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SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONCEDE ARRAIGO FAMILIAR CON ANTECEDENTES PENALES


Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife de 17 de noviembre de 2016. Concede arraigo familiar con antecedentes penales a progenitora de hija española menor de edad.

Ponente:

Dña. Cristina Escamilla Cabrera

Fuente: Nuestra felicitación al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mariano Gambín García

•"En caso similar, ya se ha pronunciado el TSJ Canarias Sentencia 178/2014 de 10 de julio de 2014 (REC 180/2013).

•(...) dicha modificación tuvo origen en la normativa europea y la jurisprudencia del TJUE así en sentencias resueltas en los asunto C-200/02 y asunto C-34/2009.

•(...) En idéntico sentido se había pronunciado el TS en sentencia de 10/06/2009 en la que tras recoger sus pronunciamientos en sentencias de 1/12/2003 y 8 de enero de 2007 estimó que la situación consistente en un extranjero progenitor de un menor nacional español con discapacidad reunía las circunstancias excepcionales en la legislación para acceder al reconocimiento de la autorización de residencia en España, y de modo similar se pronunció en sentencia 13/5/2009".

Fuente : migrarconderechos Más información

Enviado el: 05-12-2016

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 30 DE JUNIO DE 2016. INADMISIÓN A TRAMITE . DENEGADA UNA NUEVA SOLICITUD POR ARRAIGO FAMILIAR SI SE ENTIENDE QUE CONFORME A ULTERIORES CAMBIOS LEGISLATIVOS Y/O JURISPRUDENCIALES SE TENGA DERECHO A LA MISMA .


ROJ: STSJ ICAN 1267/2016 - ECLI:ES:TSJICAN:2016:1267
Nº Sentencia: 313/2016
Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Municipio: Santa Cruz de Tenerife -- Sección: 1
Nº Recurso: 3/2016 -- Fecha: 30/06/2016
Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Extranjería: El arraigo familiar, a título de paternidad de un menor y de convivencia de hecho con su madre residente de larga duración, como factor determinante de la concesión de residencia de larga duración.


SEGUNDO.
- Es cierto que la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, denegatoria de la autorización, aludía a una causa de inadmisión a trámite no detectada, pero lo sentencia apelada si aborda esta cuestión al señalar (fundamento de derecho primero in fine) que: "... en todo caso, denegada una vez la solicitud por causa excepcional de arraigo familiar nada impide plantear una nueva si se entiende que conforme a ulteriores cambios legislativos y/o jurisprudenciales se tiene derecho a la misma".

TERCERO.- La resolución de 26/05/2015, desestimatoria del recurso de reposición, si alude a los antecedentes penales como causa de la desestimación de la solicitud anterior de abril de 2014. Y a la presentación de la nueva solicitud "tomando como base la misma circunstancia": ser progenitor de un menor de nacionalidad española. Reiterando que en el expediente -actual- no constaba la cancelación de los antecedentes penales (sólo aportaba un certificado del Ministerio del Interior sobre su libertad definitiva).
En estas circunstancias no se sostiene la alegación de que la sentencia examinó cuestiones no planteadas.

Enviado el: 02-12-2016

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 .CONCEDE ARRAIGO FAMILIAR CON ANTECEDENTES PENALES A PROGENITOR DE HIJA ESPAÑOLA DE ORIGEN

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife de 2 de noviembre de 2016. Concede arraigo familiar con antecedentes penales a progenitor de hija española de origen.
Ponente:
D. Francisco Eugenio Úbeda Tarajano
Fuente:  MIGRAR CON DERECHOS

Nuestra felicitación la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Gisela Aurora García Martín

Comentario:

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife de 2 de noviembre de 2016. Concede arraigo familiar con antecedentes penales a progenitor de hija española de origen. En el caso examinado si bien es cierto que el actor no atendió inicialmente el requerimiento de la Administración, no menos cierto es que: 1º) Las obligaciones dimanantes de las relaciones paternofiliales vienen impuestas por la Ley y tienen carácter irrenunciable el perjuicio del menor (por lo que la exigencia de requerimiento por parte de la Administración es un exceso innecesario) y 2º) En actor aportó en vía recurso de reposición la documentación requerida ante la imposibilidad de aportarlo dentro del plazo del requerimiento y depender para su aportación de un tercero (la madre de la hija del actor). Se basa en los argumentos previstos en la STJUE Gran Sala de 8 de marzo de 2011. (asunto C-34/04, Ruiz Zambrano).

Más información

Enviado el: 02-12-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONFIRMA LA SENTENCIA DEL TSJ VALENCIANO . NO SE PRECISA LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA REGULAR CON SU AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO DE LA C.A VALENCIANA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2016. CONFIRMA LA SENTENCIA DEL TSJ VALENCIANO . NO SE PRECISA LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA REGULAR CON SU AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO DE LA C.A VALENCIANA


Roj: STS 4896/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4896 Id Cendoj: 28079130052016100419 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Nº de Recurso: 2024/2015 Nº de Resolución: 2370/2016 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO Tipo de Resolución: Sentencia

(...)
PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el 24 de octubre de 2014, en el recurso 1131/2011 , interpuesto por la hoy aquí recurrida y no personada, doña  Gracia  , contra resolución del Secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana, de 9 de septiembre de 2011, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra otra del Director General de Justicia y del Menor, de 3 de junio de igual año, por la que se acuerda tener por desistidos a don  Eusebio  , de nacionalidad española, y a la ya mencionada doña  Gracia  , de nacionalidad colombiana, en su solicitud de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, por no aportar doña  Gracia  el correspondiente número de identidad extranjero (NIE).
La sentencia recurrida estima el recurso, anula las resoluciones impugnadas y reconoce el derecho de la recurrente a la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho.
La razón para el acogimiento del recurso se recoge en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida cuando expresa lo siguiente:
<<[...] considera este Tribunal que la pretensión de la parte actora debe tener favorable acogida. Así, la inscripción de uniones de hecho en la Comunidad Valenciana tiene una regulación específica, recogida en el Decreto 61/2002, de 23 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan las uniones de hecho, cuyo artículo 14 establece: " 1. La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido al Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, y se consignará en la misma, declaración responsable de no tener otra unión estable con otra persona ni otra unión de hecho inscrita, de no tener entre sí relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni en línea colateral por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Copia de los documentos de identificación de los solicitantes. ........".

(...)

Como resulta de la lectura de los preceptos estatales transcritos, en especial del artículo 100.1,del RD 557/2011  la identidad del extranjero en España se acredita con la documentación con la que hubiera entrado en nuestro país, expedido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. Así viene a reconocerlo la propia Administración autonómica cuando, entre las alegaciones formuladas en el escrito de interposición del recurso de casación, sostiene que en el caso de ciudadanos extracomunitarios, cual es el caso, el único documento válido para acreditar la identidad es el pasaporte expedido por el Estado del que es nacional.
En consecuencia, aportado el pasaporte por el recurrente, cae por su base el motivo casacional, con independencia de que el artículo 100.2 contemple, para finalidad distinta a la inscripción pretendida, el número de identidad del extranjero como identificador del mismo en todos los documentos que se le expidan o tramiten, incluidas las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo.
El recurso, por lo expuesto, debe desestimarse, máxime si se tiene en cuenta lo que sigue:
1.- Que presentada la solicitud de inscripción son requeridos los solicitantes, mediante resolución del Jefe se Servicio de Entidades Jurídicas, de 19 de abril de 2011, notificada el día 29 siguiente (folios 27 y 28 del expediente administrativo), para que en el plazo de diez días presenten la tarjeta de residencia, con el correspondiente número de identidad el extranjero.
2.- Que es solicitado el NIE por doña  Gracia  mediante escrito presentado en la Subdelegación del Gobierno de Alicante el 18 de mayo de 2011 (folio 32 del expediente), con expresa indicación de que la solicitud tenía por objeto dar cumplimiento al requerimiento formulado en el expediente de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho).
3.- Que la solicitud de NIE es denegada por resolución del Inspector Jefe UCRIF IV, de la Comisaría Provincial de Alicante, de 27 de mayo de 2011, no por concurrir alguna de las circunstancias contempladas en los apartados a ) y b) del artículo 101.1 del Real Decreto 2393/2001 , sino porque no se consideran acreditados ni justificados los motivos de la solicitud (folios 47 a 50). Dice así la resolución policial en sus fundamentos cuarto, quinto, sexto y séptimo:
<Art. 101.3.b) Que justifiquen documentalmente los motivos por los que solicitan la asignación de dicho número.
QUINTO: En ningún caso , en la Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regula las uniones de hecho, ni en el Decreto 61/2002, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, se exige, como requisito necesario, la posesión de un N.I.E. para la inscripción de ciudadanos extranjeros.
SEXTO: Conforme a lo expuesto, no se consideran acreditadas ni justificadas los motivos de la solicitud, no pudiendo, en cumplimiento de la L.O. 4/2000, modificada por la L.O. 8/2000, L.O. 11/03, L.O. 14/03 y LO. 02/09, así como en su vigente Reglamento de Ejecución, expedírsele el N.I.E.
SÉPTIMO: Debernos añadir que, en relación con el requerimiento efectuado por el Registro de Parejas de Hecho, de la Secretaría Autonómica de Justicia, SE LES ESTÁ SOLICITANDO LA TARJETA DE RESIDENCIA (que, como cualquier otra documentación expedida en España a ciudadanos extranjeros, incluye como referencia el número NIE del titular)>>.
4.- Que mediante escrito presentado por la recurrente en el Registro General el 3 de junio de 2011, dirigido al Registro de Uniones de hecho de la Comunidad Valenciana, puso de manifiesto, adjuntándola, la resolución policial denegatoria

Enviado el: 22-11-2016

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 8 DE NOVIEMBRE . EXPULSIÓN DEL TERRITORIO ESPAÑOL A PESAR DEL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE SU CASUSA . ARTÍCULO 54.1 A ) DE LA LEY EXTRANJERIA . PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

Roj: STS 4873/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4873 Id Cendoj: 28079130032016100442 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 164/2016 Nº de Resolución: 2389/2016 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR Tipo de Resolución: Sentencia

Como señalan las sentencias de esta Sala de 29 de noviembre de 2004 (recurso 4215/2001 , 21 de diciembre de 2004 (recurso 6018/2001 ), 9 de febrero de 2007 (recurso 8740/2003 ) y otras, todas con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional desde su sentencia de 30 de enero de 1981 ( STC 2/1981 ), el principio "non bis in ídem" conduce a que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, sea posible que ese enjuiciamiento y calificación se hagan con independencia si resultan de normativas diferentes, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado.


En este caso no puede apreciarse la infracción del principio de non bis in ídem, pues no existe duplicidad de sanciones, ya que el procedimiento penal concluyó por auto de sobreseimiento provisional. Una vez declarado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales, nada impide -y desde luego, no lo impide el principio non bis in ídem alegado por la parte recurrente- que los mismos hechos sean objeto de sanción administrativa, si concurren los presupuestos exigidos para ello en la norma administrativa, pues como señala la sentencia recurrida, el interés jurídicamente protegido por la sanción penal y el tutelado en la relación administrativa es distinto.

Respecto de la vulneración de la presunción de inocencia, la sentencia impugnada analizó si existía o no prueba de cargo en las actuaciones administrativas para justificar de una manera razonable la concurrencia de la infracción muy grave descrita en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, consistente en participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público, previstas como muy graves en la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que la resolución administrativa estimó acreditada.

La sentencia impugnada llevó a cabo el indicado examen, y apreció la existencia de suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia (FD 6º), entre ella, el informe denuncia que obra en la causa penal Diligencias Previas 82/2011, seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, el auto de prisión, el informe fiscal y el auto de sobreseimiento provisional. De dicho material probatorio la Sala de instancia valoró que se habían aportado en el expediente "datos suficientes para apreciar la existencia de una conducta en el recurrente, que aparece incardinada en el ámbito de un grupo de ideología yihadista, que por su propia naturaleza puede ser extremadamente grave para la seguridad nacional, en cuanto va dirigido y orientado al adoctrinamiento y captación de personas en el ámbito de una ideología en la que es notoria su patrocinio de la generación de actos violentos y de carácter terrorista, así llegando a desplazarse a Argelia para integrarse de forma plena a la organización, objetivo que no se consumó, regresando a España, donde continuó con su actividad radical a través de facebook donde expresaba su deseo de convertirse en mártir por la causa (la yihad global)."

Los términos en que se pronuncia la sentencia recurrida no permiten considerar que se haya vulnerado la presunción de inocencia, pues llevó a cabo el examen de la prueba de cargo reunida en el expediente, y como resultado de dicho examen, concluyó de forma razonable y coherente que existía en las actuaciones prueba suficiente para apreciar acreditada la conducta que determinó el acuerdo de expulsión del territorio nacional.

Enviado el: 22-11-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA DE 27 OCTUBRE DE 2016 . EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS Y DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA EN UNA SOLICITUD DE LARGA DURACIÓN PROVINIENTE DE UNA AUTORIZACIÓN POR REAGRUPACIÓN FAMILIAR .

Roj: STSJ EXT 582/2016 - ECLI:ES:TSJEXT:2016:582
Id Cendoj: 10037330012016100341
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Cáceres
Sección: 1
Nº de Recurso: 145/2016
Nº de Resolución: 164/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: ELENA CONCEPCION MENDEZ CANSECO
Tipo de Resolución: Sentencia

Deniega la solicitud de autorización de residencia de larga duración por renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar

Pues bien en este caso, entendiendo que sí son valorables los ingresos provenientes del sistema de asistencia social pues así lo dice expresamente el art. 61 , aunque es contradictorio con el 54, es preciso dejar sentado que siendo 3 miembros los que integran la unidad familiar (los dos padres y el actor) debería según este precepto acreditarse el 200 % del IPREM (150 % los dos primeros y 50 % el adicional), como medios económicos . Eso sí deberían valorarse todos los ingresos de la familia, incluidos los del reagrupado.

Llevando un cómputo semestral, (más adecuado a los ingresos no periódicos) la renta del actor asciende a un total de 4.495,34 euros, (según nóminas aportados percibió en agosto, septiembre octubre y noviembre la cantidad mensual de 586,92 euros y 1073,83 por el mes de noviembre en que pasó a disponer de contrato a tiempo completo).

La madre percibió un total de 4.495,34 euros, en razón a las nóminas presentadas, de junio a diciembre de 2015 (519,03; 536,92; 805,39; 402,69; 402,69; 402,69; y 1073,83 euros) Si el salario mínimo era de 655,20 euros, ampliados en u 200% por los miembros de la unidad familiar, debería tomarse como referencia la cantidad de 1.310,40 euros mensuales, y semestrales de 7862,40 euros.

Como lo percibido es un total de 8638,58 (sin incluir el subsidio del padre reagrupante por haberse extinguido) resulta que la actora sí cumple con el requisito de disponer de medios económicos

Reseñando que tanto la madre como el actor han aportado contrato de trabajo para garantizar la continuidad en los ingresos, que es lo que exige la norma.

Y en cuanto a la vivienda, lo que exige la norma es que disponga de una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de su familia, y que habrá de ser su vivienda habitual ( artículo 61, 3 del RD 557/2011 , y este extremo también lo cumple el recurrente en cuanto que consta en el expediente un informe de la Alcaldía en el que se considera empadronado en esa vivienda, la cual tiene informe favorable de disponibilidad, y aportó igualmente un certificado de convivencia expedido por la Autoridad competente. El que el contrato de alquiler se encontrara a la fecha de la solicitud a nombre de otra persona, no empece la acreditación de la ocupación de la vivienda por parte del actor y su familia.

Todo ello determina la estimación del recurso y consiguiente anulación de las resoluciones recurridas por no ser las mismas conformes a derecho.

Enviado el: 15-11-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 27 DE OCTUBRE DE 2016. CONDENA POR INMIGRACIÓN ILEGAL DE COMPORTAMIENTO QUE PODRÍA HABERSE CALIFICADO COMO TRATA DE SERES HUMANOS

ROJ: STS 4668/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4668
Nº Sentencia: 807/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
 Municipio: Madrid -- Sección: 1
 Ponente: CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON
 Nº Recurso: 10879/2015 -- Fecha: 27/10/2016
 Tipo Resolución: Sentencia

Resumen: Condena por inmigración ilegal de comportamiento que podría haberse calificado como trata de seres humanos, sin recurso de la acusación.-Retroactividad. La nueva redacción del art 318 bis, más benévola, pretende sancionar "conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea", y se configura como un tipo delictivo que sanciona la ayuda intencionada a la entrada o tránsito en territorio español de los inmigrantes ajenos a la Unión Europea, con vulneración de la normativa legal reguladora, así como a su permanencia en nuestro territorio. En el caso actual la recurrente se dedicaba a facilitar la inmigración a España de ciudadanas nigerianas a quienes, a través de otros, les facilitaba el traslado en "patera" hasta las costas de Granada o Algeciras, y posteriormente el traslado interior en autobús a Madrid. Esta conducta es manifiestamente constitutiva tanto de la conducta sancionada en el art 318 bis en el momento de la realización del hecho, como de la que sigue siendo sancionada con la redacción actual. Retroactividad de las normas penales mas favorables.- Vulneración indirecta del principio de retroactividad.- No se puede realizar ahora una reinterpretación del precepto penal aplicable, modificando el efectivamente aplicado y sustituyéndolo por otro que sanciona mas gravemente la conducta enjuiciada, por el hecho de que en la actualidad la sanción del art 318 bis se haya reducido, y con el fin de evitar la retroactividad de la norma más favorable impuesta por el art 2 2º CP. Así, por ejemplo, el TEDH ha establecido en la STEDH de 21 de octubre de 2013, que se vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto si se aplica retroactivamente una ley penal posterior más desfavorable de forma directa, como si se aplican retroactivamente los aspectos desfavorables de la nueva Ley por el procedimiento de modificar la interpretación jurisprudencial anterior. En consecuencia modificar la calificación de la conducta realizada por el Tribunal sentenciador, para evitar la aplicación de la redacción posterior mas favorable, constituiría una vulneración indirecta del principio de retroactividad de las normas penales favorables. Resumen de nuestra doctrina relativa a la problemática concursal del delito de trata de seres humanos. 1º) El párrafo nueve del art 177 bis dispone que en todo caso las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el art 318 bis de este Código, que responde a un bien jurídico diferente, por lo que ambos preceptos se aplicarán separadamente, en relación de concurso real. 2º) El bien jurídico personalísimo que justifica la sanción del tráfico de seres humanos impone que la conducta relativa a cada una de las víctimas deba sancionarse separadamente, conforme a las normas que regulan el concurso real. 3º) La relación concursal existente entre el delito de trata de seres humanos y la prostitución forzada es la del concurso medial o instrumental.

ÚNICO: Probado y así se declara que la acusada Marisa , nacida en Lagos (Nigeria), mayor de edad, con N.I.E. NUM000 , sin antecedentes penales conocidos, por medio de un intermediario no identificado, contactó en la misma Nigeria, con la llamada Daniela , también de nacionalidad nigeriana, natural de Benin- City, de origen muy humilde, a la que se le prometió una vida mejor en España, ofreciéndole trabajo, a cambio 30.000 de euros, desplazándose ésta a Marruecos, donde permaneció casi 3 años a la espera de su traslado a España. En el año 2009 la acusada le facilitó y proporcionó el traslado a España, finalmente por 18.000 euros, llegando en patera ella y su hijo a las costas de Algeciras y posteriormente trasladándose en autobús hasta Madrid. Una vez allí, fue recogida por la acusada Marisa y desde allí viajó directamente en avión hasta la isla de Gran Canaria junto a la acusada referida, haciendo uso de un pasaporte de otra persona, que aquella le facilitó y siendo alojada en la casa de la acusada Marisa , sita en la CALLE000 núm. NUM001 piso NUM002 de Vecindario (término municipal de Santa Lucía de Tirajana) donde vivía junto a su marido, el también acusado Casiano , de nacionalidad nigeriana, con NIE num. NUM003 y sin antecedentes penales; y, otra chica, la también acusada Africa . Y, posteriormente, Daniela fue empadronada por la acusada en
la CALLE001 NUM004 . NUM005 que es el domicilio de su hermano, el también acusado Gumersindo , de nacionalidad nigeriana, con NIE n° NUM006 y sin antecedentes penales conocidos. Una vez llegada al domicilio de la acusada Marisa , en Gran Canaria, Daniela fue obligada por aquella y por los también acusados Casiano y Gumersindo , de común acuerdo, a prostituirse forzadamente para pagar la deuda que había contraído con Marisa por haberla trasladado a España, que ascendía a 18.000 euros, además de tener que pagar los gastos de vivir en su casa, que ascienden a 125 euros por la luz y el
agua, 50 euros por la comida y 200 euros por el alquiler; así como 300 euros al acusado Gumersindo por cuidar a su hijo mientras ella ejercía la prostitución.
Daniela era obligada a ejercer la prostitución, siempre bajo el control y las intimidaciones de la acusada Marisa y su marido Casiano , llegando estos a agredirla físicamente en algunas ocasiones, tanto a ella como a su hijo Gustavo , de 5 años de edad. Además de amenazarla con causarle, a ella o a sus familiares, incluido su hijo menor, algún mal y practicar "vudú" contra ellos, consiguiendo que todas las noches Daniela le entregara todo el dinero que ganaba a Marisa , siendo el acusado Casiano el encargado de llevar de ordinario las anotaciones de los pagos que aquella iba realizando.


Enviado el: 15-11-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE OCTUBRE DE 2016. DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS EN CONCURSO IDEAL CON UN DELITO DE PROSTITUCIÓN COACTIVA

ROJ: STS 4658/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4658
Nº Sentencia: 806/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
Nº Recurso: 10303/2016 -- Fecha: 27/10/2016
Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: *Delito de trata de seres humanos en concurso ideal con un delito de prostitución coactiva

Con fecha 22 de agosto de 2014, Jesús Carlos y Blas , y con una finalidad de explotación sexual, valiéndose de la superioridad moral y abusando de la juventud y situación de desvalimiento de Esmeralda unida sentimentalmente a Jesús Carlos , a quien habían apartado de su familia y la habían iniciado en el ejercicio de la prostitución, emprendieron viaje con ella hasta la ciudad de Zaragoza, siendo custodiada en todo momento durante el viaje por los dos hermanos acusados, quienes ante las reticencias y el temor mostrado por Esmeralda ante su futuro, para tranquilizarla y convencerla de que nada tenía que temer, le hicieron
creer falsamente que se trataba de un viaje de tan solo una semana, y que si no le gustaba su nuevo modo de vida podría regresar libremente a Rumanía.

Una vez en Zaragoza, Jesús Carlos y Blas trasladaron a Esmeralda hasta el domicilio sito en la CALLE000 n° NUM001 , NUM002 de Zaragoza, lugar en el que se desarrollaba el ejercicio de la prostitución por diferentes mujeres, entre las que se encontraba Elisabeth , pareja sentimental de Blas , cuyo responsable y titular del contrato de arrendamiento era Alexis , persona que además se dedicaba a crear los anuncios en los que las mujeres ofrecían sus servicios sexuales, se encargaba de publicarlos y era quien atendía el teléfono de los clientes que demandaban los servicios, siendo el titular del teléfono NUM003 que figuraba
en alguno de los anuncios.
Ese mismo día 22 de agosto de 2015, Esmeralda , a la que los hermanos Jesús Carlos Blas habían retirado su documentación personal, se instaló en el piso sito en la CALLE000 n° NUM001 , NUM002 de Zaragoza donde desarrollaría la actividad de prostitución, marchándose los hermanos Jesús Carlos y Blas hasta otra residencia en Zaragoza que no ha sido determinada, sin que haya quedado acreditado que durante la estancia de Esmeralda en este piso fuera encerrada con llave por Elisabeth , o, que bien ésta, bien Alexis efectuaran un control de sus horarios, de lo que trabajaba, de sus ingresos, que le gritaran o le amedrentaran con la finalidad de que se mantuviera en el ejercicio de la prostitución para beneficio propio. Tampoco consta que Elisabeth y Alexis actuaran de común acuerdo con los hermanos Jesús Carlos Blas y que conocieran las circunstancias en las que Esmeralda había entrado en contacto con Jesús Carlos y Blas , y S4klás que se había desarrollado el viaje de Rumania a Zaragoza.

Tras una estancia de unos cinco días aproximadamente en el piso sito en la CALLE000 NUM001 , NUM002 de Zaragoza, Esmeralda fue trasladada por Jesús Carlos hasta el piso sito en la PLAZA000 n ° NUM004 , NUM002 de Zaragoza, el cual había contactado previamente con su prima Joaquina y Jose Pedro en la Plaza del Pilar de Zaragoza, y quienes accedieron a que Ana María Raphaela Oprisor se alojara en el citado piso en el que diferentes mujeres ejercían la prostitución, siendo el responsable del mismo Jose Pedro , y actuando como encargada Joaquina . En dicho lugar Esmeralda ejerció la prostitución, haciéndose
llamar Lorenza ó Zaida , indistintamente, en los anuncios en los que ofrecía sus servicios, y en los que aparecía como teléfono de contacto el número NUM005 perteneciente a Jose Pedro

Durante su estancia en Zaragoza Esmeralda que desconocía el idioma, no tenía en España familia ni amigos, careciendo de un entorno de confianza que le diera seguridad para oponerse a la situación, se mantuvo en el ejercicio de la prostitución ante la presencia en la ciudad de Jesús Carlos y de Blas , quienes la habían trasladado hasta España, retirándole su documentación personal una vez en el destino, quienes le habían advertido que de no atender sus indicaciones podrían causar un daño a su familia, y que eran quienes controlaban su trabajo decidiendo los lugares en los que debía ejercerlos:
Tras la marcha a Rumania de Jesús Carlos y Blas , Esmeralda denunció la situación en la que se encontraba, manifestando a las autoridades policiales su deseo de regresar a su país de origen, quienes tuvieron que tramitarle el correspondiente salvoconducto para ello".

Enviado el: 15-11-2016

SENTENCIA DEL TS DE 26 DE OCTUBRE. CONCEDE REGRUPACIÓN FAMILIAR PARCIAL , " A LA CARTA" . REAGRUPACIÓN FAMILIAR SUCESIVA . ARTICULO 57.3.b DEL RD 557/2011. FUNCIONES CONSULARES PARA LA EXPEDICIÓN DEL VISADO DE REAGRUPACIÓN FAMIILAR .

Roj: STS 4679/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4679
Id Cendoj: 28079130032016100418
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Recurso: 4019/2014
Nº de Resolución: 2320/2016
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
Tipo de Resolución: Sentencia

(...)
En el supuesto que nos ocupa, la resolución del Consulado basándose en el art. 57.3.b del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril denegó el visado solicitado al entender que existían indicios que llevaban a dudar sobre la veracidad de los motivos solicitados para solicitar el visado, al entender que no se persigue la reagrupación familiar sino la entrada en España para buscar trabajo.

(...)

A tal efecto, debe afirmarse que no existe inconveniente alguno para que el padre que reside en España intente reagrupar tan solo a algunos de los miembros de su familia aunque otra parte de la familia permanezca en su país de origen. Tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de junio de 2012 (rec. 5247/2011 ) respecto de la procedencia de reagrupación parcial que <<[...] la Sentencia de 20 de julio de 2.011 (RC 4.669/2.008 ) nos pronunciamos a favor de la admisión en nuestro Derecho de la reagrupación parcial, que supone la de algún o algunos miembros de la familia del reagrupante y no del entero núcleo familiar. Este criterio es consecuencia del concepto jurídico de reagrupación familiar que resulta de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de Septiembre de 2.003, y de las normas nacionales, todas aplicables a la reagrupación promovida por ciudadanos extranjeros, y ha sido reiterado en dos Sentencias posteriores: la de 26 de octubre de 2.011 (RC 479/2.008), que también cita el recurrente , y la de 28 de febrero de 2.012 (RC 6.214/2.010 ).

Sin necesidad de reproducir en su integridad los pronunciamientos de la primera Sentencia mencionada, a los que nos remitimos, deben recordarse al menos estas consideraciones: "Para los descendientes directos menores de edad, que corresponden al nivel de parentesco más inmediatamente ligado a la noción de familia empleada en la Ley 4/2000, no se impone ningún requisito adicional ni respecto de ellos puede exigirse la alegación de otras razones justificativas adicionales. El
legislador considera, siguiendo la Directiva antes citada, que en semejantes supuestos la reagrupación familiar de los hijos menores de edad está justificada por sí misma.

A diferencia de algunas legislaciones de otros países europeos, no exige la nuestra que la reagrupación se extienda al conjunto de los miembros de la familia ni tal requisito puede inferirse de los preceptos legales y reglamentarios, sino más bien al contrario: a tenor del artículo 42 del Reglamento de la Ley 4/2000 el extranjero que desee ejercer este derecho debe solicitar una autorización de residencia temporal "a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar".

Y es que, en efecto, nada obsta en principio ni a la reagrupación parcial ni a la reagrupación sucesiva de los familiares reagrupables, a medida que las condiciones de estancia del residente en el país de acogida vayan siendo más favorables, también desde el punto de vista económico. No cabe olvidar que a tenor de la propia Ley 4/2000 (artículo 18 ) el reagrupante debe acreditar que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada, requisitos que no siempre serán fácilmente alcanzables en relación con todos los miembros de aquélla, de modo especial si es numerosa como en este caso ocurría, para emigrantes de escasos recursos.

Es cierto, como afirman la oficina consular y la Sala de instancia, que situaciones como la de autos pueden abocar a una fragmentación, más o menos provisional, de la familia que permanece en Marruecos pero también lo es que la fragmentación se había operado ya desde el momento en que uno de sus miembros (el padre en este caso) emigró y reside legalmente en España, siendo razonable -y acogible en Derecho- su pretensión de disfrutar de la vida familiar al menos con alguno de sus hijos menores de dieciocho años." (fundamento de derecho cuarto).

Por consiguiente, debe rechazarse la postura que refleja la Sentencia recurrida considerando improcedente la reagrupación por permanecer en el país de origen un miembro del núcleo familiar, la madre de los reagrupados. No hay, como hemos visto, ningún obstáculo legal para que el padre reagrupe a solo dos de sus hijos menores.

Tampoco se aprecia circunstancia especial alguna que justifique una distinta solución. No hay ningún dato que pruebe, en interés de unos menores con 14 y 17 años al tiempo de la solicitud, que sea prioritario mantener el vínculo con su madre que con su padre, ni tampoco otorgar preferencia a su permanencia en su ámbito social y cultural de origen frente a las ventajas de otro tipo que supone la residencia en España. De todos modos, no es aceptable la interpretación restrictiva que del instituto de la reagrupación familiar revela la Sentencia recurrida, pues se basa en un hipotético interés de los reagrupados que se opone a su propia voluntad y a la de sus progenitores manifestada en vía administrativa>>.

De modo que no puede justificarse la denegación del visado por reagrupación familiar por el hecho de que tan solo se solicitase para algunos de los miembros de la familia, pues ello no revela un fraude legal ni el intento de utilizar este visado para una finalidad distinta de la prevista por nuestro ordenamiento que pueda considerarse contraria a derecho.

También debe destacarse que al tiempo de dictarse la resolución del recurso de reposición el Consulado era conocedor, y así lo hacía constar en su propia resolución, que el resto de la familia, a excepción del recurrente y un hermano, habían obtenido el permiso de residencia y el visado por reagrupación familiar y se encontraban en España. En definitiva, cuando el Consulado resolvió en reposición los padres del recurrente y la mayor parte de sus hermanos estaban autorizados para residir en España y, sin embargo, al recurrente se le deniega el visado, sin otra aportación de documentos o instrucción complementaria, al dudar de que las intenciones del solicitante sea la reagrupación con su familia Tal decisión no solo se basa en una mera especulación carente de apoyo alguno y basada en meras conjeturas, sino que además sin la aportación de nuevos datos ni instrucción complementaria alguna, rectifica y contradice la resolución administrativa que ya concedió la reagrupación familiar, y además entra en abierta contradicción con las autorizaciones sobrevenidas en las que se concedió el visado al resto de los miembros dela familia, circunstancias que eran conocidas por la oficina Consular cuando dicto la resolución de reposición.

De modo que la denegación del visado que nos ocupa produciría el efecto de aislar al recurrente del resto de su núcleo familiar directo, padres y hermanos, que residen en España.

Por todo ello, procede estimar el recurso y anulando la resoluciones dictadas por el Consulado General de España en Nador conceder el visado solicitado por don Arcadio .

Enviado el: 15-11-2016