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SENTENCIA DEL TSJ DE VALENCIA . CONCEDE TFUE ASCENDIENTE DE ESPAÑOL PROCEDENTE DE VENEZUELA. VALORACIÓN DE LA PENSIÓN VENEZOLANA
Fecha: 26/03/2019 Nº de Recurso: 891/2017 Nº de Resolución: 234/2019
TERCERO . - La sentencia apelada tras la cita parcial de la sentencia de la Sala Tercera-Sección del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2016 , realiza una valoración de la prueba en los siguientes términos: a) La solicitante recibía de su hijo la cantidad entre 15.000 y 50.000 bolívares mensuales que ingresaba en la cuenta de su madre y D. Landelino , esposo de su madre. b) La pensión de la solicitante, que pasó de 11.577 VEF a 15.051,15 VEF , la considera insuficiente tomando como referencia los tikets de productos de alimentación que aportó la demandante.
QUINTO . - Procede analizar en primer lugar si la parte demandante -hoy apelada- logró demostrar, como afirma la sentencia del Juzgado que la solicitante Dña. Hortensia estaba viviendo a cargo del su hijo residente en España y nacionalizado en 2014. La solicitud de tarjeta de residente comunitaria es de 6 de abril de 2016 y los envíos de dinero comienzan en mayo de 2015. La Sala examina la documentación con los siguientes envíos:
(,,,)
Examinados los números observamos que la pensión de la solicitante osciló de 11.577 pesos a 15.051,15 pesos, manifiestamente insuficiente para los precios existentes en Venezuela en ese momento. Ciertamente, las cantidades enviadas por el hijo -reagrupante- son pequeñas pero en relación a su pensión podemos afirmar que eran una notable ayuda que le permitió vivir. La Sala desestima el recurso de la Abogacía del Estado
Enviado el: 02-06-2019
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 9 DE ABRIL DE 2019 . CONDICIÓN DE TRABAJADOR PARA DESEMPLEADA . NO EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONOMICOS PARA TFUE ASCENDIENTE DE ESPAÑOLA
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 10 Fecha: 09/04/2019
Nº de Recurso: 680/2018 Nº de Resolución: 274/2019
Ponente: RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO
En síntesis, la parte apela por entender que la Administración debió limitarse a valorar el requisito relativo al seguro de salud, no pudiendo denegar su solicitud por el eventual incumplimiento de otros requisitos. Alega, además, que se ha seguido una interpretación muy estricta de la normativa, no valorando el conjunto de ingresos de la unidad familiar. Y , por último, considera que al no haber perdido la recurrente la condición de trabajadora no cabe exigirle que acredite, además, disponer de recursos económicos suficientes.
(...)
(...)
Como ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propósito del art. 7.1 de la Directiva 2004/38/ CE , se trata de diferenciar situaciones distintas: los económicamente activos, los ciudadanos inactivos y los estudiantes. Así, en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-442/16, Florea Gusa y Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado:
(...)
Pues bien, en el caso de la ciudadana española que nos ocupa, su calificación a los efectos de la norma de aplicación debe ser la de trabajadora por cuenta ajena Y ello porque como destaca oportunamente el recurso de apelación en uno de sus motivos, su situación era tributaria de la aplicación del art. 7.3 del Real Decreto 240/2007 , a tenor del cual: "3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos: ... b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo; c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses". En efecto, la ciudadana española estaba inscrita como demandante de empleo -folio 17 del expediente administrativo- y además percibía una prestación por desempleo al tiempo de formularse la solicitud que nos ocupa -folio 18 del expediente administrativo-, de lo que se infiere el cumplimiento de los requisitos exigidos para la conservación de la condición de trabajadora por cuenta ajena a los efectos aquí examinados. Luego, en tales circunstancias, la Administración no podía exigirle, para reagrupar a un familiar extracomunitario, que acreditara el cumplimiento de requisitos normativamente dispuestos para otro tipo de situaciones, en este caso, el de los ciudadanos inactivos, por emplear la terminología usada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(...)
Pues bien, en el caso de la ciudadana española que nos ocupa, su calificación a los efectos de la norma de aplicación debe ser la de trabajadora por cuenta ajena Y ello porque como destaca oportunamente el recurso de apelación en uno de sus motivos, su situación era tributaria de la aplicación del art. 7.3 del Real Decreto 240/2007 , a tenor del cual: "3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos: ... b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo; c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses". En efecto, la ciudadana española estaba inscrita como demandante de empleo -folio 17 del expediente administrativo- y además percibía una prestación por desempleo al tiempo de formularse la solicitud que nos ocupa -folio 18 del expediente administrativo-, de lo que se infiere el cumplimiento de los requisitos exigidos para la conservación de la condición de trabajadora por cuenta ajena a los efectos aquí examinados. Luego, en tales circunstancias, la Administración no podía exigirle, para reagrupar a un familiar extracomunitario, que acreditara el cumplimiento de requisitos normativamente dispuestos para otro tipo de situaciones, en este caso, el de los ciudadanos inactivos, por emplear la terminología usada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por todo ello, procede acoger el motivo de apelación referido a la infracción del art. 7 del Real Decreto 240/2007 .
Enviado el: 01-06-2019
SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 4 DE ABRIL DE 2019 . APLICABILIDAD DEL 57.2 A UNA RESIDENCIA LARGA DURACIÓN . PENA EN ABSTRACO - PENA EN CONCRETO . MODULACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Murcia Sección: 2 Fecha: 04/04/2019 Nº de Recurso: 261/2018 Nº de Resolución: 208/2019
(...)
Por ello, debemos modular la doctrina establecida en los términos expresados.
NOVENO.- De acuerdo, pues, con todo lo expuesto y modulando la interpretación que mantienen los dos órganos jurisdiccionales consideramos como interpretación más acertada del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) ---y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" --- debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea "una pena privativa de libertad superior a un año", esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia de máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos. Esta, pues, es la doctrina que resulta procedente establecer, como doctrina jurisprudencial.
DÉCIMO.- La interpretación del artículo 57.2 de la LOEX que se acaba de establecer conduce a la estimación de las pretensiones que la parte recurrente deduce en el escrito de interposición del recurso, con apoyo en la matización que hemos efectuado de la interpretación realizada en la sentencia de instancia por la Sala de lo Contencioso administrativo, confirmando la del Juzgado de lo Contencioso administrativo, siendo pues la doctrina establecida por la mismas, si bien necesitando del complemento o matización expresados. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto, fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, a la estimación del Recurso Contencioso administrativo interpuesto por el recurrente, dejando sin efecto la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fecha 30 de noviembre de 2016, en el Recurso de apelación 602/2016 , así como la sentencia de fecha 16 de junio de 2016 que dictó el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 2 de Sevilla en el Procedimiento abreviado 4/2016. Por todo ello dejamos sin efecto y anulamos la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de fecha 19 de noviembre de 2015 que acordaba la expulsión del recurrente del territorio español, con prohibición de entrada en el mismo por un periodo de 7 años; expulsión y prohibición que dejamos sin efecto."
Enviado el: 01-06-2019
INSTRUCCIONES DGM 1/2019 CONTRATACIONES EN ORIGEN EN LO REFERENTE A LOS VISADOS DE BUSQUEDA DE EMPLEO DIRIGIDOS A HIJOS Y NIETOS DE ESPAÑOLES DE ORIGEN
Instrucciones DGM 1/2019 dictadas en desarrollo de la Orden Ministerial 1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen en lo referente a los visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de españoles de origen
FUENTE : MIGRARCONDERECHOS
Más informaciónEnviado el: 30-05-2019
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE DE 11 DE ABRIL DE 2019 . LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR NO SE PIERDE POR UN PARO INVOLUNTARIO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 11 de abril de 2019 (*)
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia — Artículo 7, apartado 3, letra c) — Derecho de residencia por más de tres meses — Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro durante un período de quince días — Paro involuntario — Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a seis meses — Derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s allowance)»
En el asunto C‑483/17,
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia — Artículo 7, apartado 3, letra c) — Derecho de residencia por más de tres meses — Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro durante un período de quince días — Paro involuntario — Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a seis meses — Derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s allowance)»
En el asunto C‑483/17,
(...)
40. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la posibilidad de que un ciudadano de la Unión que haya dejado temporalmente de ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantenga su condición de trabajador sobre la base del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38 y el derecho de residencia que le corresponde, en virtud del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, se basa en la premisa de que ese ciudadano esté disponible o sea apto para reincorporarse al mercado de trabajo del Estado miembro de acogida en un plazo razonable (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Prefeta, C‑618/16, EU:C:2018:719, apartado 37 y jurisprudencia citada).
El artículo 7, apartados 1, letra a), y 3, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación y ha adquirido en otro Estado miembro la condición de trabajador en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva gracias a la actividad que ha ejercido en el mismo durante un período de dos semanas —en virtud de un contrato que no es de duración determinada— antes de quedar en paro involuntario mantiene la condición de trabajador durante un período adicional de al menos seis meses en el sentido de estas disposiciones, siempre que se haya inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, de conformidad con el principio de igualdad de trato reconocido en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38, dicho nacional tiene, en consecuencia, derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera nacional del Estado miembro de acogida.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, de conformidad con el principio de igualdad de trato reconocido en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38, dicho nacional tiene, en consecuencia, derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera nacional del Estado miembro de acogida.
Enviado el: 14-05-2019
NOTA INFORMATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA : AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZONES HUMANITARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL . CIUDADANOS/AS VENEZOLANOS/ AS
CIUDADANOS VENEZOLANOS
EXPEDICIÓN DE TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (TIE)
Aquellos ciudadanos de nacionalidad venezolana a los que les hayan concedido y notificado autorización de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional deberán solicitar la expedición de la correspondiente tarjeta de identidad de extranjero directamente en dependencias policiales mediante la obtención de la cita previa a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus e que en su provincia de residencia no esté habilitada la cita previa, podrá dirigirse personalmente a la comisaría de policía correspondiente.
Documentación que deberá de aportar:
Impreso de solicitud EX17 (podrá obtenerlo a través de http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solici Formulario_TIE.pdf)
Impreso de abono de tasa código 012, modelo 790 obtener a través de https://sede.policia.gob.es/Tasa790_012/
Original y copia completa del pasaporte o documento de viaje, válido En su defecto, original y copia del pasaporte caducado conjunta del Director General de Migraciones y del Comisario G de 15 de marzo 2019)
otra información que afecte a este procedimiento de se irá actualizando en esta página.
ENLACE
Enviado el: 12-05-2019
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE DE 12 DE MARZO DE 2019. PERDIDA DE LA NACIONALIDAD DE UN CIIUDADANO/A DE LA UE . LA MEDIDA TIENE QUE SER PROPORCIONAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 12 de marzo de 2019 (*)
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 20 TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Nacionalidades de un Estado miembro y de un tercer Estado — Pérdida ipso iure de la nacionalidad de un Estado miembro y de la ciudadanía de la Unión — Consecuencias — Proporcionalidad»
En el asunto C‑221/17,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), mediante resolución de 19 de abril de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de abril de 2017, en el procedimiento entre
M.G. Tjebbes,
G.J.M. Koopman,
E. Saleh Abady,
L. Duboux
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 20 TFUE, a la luz de los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que prevé, con sujeción a determinados requisitos, la pérdida automática de la nacionalidad de dicho Estado miembro por imperativo de la ley (ipso iure), pérdida que lleva consigo, en el caso de las personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, siempre que las autoridades nacionales competentes —con inclusión, en su caso, de los tribunales nacionales— estén en condiciones de examinar, con carácter incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de arbitrar el mecanismo adecuado para que las personas afectadas recuperen ex tunc la nacionalidad en el momento en que soliciten la obtención de un documento de viaje o de cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad. En el marco del referido examen, las autoridades y los tribunales nacionales mencionados deberán verificar si la pérdida de la nacionalidad del Estado miembro de que se trate, que entraña la pérdida de la ciudadanía de la Unión, resulta conforme con el principio de proporcionalidad en lo que atañe a las consecuencias que tenga para la situación de cada persona afectada, y, en su caso, para la situación de los miembros de su familia, desde el punto de vista del Derecho de la Unión.
de 12 de marzo de 2019 (*)
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 20 TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Nacionalidades de un Estado miembro y de un tercer Estado — Pérdida ipso iure de la nacionalidad de un Estado miembro y de la ciudadanía de la Unión — Consecuencias — Proporcionalidad»
En el asunto C‑221/17,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), mediante resolución de 19 de abril de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de abril de 2017, en el procedimiento entre
M.G. Tjebbes,
G.J.M. Koopman,
E. Saleh Abady,
L. Duboux
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 20 TFUE, a la luz de los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que prevé, con sujeción a determinados requisitos, la pérdida automática de la nacionalidad de dicho Estado miembro por imperativo de la ley (ipso iure), pérdida que lleva consigo, en el caso de las personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, siempre que las autoridades nacionales competentes —con inclusión, en su caso, de los tribunales nacionales— estén en condiciones de examinar, con carácter incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de arbitrar el mecanismo adecuado para que las personas afectadas recuperen ex tunc la nacionalidad en el momento en que soliciten la obtención de un documento de viaje o de cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad. En el marco del referido examen, las autoridades y los tribunales nacionales mencionados deberán verificar si la pérdida de la nacionalidad del Estado miembro de que se trate, que entraña la pérdida de la ciudadanía de la Unión, resulta conforme con el principio de proporcionalidad en lo que atañe a las consecuencias que tenga para la situación de cada persona afectada, y, en su caso, para la situación de los miembros de su familia, desde el punto de vista del Derecho de la Unión.
Enviado el: 06-05-2019
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE DE 26 DE MARZO DE 2019 . LA INSTITUCIÓN DEL KAFALA . VIDA FAMILIAR E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 26 de marzo de 2019 (*)
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Miembros de la familia de ciudadano de la Unión — Artículo 2, punto 2, letra c) — Concepto de “descendiente directo” — Menor bajo tutela legal permanente con arreglo al régimen de la “kafala” (protección legal) argelina — Artículo 3, apartado 2, letra a) — Otros miembros de la familia — Artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Vida familiar — Interés superior del menor»
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión que figura en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano de la Unión con arreglo a la institución de la «kafala» argelina, puesto que dicho régimen no crea un vínculo de filiación entre ellos.
No obstante, incumbe a las autoridades nacionales competentes facilitar la entrada y residencia de dicha menor como «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la misma Directiva, interpretando este a la luz de los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a través de una apreciación equilibrada y razonable del conjunto de circunstancias actuales y pertinentes del presente asunto que tenga en cuenta todos los intereses en juego y en especial el interés superior de la menor afectada. En caso de que, tras dicha apreciación, se demuestre que, en circunstancias normales, la menor y su tutor (que es ciudadano de la Unión) llevarán una vida familiar efectiva y que la menor depende de su tutor, las exigencias vinculadas al derecho fundamental al respeto de la vida familiar, junto con la obligación de tener en cuenta el interés superior de la menor, en principio requerirán que se otorgue a esta el derecho de entrada y residencia al objeto de permitir que viva con su tutor en el Estado miembro de acogida de este.
Enviado el: 06-05-2019
AUTO DEL TS DE 25 MARZO DE 2019 ADMINTIENDO RECURSO DE CASACIÓN CONTRA DESESTIMACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN A UNA NIÑA MENOR REAGRUPADA . EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS PARA ACCEDER A LA LARGA DURACIÓN CONFRONTADO CON EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA
Fecha: 25/03/2019
Nº de Recurso: 270/2019
Nº de Recurso: 270/2019
SEGUNDO. - Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por Dª Miriam , en nombre y representación de su hija menor de edad, Irene , contra la sentencia -nº. 492/18, de 29 de mayo - de La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, revocatoria en apelación (547/16 ) de la sentencia -23 de junio de 2016- dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo nº. 168/16 , deducido frente a resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia, de 9 de diciembre de 2015, por la que se acuerda denegar la autorización de residencia de larga duración presentada a favor de la menor Irene , ( titular de autorización de residencia temporal, por reagrupación familiar con extranjera, titular de autorización de residencia de larga duración) confirmada en reposición, por resolución de 26 de febrero de 2016.
A tal efecto, se precisa que la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: si conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, en los supuestos de renovación de la autorización de residencia de larga duración de los menores reagrupados por sus padres, titulares de autorización de tarjeta de larga duración, es exigible la acreditación de medios económicos, y empleo, y cuál es el margen que permite la minoración de tal exigencia, cuando el familiar reagrupado sea menor de edad.
Y las norma que en principio serán objeto de interpretación: artículo 54.3 , 58.3 y 148.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, versus el artículo 61.3 b) del Real Decreto 557/2011 , que aplica la sentencia recurrida en casación, así como los artículos 11 , 12 , 13 y 14 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el artículo 18 y 39 CE .
Enviado el: 02-04-2019
