Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª. Sección 5ª) de 13 de junio de 2019. Interpretación de los arts. 162.2.b) y 71 del  RD 557/2011. Sentencia interés casacional (a instancia de la Abogacía del Estado en Bizkaia) sobre criterio interpretativo del art. 162.2 y 71.2 del RD 557/2011, facultando a la administración a extinguir autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo (incluidas las extraordinarias) cuando constate la desaparición de circunstancias que sirvieron para su concesión, sin ser de aplicación el artículo 71.2 del reglamento de extranjería. Extinción de la autorización temporal de residencia y trabajo por razones extraordinarias de arraigo. La Administración decretará la extinción de las autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo, incluidas las extraordinarias, cuando constate que han desaparecido las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, siempre que no se hubieran extinguido "ope legis" por cualquiera de las circunstancias legalmente previstas.

Roj: STS 2325/2019 - ECLI: ES:TS:2019:2325
Id Cendoj: 28079130052019100202 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 01/07/2019 Nº de Recurso: 1826/2018 Nº de Resolución: 966/2019 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO

Respecto de la naturaleza de la resolución administrativa de extinción, discrepamos también de la Abogacía del estado, dado el tenor literal del primer párrafo de su apartado 2: "La autorización de residencia temporal se extinguirá por resolución del órgano competente para su concesión, conforme a los trámites previstos en la normativa vigente para los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, cuando se constate la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: ..." El precepto dice "se extinguirá", no dice "declarará su extinción" y este dato es relevante pues en tanto no se dicte la resolución -que tiene efectos constitutivos "ex nunc"- la autorización no queda extinguida, salvo que hubiera trascurrido el plazo de su expedición o concurrieran las otras dos circunstancias previstas en el apartado 1 de tan citado art. 162, que causan su extinción "ope legis", haciendo entonces innecesario e improcedente tal pronunciamiento>>.

En atención a lo precedentemente expuesto, y dando respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, concluimos que la facultad de la administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 del Real Decreto 557/2011 , debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia. En consecuencia, resolviendo la litis, procede la declaración de no haber lugar al recurso de casación.

Roj: STS 1992/2019 - ECLI: ES:TS:2019:1992
Fecha: 17/06/2019
Nº de Recurso: 1023/2018
Nº de Resolución: 832/2019
Ponente: JUAN CARLOS TRILLO ALONSO

En efecto es de interés resaltar el distinto tratamiento dado por quien ejerce la potestad reglamentaria a las solicitudes de autorización de residencia por reagrupamiento familiar y a las solicitudes de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social apoyada en vínculos familiares, para, en conexión con ese distinto tratamiento, poner de manifiesto las diferencias entre la solicitud de autorización de residencia por reagrupación familiar, por medio de la cual un extranjero residente puede reagrupar con él en España a los familiares referenciados en el artículo 53 que se hallan fuera del territorio nacional, y la solicitud de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social derivada de vínculos familiares en la que ya se contempla la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años por parte de quien solicita esa residencia temporal.

Y es que es precisamente la diferencia entre la autorización de residencia por reagrupación familiar y la autorización de residencia por razones de arraigo social derivada de vínculos familiares, lo que da explicación al distinto régimen a la hora de establecer la suficiencia económica: en el primer supuesto mediante su cuantificación y en el segundo mediante la valoración no tasada de las circunstancias concurrentes. Se equivoca la Abogacía del Estado cuando en su escrito de interposición califica de ilógico y no acorde a una interpretación uniforme y sistemática de la norma, sin reparar en que nada impedía a quien ejerce la potestad reglamentaria definir, para el supuesto de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social fundadas en vínculos familiares, cúal es el alcance del término <<medios económicos suficientes>>, y sin reparar también en que el artículo 4.1 del Código Civil previene que <<Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón>>, identidad, conforme a lo ya expuesto, inexistente

Por lo expuesto, la respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión es que en las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo social fundamentadas en vínculos familiares, para acreditar la suficiencia de medios económicos, cuando se solicita la exención del contrato de trabajo, no cabe acudir a la aplicación analógica del artículo 54, sobre reagrupación familiar, siendo procedente, por el contrario, una valoración discrecional de la suficiencia en atención a las circunstancias concretas del caso

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 10 Fecha: 09/04/2019

Nº de Recurso: 680/2018 Nº de Resolución: 274/2019

Ponente: RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO

En síntesis, la parte apela por entender que la Administración debió limitarse a valorar el requisito relativo al seguro de salud, no pudiendo denegar su solicitud por el eventual incumplimiento de otros requisitos. Alega, además, que se ha seguido una interpretación muy estricta de la normativa, no valorando el conjunto de ingresos de la unidad familiar. Y , por último, considera que al no haber perdido la recurrente la condición de trabajadora no cabe exigirle que acredite, además, disponer de recursos económicos suficientes.

(...)

Como ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propósito del art. 7.1 de la Directiva 2004/38/ CE , se trata de diferenciar situaciones distintas: los económicamente activos, los ciudadanos inactivos y los estudiantes. Así, en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-442/16, Florea Gusa y Minister for Social Protection, Irlanda, Attorney General), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado:

(...)


Pues bien, en el caso de la ciudadana española que nos ocupa, su calificación a los efectos de la norma de aplicación debe ser la de trabajadora por cuenta ajena Y ello porque como destaca oportunamente el recurso de apelación en uno de sus motivos, su situación era tributaria de la aplicación del art. 7.3 del Real Decreto 240/2007 , a tenor del cual: "3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos: ... b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo; c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses". En efecto, la ciudadana española estaba inscrita como demandante de empleo -folio 17 del expediente administrativo- y además percibía una prestación por desempleo al tiempo de formularse la solicitud que nos ocupa -folio 18 del expediente administrativo-, de lo que se infiere el cumplimiento de los requisitos exigidos para la conservación de la condición de trabajadora por cuenta ajena a los efectos aquí examinados. Luego, en tales circunstancias, la Administración no podía exigirle, para reagrupar a un familiar extracomunitario, que acreditara el cumplimiento de requisitos normativamente dispuestos para otro tipo de situaciones, en este caso, el de los ciudadanos inactivos, por emplear la terminología usada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por todo ello, procede acoger el motivo de apelación referido a la infracción del art. 7 del Real Decreto 240/2007 .