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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( 201/2016) DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 ( BOE DE 9 DE ENERO DE 2017) .EN LAS EXPULSIONES VÍA ARTICULO 57.2 DEBEN PONDERARSE LAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES Y DE ARRAIGO. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL

Sala Segunda. Sentencia 201/2016, de 28 de noviembre de 2016. Recurso de amparo 201-2016. Promovido por don Abdelmajij Bilal, en calidad de tutor legal de don Z.B., en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona que acordaron la salida del territorio nacional, y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona que desestimaron su impugnación. Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).

(...)

4. Sentado, pues, que la ponderación de las circunstancias personales y familiares del recurrente era necesaria al margen de la concreta naturaleza jurídica de la medida de expulsión adoptada, resta por examinar si dicha ponderación fue adecuadamente abordada en las resoluciones impugnadas.

(i) De un lado, las resoluciones dictadas por la Administración contienen, en realidad, una mera apariencia de motivación, pues recurren a fórmulas estereotipadas, idóneas por su generalidad para ser aplicadas a todo tipo de supuestos de hecho. En este sentido, hemos tomado como paradigma de resolución que no aborda una verdadera ponderación aquella que se limita a incluir una motivación estereotipada, inadecuada, por definición, para plasmar las circunstancias particulares propias de un caso concreto (SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 5; 2/1997, de 13 de enero, FJ 4, y 226/2015, de 2 de noviembre, FJ 4). En el presente supuesto, el recurrente no solo había puesto de manifiesto circunstancias personales y familiares determinantes de un singular arraigo en España (y que evidenciaban asimismo la falta de vínculos con el país de origen); también había introducido en el acervo probatorio elementos indicativos de una situación de especial vulnerabilidad, pues alegaba que había sido judicialmente incapacitado por razón de su enfermedad mental, lo que le hacía depender enteramente del auxilio de su tutor, su hermano, con quien convive en nuestro país.

Sin embargo, ni esta ni ninguna otra de las singularidades del asunto fueron específicamente valoradas por las resoluciones administrativas dictadas, que dedican a las circunstancias del actor cláusulas desestimatorias puramente formularias, inhábiles por sí mismas para expresar una auténtica ponderación ad casum.
Las resoluciones administrativas impugnadas no cumplieron, por tanto, con el deber de motivación que, en el supuesto planteado, pesaba sobre la Administración.

(ii) Por su parte, y como ya se ha señalado, las resoluciones judiciales omitieron, por las razones ya expresadas, toda motivación relativa a las circunstancias personales y familiares del recurrente, en la consideración de que la expulsión acordada no tenía naturaleza sancionadora. Sin embargo, como ya hemos señalado, esa calificación jurídica del art. 57.2 LOEX no eximía de ponderar las circunstancias del recurrente. De este modo, el incumplimiento del deber de motivación verificado en sede administrativa se convirtió, ya en sede judicial, en verdadera lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), imputable tanto a la resolución del Juzgado de lo Contencioso como a la Sentencia de apelación.

Puede, por tanto, concluirse, como en la STC 46/2014, de 7 de abril (FJ 7), que ciertamente «las resoluciones administrativas que no tienen carácter sancionador, como son las impugnadas en este caso, no pueden vulnerar el art. 24 CE» pero que «sí lo han hecho en el presente supuesto los órganos judiciales que en su labor de fiscalización de los actos administrativos recurridos se han opuesto a la ponderación de las circunstancias personales del recurrente bajo una interpretación de la norma que no respeta el canon constitucional de motivación del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, las Sentencias también impugnadas en esta sede, se han limitado a confirmar las resoluciones administrativas sin ponderar las especiales circunstancias personales del demandante de amparo, cuando la norma legal aplicable consentía una interpretación que hubiera permitido tal ponderación».

FUENTE : BOE
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Enviado el: 10-01-2017

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2016. EL PASAPORTE ES DOCUMENTO VALIDO PARA RELACIONARSE CON LA ADMINISTRACIÓN , SIN NECESIDAD DE ACREDITAR LA RESIDENCIA LEGAL ( NIE ) . REGISTRO DE PAREJAS DE HECHOS

ROJ: STS 5440/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5440
Nº Sentencia: 2663/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 5
Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY 
Nº Recurso: 1696/2015 -- Fecha: 19/12/2016
Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Inscripción en Registro por encontrarse conviviendo como tal unión de hecho


Pues bien, centrado el debate en la forma expuesta es indudable que a los extranjeros, a quienes se reconocen los derechos del Título I de la Constitución (artículo 3 de la Ley Orgánica de 2000), es previsible que deba intervenir en procedimiento administrativos o incluso jurisdiccionales sin que esté en condiciones de obtener la TIE, porque no puede olvidarse que el artículo 24 de la Ley reconoce a los extranjeros, sin condición alguna, intervenir en la tramitación de los procedimientos administrativo con la " garantías previstas en la legislación general ", lo cual quebraría si se exigiera la acreditación de la personalidad con la exigencia de la TIE, porque en tanto no se pudiera obtener ésta quedaría ineficaz el derecho que se reconoce. Los extranjeros pueden estar interesados en procedimientos ante las autoridades españolas, como sería el de solicitar la residencia, antes de obtener esa documentación, intervención que, de interpretarse los preceptos reglamentarios en la forma pretendida por la Administración recurrente, quedarían frustradas. Incluso es de señalar que dándose en el caso de autos la peculiaridad de que uno de los solicitantes de la inscripción es residente con TIE, comportaría la posibilidad de que pudiera instar el reagrupamiento familiar que autoriza el artículo 17 de la Ley Orgánica, en cuanto la norma autonómica no impone condición alguna a la convivencia previa a la inscripción; en tanto que no podría obtener la inscripción que sería presupuesto de esa posibilidad

Así pues, hemos de concluir que en modo alguno la sentencia de instancia vulnera lo establecido en los artículos 100 y 101 del Reglamento de la Ley de Extranjería , en cuanto dichos preceptos no imponen necesariamente que, en todo caso, las solicitudes de los extranjeros ante cualquier Administración Pública española requiera necesariamente la posesión de la TIE, único supuesto en que nos sería dable pronunciarnos sobre la pretendida nulidad del acto que se revisa en la instancia y que la Sala territorial, al interpretar el precepto reglamentario autonómico, no vulneró lo establecido en aquellos preceptos de naturaleza estatal.
Y es que, como hemos declarado en nuestra reciente sentencia 2370/2016, de 7 de noviembre (RC 2024/2015 ): " Como resulta de la lectura de los preceptos estatales transcritos, en especial del artículo 100.1, la identidad del extranjero en España se acredita con la documentación con la que hubiera entrado en nuestro país, expedido por las autoridades de su país de origen o de procedencia. Así viene a reconocerlo la propia Administración autonómica cuando, entre las alegaciones formuladas en el escrito de interposición del recurso de casación, sostiene que en el caso de ciudadanos extracomunitarios, cual es el caso, el único documento válido para acreditar la identidad es el pasaporte expedido por el Estado del que es nacional.

En consecuencia, aportado el pasaporte por el recurrente, cae por su base el motivo casacional, con independencia de que el artículo 100.2 contemple, para finalidad distinta a la inscripción pretendida, el número de identidad del extranjero como identificador del mismo en todos los documentos que se le expidan o tramiten, incluidas las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo."


FUENTE CENDOJ

Enviado el: 03-01-2017

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19/12/2016 . DENEGACIÓN DE ASILO , CONCESIÓN DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA , TESTIGO PROTEGIDO EN VÍA PENAL Y CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEL 127 DEL RD 557/2001

ROJ: STS 5515/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5515
Nº Sentencia: 2657/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: PEDRO JOSE YAGÜE GIL
Nº Recurso: 1593/2016 -- Fecha: 19/12/2016
Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Asilo. Denegación. Concesión de protección subsidiaria. Ruanda. Testigo protegido en la vía penal.


a) La Sala de instancia no ha concedido la protección subsidiaria por el hecho de que el interesado sea un testigo protegido. Se lo ha concedido porque ese hecho revela que no puede descartarse el riesgo de amenazas graves, lo que es distinto. Y el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Extranjería aprobado  por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, nada dice en contrario, porque ese precepto se refiere a supuesto distinto al de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos; se refiere, en concreto, a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad nacional o interés público; pero esa colaboración no tiene por qué conllevar
"un peligro grave para la persona, la libertad o los bienes" , que es lo que constituye la base para que una persona sea declarada testigo protegido. Se trata, por lo tanto, de supuestos conceptualmente distintos, por más que en la realidad cotidiana
puedan presentarse entremezclados.

b) En cuanto al informe del ACNUR, es cierto que no dice que la condición de testigo protegido conlleve necesariamente que este se encuentre en necesidad de protección, y también lo es que se limita a decir que esa circunstancia se tenga en cuenta, pero lo cierto es que la Sala se ha limitado justamente a eso, a tener en cuenta tal circunstancia y valorarla adecuadamente; la Sala en ningún pasaje dice que los testigos protegidos tengan derecho, por ese sólo hecho, a la protección subsidiaria regulada en la Ley 12/2009, de Protección Internacional.

Pues bien, a la vista de estos hechos, y aplicándoles las máximas de la experiencia, la Sala de instancia ha llegado a la conclusión de que no puede ser descartado el riesgo de amenazas graves para la vida o la integridad del interesado, y por ello le ha concedido la protección subsidiaria. Esta operación de valoración de hechos y de interpretación de los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009 , la juzga acertada esta Sala del Tribunal Supremo, y por ello el primer motivo de casación debe ser rechazado.

FUENTE : CENDOJ

Enviado el: 03-01-2017

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMPO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016. EXPULSIÓN , NUEVO RÉGIMEN LEGAL , TRAS LA REFORMA OPERADA EN EL ARTÍCULO 89 POR LA LO 1/2015

ROJ: STS 5503/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5503
Nº Sentencia: 927/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº Recurso: 10458/2016 -- Fecha: 14/12/2016
Tipo Resolución: Sentencia

Resumen: Expulsión, nuevo régimen legal. Tras la reforma operada en el artículo 89 por la LO 1/2015, se prevé la sustitución por expulsión de todas las penas superiores a un año de prisión impuestas a extranjeros, aunque su estancia en España no sea ilegal. Admite el precepto modular la medida y compatibilizarla con un cumplimiento parcial de la pena, que no podrá ser superior a los dos tercios de la misma, "cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito", e impone en todo caso la sustitución del resto de la pena cuando se haya accedido al tercer grado o se le haya concedido la libertad condicional. Los patrones normativos que permiten ahora excepcionar la inmediata expulsión en el caso de condenas superiores a un año de prisión, la defensa del orden jurídico y el restablecimiento de la confianza en la vigencia de la norma infringida, aglutinan aspectos que ya habían sido puestos de relieve por esta Sala. Especialmente la necesidad de compaginar la medida con los fines de proceso penal y las exigencias preventivo generales (confirmación de las normas que imponen el respeto a los bienes jurídicos tutelados y la desincentivación de conductas delictivas) y con el favorecimiento de la prevención especial (evitar la reiteración en el delito y procurar la reinserción social). En línea con ello se han apuntado como criterios a tomar en consideración a estos efectos, el de la gravedad y entidad del delito, su forma de ejecución o los motivos del acusado y los objetivos que pretendía con la conducta delictiva. Todo ello con el fin de evitar que la expulsión, por su lenidad, pueda frustrar los fines de prevención general y especial de la pena prevista por el legislador para cada caso, que de esta manera dejaría de cumplir sus funciones en un grado no permisible por el ordenamiento jurídico. Cuando, como en este caso, la sustitución de la pena por la expulsión se plantea para supuestos de tráfico de cantidades intermedias de cocaína muy próximas a la notoria importancia, excluiría el efecto coercitivo y disuasorio de la norma penal, ya que los ciudadanos procedentes de países donde se produce o se comercializa tal sustancia, adquirirían la convicción de que tienen una especie de licencia para la comisión de acciones delictivas de esa naturaleza al irrogárseles como única consecuencia negativa la devolución a su país de origen. Tal situación de impunidad desactivaría los fines de prevención general y especial de las penas previstas por el legislador. La Sala sentenciadora supeditó la expulsión al cumplimiento de la mitad de la pena. En la opción más ventajosa para el acusado se le intervinieron 742,31 gramos puros de cocaína. Razonó a la hora de individualizar la pena, que concretaba ésta "atendiendo a la gran cantidad de sustancias intervenidas y a su pureza, de lo que se deduce además la importancia del acto de tráfico"(fundamento cuarto). Argumento que, aunque no se reprodujera expresamente, presidió también la decisión adoptada en el párrafo siguiente del mismo fundamento, al concretar las condiciones en las que había de operar la sustitución de esa pena por expulsión, con un alcance más restrictivo que la petición del Fiscal. Las sentencias integran un todo, por lo que lo decidido respecto a las condiciones de cumplimiento de una pena, no puede desvincularse de lo especificado a la hora de individualizar la misma. De ahí que debamos rechazar la denunciada falta de motivación y cualquier tipo de indefensión vinculada a la misma. Alcance del artículo 55.3 CP. Con el fin de unificar distintas interpretaciones del citado precepto, el Pleno no jurisdiccional de esta Sala 2ª de 1 de marzo de 2005 acordó: "La responsabilidad personal subsidiaria de la pena de multa debe sumarse a la pena privativa de libertad a los efectos del límite del art. 53 CP". El sentido de tal acuerdo, que mantiene toda su vigencia, fue el de, frente a una interpretación literal o estrictamente formal del mencionado precepto, dar prevalencia al espíritu y finalidad de la norma, y ante la distorsión provocadora de agravios comparativos (art. 14 CE) acudir al que, en el plano hermeneútico, resulta el más respetuoso con el principio de proporcionalidad de las penas y de culpabilidad. Agravios que se producirían si el condenado a 5 años y 1 día estuviera exento del arresto sustitutorio y el condenado a 5 años o menos tuviera que cumplir aunque ello implicara rebasar los 5 años.


FUENTE : CENDOJ

Enviado el: 03-01-2017

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. LA EMPRESA DEBE INDEMNIZAR A UN TRABAJADOR EXTRANJERO QUE LO DESPIDE TRAS NO PODER RENOVAR SU AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO

Roj: STS 5350/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5350
Id Cendoj: 28079140012016100913
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1341/2015
Nº de Resolución: 955/2016
Procedimiento: Auto de aclaración
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Tipo de Resolución: Sentencia
SENTENCIA
En Madrid, a 16 de noviembre de 2016

(...)

5. La utilización del apartado b) del art. 49.1 ET para poner fin al contrato no resulta ajustada a derecho. En el caso concreto, bastaría con poner de relieve la nula mención al respecto en el contrato de trabajo tanto de la trabajadora demandante (tampoco aparecía esa expresión en el supuesto de la sentencia de contraste). Pero hemos de ir más allá en nuestras consideraciones pues, en todo caso no sería admisible que las partes del contrato previeran como causa válida de extinción del mismo el acaecimiento sobrevenido de una circunstancia atinente a la propia capacidad negocial de la parte trabajadora, la cual puede encajar en el apartado l) del mencionado art. 49 ET y, en suma, guarda visos de completa similitud con las que se prevén en el indicado art. 52 ET. 

El precepto legal sólo permite que las partes del contrato de trabajo puedan pactar causas de resolución del contrato distintas a las previstas por la ley. Además, resultaría cláusula abusiva aquélla que se apoyara en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador. No cabe duda de que la pérdida de la autorización para trabajar en España imposibilita la continuación del contrato de trabajo del extranjero. Tampoco puede negarse que estamos ante un supuesto en que la causa de la finalización del mismo es ajena a la empresa. Sin embargo, nuestro legislador ha querido dotar de un determinado marco de protección a los trabajadores cuyo contrato se extingue por la concurrencia de una causa legal y, como ya hemos expresado, los contornos de esa protección deben garantizarse también a los trabajadores extranjeros aun cuando carezcan de autorización para prestar servicios en España pero, pese a ello, los han venido prestando efectivamente.

6. La congruencia con la doctrina que hemos venido construyendo desde la entrada en vigor de la LO 4/2000 nos ha de llevar a compartir la solución adoptada por la sentencia recurrida.

Enviado el: 03-01-2017

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DICIEMBRE 2016 . DENEGACIÓN DE DERECHO DE ASILO Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA . LA MINORÍA DE EDAD PUESTA EN TELA DE JUICIO

ROJ: STS 5307/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5307
Nº Sentencia: 2568/2016 Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Nº Recurso: 3083/2014 -- Fecha: 09/12/2016
Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: DENEGACIÓN DE DERECHO DE ASILO Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. Nigeria.

Dª. Clemencia (Nigeria), solicitó asilo en España, afirmando: <<Sus padres murieron cuando ella tenía 10 años y su hermano 8. A la muerte de sus padres, ella fue acogida por su tía materna llamada Belinda y su hermano pequeño se quedó con la abuela materna viviendo en casa de los padres. Los cinco años que estuvo viviendo con su tía no pudo seguir con sus estudios porque tenia que ayudarle en el trabajo de casa.

Cuando cumplió 15 años, el cuñado de su tía la violó y esto hizo que ellas se fuera de casa durante una semana en la que estuvo deambulando por las calles. Luego volvió a casa de su tía con la intención de coger  su ropa, y éste le dijo que le tenían que hacer la ablación, a lo que ella se negó porque sabía que muchas chicas morían cuando se les realizaba esta práctica. También le dijo que tenía que casarse con su cuñado pero ella se negó porque decía que era muy joven u quería continuar con sus estudios, a lo que su tía le contestó que no habría ningún problema porque después de casada podría continuar estudiando.
Toda esta serie de acontecimientos le entristecían mucho y lo único que se le ocurrió fue irse de casa de su tía para vivir con su abuela y su hermano. Un día, estando en la calle llorando se le acercó un hombre llamado Juan Pedro , y le preguntó cuál era su problema; ella se sinceró con él y le contó su vida. Él la consoló y le dijo que no se preocupara porque iba a ayudarla a salir de aquel ambiente y del país para rehacer su vida en un lugar mejor. Una vez en Agadesh, le obligó a prostituirse; después de tres semanas de estancia en aquella ciudad prosiguieron los dos el viaje hasta Marruecos, y después de embarcarla para que llegase a Ceuta él -según ella- volvió a Nigeria. Dice que ha venido a España porque quiere estudiar para poder conseguir un buen trabajo y establecerse en nuestro país y también para poder ayudar a su hermano pequeño, que se ha quedado en casa>>.
En el expediente figura como fecha de nacimiento el NUM001 de 1993 por lo que, según ese dato, tendría 18 años cumplidos al momento de la solicitud y el día de su entrada en España, 3 de octubre de 2011


CUARTO .- Sobre el motivo séptimo, relativo a la alegación de minoría de edad.

En el séptimo motivo la recurrente alega la vulneración del artículo 48 de la Ley de asilo en la medida en que no se le han reconocido las garantías suplementarias previstas por la ley en razón de su menor edad en el momento de solicitar el asilo.
El motivo ha de ser también desestimado, ya que la Sala explica, en relación con la alegación de minoría de edad, respecto a la que la solicitante aportó un certificado de nacimiento, que fue sometida a un análisis forense con plenas garantías y que se llegó a la conclusión de que en octubre de 1993, momento en que entra en Ceuta y solicita el asilo, era mayor de 18 años. No es cierto, sin embargo, que la Sala de instancia no pudiera entrar en la cuestión de su menor edad, como se afirma erróneamente en el fundamento jurídico tercero, aunque por las circunstancias de hecho recogidas en el mismo, es razonable que la Sala asuma que la recurrente era mayor de edad en el momento de solicitar el asilo

Enviado el: 21-12-2016

AUTO DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINSTRATIVO DE IRUÑA /PAMPLONA DE 2 DICIEMBRE DE 2016 . PLANTEANDO CUESTIÓN PREJUDICIAL AL TJUE SOBRE SOBRE LA ADECUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN A RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN CON DEL ARTÍCULO 12 DE LA DIRECTIVA 2003/109/CE

ROJ: AJCA 15/2016 - ECLI:ES:JCA:2016:15A
Tipo Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo
 Municipio: Pamplona/Iruña -- Sección: 1
 Nº Recurso: 279/2015 -- Fecha: 02/12/2016
 Tipo Resolución: Auto 


PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial:

1.- El artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo , de 25 de noviembre, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, ¿debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la considerada en el pleito principal, y la jurisprudencia que la interpreta, que no prevé la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un ciudadano extranjero residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma, sino que limita el ámbito de aplicación de tales requisitos solamente a una concreta modalidad de expulsión? Acuerdo la suspensión del presente procedimiento hasta que quede resuelta la cuestión prejudicial anterior planteada TJUE.

Remítase testimonio de la presente resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a la "Secretaría del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, L-2925 Luxemburgo", y copia simple de la misma al Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial -Fax: 91 7006 350- (REDUE Red del CGPJ de Expertos en Derecho de la Unión Europea).

Notifíquese este auto a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así lo acuerdo, mando y firmo; Daniel Rodríguez Antúnez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Pamplona.
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Enviado el: 20-12-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016. REITERA JURISPRUDENCIA : " NO TIENE CONDICIÓN DE INDOCUMENTADO QUIEN POSEA PASAPORTE EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES DE SU PAÍS DE ORIGEN , ACREDITANDO SU MINORIA DE EDAD

ROJ: STS 5227/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5227
Nº Sentencia: 720/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Municipio: Madrid -- Sección: 1
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
Nº Recurso: 2213/2014 -- Fecha: 01/12/2016
Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: OPOSICIÓN A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES-"EXTRANJERO INDOCUMENTADO CUYA MINORÍA DE EDAD NO PUEDA SER ESTABLECIDA CON SEGURIDAD": No tiene la condición de indocumentado quien posea pasaporte expedido por las autoridades de su país de origen (Senegal) acreditando su minoría de edad.
 
Puesto que de los hechos probados se desprende que el hoy recurrente contaba con pasaporte válido de la República de Senegal cuando se presentó en dependencias policiales, según el cual era menor de edad, resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por las sentencias de Pleno de esta sala 452/2014, de 23 de septiembre y 453/2014, de 24 de septiembre , reiterada en interés casacional por las más recientes sentencias 11/2015, de 16 de enero , 13/2015, de 16 de enero , 318/2015, de 22 de mayo , 320/2015, de 22 de mayo , 319/2015, de 23 de mayo , 368/2015, de 18 de junio , 411/2015, de 3 de julio y 507/2015, de 22 de septiembre , cuya aplicación al presente caso determina, sin necesidad de más razonamientos que los que en ellas se exponen, la estimación del recurso.

TERCERO.- La estimación del recurso determina que se case la sentencia recurrida y se confirme el fallo estimatorio de la demanda contenido en la sentencia de primera instancia en el sentido antes apuntado de que cuando se dictó la resolución administrativa cuestionada (20 de agosto de 2012) el recurrente era
menor de edad, lo que le otorgaba derecho a quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados.
Se reitera como doctrina jurisprudencial la siguiente:

«El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales
pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad».

Enviado el: 20-12-2016

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 . CONFIRMA DENEGACIÓN A PAKISTANÍ CON 13 AÑOS DE RESIDENCIA , 6 AÑOS COTIZADOS , UNA PROPIEDAD , SIN LA OBJECIÓN DE LA MUJER , POR NO CONTESTAR PREGUNTAS SOBRE RIOS DE ESPAÑA Y PARA QUE SIRVEN LAS ELECCIONES


ROJ: SAN 4308/2016 - ECLI:ES:AN:2016:4308
Nº Sentencia: 709/2016
Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Nº Recurso: 1912/2014 -- Fecha: 24/11/2016
Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: DENEGACION NACIONALIDAD ESPAÑOLA


QUINTO.- Hemos de examinar, por tanto, los datos que obran en el expediente con objeto de verificar si se desprende integración o no. Así, resulta de estos que el interesado, nacional de Pakistán, solicitó con fecha 5 de septiembre de 2011 la nacionalidad española por residencia durante 10 años continuados en España. Acredita residencia legal desde el 21 de marzo de 2001 y que cuenta con autorización de residencia permanente desde el 21 de marzo de 2006, con validez indefinida.

Carece de antecedentes penales en su país de origen y en España; se encuentra empadronado con otros extranjeros en El Vendrell, ha cotizado a la Seguridad Social durante 6 años y 25 días siendo perceptor del subsidio por desempleo(informe de vida laboral de 16 de marzo de 2011). Cumple con sus obligaciones fiscales, conforme consta en su declaración de la renta del ejercicio 2010, de la que resulta que figura como propietario de una vivienda.

Entre los documentos aportados obran los certificados de nacimiento y matrimonio del solicitante y de sus hijos, y declaración jurada de la esposa de 17/5/2011 hecha en Gujrat -Pakistán- en la que no opone objeción a la petición de nacionalidad del esposo.

En la declaración prestada ante Encargado del Registro Civil de El Vendrell manifiesta que su familia reside en Pakistán. Se hace constar que sabe leer con cierta dificultad y que no sabe escribir; manifiesta que no sabe catalán. Contesta a las preguntas que le fueron realizadas, señalando que conoce la festividad de Navidad en Diciembre, que España es una democracia, cómo es la bandera española, que las elecciones son cada 4 años, que estudió nueve años en su país, y sabe que Picasso es un pintor. No supo responder, porque no entendía las preguntas para que sirven las elecciones o enumerar un río; tampoco supo contestar preguntas referentes a la organización territorial y administrativa, a los derechos constitucionales más allá del derecho al trabajo, festividades señaladas, que es la Constitución o cómo es la bandera catalana. De ahí que el Encargado concluya que no está adaptado al modo y estilo de vida española, y en el mismo sentido se pronuncia el Ministerio Fiscal en su Informe, oponiéndose a la concesión de la nacionalidad.

El informe de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de 28 de octubre de 2012, señala los datos de identidad del interesado, y sostiene que tiene ausencia de entre 3 y 6 meses.

SEXTO.- Del contenido del expediente, que ha sido expuesto sintéticamente, se desprende que el interesado ha residido en España durante un prolongado periodo de tiempo, con una vinculación laboral, pero no ha acreditado integración suficiente ni arraigo familiar. No puede constatarse "una verdadera intención de integración en la sociedad occidental a cuya nacionalidad aspira" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 28 Noviembre 2011, Rec. 804/2010 ). Si bien es cierto que existe un arraigo laboral, y una larga estancia en nuestro país, la misma no aparece acompañada de un conocimiento adecuado de la sociedad, ni de la asunción de la cultura, sin lo cual no cabe la concesión de la nacionalidad (En el mismo sentido, Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 4 Junio 2014; rec. 224/2013 ; Sentencia de 26 Noviembre 2013, rec. 4/2013 ; Sentencia de 16 Octubre 2014, Rec. 1459/2013 ).

El cuestionario de preguntas realizado, que abarca aspectos como el conocimiento del idioma, de las instituciones políticas, los derechos y principios básicos en los que se asienta nuestra sociedad, y elementos culturales o tradicionales propios, revela que tales aspectos son conocidos de forma muy somera o parcial. A la vez se detallan ausencias del territorio y falta de arraigo del núcleo familiar. Por ello no puede considerarse que la resolución impugnada se encuentre inmotivada, toda vez que la misma da razón del fundamento de la decisión, apoyándose en la apreciación del Encargado, y en suma en el acta de audiencia, de la que queda constancia en el expediente. Esta es la que ayuda a justificar la opinión manifestada por el Encargado del Registro Civil, posibilitando verificar si la valoración efectuada es adecuada y proporcionada ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 12 Febrero 2014, rec. 334/2013 ; Sentencia de 16 Enero 2014, rec. 497/2013 ; Sentencia de 16 Junio 2014, rec. 1251/2013 ) y justifica la decisión.

Enviado el: 09-12-2016