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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 6 DE ABRIL DE 2017 . MATRIMONIO POR COMPLACENCIA , FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TRÁFICO INMIGRACIÓN ILEGAL .

STS (Sala 2ª. Sección 1ª) de 6 de abril de 2017. Matrimonio por complacencia, falsificación documental y tráfico inmigración ilegal.

Datos destacables  de la Sentencia

La nulidad matrimonial solo puede ser decretada por sentencia civil firme. La sentencia en este sentido tiene efecto constitutivo (Luego, siempre habrá de otorgar al permiso de residencia (?)).
- pág. 10-11: examen de las divergencias entre la LOPJ y la LECRIm, en cuanto a la competencia de la jurisdicción penal en abordar temas civiles.
- páginas 14 y 15: no hay exigencia de convivencia post celebración de matrimonio, pues el reglamento comunitario otorga residencia a los separados que incluso lo sean legalmente (... tema del requisito de los empadronamientos de convivencia en las solicitudes de los permisos).
- pág. 16: Reproduce la Sentencia del Tribunal de garantías constitucionales de 20 de septiembre de 1935.
- pág. 21: análisis sobre nulidad e inexistencia matrimonial. Los efectos constitutivos de la sentencia civil de nulidad.
- pág : 27: el legislador ha optado por castigar el contraer matrimonio para fines de extranjería, como sanción administrativa, LOEX art. 53.2.b (Prescribe a los 2 años y no está sancionada por expulsión, S.E.U.O.)
pág. 27: "Dada la relación familiar directa, con finalidad exclusiva de reagrupación familiar, concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad" (¿Se podrá proyecta a las sanciones de extranjería?).

COMENTARIO :Felicitación  a la letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Olga Hernández de Paz.

FUENTE : MIGRARCONDERECHOS Más información

Enviado el: 22-04-2017

SENTENCIA TSJ DE CANARIAS DE 18/11/2016 . CONFIRMA SUSPENSIÓN DE LA EXPULSIÓN POR VINCULOS CON UNA HERMANA ESPAÑOLA Y POR LA POSIBILIDAD DE SER MERECEDORA DE UN TFUE FAMILIA EXTENSA

Roj: STSJ ICAN 2766/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2766

Sección: 1
Fecha: 18/11/2016
Nº de Recurso: 134/2016
Nº de Resolución: 493/2016

Ponente: PEDRO MANUEL HERNANDEZ CORDOBES


CUARTO.- Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª Sección 5ª sentencia de 7 de junio de 2007 y la de la Sección 5 ª de 13 de mayo de 2008) el concepto de arraigo hay que entenderlo como los vínculos que unen al extranjero recurrente con el lugar en que resida ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral, académico o de otro tipo y que sean relevantes para apreciar el interés del recurrente en residir en el país. Encontrando su fundamento el arraigo personal o familiar en una relación de especial intensidad con personas ligadas entre sí -en el caso- por vínculos de sangre.

La recurrente refiere la convivencia con su hermana, que ha adquirido la nacionalidad española, la única familia que tiene en España y de la que depende económicamente. Estos hechos -su única familia y la dependencia económica- los consideramos indiciariamente acreditados, por lo que aunque se cuestione que desde su llegada residió con ella, razonablemente cabe apreciar que así fue, aunque el empadronamiento en el mismo domicilio no se haya producido de manera inmediata. Además, se puede afirmar que no se trata de una convivencia meramente formal, sino efectiva y afectiva, puesto que el contacto con su hermana, aún residiendo la recurrente su país de origen, se ha mantenido, constando que la hermana enviaba periódicamente dinero a Bolivia. Sí con este hecho se justifica que se cumplimenta el requisito del artículo 2 bis del Real Decreto 240/2007 , es una cuestión cuyo examen corresponde al fondo del asunto, pero que su hermana sea de nacionalidad española fortalece su derecho a residir en el país con determinados miembros de la familia.

Por todo ello en esta sede de medidas cautelares cabe afirmar que concurre una situación de arraigo familiar suficiente, en la que sustentar el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión

Enviado el: 31-03-2017

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. NO CABE RECURSO C-A ANTE UN EDICTO O CONTRA UN ACTO DE INFORMACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE UNA AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN ( 148 RD 557/2011)

Roj: STSJ ICAN 2625/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2625
Fecha: 16/11/2016
Nº de Recurso: 194/2015
Nº de Resolución: 401/2016
Ponente: CESAR JOSE GARCIA OTERO



En definitiva, se recurre el acto que ordena la publicación en el Tablón Edictal de resoluciones de Extranjería de resolución dictada en expediente de renovación de residencia permanente, así como el acto que informa al recurrente que no procede la estimación por silencio positivo de la resolución de recuperación de la autorización de residencia de larga duración al haber sido resuelta expresamente y notificada en plazo legalmente establecido

Por tanto, los recursos contra un Edicto, que constituye el medio de notificación de una resolución administrativa, o contra un acto de información, no entran dentro de la actividad administrativa impugnable pues no son actos definitivos, ni de trámite cualificados, sino que, en el primer caso, se trata, simplemente, de un acto de comunicación cuya invalidez determinará la falta de eficacia de la resolución notificada por este medio, pero que, en cualquier caso, no puede examinarse de forma aislada o separada de la resolución que se notifica por este medio. Dicho de otra forma, la parte podía recurrir la resolución que pone fin al procedimiento por invalidez del acto de comunicación y, de tener éxito, ello hubiera conllevado la declaración de ineficacia de dicha resolución, o podía recurrir dicha resolución una vez tuvo conocimiento de la misma a través de la defectuosa notificación sin que, en este caso, corriese el plazo, conforme a lo que es una reiterada jurisprudencia sobre posibilidad de impugnación cuando las resoluciones son notificadas de forma errónea o inválida sin sujeción a otro plazo que no sea el de la fecha de su conocimiento.

Pero lo que no es posible es un recurso contencioso-administrativo independiente y por separado contra un Edicto de notificación.

Y lo mismo cabe decir de la resolución que se limita a informar al recurrente que existe una resolución expresa que deniega su solicitud de renovación del permiso de residencia permanente. Se trata de una simple información que no produce otro efecto que el de poner en conocimiento del interesado la existencia de determinados hecho o actos jurídicos, pero que ni pone fin a la vía administrativa, ni es acto de trámite cualificado, ni es susceptible, como tal acto informador, de recurso contencioso- administrativo.

Es mas, desde el punto de vista de la tutela judicial, nada impedía el recurso contra la resolución denegatoria de la solicitud de renovación de la autorización de residencia permanente con posibilidad de examinar en su curso los posibles defectos invalidantes de las notificaciones y determinantes de la ineficacia de dicha resolución, y, caso de existir, al quedar excluida la extemporaneidad, los motivos de procedimiento o fondo que pudiesen llevar a su declaración de nulidad de pleno derecho o anulación, entre ellos, por obtención previa de la autorización por silencio, pero, desde luego, lo que no es posible es declarar la nulidad de un edicto de notificación o de un acto de información.

Y es que, como ha proclamado reiterada jurisprudencia constitucional, el derecho a recurrir no se extiende a su ejercicio en cualquier forma y tiempo, y en relación a cualquier acto, sino que despliega sus efectos dentro del marco procesal al que los litigantes deben acomodar sus acciones y pretensiones.

Enviado el: 31-03-2017

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS DE 19 DE DICIEMBRE 2016 . ANULA EXPULSIÓN E IMPONE UNA MULTA DE 2500 EUROS , COMO UNA EXCEPCIÓN DEL RETORNO COMPATIBLE CON LA DIRECTIVA 2008/115 POR FUERTE ARRIAGO . A PESAR DE TENER UNA MULTA PREVIA

Roj: STSJ ICAN 2647/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2647
Id Cendoj: 35016330022016100382
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 2
Fecha: 19/12/2016
Nº de Recurso: 17/2016
Nº de Resolución: 461/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: CESAR JOSE GARCIA OTERO


SEGUNDO.- En apelación, toda la argumentación del apelante se centra en la existencia de una situación de arraigo en España suficientemente justificada, que determina que la sanción procedente sea la multa y en que la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2.008, no ha sido transpuesta al derecho español en lo que se refiere a las posibles excepciones a la decisión de retorno, por lo , según dice, "no existe una efectiva implementación en el derecho español de cuales son las excepciones para no aplicar lo que en la terminología comunitaria se denomina "decisión de retorno" en los supuestos de estancia ilegal en el territorio nacional (..)".

(...)
Y, desde esta perspectiva, considera la Sala que, en el caso, si bien existen alguno de esos datos negativos, su examen no puede desconocer otros de especial importancia cualitativa, entre ellos, la estancia del demandante en España desde que era menor de edad a cuyo fin la propia resolución recurrida reconoce que fue titular de una autorización de residencia temporal inicial no lucrativa, de extranjero menor de edad no acompañado, tras nueve meses de acogida en España, con vigencia del 13 de febrero de 2006 al 3 de mayo de 2.008; la concesión de una autorización de residencia temporal inicial con excepción de la autorización de trabajo con efectos de 4 de mayo de 2.008 a 1 de enero de 2.009; y la concesión de una primera y segunda renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena con vigencia hasta el 1 de enero de 2.013

(...) salvo esa irregularidad de la estancia desde enero de 2.013, y esa pasividad en búsqueda de soluciones, bien entendido que irregularidad de la estancia es, precisamente , un elemento del tipo aplicado, pero sin que aparezca algún otro que revele su escasa o nula adaptación a nuestro país por conductas antisociales o por otras circunstancias minimamente justificadas.

(...)

En esta situación, y ya desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, no puede dejar de valorar la Sala que la exclusión de la decisión de retorno es una posibilidad contemplada como excepción por la Directiva 2008/115. para extranjeros en situación irregular por razones humanitarias o de otro tipo (art 6.4 de la Directiva), entendiendo que, desde esta perspectiva, también es posible entender compatible la multa como sanción y la exclusión del retorno siempre que se acrediten esas particularísimas circunstancias de índole humanitaria, como es el que nos ocupa, en el que la decisión de retorno, a través de la expulsión, se aplicaría a quien reside en España desde su minoria de edad y respecto al que resulta muy dificil suponer que mantenga contacto o arraigo alguno en su país de origen
(...)

En definitiva, no podemos compartir la tesis del demandante/apelante de ausencia de transposición de las excepción, pues precisamente la inclusión de la multa como sanción por estancia irregular supone que el legislador interno contempló la posibilidad de no retorno, sino que lo decisivo es que, según entiende esta Sala, la interpretación que llevamos a cabo no vulnera la normativa de derecho europeo ni la interpretación por parte del TJUE en la sentencia 23 de abril de 2.015 de las disposiciones del derecho de la unión contenidas en la Directiva 2008/115, pues la referida sentencia en su apdo 31 advierte que " Como indica el apartado 35 de la sentencia El Dridi ( C-61/11 PPU, EU: C-2011:268), el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva prevé ante todo, con carácter principal, la obligación de los Estados miembros de dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio", si bien advierte en el apdo siguiente que " En efecto, una vez comprobada la irregularidad de la situación, las autoridades nacionales competentes deben, en virtud de dicho precepto y sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5 del mismo artículo, adoptar una decisión de retorno (sentencia Achughbabian, C-329/11 , EU: C: 2011; 87, apartado 31) . A este respecto, ningún dato del expediente remitido al Tribunal de Justicia permite suponer que Don Rosendo se encuentre en una de las situaciones contempladas en dichos apartados

En consecuencia, no se descarta una interpretación de las disposiciones de derecho europeo que, ante circunstancias excepcionales, contemplen una decisión que no sea el retorno, pues lo que se dice es que la Directiva se opone a que la normativa interna española, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio español, imponga, dependiendo de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre si. Es decir, se opone a la imposición de una sanción alternativa, pero no excluye que, ante particulares circunstancias del caso ( vease el apdo 36) la legislador interno pueda y deba tener en cuenta las excepciones de los apartados 2 a 5 del artículo 6 sobre la decisión de retorno. Y conforme a esta interpretación entendemos que la opción por la multa es la mas adecuada a las particulares circunstancias del caso ante la existencia de un significativo arraigo del extranjero en nuestro país, que se inicia cuando era menor de edad, y que convertiría el retorno en una decisión con perjuicios , probablemente, de enorme calado en el plano de su desarrollo personal en tanto cuanto seria tanto como regresar a un pais con el que ha perdido los lazos de mínimo arraigo


CUARTO.
La consecuencia de lo expuesto es entender que la sanción procedente en el caso era la de multa, por lo que, en este apartado se estima el recurso de apelación y se revoca la sentencia de instancia a los efectos de anular la sanción impuesta, con ímposición de una multa de dos mil quinientos euros, teniendo en cuenta que la pasividad en cuanto a la regularización de su situación, y la existencia de una anterior resolución, ya firme, de imposición de multa, constituyen datos negativos que -en el proceso de individualización de la sanción de multa-si nos llevan a la opción por la parte superior de la sanción dentro del recorrido posible

Enviado el: 30-03-2017

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 14/12/2016 . CONCEDE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EXPULSIÓN PARA NO QUEBRAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL PROCESO CON LAS DEBIDAS GARANTIAS Y NO CONSTA DE CONTRARIO NI INFORME NI ALEGACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO O DE TERCERO QUE DEMANDE LA EXPULSIÓN INMEDIATA

Roj: STSJ ICAN 2748/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2748
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Santa Cruz de Tenerife
Sección: 1 Fecha: 14/12/2016 Nº de Recurso: 116/2016
Nº de Resolución: 475/2016 Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: PEDRO MANUEL HERNANDEZ CORDOBES


(...)

En el presente caso y como señalamos, un pronunciamiento en este ámbito cautelar con sustento en la doctrina contenida en la STJCE de 23 de abril de 2015, prejuzga la cuestión de fondo, por lo que la medida no puede encontrar exclusivo sustento en la misma, so pena de quebrar el derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba ( artículo 24 de la Constitución ).

(...)

En el caso, la parte recurrente alega que se encuentra en España desde el año 2014, que posee domicilio conocido, se encuentra empadronada en el término municipal de Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria, y que tiene vínculos familiares en España, ya que convive con su madre doña Santiaga (NIE NUM000 ), con autorización de residencia, y con su hermana doña Santiaga (NIE NUM001 ), también con autorización de residencia, quienes la atienden económicamente. También refiere que tiene una tía de nacionalidad española.

De contrario no consta alegación ni informe de que el interés público o de tercero demande la inmediata ejecución de la orden de expulsión.

CUARTO.- En presente circunstancias considera la Sala que la adopción de la medida cautelar resulta procedente, pues la recurrente acredita que tiene cierto arraigo personal por encontrarse en España su madre y hermana con las que convive, en tanto que no consta especial perjuicio al interés general o de tercero por aplazar la ejecución de lo acordado hasta que se dicte sentencia firme sobre el fondo del asunto

Enviado el: 30-03-2017

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 14/12/2016 . FALLA QUE SE SEÑALE NUEVO SEÑALAMIENTO PARA JUICIO POR FALTAR ABOGADO Y PROCURADOR DE OFICIO EN EL JUICIO . EXISTIÓ UNA REAL Y EFECTIVA INDEFENSIÓN. TEMA SOBRE EXPULSIÓN

Roj: STSJ ICAN 2641/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2641
Nº de Recurso: 232/2016
Nº de Resolución: 447/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: CESAR JOSE GARCIA OTERO

SEGUNDO
. Pues bien, no es necesario recibir el pleito a prueba en segunda instancia pues lo decisivo es que no consta renuncia manifestada ante el órgano judicial del Letrado, designado por el turno de asistencia jurídica gratuita, y, sin embargo, dicho Letrado, encargado de la defensa, no compareció al acto de la vista, lo cual, al margen de las relaciones internas entre demandante y Letrado, y al margen de que la inasistencia haya sido debida a un error, o a la baja en los Colegios profesionales de Procuradora y Letrado y discordancia entre la fecha de baja y la retirada del sistema de notificaciones, existió una real y efectiva indefensión del particular con derecho reconocido a la defensa por Letrado que no compareció, lo que incide, de forma directa, en el derecho fundamental a la tutela judicial del demandante, que debe ser restablecido.

TERCERO. Lo dicho lleva, sin necesidad de mas explicaciones, y al margen de que hubiese sido oportuno el esclarecimiento de lo realmente sucedido para evitar que puedan producirse situaciones similiares en el futuro, a la estimación del recurso de apelación y revocación del Auto apelado a los efectos de que se señale nueva fecha para la vista del procedimiento abreviado en la que deberá garantizarse la asistencia letrada del recurrente con el nuevo Letrado designado por el turno de asistencia jurídica gratuita

Enviado el: 30-03-2017

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS 28/11/2016 . REVOCA SENTENCIA Y ATORGA LA RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN PORQUE NO SE INCUMPLIO EL PERIODO DE AUSENCIAS DEL TERRITORIO DEBIDO A UNA CAUSA AJENA AL CIUDADANO Y SI POR EL COMPORTAMIENTO DE LA ADMINSTRACION . ARTÍCULO 148.2 DEL RD 557/2011

Roj: STSJ ICAN 2788/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2788
Fecha: 28/11/2016
Nº de Recurso: 104/2016
Nº de Resolución: 512/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: PEDRO MANUEL HERNANDEZ CORDOBES

SEGUNDO.- La sentencia apelada no vulnera la norma, lo que hace es aplicarla considerando que el incumplimiento del periodo al que se refiere el artículo 148.2 del del Reglamento se debió a causas ajenas al actor, que solicitó el visado para regresar a España dentro del plazo máximo de seis meses de ausencia y debió haber sido expedido antes de su vencimiento, ya que no se discute la obligación de resolver sobre el visado en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la fecha de entrada de la solicitud.

En el recurso de apelación se afirma que esa fecha no está acreditada, pero sí consta al folio 64 del recurso que fue el 25 de julio de 2013. Pues bien, en ese momento, desde la fecha en que salió de España (22/03/2013) habían transcurrido 4 meses y 3 días, por lo que si la Administración hubiera resuelto en el plazo de un mes aún le restaría tiempo suficiente para regresar y cumplir con lo establecido por la norma sobre la duración máxima de las ausencias.


Es cierto que los plazos mínimos de permanencia en la residencia temporal y la regulación de las ausencias del territorio se regulan sin consideración a que se trate de salidas-regreso voluntarios o no (en este sentido la sentencia de la Sala y Sección el 20 de noviembre de 2014, recurso de apelación 171/2013 ), por lo que invocar la fuerza mayor como justificación puede que no haya sido acertado, pero la sentencia sí que expone los hechos del caso con total claridad y viene a imputar la dilación al comportamiento de la Administración, sin que apreciemos vulneración de la norma por computar el plazo máximo de la ausencia teniendo en cuenta que el recurrente actuó diligentemente al tiempo de solicitar el visado de regreso y amparado en el principio de confianza al ser deber inexcusable de la Administración resolver en plazo, sin que resulte admisible que ahora pretenda desplazar sobre él lo que es sólo consecuencia de su dilación.

Enviado el: 30-03-2017

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS (TENERIFE) DE 28/11/2016 . CONCEDE TFUE A CONYUGE DE ESPAÑOL CON ANTECEDENTES PENALES PORQUE NO SE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LA CONDUCTA ACTUAL DEL EXTRANJERO Y SI ESTA SUPONE UNA AMENAZA REAL . SE INCUMPLE LA VALORACIÓN DEL ARTÍCULO 15.5 DEL RD 240/2007 Y DIRECTIVA . ADVIERTE A LA OFICINA DE EXTRANJERÍA DE QUE NO TIENE BUEN PROCEDER EN ESTOS CASOS

Roj: STSJ ICAN 2785/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2785
Id Cendoj: 38038330012016100496
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Santa Cruz de Tenerife
Fecha: 28/11/2016
Nº de Recurso: 102/2016
Nº de Resolución: 508/2016
Ponente: RAFAEL ALONSO DORRONSORO

(...)

La representación procesal de la parte actora recurre en apelación la sentencia dictada por considerar que el recurrente lleva en España más de 15 años, contrajo matrimonio el 20 de marzo de 2015 con una ciudadana española y es merecedor de la tarjeta de residencia con independencia de las condenas que haya tenido, las cuales han sido cumplidas en su integridad, señalando que conforme a la jurisprudencia debe atenderse a cada caso en concreto y de la conducta actual del interesado se desprende que no existe un riesgo potencial de perjudicar a la sociedad, sin que la mera existencia de condenas penales por sí sola sea bastante para justificar la denegación, siendo de aplicación el apartado 5. letra d) del art. 15 del Real Decreto 240/2007 , habiendo el interesado acreditado la convivencia y que reside en España desde 2001.

(...)

En el caso presente resulta de todo punto evidente que la Sentencia y la resolución administrativa no toman en consideración en modo alguno la conducta actual del sujeto, no hay ninguna referencia a su situación actual ni en los autos, ni en el expediente, sin que la mera referencia de la Abogada del Estado sobre los 117 días trabajados en el año 2006 tenga nada de actual. Tanto la Sentencia como la resolución administrativa recurrida se basan única y exclusivamente en las dos condenas penales, no mencionan ninguna otra circunstancia salvo el matrimonio del interesado con ciudadana española. De esta forma se incumple claramente tanto lo dispuesto en el art. 15, apartado 5, letra d), como el contenido del art. 27 de la Directiva.

La Oficina de Extranjeros debe acostumbrarse en estos supuestos a tener que analizar la conducta actual y real de los sujetos implicados, debiendo recabar datos mediante informes policiales o sociales o certificaciones de cualquier tipo, so pena de crear situaciones que suponen un agravio para quienes intentan legalizar su situación en España sin haber cometido delito alguno.

Felicitaciones a nuestra compañera Doña Cristina Martos Hernández

Enviado el: 30-03-2017

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE . CONFIRMA DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL REGLAMENTO , Y EN BASE A LA DIRECTIVA 2008/115 CE

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife de 2 de marzo de 2017. Confirma denegación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales no contempladas en reglamento y en base a las circunstancias excepcionales contempladas en la Directiva 2008/115/CE de retorno cuando se es inexpulsable. Se presenta unas circunstancias excepcionales marcadas en formulario X-10, como "otras circunstancias "y se remarca a bolígrafo en base a la Directiva 2008/115.

Supuesto fáctico y fundamentos jurídicos:

•Se trata de mujer senegalesa de 29 años, con cuatro hijos nacidos en España y casada con un residente de larga duración. Entro en España a los 8 años, su madre tiene permiso de residencia de larga duración, conviven todos en el mismo domicilio. Ninguno de los miembros de la unidad familiar trabaja, ni parece que lo vayan a hacer hasta que remita la crisis. Ella estudio y tiene bachillerato en España y lleva 22 años en España, se ha dedicado al cuidado de sus cuatro hijos y le ha sido imposible obtener oferta de trabajo por 40 horas semanales.

•El juez se lo piensa y en sala llega a sostener que si le hubieran aportado un informe de arraigo positivo lo daba. Obviamente, sin medios ni contrato no se puede emitir un informe de arraigo social positivo.

•Por lo menos el Juez se quedó impresionado como podía estar irregular la mujer, hizo un primer acercamiento a la Directiva de Retorno y la próxima vez se lo explicaremos mejor en Sala, para que valore otro tipo de circunstancias excepcionales no contempladas en el Reglamento, como su día se entendió con los progenitores extranjeros con hijos españoles (arraigo familiar) y ¿por qué no?, en base a la inexpulsabilidad de esta mujer y por lo tanto en base al artículo 6.4, primer apartado de la Directiva 2008/115/CE: "Los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".

•Pero sobre todo porque existe otros tipos de circunstancias excepcionales no contempladas en el reglamento, en base al artículo 31.3 de la Ley Orgánica.

Pd. La Sentencia se va a recurrir al TSJ Canarias, esperemos que allí se empiece a vislumbrar la posibilidad de otro tipo de circunstancias excepcionales en base a la Directiva de Retorno y la inexpulsabilidad de muchos extranjeros/as en España

FELICITACIONES A LA LETRADA DE NUESTRO COLEGIO VICTORIA GUTIERREZ YUMAR POR INTENTARLO

FUENTE ; MIGRARCONDERECHOS Más información

Enviado el: 27-03-2017