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AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ADMISIÓN CASACIONAL DE 25 DE ABRIL DE 2018 , PARA LA INTERPRETACIÓN DE CUALES SON LOS MEDIOS ECONÓMICOS A TENER EN CUENTA EN LA RENOVACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES QUE SE OTORGAN AL AMPARO DEL ART. 197 PARA MENORES NO ACOMPAÑADOS .

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3141/2017 -
 Fecha: 25/04/2018 -
 Tipo Resolución: Auto


PRIMERO.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictó sentencia -nº 229/17, de 5 de abril- confirmatoria en apelación (nº 104/17 ) de la nº 191/16 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Bilbao, que desestimó el P.A. 137/16, deducido por D. Silvio -titular de una autorización de residencia temporal otorgada al amparo del art. 197 del Real Decreto 557/11 , en su condición de menor no acompañado, una vez alcanzó la mayoría de edad- frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya de 11 de enero de 2016 (confirmada en reposición por la de 22 de febrero), por la que se le denegaba -ex art. 46 y ss. del Real Decreto 557/11, de 20 de abril , que aprueba el Reglamento ejecutivo de la LOEX- la renovación de esa primera autorización de residencia no lucrativa por no acreditar medios económicos en cantidad equivalente al 400% del IPREM (en el año 2015 solo acreditó la percepción de 517,57 €, procedentes del Programa Hemen).


Determinar:
1) cuál es el régimen jurídico aplicable a la renovación de una de autorización de residencia temporal no lucrativa, otorgada al amparo del artículo 197 del RD 557/2011 : el contenido en el artículo 197 del RD 557/2011 (como postula el recurrente), o el regulado en los artículos 46 y ss del mismo RD 557/2011 (específicamente en su art. 51 puesto en relación con el art. 47), con base en los cuáles fue denegada por la Administración; 2) cuál es la cuantía de los medios económicos que, en su caso, se deben acreditar y si en ellos deben computarse las posibles prestaciones asistenciales, así como la trascendencia que, a estos efectos, cabe atribuir a los posibles informes positivos presentados por las autoridades competentes ex art. 51.6 y ex art. 197.2.b) del RD 557/2011 .

Enviado el: 07-05-2018

SENTENCIA DEL TJUE DE 24 DE ABRIL DE 2018 . CONCEDE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA DE UNA VÍCTIMA DE TORTURAS PASADAS

Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 53/18 Luxemburgo, 24 de abril de 2018
Sentencia en el asunto C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department: (Protección subsidiaria de una víctima de torturas pasadas)
 

Una persona que haya sido víctima en el pasado de torturas en su país de origen puede acogerse a la «protección subsidiaria» si corre un riesgo real de verse deliberadamente privada de un tratamiento adecuado a su estado de salud física o mental en ese país
La expulsión a dicho país puede asimismo ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos
MP, nacional de Sri Lanka, llegó al Reino Unido como estudiante en enero de 2005. En 2009 presentó una solicitud de asilo en la que alegaba que había sido miembro de la organización «Tigres para la Liberación de la Patria Tamil» (LTTE), que había sido detenido y torturado por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka y que corría el riesgo de sufrir nuevamente maltrato si regresaba a dicho país. Las autoridades británicas denegaron la solicitud de asilo de MP y decidieron asimismo no concederle la protección subsidiaria basándose en que no había quedado probado que se hallase nuevamente amenazado en caso de regresar a su país de origen.
Una Directiva de la Unión 1 establece las normas mínimas relativas a la «protección subsidiaria» con el fin de completar la protección internacional conferida por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. La protección subsidiaria se concede a todo aquel que no goce del estatuto de refugiado pero se halle expuesto en su país de origen a alguna amenaza grave como la pena de muerte, la tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes. A los beneficiarios de la protección subsidiaria se les concede una autorización de residencia de duración limitada. En cuanto a los nacionales de Estados no miembros de la Unión que no gocen de la protección subsidiaria, un Estado miembro puede discrecionalmente autorizarlos a residir en su territorio por compasión o por razones humanitarias, debiendo tenerse en cuenta que tales nacionales no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

LEER MAS : COMUNICADO DE PRENSA Más información

Enviado el: 05-05-2018

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 3 DE PAMPLONA DE 20 DE ABRIL DE 2018 . ESTIMA RECURSO . EXPULSIÓN : NO DEBE SER TENIDA EN CUENTA LA PENA EN ABSTRACTO

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso núm. 3 de Pamplona/Iruña de 20 de abril de 2018. Estima el recurso. Expulsión: no debe ser tenida en cuenta la pena en abstracto.

Ponente: Dña. Ana Irurita Diez de Ulzurrum
Sentencia: 102/2018

Nuestro agradecimiento y felicitación a la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, Lourdes Etxeberria Zudaire.
Comentario:

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso núm. 3 de Pamplona/Iruña de 20 de abril de 2018. Se estima el recurso. Estima el recurso. Expulsión: no debe ser tenida en cuenta la pena en abstracto. Remite a la Sentencia del TSJ Madrid en Sentencia de 27 de septiembre de 2017 

FUENTE : MIGRACONDERECHOS Más información

Enviado el: 05-05-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE ( GRAN SALA ) 17 DE ABRIL DE 2018 . EL DERECHO A LA PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON RESIDENCIA PERMANENTE

El  derecho a la protección reforzada contra la expulsión del territorio está sujeto, en particular, al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE  JUSTICIA (Gran Sala)de 17 de abril de 2018 (*)

“Procedimiento prejudicial - Ciudadanía de la Unión Europea - Derecho a residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros - Directiva 2004/38/CE - Artículo 28, apartado 3, letra a) - Protección reforzada contra la expulsión - Requisitos - Derecho de residencia permanente - Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores a la decisión de expulsión del Estado miembro de que se trate - Período de estancia en prisión - Consecuencias sobre la continuidad de la residencia de diez años - Relación con el examen global del vínculo de integración - Momento en el que tiene lugar dicho examen y criterios que han de tenerse en cuenta”

En los asuntos acumulados C-316/16 y C-424/16,

El Asunto C-424/16, Vomero En 1985 Franco Vomero, de nacionalidad italiana, se trasladó al Reino Unido con su esposa, de nacionalidad británica. La pareja se separó en 1998; el Sr. Vomero abandonó entonces el domicilio conyugal y se trasladó a vivir con el Sr. M.
El Sr. Vomero mató al Sr. M el 1 de marzo de 2001. En 2002 fue condenado a ocho años de prisión por homicidio. Fue puesto en libertad en julio de 2006.
Mediante resolución de 23 de marzo de 2007, confirmada el 17 de mayo de 2007, el Ministro del Interior británico (Secretary of State for the Home Department) decidió expulsar al Sr. Vomero, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre inmigración del Reino Unido de 2006. El Sr. Vomero fue mantenido en prisión hasta el mes de diciembre de 2007 a la espera de su expulsión.
La Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), que conoce de este litigio, considera que el Sr. Vomero no había adquirido un derecho de residencia permanente antes de ser objeto de la medida de expulsión. Sin embargo, ese tribunal observa que el Sr. Vomero lleva residiendo en el territorio del Reino Unido desde el 3 de marzo de 1985, lo que la lleva a preguntarse si podría estimarse que ha residido en dicho Estado miembro “durante los diez años anteriores”, en el sentido de la Directiva, de modo que podría, en su caso, gozar de la protección reforzada contra la expulsión.

(...)


En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la protección contra la expulsión prevista en dicha disposición está sujeto al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente en el sentido de los artículos 16 y 28, apartado 2, de dicha Directiva.

2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores” que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.

3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber “residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores”, en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial.

Enviado el: 28-04-2018

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 . CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA ES VALIDO PARA ACREDITAR LOS AÑOS DE RESIDENCIA PARA EL ARRAIGO SOCIAL . CONTRATO DE HABITACIÓN PRIVADO ES VÁLIDO PARA ACREDITAR LA RESIDENCIA CONTINUADA.

Fecha: 22/12/2017
Nº de Recurso: 147/2017
Nº de Resolución: 475/2017


TERCERO: Se alega por el recurrente error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho de igualdad, del art 14 de la CE , toda vez que por otro juzgado de lo contencioso administrativo de esta capital se admitió un contrato de arrendamiento como medio de acreditación de la residencia en nuestro territorio.

Efectivamente el supuesto excepcional que sustenta su solicitud es el del 124.2 del RD 557/2011, por tanto en primer lugar debe acreditarse la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años, en el presente recurso se acredita su residencia continuada mediante empadronamiento en dos municipios, sin embargo existe un periodo de seis meses en el que no estuvo empadronado en municipio alguno, aportando un contrato de habitación en Las Palmas de GC por tiempo de seis meses, documento que no ha sido considerado por el juzgador a quo como prueba suficiente para acreditar su residencia continuada.

Sin embargo no existe en nuestro ordenamiento una limitación de medios de prueba, por ello deben ser valorados todos aquellos documentos aportados por el recurrente, estimando la Sala que salvo acreditación de su falsedad, el contrato de habitación aportado por el recurrente, es un medio válido que acredita su estancia en territorio español durante esos seis meses en que no estuvo empadronado en ayuntamiento alguno.

Ello nos lleva a estimar el recurso y, por tanto, a entrar en los otros dos aspectos que fueron analizados por la administración en su resolución denegatoria, así, en relación a que no se han aportado certificado de antecedentes penales del país de origen, examinado el expediente administrativo no consta requerimiento alguno para su aportación.

Es cierto que el art 124.2 a) del RD 557/2011 exige para la obtención del permiso solicitado "a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos cinco años", habiendo entendido el recurrente que dada la redacción del precepto y teniendo en cuenta que reside en nuestro país desde el 2006, no era necesario la solicitud de antecedentes penales en su país de origen, dado que el artículo señala que deberá presentar dicho certificado o el del país en el que hubiera residido los últimos cinco años, por lo que teniendo en cuenta que durante dicho periodo residió en España había cumplido con la aportación de los certificados de antecedentes penales exigidos en dicho artículo.

Es cierto que la interpretación es razonable, pero si la administración estimó que era preciso la presentación de dos certificados y dada la residencia en nuestro territorio era imprescindible la presentación del de el país de origen, debió haber requerido al recurrente a fin de que lo aportara, cosa que no hizo.

Finalmente, en relación a que la contratante no está al día con sus obligaciones con la Administración tributaria, dicha aseveración no consta en momento alguno del expediente, consta una declaración trimestral pero de ella no se deduce que mantenga deuda alguna, por el contrario se ha aportado un certificado de la AEAT conforme al cual la contratante está al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo anterior, procede estimar el recurso anulando la sentencia impugnada así como la resolución por ella confirmada, a fin de que por la administración se efectúe requerimiento al recurrente a fin de que aporte el certificado de antecedentes penales en su país de origen.  (¿?¿?¿?¿?¿)

Enviado el: 23-04-2018

AUTOS DE ADMISIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL NUCLEO "DURO" DE ASUNTOS QUE MAS INCIDEN EN EL TRABAJO DE LA ABOGACÍA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA

ROJ: ATS 3552/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3552A
•    Nº Recurso: 607/2018
•    Fecha: 06/04/2018

RESUMEN: Admisión; determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo. Interpretación de los arts. 57.2.5 LOEX y 12 de la Directiva 2003/109

ROJ: ATS 3544/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3544A
•    Nº Recurso: 6321/2017
•    Fecha: 06/04/2018

RESUMEN: Admisión: determinar si la extinción de autorización de residencia temporal por resolución del órgano competente para su concesión -contemplada en el apartado 2 del art. 162 del R.D. 557/11- es equivalente a la extinción de la vigencia de las autorizaciones de residencia temporal sin necesidad de pronunciamiento administrativo, previstas en su apartado 1, o si, por el contrario, se trata de dos supuestos diferenciados y, por tanto, son compatibles ambos regímenes de extinción de tales autorizaciones de residencia.Interpretación del art. 162 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero

ROJ: ATS 3508/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3508A

•    Nº Recurso: 5248/2017
•    Fecha: 06/04/2018
RESUMEN: Admisión: determinar; 1) si, a raíz de la STJUE de 23 de abril de 2015, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, o si, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes adicionales que justifiquen la sustitución de la multa por la expulsión del territorio nacional; y, 2) si la doctrina contenida en la precitada sentencia es de aplicación a supuestos de hecho anteriores al 23 de abril de 2015. Interpretación: artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en relación en relación con la STJUE de 23 de abril de 2015 y art. 9.3 CE.

ROJ: ATS 3216/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3216A

•    Nº Recurso: 5809/2017
•    Fecha: 02/04/2018

RESUMEN: Admisión ; interpretación: arts. 57.2.5 LOEX y 12 de la Directiva 2003/109. Determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en el apartado 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, debiendo precisarse, en este caso, cuándo cabe entender que el residente de larga duración representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, a efecto de lo dispuesto en el referido art. 57.2.

ROJ: ATS 3172/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3172A

•    Nº Recurso: 6533/2017
•    Fecha: 02/04/2018

RESUMEN: Admisión; interpretación del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en relación con la STJUE de 23 de abril de 2015 y el art. 9.3 CE. Determinar: 1) si, a raíz de la STJUE de 23 de abril de 2015, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, o si, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes adicionales que justifiquen la sustitución de la multa por la expulsión del territorio nacional; y, 2) si la doctrina contenida en la precitada sentencia es de aplicación a supuestos de hecho anteriores al 23 de abril de 2015.

ROJ: ATS 1410/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1410A
•    Nº Recurso: 5255/2017
•    Fecha: 16/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; interpretación: art. 13 de la Directiva 2003/109, 32 LOEX, 148 y 149.1 y 2 REX artículo 197.2.3 del R.D. 557/11, de 20 de abril, determinar qué requisitos son necesarios para las autorizaciones de larga duración (LD), y, cuáles para las de larga duración UE (LDUE).


ROJ: ATS 1402/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1402A
•    Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
•    Nº Recurso: 5819/2017
•    Fecha: 16/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; interpretación de los artículos 53.1.a) y 55.1.b) L.O. 4/00, en relación con el art. 24.1.2 de su Reglamento ejecutivo (R.D. 557/11), determinar si la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, o si, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes adicionales que justifiquen la sustitución de la multa por la expulsión del territorio nacional, y, si, ir indocumentado en el momento de la detención y constar una denuncia por malos tratos en el ámbito familiar pueden ser consideradas circunstancias agravantes adicionales a estos efectos.

ROJ ATS 1374/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1374A

•    Nº Recurso: 6577/2017
•    Fecha: 16/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; interpretación de los artículos 57.1 en relación con el 53.1.a) y 55.1.b) LO 4/2000, determinar si la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, o si, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes adicionales que justifiquen la sustitución de la multa por la expulsión del territorio nacional.

ROJ: ATS 1117/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1117A

•    Nº Recurso: 2393/2017
•    Fecha: 09/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; determinar, si al menor no acompañado que hasta su mayoría de edad ha estado bajo la tutela de la Administración, disponiendo de autorización de residencia temporal hasta alcanzar la mayoría de edad, y que, alcanzada ésta, solicita autorización de residencia temporal, puede serle denegada -sin otro tipo de valoraciones- en aplicación del art. 197.2.a) del tan citado Reglamento.

ROJ: ATS 1120/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1120A
•    Nº Recurso: 5468/2017
•    Fecha: 09/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si cabe aplicar -o no- el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles


ROJ: ATS 1118/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1118A
•    Nº Recurso: 5211/2017
•    Fecha: 09/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si cabe la expulsión -en aplicación del art. 53.1.a) L.O. 4/00 (LOEX)- de un extranjero casado con ciudadana española, del que no consta haya realizado ninguna actividad laboral, sin residencia estable y detenido por diversos delitos, o, por el contrario, le es de aplicación lo dispuesto en los arts. 15.1 y 28.1 de la Directiva 2004/38/CE ( traspuesta a nuestro ordenamiento por el RD 240/2007).

ROJ: ATS 1119/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1119A
•    Nº Recurso: 5607/2017
•    Fecha: 09/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en su apartado 5 y 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo.

ROJ: ATS 1318/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1318A
•    Nº Recurso: 20884/2017
•    Fecha: 07/02/2018


ROJ: ATS 752/2018 - ECLI:ES:TS:2018:752A
•    Nº Recurso: 1942/2017
•    Fecha: 01/02/2018

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si para la concesión de autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo es necesaria la acreditación de la solvencia económica del empleador en los términos previstos en el art. 64.3.e) del Reglamento de la LOEX, o, por el contrario, bastará con presentar un contrato de trabajo (por período de un año) firmado por el trabajador y empresario en el momento de la solicitud (art. 124.2.b).

ROJ: ATS 722/2018 - ECLI:ES:TS:2018:722A

•    Nº Recurso: 4856/2017
•    Fecha: 26/01/2018

RESUMEN: Auto de admisión; interpretación: artículo 57.1 en relación con los artículos 53.1.a) y 55.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Enviado el: 20-04-2018

AUTO MEDIDA CAUTELAR POSITIVA DEL JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 TOLEDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018 . MEDIDA CAUTELAR POSITIVA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA MENOR DE EDAD HIJO DE RESIDENTE LEGAL

AUTO MEDIDA CAUTELAR POSITIVA DEL JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 TOLEDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2018 . MEDIDA CAUTELAR POSITIVA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA MENOR DE EDAD HIJO DE RESIDENTE LEGAL


(...)

En el presente caso, debe accederse a la medida solicitada pues si bien la efectividad de la sentencia no está comprometida ya que sea cual sea el sentido de su fallo se podrá ejecutar en sus propios términos (se podrá conceder la autorización), si cabe apreciar una posible pérdida de la finalidad legítima del recurso en cuanto a que a la recurrente no se le ha concedido la autorización y hasta que se sustancie el recurso no dispondrá de la misma (si a ello tiene finalmente derecho). Por ello, lo que debemos hacer es ponderar si el interés público puede sufrir una perturbación grave si se accede a la medida interesada y para hacer esa ponderación debemos entender que para conceder una medida positiva como la interesada, excepcionando el criterio jurisprudencial reiterado de que no son susceptibles de suspensión los actos negativos, deben apreciarse situaciones personales excepcionales o de arraigo familiar también excepcionales que nos permitan apreciar claramente una prevalencia del interés del recurrente y de terceros (familiares), sobre el general.

En el presente caso, se advierte esa situación excepcional pues la no concesión de la media provisional daría lugar a la ruptura de las relaciones familiares entre la recurrente (de nacionalidad venezolana) con su madre, debiendo tener en cuenta además que tanto la menor como la madre ostentan a priori fuertes elementos de arraigo con España por residencia anterior, y sólo esta circunstancia revela que no podemos apreciar perjuicio para el interés público si adoptamos la medida cautelar positiva interesada, por lo que debe accederse a la misma

Felicitaciones a la Letrada del Colegio de Abogados de la Palma : Maria Emilia Chiossi Más información

Enviado el: 20-04-2018

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 SANTA CRUZ DE TENERIFE DE 26 DE MARZO DE 2018 . CONCEDE TFUE A DESCENDIENTE DE ESPAÑOLA APLICANDO LA STS 18/07/2017

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife de 26 de marzo de 2018. Concede TFUE a descendiente de española aplicando la STS 18.07.2017


•Consta en la documentación laboral de la madre española emigrante retornada el ejercicio de la profesión desde 2005 a 2015 en Cuba. Su hija vino a España en 2016 con visado de reagrupación familiar. La descendiente llega a España, siendo estudiante y estando en edad de estudios, por lo que queda justificada su dependencia filial o cargo de la madre que tiene nacionalidad española. En consecuencia, procede considerar que la demandante vivió a cargo del ciudadano español en el país de origen.

•La otra cuestión es si la ciudadana española tiene recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia. La reciente Sentencia del TS de 18.07.2017 (Rec298/2016) ha hecho que este Juzgado cambie la línea de sentencias anteriores. La madre española está cobrando una Renta Activa de Inserción. En el 2017 la carencia de recursos suficientes a los efectos de prestación no contributiva se cifraba en una cantidad igual o inferior a 5.178,60 anuales. En este caso la ciudadana española percibió 5.183 € anuales de renta activa de inserción que es cantidad que supera la referencia expuesta. En consecuencia, se considera que si existen recursos suficientes.

Nuestra felicitación  a la letrada de nuestro  Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Heller María Abreu Trujillo

Enviado el: 16-04-2018

NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS FLUJOS MIGRATORIOS DE LOS VENEZOLANOS/AS . ACNUR

1. Venezuela continúa experimentando un flujo significativo de venezolanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. A pesar de que las circunstancias individuales y las razones de estos movimientos varían, las consideraciones de protección internacional se han hecho evidentes para una proporción significativa de venezolanos. La preocupación del ACNUR por los venezolanos fuera de su país de origen se deriva del mandato del ACNUR. Al ejercer estas funciones, la Oficina del Alto Comisionado tiene una historia de más de sesenta años de colaborar con los gobiernos y de desarrollar alianzas con otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

2. En este contexto, el ACNUR insta a los Estados receptores y/o a los que ya acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. El ACNUR está preparado para trabajar con los Estados con el fin de elaborar mecanismos adecuados de protección internacional de conformidad con la normativa nacional y regional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena. Estos acuerdos están guiados por el principio de que brindar protección internacional es un acto humanitario y no político. Brindar protección internacional es consistente con el espíritu de solidaridad internacional, de la cual los países de la región de las Américas, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, tienen una larga trayectoria.

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Enviado el: 28-03-2018