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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE ENERO DE 2018 . RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE POLIGAMIA A LOS EFECTOS DEL REPARTO DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD A LAS ESPOSAS DE UN MARROQUÍ . CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS

STS 121/2018 - ECLI:ES:TS:2018:121
Nº Recurso: 98/2017 -
Fecha: 24/01/2018 -

 
RESUMEN: Clases Pasivas. Pensión de Viudedad. Beneficiarias. Situación de poligamia: segunda esposa de súbdito marroquí. Interés casacional: Orden público nacional como causa de denegación; Convenio de Seguridad Social entre España y Marruecos como causa de reconocimiento; criterios de reparto.

SEXTO .- La conclusión

La presente sent encia, a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA , ha establecido en los precedentesfund  amentos la interpretación de aquellas normas sobre las que el auto de admisión consideró necesario elenjuiciamiento del presente recurso de casación por esta Salsa Tercera del Tribunal Supremo y, conforme aello, declarará:

1º) que la constatación de una situación de poligamia de un súbdito marroquí no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad en el régimen de clases pasivas del Estado, regulado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español.

2º) que el artículo 23 del Convenio sobre Seguridad Social entre España y Marruecos, de 8 de noviembre de 1979 , por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de octubre de 1982 y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución Española , permite que por vía interpretativa se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias de pensión de viudedad en el régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español que tenga origen marroquí, y que fuesen
beneficiarias de la pensión según la legislación marroquí.

3º) que el cálculo del importe de la pensión se efectuará partiendo de que la pensión se distribuye por partes iguales entre las viudas que hayan estado simultáneamente casadas con el mismo causante.

4º) que el recurso de casación debe ser estimado y, con anulación de la sentencia, apreciando la vulneración del principio de igualdad denunciada en la instancia y por no haber sido cuestionada en ningún momento por la Administración la condición de beneficiaria de la esposa reclamante según la legislación marroquí, se reconocerá a doña Maribel el derecho a la percepción de la pensión de viudedad generada por su fallecido esposo de origen marroquí, don Argimiro , con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a su fallecimiento, acaecido el 24 de enero de 2013, y calculándose su importe partiendo de que la pensión se distribuye por partes iguales entre las viudas que hayan estado simultáneamente casadas con el mismo causante. Así mismo, se reconocerá su derecho al cobro de los haberes dejados de percibir desde esa fecha y hasta la efectiva percepción de la pensión que se le reconoce, más los intereses legales que procedan desde la presentación de la solicitud y hasta su efectivo pago.

Enviado el: 05-02-2018

SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 . LA FALTA DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2008/115 AL DERECHO INTERNO EVITA LA EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE EXTRANJERO EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR .SANCIÓN MULTA VS EXPULSIÓN . PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD


La falta de incorporación de la Directiva 2008/115 al derecho interno evita la expulsión de extranjero en situación irregular

 TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 31 Octubre 2017

Diario La Ley, Nº 9130, Sección La Sentencia del día, 1 de Febrero de 2018, Editorial Wolters Kluwer

El Estado español no se encuentra legitimado para alegar el efecto vertical inverso de la Directiva 2008/115, pues ha sido el propio Estado el que ha decidido no incorporar los mandatos de la misma al derecho interno; derecho que, por otra parte, resulta ser más ventajoso para el extranjero que se encuentra en España en situación irregular que la aplicación de la citada Directiva de retorno.

 
TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 732/2017, 31 Oct. Recurso 184/2017 (LA LEY 178624/2017) 

A pesar de la falta de legitimación del Abogado del Estado para alegar el efecto vertical inverso de la Directiva 2008/115 (LA LEY 19517/2008) , Directiva de retorno, al no haber sido incorporada al derecho interno, el TSJ se adentra a examinar si debe o no confirmar la sentencia que revocó la sanción de expulsión de un extranjero en situación irregular, y la sustituyó por una sanción de multa.

El extranjero se encontraba en España en situación irregular, y la Delegación del Gobierno en Madrid justificó la expulsión al constar una reseña judicial por homicidio doloso y lesiones, que demostraba un comportamiento antisocial que aconsejaba la expulsión de España.

Por otro lado, en la medida en que la eficacia directa de dicha Directiva de Retorno es vertical y unilateral, no genera ninguna obligación para el particular frente al Estado que, o bien no la ejecutó en plazo, o bien no la ejecutó de forma adecuada. Así, un Estado miembro no puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que impone una directiva no transpuesta, como tampoco puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que impone su legislación interna cuando tales obligaciones debieron haberse eliminado en virtud de la directiva no transpuesta.

La incompatibilidad entre el derecho español y la citada Directiva queda aún más patente tras la reforma operada en 2009 en materia de extranjería, en la que el principio de proporcionalidad en la determinación de la sanción procedente se torna como el elemento esencial del modelo sancionador de la inmigración clandestina.

Cuando una norma nacional resulta contradictoria con una Directiva, la falta de trasposición, o la deficiente o insuficiente trasposición, hace que la norma nacional se interprete de conformidad con las demás normas del ordenamiento de la UE. Así, en el supuesto que analiza el TSJ, el sistema nacional sancionador es más beneficioso para el nacional de terceros Estados en situación irregular, que el instaurado por la Directiva de retorno, porque ésta impone la obligación incondicional de expulsión, mientras que la Ley Orgánica 4/2000 (LA LEY 126/2000) sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, prevé la opción entre expulsión o multa, atendiendo en la elección al principio de proporcionalidad, y posibilita que, en aquellos casos en que se opte por la imposición de una multa, el inmigrante irregular, una vez concluido el procedimiento sancionador, pueda regularizar su situación, algo que no sería posible si, tal y como impone la Directiva, el procedimiento sancionador finalizara con la expulsión.

El hecho de que la normativa española sea más ventajosa para el extranjero que se encuentra en España en situación irregular impide, por sí solo, la aplicación directa de la Directiva de retorno y, por ende, la posibilidad de exigir al particular las obligaciones que la Directiva le impone frente al Estado que no la ejecutó en plazo.

Por ello, el TSJ confirma la adecuación a derecho de la sanción de multa impuesta, en sustitución de la expulsión, aplicando la norma nacional que permite optar entre la expulsión o la multa. La sanción de multa ha sido impuesta respetando el mencionado principio de proporcionalidad, y el Tribunal subraya que, no aplicar el Derecho interno, ya fuera mediante la aplicación directa de la Directiva, ya mediante una interpretación conforme, supondría una violación de los principios de seguridad jurídica y legalidad sancionadora, contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

Discrepa del fallo la Magistrada Ilma. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente

FUENTE : DIARIO LA LEY Más información

Enviado el: 01-02-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE ENERO DE 2018 . NO PROCEDE SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD POR EXPULSIÓN PORQUE EN LA ÉPOCA DE LOS HECHOS PARA LA EXPULSIÓN SE PRECISABA LA FALTA DE RESIDENCIA LEGAL CONFORME AL ARTÍCULO 89 CP

Nº de Resolución: 6/2018 -
 Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER -
 Nº Recurso: 10518/2017 -
 Fecha: 10/01/2018 -


Ello no obstante, el texto del art 89 del CP , redactado conforme a la LO.5/2010 de 22 de junio, señala en su nº 1:"Que las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España ,serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España. También podrá acordarse la expulsión en auto motivado , posterior, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal"

Con arreglo a tal texto, vigente en fecha 20-11-2011, en que sucedieron los hechos por los que fue condenado el penado, mediante sentencia de nº 201 de 14-6-2013, dictada por la Audiencia Provincial de Castellón , la sustitución de la pena privativa de libertad mediante la expulsión del territorio nacional requería que el extranjero no fuera residente legalmente en España. Circunstancia que no se dá en el penado, quien aunque, a diferencia de lo que alega, no tiene nacionalidad italiana sino albanesa, sí que era residente en un país de la UE. como es Italia, conforme a la documentación aportada a las actuaciones por el ahora recurrente, y por ello también en España. Siendo la residencia y no la nacionalidad -a diferencia de lo que sostiene el
Ministerio Fiscal-, lo determinante a los efectos que ahora interesan.Para ello debe tenerse en cuenta la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/ CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

(...)

1º) Estimar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la representación de D. Erasmo contra el Auto de la Audiencia Provincial de CASTELLÓN, Sección primera, de fecha 5 de julio de 2017 que acordó la sustitución del resto de la pena privativa de libertad impuesta en la causa, por su expulsión del territorio nacional, al que no podrá regresar en el plazo de seis años desde su efectiva expulsión

Siendo así, aun prescindiéndose de la necesidad de que la medida esté proporcionada teniendo en cuenta su arraigo en España conforme ha alegado el recurrente, el motivo ha de prosperar, siendo estimado.

Enviado el: 22-01-2018

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017. NO CABE EXPEDIENTE SANCIONADOR PREFERENTE SIN DATOS NEGATIVOS, SI LA SALIDA VOLUNTARIA ENTRE 7 Y 30 DIAS

Roj: STSJ MU 2186/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:2186
Fecha: 14/12/2017
Nº de Recurso: 216/2017
Nº de Resolución: 759/2017

TERCERO.-
En el presente caso, la actora no alega ni acredita que se dé alguna de la excepciones de las contempladas por la Directiva (2 a 5) para dejar sin efecto el retorno a su país de origen; señalando que le fue imposible acreditar en el acto de la vista las circunstancias que justificarían la aplicabilidad del principio de proporcionalidad por causas ajenas a su voluntad

En definitiva, a la vista de sentencia comunitaria expresada, de aplicación directa en nuestro país, no cabe sustituir la sanción de expulsión por la de multa, siendo acertada la sentencia recurrida cuando acuerda anular parcialmente la resolución de la Delegación del Gobierno, para que con carácter previo a acordar la expulsión, la Administración conceda a la interesada un plazo de entre 7 y 30 días para que retorne voluntariamente a su país. Solamente en el caso de no hacerlo podrá adoptar las medidas necesarias para la expulsión, siendo entonces cuando además deberá acordar la prohibición de entrada.

Así se desprende de los dispuesto en el artículo 7.1, que señala que "la decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4 y, en este último apartado establece que "si existiera riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o si la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, los Estados miembros podrán abstenerse de conceder un plazo para la salida voluntaria, o podrán conceder un periodo inferior a siete días ", lo cual debe vincularse con lo previsto en el artículo 8, sobre expulsión, que establece, en su número primero, que los " Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir la decisión de retorno cuando no se haya concedido un plazo para la salida voluntaria de conformidad con el artículo 7, apartado 4, o cuando no se haya cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo para la salida voluntaria concedido de conformidad con el artículo 7 " y, es en relación con estos supuestos donde el artículo 11 contempla la prohibición de entrada.

En la Directiva se utilizan las expresiones de "retorno", "decisión de retorno", "expulsión" y "salida voluntaria", dando en el artículo tres, definición de cada uno de estos. Así por "retorno", se entiende el proceso de vuelta de un nacional de un tercer país, bien sea en acatamiento voluntario de una obligación de retorno, bien de modo forzoso a: su país de origen, o un país de tránsito con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o bilaterales o de otro tipo, u - otro tercer país al que el nacional de un tercer país decida volver voluntariamente y en el cual será admitido; la "decisión de retorno" una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación
de retorno; la "expulsión" la ejecución de la obligación de retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro; y finalmente la "salida voluntaria" el cumplimiento de la obligación de retorno en el plazo fijado a tal efecto en la decisión de retorno.

En nuestro derecho interno, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de abril, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 28, tras declarar en su número primero que "las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la presente Ley", recoge los supuestos en que la salida se configura con carácter obligatorio y estos son: a) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal; b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente Ley; c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España y d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.

En desarrollo de este precepto el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, establece que resolución denegatoria de la autorización de residencia o prorroga de estancia contendrá la advertencia al interesado de la obligatoriedad de su salida del país, añadiendo, en su número segundo que "la salida obligatoria habrá de realizarse dentro del plazo establecido en la resolución denegatoria de la solicitud formulada, o, en su caso, en el plazo máximo de quince días (...). Una vez transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado la salida, se aplicará lo previsto en este Reglamento para los supuestos a que se refiere el art. 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 3 . Si los extranjeros a que se refiere este artículo realizasen efectivamente su salida del territorio español conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, no serán objeto de prohibición de entrada en el país y eventualmente podrán volver a España, con arreglo a las normas que regulan el acceso al territorio español".

En aplicación de esta normativa, vemos, como antes decíamos, que aquella decisión de retorno, al no ponerse de manifiesto ninguna de las circunstancias que se recogen en el artículo 7, apartado 4 de la Directiva, -que existiera riesgo de fuga, o hubiera desestimado una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o que se tratara de persona que representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional- debe adoptarse otorgando la Administración un plazo al ahora recurrente, entre siete y treinta días, para la salida voluntaria. Debiendo proceder, una vez transcurrido aquel plazo sin tener lugar la misma, a la expulsión, en el sentido de ejecución de aquella obligación de retornar,
como se mantiene en instancia.

Enviado el: 22-01-2018

SENTENCIA DEL TJUE DE 7 DE DICIEMBRE DE 2017 . ASUNTO C 636/16 WILBER LOPEZ PASTUZANO . NO PUEDE ADOPTARSE UNA DECISIÓN DE EXPULSIÓN CONTRA UN RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN , POR LA MERA RAZÓN DE QUE HAYA SIDO CONDENADO A UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUPERIOR A UN AÑO


STJUE (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2017. Asunto C 636/16. Wilber López Pastuzano y Delegación del Gobierno en Navarra. Procedimiento prejudicial. Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Directiva 2003/109/CE. Artículo 12. Adopción de una orden de expulsión contra un residente de larga duración. Elementos que deben tomarse en consideración. Normativa nacional. Falta de toma en consideración de dichos elementos. Compatibilidad. No puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un Estado no miembro de la UE, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:

•"El  artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un tercer Estado residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma".
Más información

Enviado el: 05-01-2018

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 DE BILBAO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017 . CONCEDE TFUE FAMILAR COMUNITARIO A CONYUGE DE ESPAÑOL CON LOS UNICOS INGRESOS DE UNA RENTA BASICA.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao de 19 de diciembre de 2017. Concede tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la UE.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao de 19 de diciembre de 2017. Concede tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la Unión Europea, pese a la STS de 18 de julio de 2017, a la que insistentemente aludió la Abogada del Estado en el acto de la vista, y que me imagino que recurrirá la sentencia. Los únicos ingresos que percibe la Unidad Familiar es la RGI

FUENTE : MIGRARCONDERECHOS Más información

Enviado el: 05-01-2018

" ES NECESARIO QUE EL DERECHO AL ASILO TAMBIÉN SE GESTIONE EN TENERIFE" . JUAN CARLOS LORENZO COORDINADOR DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO EN CANARIAS (CEAR )

JUAN CARLOS LORENZO COORDINADOR DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) EN CANARIAS

"Es necesario que el derecho al asilo también se gestione en Tenerife"


En Canarias hay 71 plazas de asilo o solicitantes de protección internacional. Hasta marzo solo teníamos 31, cuando se abrieron 40 más en una instalación cedida por el Cabildo de Gran Canaria y se pudieron duplicar las plazas. Todas se encuentran en esta isla, en Tenerife no hay. Otra cosa es que en una plaza de acogida pueda haber un solicitante de asilo. Últimamente hemos constatado una realidad en Tenerife: que hay un aumento de solicitantes en la isla, y que sus necesidades deben ser atendidas. Ahora mismo solo hay una organización que trabaja en materia de asilo en Canarias, CEAR, y por eso estamos proyectando la posibilidad de desarrollar nuestro trabajo de intervención con solicitantes de asilo en Tenerife. Es nuestra intención, compartida con el Gobierno de Canarias -quiero decir con eso que estamos de acuerdo- y con el Cabildo de Tenerife. Hemos tenido alguna conversación y coincidimos en que es necesario que el asilo sea gestionado también en Tenerife, y esa es nuestra propuesta para 2018.

FUENTE : EL DIA Más información

Enviado el: 29-12-2017

RECOMENDACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : " COMPATIBILIDAD ENTRE PROCEDIMIENTOS DE ASILO Y DE EXTRANJERÍA . EN PARTICULAR , SOLICITUDES DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES RELATIVAS A MENORES Y TRATA DE SERES HUMANOS

Compatibilidad entre procedimientos de asilo y de extranjería. En particular, solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales relativas a menores y trata de seres humanos

 
Tipo de actuación: Recomendación
Fecha: 25/10/2017
 Administración:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración
Respuesta de la Administración: Sin Respuesta
Queja número: 17007399
 
Resumen
La queja recibida ponía de manifiesto que la Oficina de Extranjeros de Valencia obliga a los solicitantes de asilo a renunciar a su petición de asilo si quieren presentar solicitud para obtener autorización de residencia por arraigo.

Texto

La tramitación de la queja formulada por el interesado puso de manifiesto que la  Oficina de Extranjeros de Valencia exige a los solicitantes de asilo que presentan petición para obtener autorización de residencia por arraigo que renuncien a su solicitud de asilo, si les concede dicha autorización.

Consideraciones

1. El artículo 5 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección internacional, establece los “Derechos garantizados con el asilo y la protección subsidiaria” y dispone que la protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en el artículo 36 de esta ley y en las normas que lo desarrollen, en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España.

2. En el mencionado artículo 36 se recoge que la concesión del estatuto implica el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración así como en la normativa de la Unión Europea. El apartado c) de dicho precepto recoge expresamente que la concesión del derecho de asilo determina la concesión de una autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Debe recordarse, además, que la solicitud de asilo puede ser presentada por personas que se encuentran ya residiendo en España, situación que se recoge en el artículo 15 de la ley: “necesidades de protección internacional surgidas in situ”. La ley no distingue en este caso la situación administrativa del solicitante, siendo irrelevante la misma, dado que lo importante es determinar si la persona está en necesidad de protección internacional.

3. El estatuto de refugiado o el de protección subsidiaria tiene una protección superior a la de la autorización de residencia por arraigo. La concesión del estatuto protege a su titular incluso frente a la representación diplomática de su propio país en España y, por tanto, no se exige en el procedimiento de asilo la presentación de pasaporte, a diferencia de los procedimientos regulados por la normativa de extranjería donde resulta preceptivo tal documento o se exige cédula de inscripción que, a su vez, obliga a los extranjeros a ponerse en contacto con los órganos consulares de su país de origen. La legislación en materia de extranjería no prevé la incompatibilidad de la tramitación del procedimiento de asilo con el procedimiento de extranjería.

4. La condición impuesta a los solicitantes de asilo de renuncia a dicho procedimiento, si se concede la autorización por arraigo, no solo carece de sustento legal sino que, además, supone el incumplimiento del compromiso de la administración española de garantizar el derecho de asilo a aquellas personas que estén en necesidad de protección internacional y coloca en situación de riesgo a los interesados que, una vez renuncian a su solicitud de asilo, ya no están protegidos por el principio de no devolución.

5. La recepción de quejas sobre dificultades para que solicitantes de asilo puedan obtener autorizaciones de residencia motivó que, en el marco del Estudio sobre Asilo elaborado por esta institución, se formulara una recomendación a la Subsecretaria de Interior en los siguientes términos: “Clarificar la compatibilidad de los procedimientos de asilo con los regulados por la Ley de extranjería, en particular los relativos a menores y trata de seres humanos“. La mencionada recomendación fue aceptada. Dadas las circunstancias concurrentes, esta institución va a reclamar a la citada Subsecretaría que se elabore con carácter urgente una instrucción que evite interpretaciones fuera del marco legal vigente.

Decisión

Considerando las competencias de esa Secretaría General sobre la cuestión tratada, se ha estimado procedente formular, conforme a lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora de esta institución, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Elaborar una instrucción para clarificar la compatibilidad de los procedimientos de asilo con los regulados en la legislación de extranjería, en particular, las solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales relativas a menores y trata de seres humanos, en coordinación con la Subsecretaría del Interior.

Le saluda muy atentamente,

FUENTE : EL DEFENSOR DEL PUEBLO
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Enviado el: 29-12-2017

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM 4 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DE 9 DE OCTUBRE DE 2017 . CONCEDE TFUE FAMILIA EXTENSA : HERMANA

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife de 9 de octubre de 2017. Concede TFUE familia extensa: hermana.

Ponente:

D. Jorge María Riestra Sierra


Fuente:

Nuestra felicitación la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Gisela Aurora García Martín


Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife de 9 de octubre de 2017. Concede TFUE familia extensa: hermana. La demandante alega que el salario medio de cuba son 20 dólares mensuales, unos 14.7 euros mensuales , y lo acredita con una publicación de periódico ABC sobre el salario medio cubano. La hermana española es médico y envió cantidades de dinero a Cuba tanto a los padres, como a su hermana. Constan en el expediente administrativo envíos de dinero de la hermana española a Cuba desde 115 euros a 567 euros, cantidades que suponen entre 10 veces a 50 veces un salario medio en Cuba. La cuestión a valorar consiste en determinar si estos envíos de dinero cumplen el requisito de vivir a cargo, por resolver las necesidades de vida o son una mejora que no suponen un vivir a cargo. La desproporción entre lo que es un salario medio y lo enviado permite entender como razonable en este caso que los medios de vida fuesen atendidos principalmente con los dineros enviados por la hermana desde España. En consecuencia, procede estimar el recurso y reconocer el derecho a la tarjeta de residencia pretendida.


 FUENTE MIGRARCONDERECHOS Más información

Enviado el: 29-12-2017