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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES DE 2 DE OCTUBRE DE 2017. LA MADRE EXTRANJERA CON DOS HIJOS MENORES TIENE LA CONDICIÓN DE COMUNITARIA A LOS EFECTOS DE VALORAR SI SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 15.5 d) DEL RD 240/2007 EN UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN

Roj: STSJ BAL 752/2017 - ECLI: ES:TSJBAL:2017:752
Id Cendoj: 07040330012017100392
Fecha: 02/10/2017
Nº de Recurso: 197/2017
Nº de Resolución: 400/2017

Ponente: ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRIGUEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

(...)

Si la apelante y recurrente, de nacionalidad argentina, no tuviera la condición de familiar de ciudadano comunitario, bastaría la ausencia de autorización para residir en España, para proceder a imponerle su expulsión del territorio nacional, a partir de la Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015.

Pero como tiene la condición de familiar de ciudadano comunitario, tenga o no concedida la tarjeta, ya que es madre de dos menores de edad españoles, hemos de valorar si se dan las circunstancias que el artículo 15-5 d) del RD 240/2007 señala para que pueda aplicarse esa expulsión por razones de orden público, esto es la apreciación o valoración de la conducta del actor como constitutiva de una amenaza real que afecte a un interés fundamental de la sociedad, lo cual constituiría la motivación que la parte apelante argumenta que no existe en el supuesto de autos.

Y la Sala considera que ciertamente no se da esa motivación. En efecto la existencia de condenas penales no es sinónimo de una peligrosidad real para el orden público del país tal y como establece el artículo 15-5 d) del RD 240/2007 , y en el asunto que nos ocupa sólo existe un antecedente penal por un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada.

Todo ello concluye en que deba prosperar la apelación interpuesta contra la Sentencia dictada por el Juzgado que debemos revocar, debiendo estimar el recurso contencioso interpuesto contra la Resolución de la Delegación de Gobierno de les Illes Balears de 16 de noviembre de 2015, que anulamos por ser contraria a derecho

Enviado el: 30-10-2017

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO : TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO . REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO



Tarjeta de Identificación de Extranjero. Realizar los trámites necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identificación de Extranjero

Tipo de actuación: Sugerencia

Fecha: 30/06/2017

Administración: Delegaciones del Gobierno. Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla

Respuesta de la Administración: En Trámite

Queja número: 16017016



Resumen

El interesado obtuvo la renovación de su autorización de residencia en su condición de menor extranjero no acompañado tutelado por los Servicios de protección de Melilla, sin que se expidiera su Tarjeta de Identificación durante su minoría de edad. Se ha efectuado la presente Sugerencia a la vista de los problemas que ha encontrado para que se le expida la Tarjeta, una vez ha accedido a su mayoría de edad.

 

Texto

Se acusa recibo de su escrito sobre el tema arriba indicado. En el mismo se informa de la entrega a (…) de su Tarjeta de Identidad de Extranjero con fecha (…) de (…) de 2017. En el caso de (…), se comunica que tras comparecer en la Oficina de Extranjería el (…) de mayo para realizar el trámite de huellas para la expedición de la Tarjeta, no se pudo realizar el mismo al carecer de domicilio conocido en Melilla, al no residir en el Centro de Menores, dirección que constaba en su solicitud.

Consideraciones

1. El interesado manifestaba en su escrito que no se le hizo entrega de su Tarjeta, ya que la primera cita disponible para realizar dicho trámite era el (…) de abril, una vez expirada su validez. Asesorado por Médicos del Mundo y por el Servicio Jesuita a Migrantes, solicitó cita de información que se le adjudicó el (…) de marzo, comunicándole la imposibilidad de emitir su Tarjeta, al no haber citas disponibles antes de su caducidad y no poder hacerle entrega de la misma una vez expirada la misma. Comunica que acudió, sin cita, a la Oficina de Extranjería los pasados días (…), (…) y (…) de abril, sin que, se le entregase la misma. A la vista de lo anterior, se le ha dado traslado de la información remitida solicitando que realice alegaciones.

2. En el caso de (…), se comprueba la existencia de irregularidades en la tramitación de su residencia, toda vez que esa Delegación del Gobierno concedió la autorización mediante resolución de (…) de junio de 2016, con validez desde el (…) de octubre de 2015 hasta el (…) de octubre de 2016. Dicha resolución tuvo entrada en la Consejería de Bienestar Social el (…) de agosto de 2016, sin que conste que se expidiese su Tarjeta de Identificación de Extranjero. Con fecha (…) de agosto de 2016 los servicios de protección solicitaron la renovación de la autorización de residencia y de la cédula de inscripción del menor, sin que a la fecha de la mayoría de edad del interesado, el (…) de noviembre de 2016, dicho organismo hubiese recibido las resoluciones adoptadas.

3. En relación con la imposibilidad de emitir al interesado una Tarjeta de Identidad de Extranjero, al carecer de domicilio conocido en Melilla, esta institución entiende que dicha solicitud es improcedente, toda vez que, en el momento de la concesión de su autorización de residencia, cumplía con todos los requisitos para ello, sin que la falta de confección de la Tarjeta durante su minoría de edad pueda suponerle un perjuicio. Asimismo, en el escrito remitido a esta institución en su momento, (…) manifestaba encontrarse en situación de calle tras el cese en su tutela y el consiguiente abandono del Centro de Menores, circunstancia que no es ajena al hecho de que no cuente con la documentación acreditativa de la residencia que se le concedió.

Decisión

Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha resuelto formular la siguiente:

SUGERENCIA

Realizar los trámites necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identificación de Extranjero de (…), a la vista de la autorización de residencia con la que cuenta con validez hasta el (…) de octubre de 2016, en su condición de menor extranjero no acompañado tutelado por la Administración.

En la seguridad de que esta Sugerencia, será objeto de atención por parte de esa Delegación del Gobierno, le saluda muy atentamente,

Enviado el: 24-10-2017

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO . AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR ARRAIGO LABORAL . DAR INSTRUCCIONES PARA QUE SE REVOQUEN LAS RESOLUCIONES DESESTIMATORIAS. LA RELACIÓN LABORAL SE PUEDE DEMOSTRAR POR OTROS MEDIOS DE PRUEBA NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO DE EXTRANJERIA

SUGERENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO . AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR ARRAIGO LABORAL . DAR INSTRUCCIONES PARA QUE SE REVOQUEN LAS RESOLUCIONES DESESTIMATORIAS. LA RELACIÓN LABORAL SE PUEDE DEMOSTRAR POR OTROS MEDIOS DE PRUEBA NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO DE EXTRANJERIA

Autorización de residencia por arraigo laboral. Dar instrucciones para que se revoquen las resoluciones desestimatorias

Tipo de actuación: Sugerencia

Fecha: 12/07/2017

Administración: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración

Respuesta de la Administración: Sin Respuesta

Queja número: 16004439



Resumen

Se cuestionan las resoluciones porque en este tipo de autorización basta con que el interesado demuestre e la relación laboral de seis meses a través de la correspondiente certificación pública oficial emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

 

Texto

Se ha recibido escrito del compareciente en el que expresa su desacuerdo con la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Almería, una vez que ha aceptado la Sugerencia que le ha formulado esta institución dirigida a que no se proceda a declarar el archivo de las solicitudes de residencia temporal inicial por circunstancias excepcionales por arraigo cuando se aporta de forma fehaciente la relación laboral de seis meses de representados en cada uno de los procedimientos en los que se ha adoptado dicha decisión y, por lo tanto, se considera que dichos expedientes cumplían los requisitos establecidos en el artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Consideraciones

1. La administración afirmaba que ninguno de los interesados acreditó su relación laboral en la forma establecida, esto es, aportando una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad que la acredite. Sin embargo el letrado de los interesados ha demostrado fehacientemente la relación laboral de seis meses de sus representados a través de la correspondiente certificación pública oficial emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. La norma que regula este supuesto prevé que la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo (artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000), siempre que se demuestre la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses (artículo 124.1 Real Decreto 557/2011).

3. Si bien el precitado artículo 124.1 prevé que, a los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite, dichos requisitos no deben excluir otros medios alternativos de acreditación que aunque no se hayan citado en el Reglamento de extranjería, resultan válidos en derecho, para demostrar la existencia de relaciones laborales.

4. Esa es la solución a la que llega el Tribunal Supremo en la Sentencia STS 782/2007, cuando entiende que el citado precepto no restringe otros medios de prueba que demuestren la existencia de relación laboral y, según documentación aportada por el interesado, la misma respuesta ha venido ofreciendo esa Administración en anteriores ocasiones, al haber reconocido la certificación de vida laboral de los interesados como prueba demostrativa de su relación laboral.

5. Un cambio de criterio que venga a rechazar los medios de acreditación que, en la tramitación de anteriores expedientes, han constituido el apoderamiento para la concesión de la autorización de residencia por arraigo laboral, además de generar una situación de desigualdad, resulta incompatible con la doctrina de los actos propios que tienden a asegurar la vinculación de una declaración de voluntad con la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio.

6. El motivo de la nueva comparecencia del letrado reside en que la Sugerencia formulada por esta Institución no ha sido cumplida, porque aunque la administración ha revocado el archivo de dichos procedimientos y acordado la retroacción al momento inmediatamente anterior, las nuevas resoluciones han sido desestimatorias, por lo que no se han unificado los criterios como garantía del principio de tutela judicial efectiva a los que ha hecho alusión la citada Subdelegación del Gobierno en el escrito remitido a esta institución de 13 de octubre de 2016 (se acompaña copia).


Decisión

En atención a lo establecido en los artículo 28 y 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981,de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, y con fundamento en las reglas de la equidad, de la buena fe y de la confianza legítima que imponen el deber de coherencia en el comportamiento administrativo en los términos que prevé el artículo 3.1 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha estimado procedente formular la siguiente:

SUGERENCIA

Dictar instrucciones para que se revoquen las resoluciones administrativas desestimatorias de las solicitudes de autorización de residencia por arraigo laboral de los interesados en esta queja y dictar nuevas resoluciones sobre el fondo del asunto, cuando se haya demostrado fehacientemente la relación laboral de seis meses de los interesados a través de la correspondiente certificación pública oficial emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En la seguridad de que esta Sugerencia será objeto de atención por parte de ese Departamento y en espera de la respuesta, le saluda muy atentamente

Enviado el: 24-10-2017

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 2017. LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR ES PERSONAL Y EN LAS OFICINAS DE EXTRANJERÍA.

Roj: STSJ MU 1646/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:1646
Id Cendoj: 30030330022017100530
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: MurciaFecha: 06/10/2017
Nº de Recurso: 220/2017
Nº de Resolución: 566/2017


SEGUNDO.- Se aceptan los hechos y fundamentos de derechos de la sentencia de instancia, que debe ser confirmada íntegramente en base a sus propios fundamentos.

El art. 56.2 del Reglamento de Extranjería de 2011 dispone que: " 2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá solicitar, personalmente ante la Oficina de Extranjería competente para su tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar".

El tenor literal del precepto no deja lugar a dudas: la presentación de una solicitud de reagrupación, como la que nos ocupa, debe hacerse personalmente en el registro del órgano competente para su tramitación y así lo entiende el propio recurrente como puede verse en su escrito de apelación.
Alega no obstante que al contradecir lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92 y artículo 16 de la actual Ley 39/2015 , que permiten la presentación a través del servicio de corros como el hizo, genera una inseguridad jurídica.

No es posible aceptar el argumento, puesto que es evidente que el Reglamento de Extranjería viene a fijar una especialidad al régimen general establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sin que por tanto se genere confusión.

Por último, como acertadamente razona el Juez de Instancia para que proceda requerir la subsanación es preciso que previamente exista una solicitud correctamente presentada.

La sentencia invocada de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no genera doctrina vinculante y frente a la misma podríamos citar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 1ª, Sentencia 590/2016 de 19 Oct. 2016, Rec. 223/2016 en la que se mantiene la misma tesis que ahora se aplica.

La norma exige que la solicitud se presente de forma personal ante la Oficina de Extranjería competente, y esa presentación personal no puede ser interpretada de otra forma que no sea la realizada por el Juzgado como el propio recurrente reconoce.

Enviado el: 23-10-2017

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 2017 . CONFIRMA LA NECESIDAD DE UN EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN ORDINARIO O UNA SALIDA VOLUNTARIA PREVIA CUANDO NO SE DEN NINGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN EL EXPEDIENTADO QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 7 , APARTADO 4 DE LA DIRECTIVA DE RETORNO

Roj: STSJ MU 1648/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:1648
Id Cendoj: 30030330022017100532
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Murcia
Sección: 2
Fecha: 06/10/2017
Nº de Recurso: 146/2017
Nº de Resolución: 565/2017
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: PILAR RUBIO BERNA
Tipo de Resolución: Sentencia

En aplicación de esta normativa, vemos, como antes decíamos, que aquella decisión de retorno, al no ponerse de manifiesto ninguna de las circunstancias que se recogen en el artículo 7, apartado 4 de la Directiva, -que existiera riesgo de fuga, o hubiera desestimado una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o que se tratara de persona que representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional- debe adoptarse otorgando la Administración un plazo al ahora recurrente, entre siete y treinta días, para la salida voluntaria. Debiendo proceder, una vez transcurrido aquel plazo sin tener lugar la misma, a la expulsión, en el sentido de ejecución de aquella obligación de retornar y soloentonces, como se mantiene en instancia, cuando se haya incumplido la orden de retorno o salida obligatoria, podrá imponerse la prohibición de entrada

Enviado el: 23-10-2017

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 3 DE OCTUBRE DE 2017 . CONCEDE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A PESAR DEL INFORME DEL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE BARCELONA DESFAVORABLE A PESAR DEL ALTO ARRAIGO COMPROBADO EN EL EXPEDIENTE . 7 DE 8 AÑOS TRABAJADOS EN ESPAÑA Y CURSANDO ESTUDIOS

Roj: SAN 3791/2017 - ECLI: ES:AN:2017:3791
Sección: 1
Fecha: 03/10/2017
Nº de Recurso: 519/2016
Ponente: FELISA ATIENZA RODRIGUEZ


TERCERO .- En el presente caso, según se desprende del expediente, se deniega la solicitud porque no ha sido justificado un suficiente grado de integración en la sociedad española, remitiéndose al informe del Encargado del Registro Civil de Barcelona que en Auto-Propuesta de fecha 9 de enero de 2014, informa desfavorablemente el expediente de concesión de nacionalidad por residencia del hoy recurrente, ante el resultado desfavorable de su examen de integración.

La actora discrepa de esta resolución y aduce que el recurrente se encuentra residiendo en España desde el año 2003, donde ha cursado estudios y obtenido el Titulo de Graduado en Diseño, en la escuela ESDI, adscrita a la Universidad Ramón Llull.
Afirma que se encuentra plenamente integrado como se desprende de la extensa prueba documental aportada.

Ha desarrollado su actividad laboral desde el año 2008, ha realizado actos de voluntariado y participadoen acciones solidarias, demostrando interés por la cultura y geografía españolas. Considera que de las 10 preguntas que se le formularon no puede alcanzarse la conclusión desfavorable que se refleja en el Auto del Encargado del Registro Civil y que no se han tenido en cuenta el resto de las circunstancias ni se han valorado debidamente las pruebas aportadas.

CUARTO .- Partiendo de estos principios, en el expediente administrativo del solicitante, consta que el recurrente, en efecto reside en Barcelona desde hace 8 años, ejerciendo una profesión por la que ha cotizado a la Seguridad Social durante 7 años. Ha aportado informe de la empresa Afirma Comunicación S.L., en que presta sus servicios, en donde se indica que el recurrente goza de una excelente preparación y desempeña con muy buen nivel sus funciones y responsabilidades en el Area de Diseño, por lo que está considerado como un profesional altamente recomendable. Aporta otro informe expedido por el Administrador Gerente de Mediactiu S.L., que no solo avala su capacitación profesional sino que, en opinión del firmante, es una persona con un nivel de integración incluso superior a algún español de nacimiento.

Durante su comparecencia ante el encargado del Registro Civil de Barcelona, que tramitó el expediente, se le formularon 10 preguntas, y analizando las preguntas concretas, se puede apreciar cómo conocía los nombre del Presidente de Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, así como el sistema de gobierno. También responde acertadamente respecto de algunos principios que inspiran nuestra Constitución, aunque reconoce no haberla leído. En cuanto a las costumbres y cultura españolas, ha afirmado visitar frecuentemente museos y exposiciones y haber realizado viajes culturales por España, que avala con el testimonio de varias personas, todo lo cual nos permite comprobar un aceptable grado de conocimiento de aspectos básicos de la vida española y también su plena integración en la vida laboral y social española.

Así consta también en el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en donde se afirma la existencia de arraigo en España del solicitante y su conocimiento de la lengua La Sala, ha reiterado que, aunque el informe del Encargado del Encargado del Registro Civil, a quien le corresponde emitir informe de acuerdo con lo que disponen los artículos 221 y 222 del Reglamento Civil , es un informe especialmente cualificado, no se constituye en un determinante absoluto e insuperable, pues no es vinculante ni siquiera cuando es favorable.

Por ello, en el presente supuesto, no comparte la Sala el criterio del Encargado del Registro Civil, pues de las respuestas facilitadas no puede desprenderse una falta de inserción en la sociedad española, habida cuenta las circunstancias personales del solicitante, la formación que posee, su actividad profesional y su formación cultural.

Haciendo una valoración del conjunto de las circunstancias que se han expuesto, considera la Sala que los errores que haya podido tener en las respuestas a las preguntas formuladas, carecen de relevancia frente al resto de las circunstancias concurrentes, y muy especialmente su situación laboral estable, pues lleva trabajando de forma continuada desde su llegada a España, con un conocimiento suficiente de las costumbres y de la sociedad española, que acreditan la integración del recurrente en nuestra sociedad a efectos de la obtención de la nacionalidad española.

Dicha integración social implica, como ha venido reiterando el Tribunal Supremo, en SSTS de 30 de junio de 2011 (Rec. 390272008 ), 11 de diciembre de 2013 (Rec. 2226/2011 ), 9 de octubre de 2015 (Rec. 43/2014 ), la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales españoles, arraigo familiar y grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales que, en el supuesto que se enjuicia, y a tenor del tiempo desde el que reside en España, 1991, ha sido justificado por el interesado.

Es por ello que acreditado en el supuesto que nos ocupa que el recurrente, natural de Méjico, y por ende que habla y entiende el español sin ninguna dificultad, tiene arraigo personal y familiar en España, conociendo aspectos culturales y sociales básicos de nuestra sociedad, procede entender que concurre en el recurrente el suficiente grado de integración en la sociedad española, exigido por el art. 22 del CC para obtener nuestra nacionalidad.

Por lo que, en consecuencia, debe estimarse el presente recurso y reconocer al recurrente el derecho a obtener la nacionalidad española

Enviado el: 19-10-2017

SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 30 DE JUNIO DE 2017 . DESDE LA IRREGULARIDAD SOBREVENIDA Y CON ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL NO SE PUEDE ADUCIR ARRAIGO LABORAL

Nº de Resolución: 239/2017 -
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Palmas de Gran Canaria (Las) -
 Ponente: LUIS HELMUTH MOYA MEYER -
 Nº Recurso: 187/2016 -
 Fecha: 30/06/2017 -



SEGUNDO.- El artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011 se refiere al arraigo laboral, que define como la situación del extranjero que haya trabajado en España un mínimo de seis meses y resida en el país desde al menos dos años continuados.

A la vista de esta definición bien pudiera pensarse que se incluyen situaciones como las de quienes ejercieron una actividad laboral al amparo de una autorización de residencia y trabajo en España, porque el precepto no las excluye expresamente. Sin embargo, una interpretación conjunta de la regulación reglamentaria lleva a una conclusión distinta.

La situación de quienes tengan un permiso temporal de residencia y trabajo está regulada en el artículo 71 del Reglamento, en el que se regula la renovación de dichos permisos. Para tener derecho a dicha renovación es necesario acreditar un periodo mínimo trabajado y que se justifique que se dispone de un contrato vigente o una oferta de contrato cuya eficacia dependa de la renovación del permiso. Solo en casos específicos se exime de este requisito. Por lo tanto, si la renovación del permiso de trabajo está sometida a estas condiciones, no tiene sentido tratar de amparar a quienes no han renovado su permiso de residencia y trabajo por la vía de las autorizaciones previstas para circunstancias excepcionales.

Los permisos de residencia por circunstancias excepcionales no están previstos para amparar situaciones en las que la estancia del extranjero se torna irregular de manera sobrevenida, sino a aquellos casos en los que la situación es irregular desde su entrada en el país y se trata de conceder un permiso inicial de residencia y trabajo para que puedan permanecer en el mismo.

Aunque el precepto se refiera a que quot;a los efectos de acreditar la relación laboral y su duraciónquot; será preciso aportar sentencia judicial o resolución administrativa que confirme acta de infracción de la Inspección Laboral y de Seguridad Social, lo que parece establecer una mera restricción de los medios de prueba de la relación laboral, incompatible con el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , una interpretación conjunta de las normas del reglamento lleva a determinar que se trata de configurar el supuesto de hecho al que se refiere la norma como circunstancia excepcional en la que se puede obtener un permiso inicial de residencia y trabajo. La referencia exclusiva a estos documentos revela que se está aludiendo a situaciones de contrataciones irregulares de extranjeros, que son puestas de manifiesto bien por demanda judicial bien por denuncia o actuación de oficio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Una situación de arraigo laboral en términos generales es indicadora de la existencia actual de una situación de inserción en el mercado laboral y, sin embargo, este elemento no se contiene en la definición del concepto de arraigo laboral. No se exige ni siquiera tener una oferta de contrato laboral, como sí se exige en el caso del arraigo social, en relación al cual una interpretación como la que se propugna en la sentencia de instancia introduce diferencias de trato difíciles de justificar.

Lo que justifica el tratamiento excepcional que se da al arraigo laboral definido en la norma reglamentaria es la situación de desprotección en la que se encuentra el trabajador extranjero cuando es contratado por un empleador sabedor de que no tiene autorización para trabajar, en la que de manera habitual no se respetan sus derechos laborales y sociales. Se trata de evitar, por una parte, que el trabajador extranjero se vea desalentado de reclamar sus derechos laborales y sociales, por cuanto de no otorgarse el amparo estaría expuesto a la expulsión del territorio nacional; de otra parte, en los casos de actuación de oficio por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se trata de que su actuación no proyecte efectos negativos sobre los trabajadores a quienes se trata de proteger haciendo cumplir a los empleadores con los derechos laborales y sociales que les asisten,
y esto siempre que se den los requisitos de residencia y duración mínima de la relación laboral.

En definitiva, cuando la relación laboral estuvo amparada por un contrato de trabajo y una autorización de residencia y trabajo, no se dan los supuestos de hecho amparados en la norma, que protege el arraigo laboral solo en las situaciones de violación de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Enviado el: 03-10-2017

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CONTRA ESPAÑA . LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE EN MELILLA Y CEUTA VIOLAN EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

NOTA DE PRENSA

Resolución del TEDH contra España

Las “devoluciones en caliente” en Melilla y Ceuta violan el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Berlín/Estrasburgo, 3 de octubre de 2017- Las autoridades españolas expulsan a personas refugiadas y migrantes de forma sistemática y, en muchas ocasiones, violenta hacia Marruecos.

Esta práctica de devoluciones automáticas – conocidas como “devoluciones en caliente” en las fronteras externas de la Unión Europea (UE) son ilegales. La expulsión automática viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos – así lo ha determinado hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. Esta resolución surge como respuesta a dos demandas presentadas en contra de España en febrero de 2015 por dos personas de Mali y Costa de Marfil junto con el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). La resolución del TEDH establece que las prácticas de devolución implementadas por España en su frontera con Marruecos son violatorias del articulo 4° del Protocolo n° 4 (prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros) y del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

N.D. y N.T. (cuyos nombres se mantienen en anonimato por razones de seguridad) cruzaron las vallas de Melilla, entrando así a España el 13 de agosto de 2014. La Guardia Civil los detuvo junto con unas otras 70 personas de Subsahara, quienes también habían logrado pasar la valla para y que fueron devueltos de forma inmediata a territorio marroquí – sin haber tenido ningún tipo de protección o acceso a recursos legales. Las demandas de N.D. y N.T. fueron impulsadas y apoyadas por el ECCHR en colaboración con la ONG alemana Brot für die Welt. Los demandantes son representados por abogados colaboradoeres del ECCHR en Madrid y Hamburgo. El ECCHR también respalda las demandas ante el TEDH que han presentato refugiadas provenientes de Siria, Irak y Afganistán en contra de su ilegal expulsión cerca de Idomeni en la frontera entre Grecia y Macedonia.

“El impacto del la resolución en contra de España va mucho más allá del caso, ya que sienta un precedente que reconoce y afirma la existencia del „derecho fundamental a tener derechos‟ de personas migrantes y refugiadas,” señaló Wolfgang Kaleck, Secretario General de ECCHR. “La resolución del TEDH dejá claro que el régimen de fronteras del Gobierno Español viola los derechos humanos. El Convenio Europea también aplica en las fronteras externas de la UE.”

Gonzalo Boye, abogado socio de ECCHR, comentó: “El Gobierno Español, en particular el Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, tiene que actuar y derogar la “Ley de protección de la seguridad ciudadana.”

Contacto ECCHR Contacto Gonzalo Boye

Tel.: + 49 (0) 172 587 0087 Tel.: +34 91 401 4330

E-Mail: bermejo@ecchr.eu E-Mail: g.boye@be-abogados.com

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Enviado el: 03-10-2017

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 . DENEGACIÓN DE LA NACIONALIDAD . CARENCIA DE MEDIOS DE VIDA .

SAN 3529/2017 - ECLI:ES:AN:2017:3529
 Ponente: ERNESTO MANGAS GONZALEZ -
 Nº Recurso: 440/2016 -
 Fecha: 11/09/2017 -
 


Con todo, sobre el alcance de la carencia de medios de vida, desde la perspectiva de los requisitos establecidos legalmente para la adquisición de nacionalidad por residencia, se ha pronunciado esta Sala en sentencia de 19 de febrero de 2015 [Procedimiento Ordinario nº 1127/2013, Sección Tercera], estableciendo al respecto que:

«1.- En el presente recurso se impugna la resolución del DGRN, por delegación del Ministro de Justicia, de 24-6-2013 denegatoria de la nacionalidad por residencia. La denegación tiene su base en que el recurrente no ha justificado suficiente grado de integración en la sociedad española pues es preciso un conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de la vida españoles y por ello es necesario que el informe del Encargado concluya de forma indubitada y expresa si éste considera suficiente el grado de integración y en este caso se considera que no se cumplen los requisitos debido a que el promotor "no cuenta con los medios de vida suficientes para vivir adecuadamente en España".»

«2.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución ), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa (...) En el presente caso, según se desprende del expediente, la Administración reconoce que el recurrente reúne los requisitos generales de residencia exigidos para la concesión de la nacionalidad solicitada. Sin embargo, se deniega la solicitud por su supuesta falta de integración por falta de conocimiento institucional establecida, exclusivamente, sobre la base de que cuenta con medios económicos que se consideran "insuficientes para vivir adecuadamente" (sic)»

«3.- Ha de significarse que la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar
el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente. En ningún caso la jurisprudencia  ha venido vinculando la integración de forma exclusiva a la concreta situación de solvencia económica del recurrente en el momento de la solicitud. Pues bien, en este caso, se comprobó, en trámite de comparecencia ante el Encargado del Registro Civil de Lleida (el 19-9-2011) que el recurrente, que no tiene problemas idiomáticos (el castellano es su lengua materna ya que es nacional de Ecuador) y que reside legalmente desde el 18-5-2000, manifestó un conocimiento, que esta Sala considera razonable y al nivel más básico, de nuestro país, de las instituciones y del sistema político. El propio Encargado y el Ministerio Fiscal parten de asumir este conocimiento institucional básico y suficiente pues el único argumento que finalmente recogen para cuestionar la integración viene centrado exclusivamente en la insuficiencia de medios para vivir, por lo que, sin más razonamientos, concluyen con un informe desfavorable, informe que es el que, también y sin más razonamientos, por simple remisión constituye la base de la resolución recurrida. Como vemos se ha pretendido convertir a la mera base económica en un requisito insoslayable de integración lo que no tiene apoyo legal ni jurisprudencial y menos aún en un caso como el presente en el que ni siquiera se desarrolla por la Administración que ha de entenderse por medios para "vivir adecuadamente". Se desconoce donde ha puesto el listón económico en un país con un paro superior al 20%.»

«Efectivamente según la hoja de vida laboral aportada en el expediente del Registro Civil, cuando el hoy actor solicitó la nacionalidad se encontraba en desempleo, situación que arrastra desde 2007, con un alta en la Seguridad Social de 2 años, 4 meses y 14 días lo que puesto en relación con su residencia legal permite afirmar que estamos ante una muy escasa actividad laboral regularizada. Se acredita que cuando solicita estaba cobrando la renta mínima de inserción. La disposición de recursos o medios económicos suficientes para su  sostenimiento ya se valora previamente, en el marco de la ley de extranjería para los oportunos permisos de residencia (entre otros, arts. 25 y 31-2 Ley Orgánica 4/2000 ; arts. 47 y 51 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009) y es a través del requisito de la residencia legal (ya que la misma viene establecida por la permanencia en España amparada por permisos de residencia otorgados conforme a la normativa de extranjería) como enlaza con la nacionalidad por residencia pero no forma parte "per se" del requisito de integración en el marco de la obtención de la nacionalidad por residencia. Por todo ello ha de concluirse en que sí se ha acreditado una integración con base a un conocimiento institucional suficiente y por ello ha de estimarse el recurso.»

Y el parecer expresado en la sentencia anotada ha sido seguido en posteriores sentencias de esta Sala, Sección Quinta, en sentencias de 30 de noviembre de 2016 [Procedimiento Ordinario nº 849/2015], citada en la demanda, 11 de enero de 2017 [Procedimiento Ordinario nº 890/2015] y de 18 de enero de 2017 [Procedimiento Ordinario nº 930/2015].

De manera que por aplicación de los principios de unidad de doctrina y de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, procede descartar el incumplimiento del requisito relativo al suficiente grado de integración en la sociedad española por la sola carencia de medios de vida de la solicitante.

Enviado el: 02-10-2017