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AUTO DEL TS DE 25 MARZO DE 2019 ADMINTIENDO RECURSO DE CASACIÓN CONTRA DESESTIMACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN A UNA NIÑA MENOR REAGRUPADA . EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS PARA ACCEDER A LA LARGA DURACIÓN CONFRONTADO CON EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA

Fecha: 25/03/2019
Nº de Recurso: 270/2019

SEGUNDO. - Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por Dª Miriam , en nombre y representación de su hija menor de edad, Irene , contra la sentencia -nº. 492/18, de 29 de mayo - de La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, revocatoria en apelación (547/16 ) de la sentencia -23 de junio de 2016- dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo nº. 168/16 , deducido frente a resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia, de 9 de diciembre de 2015, por la que se acuerda denegar la autorización de residencia de larga duración presentada a favor de la menor Irene , ( titular de autorización de residencia temporal, por reagrupación familiar con extranjera, titular de autorización de residencia de larga duración) confirmada en reposición, por resolución de 26 de febrero de 2016.

A tal efecto, se precisa que la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: si conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, en los supuestos de renovación de la autorización de residencia de larga duración de los menores reagrupados por sus padres, titulares de autorización de tarjeta de larga duración, es exigible la acreditación de medios económicos, y empleo, y cuál es el margen que permite la minoración de tal exigencia, cuando el familiar reagrupado sea menor de edad.

Y las norma que en principio serán objeto de interpretación: artículo 54.3 , 58.3 y 148.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, versus el artículo 61.3 b) del Real Decreto 557/2011 , que aplica la sentencia recurrida en casación, así como los artículos 11 , 12 , 13 y 14 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el artículo 18 y 39 CE .

Enviado el: 02-04-2019

AUTO DE ADMISIÓN CASACIÓN DE 25 DE MARZO DE 2019 . EL TRIBUNAL SUPREMO INTERPRETARÁ EL ARRAIGO FAMILIAR CON ANTECEDENTES PENALES EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL TJUE DE 13 SEPTIEMBRE DE 2016 ( ASUNTO C-165/2014 RENDON )

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY -
 Nº Recurso: 15/2019 -
 Fecha: 25/03/2019 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión. Normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el artículo 124.3 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009; tomando en consideración lo dispuesto en la sentencia del TJUE (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016, Asunto C-165/2014.

SEGUNDO.- En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en relación con el artículo 90.4 de la misma, procede admitir a trámite este recurso de casación y precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, la sola existencia de antecedentes penales determina sin más la denegación de la solicitud de autorización temporal por circunstancias excepcionales de arraigo familiar o si, por el contrario, procede ponderar las circunstancias concurrentes en el caso y en especial las previstas en el artículo 124.3.a) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, a la luz de la sentencia del TJUE (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016, Asunto C-165/2014 .

E identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el artículo 124.3 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009; tomando en consideración lo dispuesto en la sentencia del TJUE (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016, Asunto C-165/2014 .

Sobre una cuestión similar, se ha admitido a trámite el recurso de casación nº 7077/2018, auto de 18 de febrero de 2019.

Enviado el: 02-04-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 1 DE MARZO DE 2019 . RATIFICA CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMANENTE COMUNITARIO A MENOR DE EDAD AUNQUE NO ESTÉN EMPADRONADOS EN LA MISMA VIVIENDA DEL CÓNYUGE ESPAÑOL

Nº de Recurso: 331/2018
Nº de Resolución: 117/2019
Ponente: GEMA QUINTANILLA NAVARRO



CUARTO .- Decisión del Tribunal.
Los motivos aducidos por la Abogacía del Estado no pueden ser acogidos por este Tribunal.

En primer lugar, como bien argumenta la Sentencia apelada, es de aplicación el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Señala el artículo 2 que el presente real decreto se aplica también, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, que a continuación se relacionan: a) A su cónyuge, (...). b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal (...) c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada (...). Conforme al art. 8.1 del RD 240/2007 " los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea (...) especificados en el artículo 2 del presente real decreto , que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España por un período
superior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una "tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión". Una vez expedida la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, ésta tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha de su expedición. El artículo 9 bis sobre el "mantenimiento del derecho de residencia" señala que " los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea (...) y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los artículos 7, 8 y 9 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas . En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto al cumplimiento, por parte de un ciudadano de algún Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de los miembros de su familia, de las
condiciones establecidas en los artículos 7, 8 y 9, los órganos competentes podrán comprobar si se cumplen
dichas condiciones" .

El Artículo 10 del RD sobre el "Derecho a residir con carácter permanente" dispone que " son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea (...) y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto".

En segundo lugar , el menor (representado por madre) presentó la solicitud de tarjeta de residencia permanente como familiar de ciudadano de la Unión al amparo del Real Decreto 240/2007. Para que la Administración estimara la solicitud, debía acreditar que habían trascurrido cinco años de residencia en España y que se mantenían las circunstancias iniciales. Estos datos fueron debidamente apreciados por el Juzgador a quo.
Como bien argumenta la Sentencia apelada, es un hecho acreditado -y no controvertido- que la Sra. Tarsila contrajo matrimonio con D. Calixto , nacional español, el día 15 de julio de 2010. El matrimonio seguía inscrito en el Registro Civil cuando se presentó la solicitud de tarjeta permanente de familiar de residente comunitario para el hijo menor Jose Ramón . Asimismo, la Sra. Tarsila obtuvo la tarjeta de residencia permanente por ser cónyuge de español, válida hasta el 5 de septiembre de 2025 y ese permiso de residencia no ha sido extinguido por la Delegación del Gobierno. A ello se añade que, no resulta acreditado el cese de la convivencia. En el acto de la vista de Procedimiento Abreviado, el Sr. Calixto señaló que convive con su esposa y su hijo y que si bien era cierto de que se había empadronado en otros municipios ello era por motivos fiscales.

Por lo tanto, la Sentencia recurrida llevó a cabo un correcto análisis de la prueba y la conclusión alcanzada se comparte por esta Sala pues se acreditó que se cumplían las circunstancias exigidas para el reconocimiento del derecho a residir con carácter permanente previsto en el Real Decreto 240/2007. El recurso de apelación debe ser desestimado.

Enviado el: 28-03-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 1 DE MARZO DE 2019. LE HABÍAN DENEGADO LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR POR NO ACREDITAR MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES TRAS RESTARLE UN COBRO INDEBIDO POR UNA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO . PRINCIPO INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR


Fecha: 01/03/2019
Nº de Recurso: 307/2018
Nº de Resolución: 106/2019


En el presente caso se denegó la autorización argumentando la Administración que de las retribuciones del recurrente que constan en su declaración de IRPF del ejercicio 2016 (13.665,91 € brutos) ha de descontarse la cantidad de 4.038,3 € percibidos indebidamente en concepto de prestación por desempleo cuando se encontraba ausente de España. Añade la resolución que el interesado tiene un contrato de trabajo indefinido fijo discontinuo como peón agrícola, es decir, que trabaja por temporada, y los ingresos de los seis meses previos a la solicitud de autorización no son representativos de sus ingresos mensuales, que han de computarse como media anual. no se alcanza por el recurrente dicha cuantía, hecho indiscutido, pues como señala la parte apelante el cómputo ha de ser de la media anual de ingresos. El resto de los informes obrantes en el expediente son favorables.


Estos razonamientos no pueden tener acogida, puesto que el recurrente -titular de autorización de residencia de larga duración- aportó su contrato de trabajo y distintas nóminas del año 2017, todas ellas con un líquido a percibir superior a 1000 € mensuales. En dichas nóminas consta su antigüedad en la empresa desde septiembre de 2015, por lo que, aun tratándose de un contrato para trabajos periódicos de carácter discontinuo, tiene un empleo estable y, por tanto, percibe regularmente retribuciones. Se comprueba también lo anterior con la declaración de la renta del ejercicio 2016, en que figuran retribuciones dinerarias por importe de 13.665,91 €.

De esta cantidad no procede hacer deducción alguna, pues no consta resolución alguna de la Administración competente declarando la percepción indebida de ingresos ni requiriendo al interesado para su devolución.

Ha de añadirse a lo expuesto que en la reagrupación familiar de los hijos menores lo que prima es el interés de éstos de convivir con sus padres. Y si bien ha de exigirse que la residencia en España les permita vivir en condiciones dignas y adecuadas, de modo que se garantice que disponen de lo necesario para su mantenimiento y educación, su ponderación ha de hacerse atendiendo al caso concreto. Y en el que nos ocupa se da la circunstancia de que la familia se compone del recurrente y de su esposa, y de su hijo. Teniendo en cuenta la corta edad de éste (5 años), es evidente que para su atención, cuidado y educación necesitan de los dos progenitores y de una adecuada convivencia familiar, lo que se logra mediante la reagrupación. Frente a dicha situación no puede mantenerse un criterio formalista y rígido, que desconozca el superior interés de los menores y la protección a la familia.

Así lo ha declarado esta Sala, en sentencia, entre otras, de su Sección Segunda de 26 de enero de 2015 , en la que señala que "en otro caso se conculcaría el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia recogida en el art. 39 de la Constitución , así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de Derechos del Niño y de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor . Criterio este que se ha mantenido por Sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Contencioso Administrativo".

Enviado el: 28-03-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 1 DE MARZO DE 2019 . SUSPENSIÓN DE LA SALIDA OBLIGATORIA TRAS DENEGACIÓN DEL ARRAIGO SOCIAL POR TENER EXPULSIÓN FIRME DEL ARTÍCULO 57.2 EN BASE AL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

Fecha: 01/03/2019
Nº de Recurso: 300/2018
Nº de Resolución: 105/2019

La resolución recurrida es la de la Delegación del Gobierno en Murcia de 22 de diciembre de 2017, por la que se deniega al interesado la autorización de residencia por arraigo solicitada, por considerar que la empresa contratante carece de capacidad económica para hacer efectivo el contrato de trabajo. Se añade que el extranjero tiene una orden de expulsión vigente, dictada el día 8 de julio de 2011. Se aporta también por el interesado dicha resolución, en la que se acuerda su expulsión, de conformidad con el artículo 57.2 de la L.O. 4/2000 , por haber sido condenado a pena de prisión de un año y nueve meses por sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Lérida por delito de falsificación de documento público

(...)

Centrándonos en el caso que nos ocupa, tanto el juez de instancia como el apelante, e incluso el Abogado del Estado, confunden el acto impugnado -la denegación de una autorización de residencia- con una orden de expulsión que fue dictada en el año 2011. Ahora bien, por distintas circunstancias no fue recurrida -o se archivó el recurso- en su momento, y ahora el interesado ha formulado contra la misma recurso extraordinario de revisión. Lo cierto es que no cabría en rigor suspender la denegación de la autorización, pero tampoco la inadmisión o la desestimación del recurso extraordinario de revisión, únicamente la orden de expulsión, pero ahora no es susceptible de impugnación por las razones que hemos expuesto. No cabe desconocer, sin embargo, que el recurrente ha acreditado que con su inmediata salida del territorio nacional se producirían unos perjuicios irreparables a sus cuatro hijos, todos ellos menores y nacidos en España y titulares de autorizaciones de residencia de larga duración, al igual que su esposa, y con los que convive. Así, estos menores tendrían que estar separados de su padre o bien abandonar España para acompañarle a su país de origen, Nigeria. Ha de atenderse al superior interés de la familia, y especialmente a la protección de los menores, pues en caso contrario se conculcaría el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia recogida en el artículo 39 de la Constitución , así como el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor .

Por el contrario, no se justifica que con la medida cautelar se produzca una grave perturbación de los intereses
generales o de tercero, por lo que procede acordar la suspensión de la obligación del recurrente de salida del
territorio nacional.

Enviado el: 28-03-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 . EXPULSIÓN DE PADRE DE MENORES ESPAÑOLES SI NO ACREDITA LA GUARDA Y CUSTODIA O DEPENDENCIA ABSOLUTA CONFORME A LA SENTENCIA DEL TJUE DE 10 DE MAYO DE 2017 ( CHÁVEZ-VILCHEZ )

Fecha: 28/02/2019
Nº de Recurso: 174/2018
Nº de Resolución: 99/2019


En el presente caso es evidente que el hecho de que el interesado entrara en España de forma irregular (no consta que entrara legalmente), y se haya mantenido también de forma irregular en este país durante una serie de años, no supone ninguna excepción de las contempladas por la Directiva (2 a 5) para dejar sin efecto el  retorno a su país de origen.

Se alega en el escrito de apelación que resulta de aplicación la excepción de vida familiar porque tiene una novia española. Esto, como señala el Magistrado en la sentencia apelada, no es suficiente para hablar de vida familiar. También alega que tiene dos hijos españoles, pero de los certificados de empadronamiento queda probado que no conviven con el apelante, incluso, como dice la sentencia, ignoramos si conviven en Murcia, ni siquiera se acredita que vivan en España


En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) de 10 de mayo de 2017 Asunto C-133/2015 Chávez-Vílchez y otros el TJUE responde a la cuestión prejudicial suscitada por un Tribunal de los Países Bajos en relación a la Sra. Victoria , de nacionalidad venezolana, que es madre de una menor de nacionalidad neerlandesa siendo el padre neerlandés.

-El artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa
nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado,
progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión y nacional de un Estado miembro distinto del Estado
miembro de acogida, que está a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de acogida, debido únicamente
a que dicho nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales.

-El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a esa misma normativa nacional que exige
la denegación automática de una autorización de residencia al nacional de un tercer Estado, progenitor de unos
hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión y de los que tiene la guarda exclusiva , debido únicamente a que
el interesado tiene antecedentes penales, cuando tal denegación tenga como consecuencia obligar a esos hijos
suyos a abandonar el territorio de la Unión. (La negrita es nuestra).

Pero en este caso no acreditó el apelante ante el Juez a quo -ni se acredita en segunda instancia- que tenga la guarda y custodia de sus hijos, ni que en el caso de ser expulsado, los hijos deberían dejar España. Nada se ha acreditado sobre una relación de dependencia absoluta entre padre e hijos que determine que una decisión que acuerde la expulsión prive a los menores del disfrute de su estatuto de ciudadanos de la Unión, o les obligue a abandonar el territorio de la Unión

Enviado el: 28-03-2019

INSTRUCCIÓN 2019 SOBRE CRITERIOS A TENER EN CUENTA RESPECTO A LOS PASAPORTES VENEZOLANOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERÍA

 Instrucción Conjunta del Director General de Migraciones y del Comisario General de Extranjería y Fronteras  la que se determina el criterio a tener en cuenta respecto a los procedimientos de extranjería impulsados o tramitados a favor de nacionales venezolanos en España Más información

Enviado el: 28-03-2019

SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 10 DE MADRID DE 6 DE MARZO DE 2019 . SEGUNDO ARRAIGO FAMILIAR POR SER MADRE DE NIÑA ESPAÑOLA. TIENE RECONOCIDA UNA AUTORIZACIÓN POR ESTUDIOS

Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 10 de Madrid de 6 de marzo de 2019. Segundo arraigo familiar por ser madre de niña española que tiene autorización de estudios
Fecha:
06/03/2019
Número de recurso:
470/2018
Sentencia:
82/2019

Fuente:

Nuestra felicitación la letrada de la Subcomisión de Extranjería del  Ilustre Colegio de Abogados Santa Cruz de Tenerife y la Palma, María Emilia Chiossi

Comentario:
Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 10 de Madrid de 6 de marzo de 2019. Segundo arraigo familiar por ser madre de niña española que tiene autorización de estudios. Se discute la inadmisión, y tiene algún error pues se dispone que la autorización de estudios es de residencia.

Fundamentos de Derecho:
"Siendo esto así, en cuanto a la carencia de fundamento que motivó la inadmisión de la solicitud, la Ley exige que esta sea manifiesta, y en el presente caso esta Juzgadora considera que esa falta de fundamento ni era tan manifiesta ni tan fundamentada como mantuvo la Administración, por cuanto la presunción de nacionalidad española respecto de la hija de la actora no ha sido desvirtuada, y ningún precepto impide que se presente de nuevo una solicitud de residencia por motivos excepcionales al amparo del artículo 124.3.a) del Reglamento de Extranjería, máxime cuando además existe una acertada y contundente Recomendación del Defensor del Pueblo de 8 de mayo de 2018 a la Administración para que se regule este tipo de supuestos"

FUENTE :  La propia letrada y la magnifica página migrarconderecos.
Más información

Enviado el: 17-03-2019

REAL DECRETO-LEY 5/2019 MEDIDAS DE CONTINGENCIA ANTE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE LA UE .

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea

Ciudadanía

Sección 1.ª Residencia y trabajo de los nacionales del Reino Unido residentes en España y de los miembros de su familia.

Artículo 3. Ámbito de aplicación y acreditación de residencia.

1. Las disposiciones de esta sección se aplicarán a los nacionales del Reino Unido que residan en España antes de la fecha de retirada y a los miembros de su familia, con independencia de la nacionalidad de estos últimos. A estos efectos, se consideran miembros de la familia los previstos en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los otros familiares mencionados en el artículo 2 bis de dicho Real Decreto.
2. La residencia en España antes de la fecha de retirada podrá acreditarse, en el caso de los nacionales del Reino Unido:
a) Mediante la verificación de que cuenta con el certificado de registro previsto en el artículo 7.5 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, obtenido con anterioridad a la fecha de retirada.
b) Mediante cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, en caso de que no haya obtenido dicho certificado de registro antes de la fecha de la retirada, debiendo efectuarse en estos casos un análisis individualizado de su situación de conformidad con el procedimiento del artículo 4 del presente real decreto-ley.

3. La residencia en España antes de la fecha de retirada se acreditará, en el caso de nacionales de terceros países que reúnan la condición de familiares de un nacional del Reino Unido residente en España:
a) Mediante la verificación de que cuenta con la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, obtenida con anterioridad a la fecha de retirada.
b) Mediante cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, en caso de que no haya obtenido dicha tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión antes de la fecha de la retirada, debiendo efectuarse en estos casos un análisis individualizado de su situación de conformidad con el procedimiento del artículo 4 del presente real decreto-ley.

Artículo 4. Documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España y de sus familiares.

1. Los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada, así como sus familiares, estarán obligados a solicitar la documentación correspondiente a su nueva condición, de conformidad con los trámites que establezcan las instrucciones aprobadas a tal fin por el Consejo de Ministros al amparo de la disposición adicional primera, apartado cuarto, del Reglamento de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por la que se regulan los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Estas instrucciones serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La solicitud para obtener esta documentación deberá presentarse en el plazo de veintiún meses desde la retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Durante este plazo la residencia en España de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de sus familiares seguirá siendo legal hasta que se resuelva su solicitud. Los certificados de registro y las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión a que se refiere el artículo anterior seguirán siendo válidos, mientras no sean sustituidos por los nuevos documentos o vean agotada su vigencia, y acreditarán la situación de residencia legal en España.
3. Si el nacional del Reino Unido, o su familiar, ya contase con un certificado de registro previo o con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, la solicitud se dirigirá a la unidad que se determine en las instrucciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo, que sustituirá dicho certificado o tarjeta por una tarjeta de identidad de extranjero.
4. En caso de que no contase con un certificado de registro previo o con una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, la solicitud, junto con la documentación que se prevea en las instrucciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo, se dirigirá a la unidad que se determine en dichas instrucciones. Una vez que esta resuelva sobre la autorización, se deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, cuya expedición y entrega corresponde a la Dirección General de la Policía, en los lugares que se habiliten al efecto en las instrucciones que aprobará el Consejo de Ministros.
5. En este procedimiento de documentación se tendrán en cuenta, en los términos previstos en las citadas instrucciones, los periodos de residencia previos en España, así como, en su caso, el supuesto de residencia en el que se encuentre el interesado, de entre los previstos en los artículos 7.1 y 10 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

Artículo 5. Acceso a la residencia de larga duración.

1. Los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y los miembros de su familia podrán obtener una autorización de residencia de larga duración cuando hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante, al menos, cinco años.
Los tiempos de residencia en España en su condición de ciudadanos de la Unión o de familiar de ciudadano de la Unión se computarán en el cálculo de estos cinco años.
La continuidad en la residencia, así como el procedimiento para la obtención de esta autorización, se ajustarán a lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, por la que se regulan los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el capítulo primero del título VI del Reglamento de dicha Ley Orgánica.

2. No obstante, en el caso de nacionales del Reino Unido que hubieran obtenido, antes de la fecha de retirada, un certificado de registro permanente, así como en el caso de nacionales de terceros países, miembros de la familia de un nacional del Reino Unido, que hubieran obtenido, antes de la fecha de retirada, una tarjeta permanente de familiar de ciudadano de la Unión, deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero residente de larga duración, cuya expedición y entrega corresponde a la Dirección General de la Policía, en los lugares que se habiliten al efecto. En el momento de su solicitud deberá aportar la siguiente documentación:

a) Pasaporte completo en vigor.
b) Impreso acreditativo del abono de la tasa correspondiente.
c) Una fotografía, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normativa sobre documento nacional de identidad.
En estos casos, se presumirá el cumplimiento del requisito de una residencia legal y continuada de, al menos, cinco años.


Más información

Enviado el: 04-03-2019