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SENTENCIA DEL TJUE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 . ADUCIR EL ARTÍCULO 21 DEL TFUE PARA CÓNYUGES DE FAMILIARES DE LA UE Y ESPAÑOLES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017 (*)

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Beneficiarios — Doble nacionalidad — Ciudadano de la Unión que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando su nacionalidad de origen — Derecho de residencia, en dicho Estado miembro, de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia del ciudadano de la Unión»


En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la cual un ciudadano de la Unión Europea ha hecho uso de su libertad de circulación al trasladarse a un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y residir en él, en virtud del artículo 7, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1, de esta Directiva, ha adquirido posteriormente la nacionalidad de ese Estado miembro, conservando al mismo tiempo su nacionalidad de origen, y, varios años después, ha contraído matrimonio con un nacional de un tercer Estado con el que continúa residiendo en el territorio de dicho Estado miembro, ese nacional no disfruta de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro en cuestión sobre la base de la citada Directiva. No obstante, puede disfrutar de tal derecho de residencia en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, con sujeción a unos requisitos que no deberán ser más estrictos que los contemplados en la Directiva 2004/38 para la concesión de ese derecho a un nacional de un tercer Estado que es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación instalándose en un Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad posee.

Enviado el: 09-10-2018

CUESTIÓN PREJUDICIAL SOBRE CÓNYUGES DE CIUDADANOS DE LA UE QUE YA NO EJERCEN SU DERECHO DE RESIDENCIA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 7

Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 12 de febrero de 2018 — Nalini Chenchooliah / Minister for Justice and Equality

(Asunto C-94/18)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nalini Chenchooliah

Demandada: Minister for Justice and Equality

Cuestiones prejudiciales

Cuando al cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2004/38/CE 1 le ha sido denegada la concesión de un derecho de residencia en virtud del artículo 7, basándose en que el ciudadano de la Unión de que se trata no ejerció, o ya no ejerce, los derechos emanados del Tratado UE en el Estado miembro de acogida, y en caso de que se proponga que el cónyuge sea expulsada de ese Estado miembro, ¿debe llevarse a cabo la expulsión de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, o se trata de un asunto correspondiente al ámbito de competencia de la legislación nacional del Estado miembro?

En caso de que se responda a la cuestión prejudicial anterior en el sentido de que la expulsión ha de llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, ¿debe esta efectuarse con arreglo a los requisitos del capítulo VI de la Directiva, concretamente con sus artículos 27 y 28, o puede el Estado miembro, en tales circunstancias, atender a otras disposiciones de la Directiva, en particular sus artículos 14 y 15?

Enviado el: 09-10-2018

AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 . LEVANTA Y REVOCA AUTO DE INTERNAMIENTO EN EL CIE ZAPADORES POR NO CUMPLIRSE LOS PRESUPUESTOS LEGALES

a diez de septiembre de dos mil dieciocho

Nº de Recurso: 1262/2018
Nº de Resolución: 836/2018

ÚNICO: A tenor de los arts. 61 , 62 y 62 bis de la LO 4/2000 , resulta:
La medida de internamiento viene definida en el art. 62 bis-1, inciso primero, de la LO 4/2000 como instrumento con finalidad preventiva y cautelar.

Tal finalidad se concreta en el art. 62-1, párrafo 2º, del mismo texto, ante el riesgo de incomparecencia cuando sea requerido al efecto de una resolución final de expulsión.

La medida de internamiento no demanda la existencia de resolución de expulsión, bastando la incoación de procedimiento administrativo sancionador que pueda concluir con la imposición de la referida expulsión.

Atendiendo a la relación de medidas cautelares del art. 61-1 del mismo texto, el internamiento se ofrece como la más grave.

Y para medir la adecuación de la adopción del internamiento el legislador habla de " carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes ."

Trasladado así al supuesto de autos, véase que el recurrente ha facilitado un domicilio, que se le ha recogido un NIE en su declaración judicial, que ha manifestado una filiación que la Policía ya tenía en sus archivos -lo que ha permitido consignar antecedente de averiguación de domicilio del Juzgado de Torrente-, no consta que haya evitado en momento previo alguno la puesta a disposición para dificultar o evitar la perspectiva de su expulsión o actuaciones de la administración de justicia -no consta que mediase decisión previa de expulsión que no hubiese cumplido de forma voluntaria, ni que haya sido llamado por las autoridades administrativas con ocasión de alguna actuación de esa naturaleza y no hubiese acudido, la averiguación de domicilio del Juzgado de Torrente aparece cesada y es única, y no ha estado en ningún centro de internamiento en momentos anteriores-, y solo le consta su implicación en acciones penales menores, una por falta de lesiones y la de ahora, por hurto de bolso en playa. Se dice que acciones penales menores pues a los efectos de posibilidad de medida de expulsión por condena penal, el art. 57-2 de la LO 4/2000 habla de condena a pena de prisión por tiempo superior a 1 año.

Con la perspectiva expuesta y en la labor de revisión de la resolución impugnada, con la perspectiva de la radicalidad que supone la medida cautelar de internamiento en cuanto privación de la libertad deambulatoria, no se puede acoger el criterio del Juez a quo que bien alude al concurso de circunstancias que justifiquen una decisión administrativa final de expulsión, o bien lo hace a razones informadas por la Policía (f. 6) pero que ofrecen dudas a interpretar a favor del recurrente -así no se explica por qué se decide recoger al recurrente un concreto domicilio en su declaración, por qué se le recoge un N.I.E. si se tienen dudas, por qué y a qué se debe que esté cancelada la orden de averiguación de domicilio- y sin que la falta de arraigo o de compromiso laboral deban ser necesariamente interpretados en sentido negativo a su disponibilidad a las llamadas que se
le realicen pues, por los escasos antecedentes con que se cuenta, es notorio que el recurrente se mueve en Valencia y su área metropolitana siendo donde subsiste y se desenvuelve

En atención a lo expuesto;
PARTE DISPOSITIVA
La Sala decide:

Debemos acordar y acordamos la ESTIMACIÓN del recursode apelación interpuesto en fecha 17 de agosto de 2018 por Moises , contra el auto de fecha 14 de agosto de 2018 dictado en la causa de Expediente de Extranjería nº 1462/2018 del Juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia , y la consiguiente REVOCACIÓN de la expresada resolución , procediendo , en consecuencia, el alzamiento de la autorización de internamiento administrativo del recurrente en Centro de Extranjeros y su inmediata puesta en libertad


a diez de septiembre de dos mil dieciocho

Nº de Recurso: 1262/2018
Nº de Resolución: 836/2018

Enviado el: 09-10-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS DE 21 DE MAYO DE 2018 . AL ARRAIGO SOCIAL NO LE SON EXIGIBILES LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 64 PARA LA CONTRATACIÓN EN ORIGEN


Nº de Recurso: 222/2017
Nº de Resolución: 67/2018

En todos estos ( los demás supuestos, esto es, los distintos a la residencia excepcional por arraigo), y conforme al artículo 129.2 " (..) el extranjero podrá solicitar, personalmente, la correspondiente autorización de trabajo ante el órgano competente para su tramitación. Dicha solicitud podrá presentarse de manera simultánea con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales o bien durante el periodo de vigencia de aquélla, y para su concesión será preciso cumplir:

a) De solicitarse una autorización de trabajo por cuenta ajena, los requisitos establecidos en los párrafos b),
c), d), e) y f) del artículo 64.3.
b) De solicitarse una autorización de trabajo por cuenta propia, los requisitos previstos en el artículo 105.3."

Por tanto, no son exigibles los requisitos de los párrafos b),c),d),e) y f) del artículo 64.3. cuando se trate de una solicitud de residencia por razones excepcionales de arraigo social, pues en estos, casos, la propia solicitud, uno de cuyos requisitos es el contrato de trabajo, " llevará aparejada una autorización de trabajo en España durante la vigencia de aquélla(..)". lo que hace que no sea conforme a derecho exigir al solicitante para la concesión de la autorización de trabajo la acreditación de que el empleador está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

QUINTO. Lo dicho es bastante para estimar el recurso de apelación con la consecuencia de estimación del recurso contencioso-administrativo contra la denegación de la autorización de residencia por razones nexcepcionales de arraigo social, pero no a los efectos de reconocer el derecho a la autorización de residencia sino a los efectos de declarar la nulidad de la resolución recurrida a fin de que el recurrente sea nuevamente requerido para acreditar la carencia de antecedentes penales en su país de origen con el correspondiente certificado y con advertencia de archivo en caso contrario, debiendo, por el contrario, entenderse cumplidos el resto de los requisitos necesarios para la autorización del artículo 124.2 b) y c) del Real Decreto referidosal contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodoque no sea inferior a un año.

Enviado el: 05-10-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 25 DE JULIO DE 2018. EXPULSIÓN FAMILIAR COMUNITARIO . SOBRE LA INCONGRUENCIA Y LA DESPROPORCIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA Y RELACIÓN A LA VIDA FAMILIAR . DOCTRINA DE LA INCONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES .

STSJ M 8631/2018
Fecha: 25/07/2018
Nº de Recurso: 730/2017
Nº de Resolución: 506/2018

Sobre la incongruencia y la desproporción de la prohibición de entrada

NOVENO.- El último motivo del recurso de apelación denuncia la incongruencia de la resolución apelada por falta de respuesta a la desproporción de la prohibición de entrada impuesta por la Administración. Con carácter preliminar, vamos a exponer la doctrina general sobre la congruencia y su concreta aplicación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal y como, por ejemplo, se expone en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2017 (Sec. 2ª, recurso nº 1087/2016 , ponente D. Rafael Fernández Montalvo, Roj STS 160/2017, FJ 3):

(...)
DÉCIMO.- En el presente caso, concurre el vicio de incongruencia omisiva denunciado. La sentencia de instancia no aborda la desproporción de la prohibición de entrada, a pesar de ser una cuestión planteada en el recurso contencioso-administrativo.
Dado que se trata de una cuestión con sustantividad propia, que, como decimos, fue articulada por el recurrente en su demanda y que no se contiene ninguna referencia a la misma en la resolución apelada, no podemos apreciar que haya sido objeto de respuesta en la instancia, ni siquiera de forma implícita. Procede, en consecuencia, acoger el motivo de impugnación y entrar a resolver sobre la referida cuestión
(...)

Frente a esa situación, la vida familiar del extranjero, en las condiciones que se han puesto de manifiesto en el presente proceso, no puede erigirse en obstáculo suficiente a su validez.
Todo ello sin perjuicio de que la Administración, al resolver la solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión interesada por el recurrente y en atención a la información que se aporte a dicho procedimiento, pueda alcanzar una ponderación distinta del equilibrio a alcanzar entre los intereses particulares de aquél y los intereses generales

Enviado el: 04-10-2018

SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 26 DE JULIO DE 2018 . CONCEDE TFUE PERMANENTE COMUNITARIO . NO SE LE PUEDE EXGIR EL MANTENIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 7 . JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

STSJ M 8630/2018

Fecha: 26/07/2018


Nº de Recurso: 786/2017


Nº de Resolución: 504/2018


Razona la resolución impugnada que según la documentación presentada no se considera acreditado que dispone de los medios suficientes para el sustento de la vida familiar, toda vez que no se cumple lo establecido en la Orden del Ministerio de Presidencia 1490/2012 por la que se dictan normas para la fijación del artículo 7 del RD 240/2007 pues el interesado aporta los reconocimientos de la renta activa de inserción de fecha 01/02/2016 y esta renta tiene carácter extraordinario y se concede a personas con gran dificultad para encontrar trabajo y con especiales necesidades económicas por lo que no puede tomarse en consideración como elemento constitutivo de acreditación de medios económicos suficientes para el ciudadano comunitario y extensible al resto de la unidad familiar

De esta regulación se desprende que el familiar con derecho a residir con carácter permanente en base a ese precepto, no le son de aplicación los requisitos de los artículos 7 y 8 del Real Decreto 240/2007 y, por tanto, no le es exigible la acreditación de medios económicos a los que alude la Abogacía del Estado".

En el mismo sentido se han pronunciado también otros Tribunales Superiores de Justicia.

Así, entre otras, podemos citar las siguientes resoluciones:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 4 de abril de 2018 (recurso nº 259/2017 ):

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 4 de abril de 2018 (recurso nº 413/2017)

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 1 de marzo de 2017 (recurso nº 291/2016 ):

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 31 de marzo de 2016 (recurso nº 451/2015 ) (...)  Por tanto, para la concesión de la autorización de residencia permanente que se discute en los autos, la norma aplicable no sólo no exige criterios económicos, sino que los excluye expresamente "Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto" , siendo ese capítulo III en el que está comprendido el artículo 7 (que se constriñe a normar el derecho de residencia en España por un periodo superior a tres meses), indebidamente aplicado en la vía administrativa y en la jurisdiccional.

Y esto es así porque, la residencia en España por un periodo superior a tres meses (art. 7) y la residencia permanente (art. 10) tienen cada una de ellas su propio régimen normativo, autónomo y claramente diferenciado en el mencionado reglamento, por lo que es incorrecto y contraviene la citada normativa reglamentaria, realizar una interpretación extensiva de los requisitos del art. 7 para aplicárselos a una autorización, distinta y diferenciada, contemplada en el artículo 10".

Decisión del caso

SÉPTIMO.- A la luz de todo lo expuesto, procede acoger el recurso de apelación al haberse denegado la solicitud de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión con base en un requisito que no resulta de aplicación a este tipo de autorizaciones. Al no haberlo apreciado así la resolución apelada, procede dejarla sin efecto y, en su lugar, estimar el recurso contencioso-administrativo, anulando la actuación impugnada por no ser conforme a Derecho. No cuestionando la Administración el cumplimiento de los requisitos a que sí está sujeto este tipo de solicitudes, procede acoger también la pretensión de reconocimiento de situación jurídica individualizada consistente en la obtención por el interesado de la tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión.

Enviado el: 04-10-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE JULIO DE 2018. SOBRE EL ARTÍCULO 197.2 a ) del RD 557/2011 . ACREDITAR QUE EL MENOR QUE ACCEDE A LA MAYORÍA DE EDAD OSTENTA MEDIOS ECONÓMICOS PARA SU SOSTENIMIENTO .

Fecha: 09/07/2018
Nº de Recurso: 2393/2017
Nº de Resolución: 1155/2018
(...)

Desde estas consideraciones generales, el art. 197.2 del Real Decreto 557/11 remite, en cuanto a la renovación, al alcanzar la mayoría de edad, de la autorización de residencia temporal reconocida al menor no acompañado, al régimen general de renovación de las autorizaciones de residencia temporal de carácter no lucrativo, estableciendo unas particularidades en razón de tal circunstancia, entre las que se encuentra la reducción de la cuantía a acreditar como medios económicos para su sostenimiento, que se establece en la cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM, mientras que la regla general, recogida en el art. 47.1.a), es la cuantía de 400% del IPREM.

El legislador ha tenido en cuenta las circunstancias concurrentes en estos casos, en los que ya desde el reconocimiento de la inicial autorización de residencia temporal atiende a la condición de menor no acompañado y la tutela del mismo, y considerando la situación ha establecido tal reducción y la posibilidad de valorar otros aspectos señalados en los apartado 2 y 3 del precepto, pero mantiene la necesidad de contar con medios económicos, en esa cuantía, para atender sus gastos de manutención y estancia durante el periodo de tiempo por el que corresponda la renovación, que con carácter general se establece para la renovación de las autorizaciones de residencia temporales no lucrativas, de manera que el incumplimiento de dicha exigencia en esos términos establecidos y valorados por el legislador, como condición necesaria para obtener la renovación de la autorización, determina por si sola la denegación de la renovación, haciendo innecesaria la valoración de otras circunstancias que no se establecen como sustitutivas o moderadoras de dicha exigencia por el legislador, el cual ya ha tenido en cuenta las circunstancias del caso para reducir la cantidad a justificar como medios económicos del solicitante.


CUARTO.- Todo lo expuesto lleva a concluir que la exigencia establecida en el art. 197.2 a) del Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, de acreditar como medios económicos para su sostenimiento una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM, es condición necesaria para obtener la renovación de la autorización de residencia temporal que se venía disfrutando como menor no acompañado y su incumplimiento es causa suficiente para su denegación, lo que hace innecesario la
valoración de otras circunstancias

Enviado el: 04-10-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 5 DE JULIO DE 2018 . EXISTENCIA DE ANTECEDENTES PENALES COMO CRITERIO DETERMINANTE Y AUTOMÁTICO

STS (Sala 3ª. Sección 5ª) de 5 de julio de 2018Existencia de antecedentes penales como criterio determinante de la denegación de la solicitud de autorización de residencia de larga duración. El Supremo condiciona los permisos de residencia de larga duración a la ausencia de antecedentes penales. La sola existencia de algún antecedente penal determina sin más la denegación de la solicitud de autorización de larga duración, no pudiéndose extrapolar la necesidad de valorar el resto de circunstancias concurrentes exigida para adoptar la medida de expulsión.


Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido siguiendo la doctrina sentada en el Fundamento Noveno:

  • 1º. Ha lugar y por tanto estimar el Recurso de Casación 3700/2017, interpuesto por la Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno en Barcelona contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta), de fecha 19 de abril de 2017, dictada en el recurso de apelación núm. 482/2015, sobre resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno de Barcelona que denegó la autorización de residencia de larga duración pedida por el demandante en consideración a sus antecedentes penales, por la que se confirma la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Barcelona, dictada el 4 de mayo de 205, en el recurso n° 20/2014.
  • 2º. Estimar el recurso de apelación núm. 482/2015, sobre resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno de Barcelona que denegó la autorización de residencia de larga duración pedida por el demandante en consideración a sus antecedentes penales, por la que se confirma la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Barcelona, dictada el 4 de mayo de 2015, en el recurso n° 20/2014, declarando ajustada a derecho la resolución impugnada.
  • 3º) No imponer las costas del recurso en los términos establecidos en el último Fundamento de Derecho (Tecto completo: archivo asociado).
FUENTE MIGRAR CON DERECHOS
Más información

Enviado el: 04-10-2018

ATENCIÓN CON LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO .

STS DE 9 DE JULIO DE 2018  ( nº rec 2393/2017 ) concluye : que la exigencia establecida en el art. 197.2 a) del Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, de acreditar como medios económicos para su sostenimiento una cantidad que represente mensualmente el 100% del IPREM, es condición necesaria para obtener la renovación de la autorización de residencia temporal que se venía disfrutando como menor

STS   DE 5 DE JULIO DE 2018 (Nº Rec: 3700/2017 ) PONENTE : CESAR TOLOSA TRIBIÑO En definitiva, de acuerdo con el tenor literal de la Ley y con los razonamientos de la citada sentencia, para el caso de la expulsión de los residentes de larga duración, ha de mantenerse la tesis contraria a hacer derivar de los meros antecedentes penales consecuencias dotadas de automatismo, siendo pertinente una valoración del resto de las circunstancias concurrentes, sin embargo tal valoración no alcanza a aquellos extranjeros que tratan de lograr su condición de residentes de larga duración, resultando proporcionado un mayor rigor en las exigencias y requisitos necesarios para obtener tal condición que para la expulsión del extranjero que ya ostentaba la misma.

STS  DE  3 DE JULIO  2018 ( nº rec 1493/2017) PONENTE :JOSE JUAN SUAY RINCON : “  Así las cosas, cumple dar una respuesta afirmativa a la cuestión de interés casacional suscitada con motivo de este recurso; y, por tanto, el arraigo familiar o social del extranjero, que llegó a España siendo menor ( 8 AÑOS ) en unión de sus padres y hermanos con los que reside, cede o desaparece, a efectos de aplicar el art. 5.b de la Directiva 2008/115/CE , cuando, una vez alcanzada la mayoría de edad, incumple la obligación de abandonar el territorio nacional, como consecuencia de la denegación/es de solicitud/es de autorización de residencia en resolución/es administrativas firmes.

STS DE 3 DE JULIO DE 2018 ( Nº de Recurso: 1214/2017),PONENTE : JOSE JUAN SUAY RINCON Expulsión del territorio nacional. Extranjeros residentes. Expulsión por condena penal. Doctrina sobre el artículo 57.2 LOEX. Reiteración de la doctrina establecida en sentencias 893 y 962/2018.

STS DE 2 DE JULIO DE 2018 ( Nº de Recurso: 333/2017 ), PONENTE JOSE JUAN SUAY RINCON : “Si la indebida elección del procedimiento preferente previsto en el art. 63 de la LOEX es una mera irregularidad formal no invalidante si no ha causado indefensión material, o siempre supone un defecto esencial que comporta la anulación de la resolución”

STS DE 18 JUNIO DE 2018  (Nº de Recurso: 308/2016 JOSE JUAN SUAY RINCON)  Denegación de renovación de autorización de residencia en virtud de reagrupación familiar. Art. 61.3.b.2 RD 557/11. Requisito de "recursos económicos suficientes". Lo único que realmente ha sucedido es que se ha producido una valoración discrepante de las circunstancias concurrentes en primera y segunda instancia, pero esto es algo sobre lo que no podemos entrar a terciar, porque la cuestión atinente a la valoración de los hechos efectuada en instancia no puede ser objeto de examen y revisión ahora en casación ( artículo 87 bis de la Ley Jurisdiccional ).

STS 12/06/2018 Nº de Recurso: 2958/2017 R. Casación: interés casacional objetivo. Sanción preferente -multa o expulsión- que cabe imponer a los extranjeros cuando hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000.  Fallo : “Todo lo expuesto lleva a rechazar la interpretación que se propone por la parte recurrente sobre la sanción aplicable a los extranjeros cuando hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 , considerando más acertada y justificada la interpretación llevada a cabo por la Sala en la sentencia recurrida, en cuanto mantiene que lo procedente es decretar la expulsión del extranjero cuando concurra un supuesto de estancia irregular, salvo que concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva retorno o, en su caso, de los supuestos del art. 5 que propicien la aplicación del principio de no devolución.

Enviado el: 04-10-2018