Fecha: 25/03/2019
Nº de Recurso: 270/2019

SEGUNDO. - Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por Dª Miriam , en nombre y representación de su hija menor de edad, Irene , contra la sentencia -nº. 492/18, de 29 de mayo - de La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, revocatoria en apelación (547/16 ) de la sentencia -23 de junio de 2016- dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo nº. 168/16 , deducido frente a resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia, de 9 de diciembre de 2015, por la que se acuerda denegar la autorización de residencia de larga duración presentada a favor de la menor Irene , ( titular de autorización de residencia temporal, por reagrupación familiar con extranjera, titular de autorización de residencia de larga duración) confirmada en reposición, por resolución de 26 de febrero de 2016.

A tal efecto, se precisa que la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: si conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, en los supuestos de renovación de la autorización de residencia de larga duración de los menores reagrupados por sus padres, titulares de autorización de tarjeta de larga duración, es exigible la acreditación de medios económicos, y empleo, y cuál es el margen que permite la minoración de tal exigencia, cuando el familiar reagrupado sea menor de edad.

Y las norma que en principio serán objeto de interpretación: artículo 54.3 , 58.3 y 148.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, versus el artículo 61.3 b) del Real Decreto 557/2011 , que aplica la sentencia recurrida en casación, así como los artículos 11 , 12 , 13 y 14 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el artículo 18 y 39 CE .

Nº de Recurso: 331/2018
Nº de Resolución: 117/2019
Ponente: GEMA QUINTANILLA NAVARRO

CUARTO .- Decisión del Tribunal.

En primer lugar, como bien argumenta la Sentencia apelada, es de aplicación el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Señala el artículo 2 que el presente real decreto se aplica también, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, que a continuación se relacionan: a) A su cónyuge, (...). b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal (...) c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada (...). Conforme al art. 8.1 del RD 240/2007 " los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea (...) especificados en el artículo 2 del presente real decreto , que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España por un período

El Artículo 10 del RD sobre el "Derecho a residir con carácter permanente" dispone que " son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea (...) y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto".

En segundo lugar , el menor (representado por madre) presentó la solicitud de tarjeta de residencia permanente como familiar de ciudadano de la Unión al amparo del Real Decreto 240/2007. Para que la Administración estimara la solicitud, debía acreditar que habían trascurrido cinco años de residencia en España y que se mantenían las circunstancias iniciales. Estos datos fueron debidamente apreciados por el Juzgador a quo.

Como bien argumenta la Sentencia apelada, es un hecho acreditado -y no controvertido- que la Sra. Tarsila contrajo matrimonio con D. Calixto , nacional español, el día 15 de julio de 2010. El matrimonio seguía inscrito en el Registro Civil cuando se presentó la solicitud de tarjeta permanente de familiar de residente comunitario para el hijo menor Jose Ramón . Asimismo, la Sra. Tarsila obtuvo la tarjeta de residencia permanente por ser cónyuge de español, válida hasta el 5 de septiembre de 2025 y ese permiso de residencia no ha sido extinguido por la Delegación del Gobierno. A ello se añade que, no resulta acreditado el cese de la convivencia. En el acto de la vista de Procedimiento Abreviado, el Sr. Calixto señaló que convive con su esposa y su hijo y que si bien era cierto de que se había empadronado en otros municipios ello era por motivos fiscales.

Por lo tanto, la Sentencia recurrida llevó a cabo un correcto análisis de la prueba y la conclusión alcanzada se comparte por esta Sala pues se acreditó que se cumplían las circunstancias exigidas para el reconocimiento del derecho a residir con carácter permanente previsto en el Real Decreto 240/2007. El recurso de apelación debe ser desestimado.

Fecha: 01/03/2019
Nº de Recurso: 300/2018
Nº de Resolución: 105/2019

La resolución recurrida es la de la Delegación del Gobierno en Murcia de 22 de diciembre de 2017, por la que se deniega al interesado la autorización de residencia por arraigo solicitada, por considerar que la empresa contratante carece de capacidad económica para hacer efectivo el contrato de trabajo. Se añade que el extranjero tiene una orden de expulsión vigente, dictada el día 8 de julio de 2011. Se aporta también por el interesado dicha resolución, en la que se acuerda su expulsión, de conformidad con el artículo 57.2 de la L.O. 4/2000 , por haber sido condenado a pena de prisión de un año y nueve meses por sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Lérida por delito de falsificación de documento público

(...)

Centrándonos en el caso que nos ocupa, tanto el juez de instancia como el apelante, e incluso el Abogado del Estado, confunden el acto impugnado -la denegación de una autorización de residencia- con una orden de expulsión que fue dictada en el año 2011. Ahora bien, por distintas circunstancias no fue recurrida -o se archivó el recurso- en su momento, y ahora el interesado ha formulado contra la misma recurso extraordinario de revisión. Lo cierto es que no cabría en rigor suspender la denegación de la autorización, pero tampoco la inadmisión o la desestimación del recurso extraordinario de revisión, únicamente la orden de expulsión, pero ahora no es susceptible de impugnación por las razones que hemos expuesto. No cabe desconocer, sin embargo, que el recurrente ha acreditado que con su inmediata salida del territorio nacional se producirían unos perjuicios irreparables a sus cuatro hijos, todos ellos menores y nacidos en España y titulares de autorizaciones de residencia de larga duración, al igual que su esposa, y con los que convive. Así, estos menores tendrían que estar separados de su padre o bien abandonar España para acompañarle a su país de origen, Nigeria. Ha de atenderse al superior interés de la familia, y especialmente a la protección de los menores, pues en caso contrario se conculcaría el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia recogida en el artículo 39 de la Constitución , así como el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor .

Por el contrario, no se justifica que con la medida cautelar se produzca una grave perturbación de los intereses

generales o de tercero, por lo que procede acordar la suspensión de la obligación del recurrente de salida del
territorio nacional.

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea

Ciudadanía

Sección 1.ª Residencia y trabajo de los nacionales del Reino Unido residentes en España y de los miembros de su familia.

1. Las disposiciones de esta sección se aplicarán a los nacionales del Reino Unido que residan en España antes de la fecha de retirada y a los miembros de su familia, con independencia de la nacionalidad de estos últimos. A estos efectos, se consideran miembros de la familia los previstos en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los otros familiares mencionados en el artículo 2 bis de dicho Real Decreto.
2. La residencia en España antes de la fecha de retirada podrá acreditarse, en el caso de los nacionales del Reino Unido:
a) Mediante la verificación de que cuenta con el certificado de registro previsto en el artículo 7.5 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, obtenido con anterioridad a la fecha de retirada.
b) Mediante cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, en caso de que no haya obtenido dicho certificado de registro antes de la fecha de la retirada, debiendo efectuarse en estos casos un análisis individualizado de su situación de conformidad con el procedimiento del artículo 4 del presente real decreto-ley.

3. La residencia en España antes de la fecha de retirada se acreditará, en el caso de nacionales de terceros países que reúnan la condición de familiares de un nacional del Reino Unido residente en España:
a) Mediante la verificación de que cuenta con la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, obtenida con anterioridad a la fecha de retirada.
b) Mediante cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, en caso de que no haya obtenido dicha tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión antes de la fecha de la retirada, debiendo efectuarse en estos casos un análisis individualizado de su situación de conformidad con el procedimiento del artículo 4 del presente real decreto-ley.

Artículo 4. Documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España y de sus familiares.

1. Los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada, así como sus familiares, estarán obligados a solicitar la documentación correspondiente a su nueva condición, de conformidad con los trámites que establezcan las instrucciones aprobadas a tal fin por el Consejo de Ministros al amparo de la disposición adicional primera, apartado cuarto, del Reglamento de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por la que se regulan los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Estas instrucciones serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La solicitud para obtener esta documentación deberá presentarse en el plazo de veintiún meses desde la retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Durante este plazo la residencia en España de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de sus familiares seguirá siendo legal hasta que se resuelva su solicitud. Los certificados de registro y las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión a que se refiere el artículo anterior seguirán siendo válidos, mientras no sean sustituidos por los nuevos documentos o vean agotada su vigencia, y acreditarán la situación de residencia legal en España.
3. Si el nacional del Reino Unido, o su familiar, ya contase con un certificado de registro previo o con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, la solicitud se dirigirá a la unidad que se determine en las instrucciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo, que sustituirá dicho certificado o tarjeta por una tarjeta de identidad de extranjero.
4. En caso de que no contase con un certificado de registro previo o con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, la solicitud, junto con la documentación que se prevea en las instrucciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo, se dirigirá a la unidad que se determine en dichas instrucciones. Una vez que esta resuelva sobre la autorización, se deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, cuya expedición y entrega corresponde a la Dirección General de la Policía, en los lugares que se habiliten al efecto en las instrucciones que aprobará el Consejo de Ministros.
5. En este procedimiento de documentación se tendrán en cuenta, en los términos previstos en las citadas instrucciones, los periodos de residencia previos en España, así como, en su caso, el supuesto de residencia en el que se encuentre el interesado, de entre los previstos en los artículos 7.1 y 10 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

Artículo 5. Acceso a la residencia de larga duración.

1. Los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y los miembros de su familia podrán obtener una autorización de residencia de larga duración cuando hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante, al menos, cinco años.
Los tiempos de residencia en España en su condición de ciudadanos de la Unión o de familiar de ciudadano de la Unión se computarán en el cálculo de estos cinco años.
La continuidad en la residencia, así como el procedimiento para la obtención de esta autorización, se ajustarán a lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por la que se regulan los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el capítulo primero del título VI del Reglamento de dicha Ley Orgánica.

2. No obstante, en el caso de nacionales del Reino Unido que hubieran obtenido, antes de la fecha de retirada, un certificado de registro permanente, así como en el caso de nacionales de terceros países, miembros de la familia de un nacional del Reino Unido, que hubieran obtenido, antes de la fecha de retirada, una tarjeta permanente de familiar de ciudadano de la Unión, deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero residente de larga duración, cuya expedición y entrega corresponde a la Dirección General de la Policía, en los lugares que se habiliten al efecto. En el momento de su solicitud deberá aportar la siguiente documentación:

a) Pasaporte completo en vigor.
b) Impreso acreditativo del abono de la tasa correspondiente.
c) Una fotografía, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normativa sobre documento nacional de identidad.
En estos casos, se presumirá el cumplimiento del requisito de una residencia legal y continuada de, al menos, cinco años.