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OTRO AUTO DE ADMISIÓN CASACIONAL ANTE EL TS DE 10/10/2018 . EXTINCIONES DE ARRAIGOS SOCIALES POR DESAPARICIÓN DE "CUALQUIERA" DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE A LA CONCESIÓN.

ROJ: ATS 10369/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10369A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3498/2018 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del RD 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11

Enviado el: 30-10-2018

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 27 DE JULIO DE 2018 . RESIDENCIA DE HIJOS MENORES NO NACIDOS EN ESPAÑA DE RESIDENTES LEGALES . " ATEMPERAR LAS EXIGENCIAS ECONÓMICAS ATENDIENDO A LA VIDA LABORAL PROLONGADA DE LOS PADRES" . CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL ENTRE REINO DE ESPAÑA Y MARRUECOS

Fecha: 27/07/2018
Nº de Recurso: 40/2018
Nº de Resolución: 358/2018

(...)

-Los hijos que pretenden ser reagrupados son menores. Claudio nació en NUM002 .2003 y Elias nació el NUM003 .2006 y viven en España con sus padres y el resto de sus hermanos. Los menores se encuentran matriculados en Centros Educativos públicos españoles ( Claudio cursa 1º de la ESO en el Colegio IES DIRECCION000 y Elias cursa 5º de Primaria en el Centro de Primaria DIRECCION001 ) y asisten a clase con regularidad. Se aporta con la demanda los Certificados de los Centros doc.3. Este dato es significativo del grado de integración de los menores en España.

.- La familia consta de seis miembros. Junto con el padre y la madre residen cuatro hijos; Regina nació el NUM004 .2010 en Murcia y Carlos Daniel nació el NUM005 .2012 en DIRECCION001 (Murcia). Se aporta por el recurrente la copia de las comparecencias realizadas ante el Registro Civil de Cieza Murcia el 2 de febrero de 2015 a los efectos de solicitar la nacionalidad española por residencia para la hija menor Regina y para el hijo menor Carlos Daniel (nacidos en España; la Comparecencia se hace a los efectos de interesar que se remita el expediente a la Dirección General de Registros y del Notariado a los efectos de que se dicte resolución de nacionalidad española por residencia.

Por lo expuesto, atendiendo a las circunstancias concretas examinadas, esta Sala considera que las exigencias económicas establecidas por la normativa de extranjería pueden ser atemperadas. El recurrente y su esposa han acreditado disponer del uso de una vivienda adecuada en España, cuentan con unos ingresos mínimos para atender a las necesidades básicas de la familia y han acreditado una prolongada vida en laboral en España.

Si no se accede a la reagrupación, los menores deberían salir del territorio español lo cual sería una medida desproporcionada debiendo prevalecer en este concreto caso el superior interés de protección de los menores.




QUINTO .- En último lugar, en cuanto a la falta de aportación de la Legalización del acta de nacimiento de los menores Elias y Claudio . El Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativo entre el Reino de España y
el de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (BOE de 25 de junio de 1997) dispensa de la legalización en su artículo 40 que dicta : " Los documentos que provengan de las autoridades judiciales o de otras autoridades de uno de ambos Estados, así como los documentos cuya fidelidad y fecha, veracidad de la firma o conformidad con el original certifiquen dichas autoridades, estarán dispensados de legalización o de cualquier otra formalidad equivalente cuando deban presentarse en territorio del otro Estado. Los documentos deberán ir provistos de la firma y del sello oficial de la autoridad facultada para expedirlos, y en el caso de que se trate de copias, estar certificados conformes con el original por dicha autoridad. En cualquier caso, deberán  estar extendidos materialmente de tal forma que resulte evidente su autenticidad. En caso de existir serias dudas
acerca de la autenticidad documento se efectuará una comprobación por mediación de la autoridad central de
ambos Estados ". Las actas de nacimiento de los menores aportadas en vía administrativa fueron expedidas por el Ministerio
del Interior de Marruecos y están provistas de sello oficial y, en principio, dada la documentación aportada al expediente, no surgen dudas acerca de la autenticidad de los certificados de nacimiento. En todo caso, si la Administración cuestionaba la autenticidad de las actas de nacimiento, el requisito relativo a la falta de legalización del documento debió haberlo solventado en sede administrativa y por los cauces previstos en el Convenio citado.

Enviado el: 23-10-2018

LA OFICINA DE ACNUR EN ESPAÑA OFRECE INFORMACIÓN BÁSICA ACLARATORIA SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA NACIONALES VENEZOLANOS EN ESPAÑA



Información sobre protección internacional para nacionales venezolanos en España

La Oficina de ACNUR en España ha elaborado la presente nota para ofrecer información básica aclaratoria en relación a esta cuestión.




22 de octubre de 2018



Con base al elevado número de nacionales venezolanos que se han puesto en contacto con la Oficina de ACNUR en España, se ha elaborado la presente nota que tiene como objetivo ofrecer información básica aclaratoria en relación a esta cuestión.

¿Cuál es la posición actual del Estado español en relación a los solicitantes de asilo de Venezuela?

Las autoridades españolas están valorando la adopción de una solución adecuada para los solicitantes de asilo de Venezuela que no sean reconocidos como refugiados, sin que exista actualmente una posición definitiva.

En contra de algunas noticias publicadas en medios de comunicación y en redes sociales, no existe en la actualidad ningún procedimiento específico en curso para garantizar la permanencia en España por razones humanitarias a nacionales de Venezuela.

Recientemente se ha publicado en diferentes medios de comunicación información relativa a las decisiones judiciales de la Audiencia Nacional en relación a los recursos presentados por nacionales venezolanos a los que se había denegado la protección internacional. En las 5 decisiones de la Audiencia Nacional se ha reconocido a los interesados la protección humanitaria en base a la situación existente en la actualidad en Venezuela.

Estas sentencias están en línea con la Posición de ACNUR. Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. 2018, Marzo 2018, disponible en esta dirección: http://www.refworld.org.es/docid/5aa076f74.html

¿Qué impacto tienen estas decisiones de la Audiencia Nacional adoptadas a partir de  junio de 2018?

1.Afectan exclusivamente a las personas que recurrieron judicialmente las decisiones denegatorias de sus solicitudes de asilo.
2.Estas decisiones se basan en el caso individual de cada recurrente.

Recomendaciones:

•Si usted es solicitante de asilo, le informamos que la autoridad competente para resolver su caso es la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Si quiere conocer el estado de tramitación de su expediente debe ponerse en contacto con dicha Oficina. Le recomendamos que lo haga a través de su abogado.
•Si su caso ya ha sido denegado, póngase en contacto con un abogado especializado para valorar la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses desde la notificación y/o la presentación de una nueva solicitud de asilo.
•Si usted no es solicitante de asilo, le recomendamos valorar con la asistencia de un abogado especializado la mejor opción teniendo en cuenta sus circunstancias.

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Enviado el: 23-10-2018

OTRO AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO ADMITIENDO CASACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRÓRROGA EN LOS ARRAIGOS FAMILIARES O EN CAMBIO LA MODIFICACIÓN A AUTORIZACIÓN TEMPORAL INICIAL DE TRABAJO .

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 4461/2017 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto


PRIMERO.- El escrito de preparación formalmente se ajusta a las exigencias establecidas en el artículo 89.2 de la Ley procesal como hemos señalado, concurriendo el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia previsto en el art. 8.2.a) LJCA.

SEGUNDO.- En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA en relación con el artículo 90.4 de la misma, procede admitir el recurso de casación con base en el art. 88.2.a) LJCA, precisando que la cuestión que, entendemos, tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si las autorizaciones de residencia por razones excepcionales de arraigo familiar ( art. 124.3 Reglamento de Extranjería ) son susceptibles de prórroga, o, por el contrario, el titular de este tipo de autorizaciones, deberá solicitar directamente -al finalizar su vigencia- la autorización de residencia temporal y trabajo (art. 130.4 en relación con el art. 202.1.2 del citado Reglamento). Identificando como normas que, en principio, será objeto de interpretación los arts. 130.4 y 202.2 en relación con el 124.3 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Enviado el: 19-10-2018

AUTOS DE ADMISIÓN CASACIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE EXTINCIONES DE LOS ARRAIGOS SOCIALES Y DE AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA POR AUSENCIA DE MAS DE 6 MESES DEL TERRITORIO ESPAÑOL


ROJ: ATS 10369/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10369A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3498/2018 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11



 ROJ: ATS 10368/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10368A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 4112/2017 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión; determinar si la causa de extinción prevista en el art. 162.2.e) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, es aplicable incluso en aquellos casos que quede debidamente justificada la imposibilidad de permanecer en España durante el plazo establecido en el precepto.

Argumentó que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque el criterio de la sentencia recurrida es contradictorio con el sostenido por la sentencia -nº 173/13, de 11 de marzo- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria que, al respecto, declara: "El carácter objetivo de la causa de extinción del citado art. 162.2.e) RD 557/2011 -antiguo art. 75.2 f) RD 2353/2004 - parece ser incompatible, en principio, con la eficacia de eventuales causas de justificación de la ausencia del territorio nacional. Nótese que la finalidad de la norma consiste en privar de la autorización de residencia a quienes no les resulta necesaria por permanecer fuera del territorio nacional más tiempo que en éste. Tal situación se produce cuando se reside en el extranjero más de la mitad del plazo de un año con independencia del motivo determinante de ello. Ahora bien ello no puede suponer que no se admitan causas de justificación de la ausencia como la aquí expuesta en que el demandante que ha ido a recoger a su esposa para traerla a España por haberle concedido la reagrupación familiar, por una serie de circunstancias le haya resultado imposible regresar antes del transcurso del plazo de los seis meses, debido a la enfermedad de la esposa, la necesidad de atención médica hasta agosto de 2011 y el nacimiento de la hija de ambos que difiere a septiembre de 2011 el regreso a España, máxime cuando tendría derecho a una autorización de residencia de larga duración por haber residido legalmente y de forma continuada en territorio español durante cinco años a tenor del art. 148 RD 557/2011 "

Enviado el: 19-10-2018

AUTO DE ADMISIÓN CASASACIÓN TS DE 3 DE OCTUBRE DE 2018. EXIGIBILIDAD O NO DE CONTAR CON MEDIOS ECONÓMICOS PARA ACCEDER A TARJETA FAMILIAR COMUNITARIO PERMANENTE ( APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 7.1 DEL RD 240/2007)

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE -
 Nº Recurso: 3893/2018 -
 Fecha: 03/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto


PRIMERO.- La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia -nº 259/18, de 19 de abril- por la que, con estimación del recurso de apelación 625/17 y revocación de la sentencia (apelada) de 25 de julio de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 (P. A. 184/17), anula la resolución impugnada dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid en fecha 2 de junio de 2016 -confirmada en alzada por la de 7 de noviembre de 2016- que acordaba el archivo de la solicitud de autorización de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea.

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA QUE LA ABOGACÍA RECURRE :

Por último, la STC 29/2017, de 27 de febrero , sintetiza la jurisprudencia constitucional sobre la cuestión en los siguientes términos:
"Por otra parte, también el Tribunal ha reiterado, específicamente en lo que se refiere a las alegaciones en vía judicial sobre la existencia de arraigo social y familiar respecto de aquellas instituciones que implican directa o indirectamente la salida del territorio nacional, que deben ser ponderadas tanto por la Administración como por los órganos judiciales en vía de recurso "al estar en juego el derecho a la intimidad familiar ( art. 18 CE ), junto al de protección social, económica y jurídica de la familia ( art. 39 CE ) en relación al mandato del art. 10.2 CE , así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de derechos del niño" (así, STC 46/2014, de 7 de abril , FJ 6, en relación con la denegación de una solicitud de renovación de un permiso de trabajo que implicaba una situación de irregularidad sobrevenidas; y SSTC 131/2016, de 18 de
julio, FJ 6 , y 201/2016, de 28 de noviembre , FJ 3, en relación con las decisiones administrativas de expulsión y prohibición de entrada impuestas al amparo del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero )".

Por todo lo expuesto, consideramos que la protección de la vida familiar debe ser ponderada en la interpretación del artículo 7 del Real Decreto 240/2007 . Desde esta perspectiva y, con carácter general, la protección de la vida familiar debería prevalecer, a nuestro juicio, frente a una interpretación de la normativa reglamentaria a través de la cual se persigue garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas sociales y sanitarias. Se trata de una finalidad legítima, sin duda, pero ello no significa que pueda amparar cualquier medida que, encaminada a su consecución, adopte el poder público.

Y esto es precisamente lo que sucede, en nuestra opinión, en el presente caso. A través de una medida amparada en dicha finalidad se pretende invadir el ámbito de las relaciones familiares hasta el punto de llegar a forzar una interrupción de la convivencia del matrimonio o pareja de hecho. No podemos ignorar que en el seno de dichas relaciones se realizan - o se intenta - valores tan fundamentales como la dignidad de la persona humana o el libre desarrollo de la personalidad ( artículo 10.1 de la CE ). Cuestionar la efectividad de estos valores por razones pura y exclusivamente económicas supone, a juicio de la Sala, traspasar una barrera que no debería ser cruzada. La protección de la vida familiar debe operar, en cambio, como límite a una medida de dicha naturaleza.

En consecuencia, consideramos que no puede condicionarse la plenitud de los derechos y deberes que se derivan de matrimonios o parejas de hecho de las que forma parte un nacional español al efectivo cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 . A través de la interpretación de la que nos apartamos se traza una línea divisoria entre familias formadas por españoles y extracomunitarios sobre la única base de su capacidad económica y se introduce una barrera de acceso, de esta naturaleza, al disfrute real y efectivo de una vida familiar plena.

La sostenibilidad del sistema público de prestaciones sociales y sanitarias no resulta razón suficiente, según ya se ha apuntado, para reconocer la constitucionalidad de la diferencia de trato comentada

(....)

SEGUNDO. - Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado contra la sentencia -nº 259/18, de 19 de abril- de la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso de apelación 625/17 y revocó la sentencia (apelada) de 25 de julio de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 (P. A. 184/17).

A tal efecto, se precisa que la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en la determinación de la aplicabilidad o no del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles. Siendo el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 febrero , la norma que en principio será objeto de interpretación

acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación preparado por el Sr. abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, contra la sentencia -nº 259/18, de 19 de abril- de la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que, con estimación del recurso de apelación 625/17 y revocación de la sentencia (apelada) de 25 de julio de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 (P. A. 184/17), anula la resolución impugnada dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid en fecha 2 de junio de 2016 -confirmada en alzada por la de 7 de noviembre de 2016-
que acordaba el archivo de la solicitud de autorización de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea.

2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: La determinación de la aplicabilidad o no del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles.

Enviado el: 19-10-2018

SENTENCIA DEL TJUE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 . ADUCIR EL ARTÍCULO 21 DEL TFUE PARA CÓNYUGES DE FAMILIARES DE LA UE Y ESPAÑOLES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017 (*)

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Beneficiarios — Doble nacionalidad — Ciudadano de la Unión que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando su nacionalidad de origen — Derecho de residencia, en dicho Estado miembro, de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia del ciudadano de la Unión»


En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la cual un ciudadano de la Unión Europea ha hecho uso de su libertad de circulación al trasladarse a un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y residir en él, en virtud del artículo 7, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1, de esta Directiva, ha adquirido posteriormente la nacionalidad de ese Estado miembro, conservando al mismo tiempo su nacionalidad de origen, y, varios años después, ha contraído matrimonio con un nacional de un tercer Estado con el que continúa residiendo en el territorio de dicho Estado miembro, ese nacional no disfruta de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro en cuestión sobre la base de la citada Directiva. No obstante, puede disfrutar de tal derecho de residencia en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, con sujeción a unos requisitos que no deberán ser más estrictos que los contemplados en la Directiva 2004/38 para la concesión de ese derecho a un nacional de un tercer Estado que es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación instalándose en un Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad posee.

Enviado el: 09-10-2018

CUESTIÓN PREJUDICIAL SOBRE CÓNYUGES DE CIUDADANOS DE LA UE QUE YA NO EJERCEN SU DERECHO DE RESIDENCIA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 7

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 12 de febrero de 2018 — Nalini Chenchooliah / Minister for Justice and Equality

(Asunto C-94/18)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nalini Chenchooliah

Demandada: Minister for Justice and Equality

Cuestiones prejudiciales

Cuando al cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2004/38/CE 1 le ha sido denegada la concesión de un derecho de residencia en virtud del artículo 7, basándose en que el ciudadano de la Unión de que se trata no ejerció, o ya no ejerce, los derechos emanados del Tratado UE en el Estado miembro de acogida, y en caso de que se proponga que el cónyuge sea expulsada de ese Estado miembro, ¿debe llevarse a cabo la expulsión de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, o se trata de un asunto correspondiente al ámbito de competencia de la legislación nacional del Estado miembro?

En caso de que se responda a la cuestión prejudicial anterior en el sentido de que la expulsión ha de llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, ¿debe esta efectuarse con arreglo a los requisitos del capítulo VI de la Directiva, concretamente con sus artículos 27 y 28, o puede el Estado miembro, en tales circunstancias, atender a otras disposiciones de la Directiva, en particular sus artículos 14 y 15?

Enviado el: 09-10-2018

AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 . LEVANTA Y REVOCA AUTO DE INTERNAMIENTO EN EL CIE ZAPADORES POR NO CUMPLIRSE LOS PRESUPUESTOS LEGALES

a diez de septiembre de dos mil dieciocho

Nº de Recurso: 1262/2018
Nº de Resolución: 836/2018

ÚNICO: A tenor de los arts. 61 , 62 y 62 bis de la LO 4/2000 , resulta:
La medida de internamiento viene definida en el art. 62 bis-1, inciso primero, de la LO 4/2000 como instrumento con finalidad preventiva y cautelar.

Tal finalidad se concreta en el art. 62-1, párrafo 2º, del mismo texto, ante el riesgo de incomparecencia cuando sea requerido al efecto de una resolución final de expulsión.

La medida de internamiento no demanda la existencia de resolución de expulsión, bastando la incoación de procedimiento administrativo sancionador que pueda concluir con la imposición de la referida expulsión.

Atendiendo a la relación de medidas cautelares del art. 61-1 del mismo texto, el internamiento se ofrece como la más grave.

Y para medir la adecuación de la adopción del internamiento el legislador habla de " carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes ."

Trasladado así al supuesto de autos, véase que el recurrente ha facilitado un domicilio, que se le ha recogido un NIE en su declaración judicial, que ha manifestado una filiación que la Policía ya tenía en sus archivos -lo que ha permitido consignar antecedente de averiguación de domicilio del Juzgado de Torrente-, no consta que haya evitado en momento previo alguno la puesta a disposición para dificultar o evitar la perspectiva de su expulsión o actuaciones de la administración de justicia -no consta que mediase decisión previa de expulsión que no hubiese cumplido de forma voluntaria, ni que haya sido llamado por las autoridades administrativas con ocasión de alguna actuación de esa naturaleza y no hubiese acudido, la averiguación de domicilio del Juzgado de Torrente aparece cesada y es única, y no ha estado en ningún centro de internamiento en momentos anteriores-, y solo le consta su implicación en acciones penales menores, una por falta de lesiones y la de ahora, por hurto de bolso en playa. Se dice que acciones penales menores pues a los efectos de posibilidad de medida de expulsión por condena penal, el art. 57-2 de la LO 4/2000 habla de condena a pena de prisión por tiempo superior a 1 año.

Con la perspectiva expuesta y en la labor de revisión de la resolución impugnada, con la perspectiva de la radicalidad que supone la medida cautelar de internamiento en cuanto privación de la libertad deambulatoria, no se puede acoger el criterio del Juez a quo que bien alude al concurso de circunstancias que justifiquen una decisión administrativa final de expulsión, o bien lo hace a razones informadas por la Policía (f. 6) pero que ofrecen dudas a interpretar a favor del recurrente -así no se explica por qué se decide recoger al recurrente un concreto domicilio en su declaración, por qué se le recoge un N.I.E. si se tienen dudas, por qué y a qué se debe que esté cancelada la orden de averiguación de domicilio- y sin que la falta de arraigo o de compromiso laboral deban ser necesariamente interpretados en sentido negativo a su disponibilidad a las llamadas que se
le realicen pues, por los escasos antecedentes con que se cuenta, es notorio que el recurrente se mueve en Valencia y su área metropolitana siendo donde subsiste y se desenvuelve

En atención a lo expuesto;
PARTE DISPOSITIVA
La Sala decide:

Debemos acordar y acordamos la ESTIMACIÓN del recursode apelación interpuesto en fecha 17 de agosto de 2018 por Moises , contra el auto de fecha 14 de agosto de 2018 dictado en la causa de Expediente de Extranjería nº 1462/2018 del Juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia , y la consiguiente REVOCACIÓN de la expresada resolución , procediendo , en consecuencia, el alzamiento de la autorización de internamiento administrativo del recurrente en Centro de Extranjeros y su inmediata puesta en libertad


a diez de septiembre de dos mil dieciocho

Nº de Recurso: 1262/2018
Nº de Resolución: 836/2018

Enviado el: 09-10-2018