reglamentaria a las solicitudes de autorización de residencia por reagrupamiento familiar y a las solicitudes de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social apoyada en vínculos familiares, para, en conexión con ese distinto tratamiento, poner de manifiesto las diferencias entre la solicitud de autorización de residencia por reagrupación familiar, por medio de la cual un extranjero residente puede reagrupar con él en España a los familiares referenciados en el artículo 53 que se hallan fuera del territorio nacional, y la solicitud de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social derivada de vínculos familiares en la que ya se contempla la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años por parte de quien solicita esa residencia temporal.

Y es que es precisamente la diferencia entre la autorización de residencia por reagrupación familiar y la autorización de residencia por razones de arraigo social derivada de vínculos familiares, lo que da explicación al distinto régimen a la hora de establecer la suficiencia económica: en el primer supuesto mediante su cuantificación y en el segundo mediante la valoración no tasada de las circunstancias concurrentes. Se equivoca la Abogacía del Estado cuando en su escrito de interposición califica de ilógico y no acorde a una interpretación uniforme y sistemática de la norma, sin reparar en que nada impedía a quien ejerce la potestad reglamentaria definir, para el supuesto de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social fundadas en vínculos familiares, cúal es el alcance del término <<medios económicos suficientes>>, y sin reparar también en que el artículo 4.1 del Código Civil previene que <<Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón>>, identidad, conforme a lo ya expuesto, inexistente


Por lo expuesto, la respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión es que en las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo social fundamentadas en vínculos familiares, para acreditar la suficiencia de medios económicos, cuando se solicita la exención del contrato de trabajo, no cabe acudir a la aplicación analógica del artículo 54, sobre reagrupación familiar, siendo procedente, por el contrario, una valoración discrecional de la suficiencia en atención a las circunstancias concretas del caso

Enviado el: 01-07-2019

SENTENCIA DEL TSJ DE VALENCIA . CONCEDE TFUE ASCENDIENTE DE ESPAÑOL PROCEDENTE DE VENEZUELA. VALORACIÓN DE LA PENSIÓN VENEZOLANA

Fecha: 26/03/2019 Nº de Recurso: 891/2017 Nº de Resolución: 234/2019

TERCERO . - La sentencia apelada tras la cita parcial de la sentencia de la Sala Tercera-Sección del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2016 , realiza una valoración de la prueba en los siguientes términos: a) La solicitante recibía de su hijo la cantidad entre 15.000 y 50.000 bolívares mensuales que ingresaba en la cuenta de su madre y D.  Landelino  , esposo de su madre. b) La pensión de la solicitante, que pasó de 11.577 VEF a 15.051,15 VEF , la considera insuficiente tomando como referencia los tikets de productos de alimentación que aportó la demandante.

QUINTO . - Procede analizar en primer lugar si la parte demandante -hoy apelada- logró demostrar, como afirma la sentencia del Juzgado que la solicitante Dña.  Hortensia  estaba viviendo a cargo del su hijo residente en España y nacionalizado en 2014. La solicitud de tarjeta de residente comunitaria es de 6 de abril de 2016 y los envíos de dinero comienzan en mayo de 2015. La Sala examina la documentación con los siguientes envíos:

(,,,)
Examinados los números observamos que la pensión de la solicitante osciló de 11.577 pesos a 15.051,15 pesos, manifiestamente insuficiente para los precios existentes en Venezuela en ese momento. Ciertamente, las cantidades enviadas por el hijo -reagrupante- son pequeñas pero en relación a su pensión podemos afirmar que eran una notable ayuda que le permitió vivir. La Sala desestima el recurso de la Abogacía del Estado

Enviado el: 02-06-2019

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 9 DE ABRIL DE 2019 . CONDICIÓN DE TRABAJADOR PARA DESEMPLEADA . NO EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONOMICOS PARA TFUE ASCENDIENTE DE ESPAÑOLA

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 10 Fecha: 09/04/2019
Nº de Recurso: 680/2018 Nº de Resolución: 274/2019
Ponente: RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO

En síntesis, la parte apela por entender que la Administración debió limitarse a valorar el requisito relativo al seguro de salud, no pudiendo denegar su solicitud por el eventual incumplimiento de otros requisitos. Alega, además, que se ha seguido una interpretación muy estricta de la normativa, no valorando el conjunto de ingresos de la unidad familiar. Y , por último, considera que al no haber perdido la recurrente la condición de trabajadora no cabe exigirle que acredite, además, disponer de recursos económicos suficientes.

(...)

Como ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propósito del art. 7.1 de la Directiva 2004/38/ CE , se trata de diferenciar situaciones distintas: los económicamente activos, los ciudadanos inactivos y los estudiantes. Así, en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-442/16, Florea Gusa y Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado:

(...)


Pues bien, en el caso de la ciudadana española que nos ocupa, su calificación a los efectos de la norma de aplicación debe ser la de trabajadora por cuenta ajena Y ello porque como destaca oportunamente el recurso de apelación en uno de sus motivos, su situación era tributaria de la aplicación del art. 7.3 del Real Decreto 240/2007 , a tenor del cual: "3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos: ... b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo; c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses". En efecto, la ciudadana española estaba inscrita como demandante de empleo -folio 17 del expediente administrativo- y además percibía una prestación por desempleo al tiempo de formularse la solicitud que nos ocupa -folio 18 del expediente administrativo-, de lo que se infiere el cumplimiento de los requisitos exigidos para la conservación de la condición de trabajadora por cuenta ajena a los efectos aquí examinados. Luego, en tales circunstancias, la Administración no podía exigirle, para reagrupar a un familiar extracomunitario, que acreditara el cumplimiento de requisitos normativamente dispuestos para otro tipo de situaciones, en este caso, el de los ciudadanos inactivos, por emplear la terminología usada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por todo ello, procede acoger el motivo de apelación referido a la infracción del art. 7 del Real Decreto 240/2007 . 

Enviado el: 01-06-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 4 DE ABRIL DE 2019 . APLICABILIDAD DEL 57.2 A UNA RESIDENCIA LARGA DURACIÓN . PENA EN ABSTRACO - PENA EN CONCRETO . MODULACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Murcia Sección: 2 Fecha: 04/04/2019 Nº de Recurso: 261/2018 Nº de Resolución: 208/2019 

(...)

Por ello, debemos modular la doctrina establecida en los términos expresados.


NOVENO.- De acuerdo, pues, con todo lo expuesto y modulando la interpretación que mantienen los dos órganos jurisdiccionales consideramos como interpretación más acertada del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) ---y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" --- debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea "una pena privativa de libertad superior a un año", esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia de máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos. Esta, pues, es la doctrina que resulta procedente establecer, como doctrina jurisprudencial.

DÉCIMO.- La interpretación del artículo 57.2 de la LOEX que se acaba de establecer conduce a la estimación de las pretensiones que la parte recurrente deduce en el escrito de interposición del recurso, con apoyo en la matización que hemos efectuado de la interpretación realizada en la sentencia de instancia por la Sala de lo Contencioso administrativo, confirmando la del Juzgado de lo Contencioso administrativo, siendo pues la doctrina establecida por la mismas, si bien necesitando del complemento o matización expresados. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto, fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, a la estimación del Recurso Contencioso administrativo interpuesto por el recurrente, dejando sin efecto la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fecha 30 de noviembre de 2016, en el Recurso de apelación 602/2016 , así como la sentencia de fecha 16 de junio de 2016 que dictó el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 2 de Sevilla en el Procedimiento abreviado 4/2016. Por todo ello dejamos sin efecto y anulamos la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de fecha 19 de noviembre de 2015 que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español, con prohibición de entrada en el mismo por un periodo de 7 años; expulsión y prohibición que dejamos sin efecto."

Enviado el: 01-06-2019