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SENTENCIA DEL TSJ GALICIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 . CONCEDE ARRAIGO SOCIAL CON ANTECEDENTES PENALES PORQUE NO SE ADUJO EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD Y EN LA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA

Sede: Coruña (A) Sección: 1 Fecha: 25/09/2019 Nº de Recurso: 32/2019 Nº de Resolución: 413/2019

TERCERO : Procedencia de otorgamiento de la autorización de residencia solicitada en base al  artículo 124.2 del RD 557/2011 y de la revocación de la orden de expulsión.De lo anteriormente argumentado se deriva que no cabe denegar la autorización de residencia por la concurrencia de antecedentes penales, pues se trata de un requisito del artículo 124.2 del RD 577/2011 que la Administración no tuvo en cuenta, y que, como hemos visto, la Abogacía del Estado esgrimió en esta vía jurisdiccional para completar la fundamentación de la resolución administrativa impugnada, lo cual resulta improcedente, de modo que, una vez que ha quedado acreditado que el demandante cumplía la exigencia de permanencia continuada en España durante los tres años anteriores a la solicitud deducida, procede revocar la sentencia de primera instancia y otorgar la postulada autorización. En el suplico de la demanda se solicitaba también que se revocase la orden de expulsión que se había dictado en resolución de 7 de septiembre de 2017 por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, con prohibición de entrada durante tres años, con amparo en lo previsto en el artículo 241.2 del RD 557/2011 . Dicho precepto establece: " Cuando en el marco de un procedimiento relativo a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales de las previstas en los artículos 31bis , 59 , 59bis o 68.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , se comprobase que consta contra el solicitante una medida de expulsión no ejecutada por concurrencia de una infracción de las previstas en las letras a ) y b) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , ésta será revocada siempre que del análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales ". En consecuencia, también procede la revocación de la mencionada orden de expulsión.

FUENTE : Consejo General del Poder Jucial ( Cendoj )

Enviado el: 27-10-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CONCEDE ARRAIGO SOCIAL . NO SE ACREDITA EN EL EXPEDIENTE QUE EL EMPRESARIO NO CUENTE CON MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA HACER FRENE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Murcia Sección: 2 Fecha: 23/09/2019 Nº de Recurso: 92/2019 Nº de Resolución: 494/2019

TERCERO.-  Por lo que se refiere a la capacidad económica de la empresa contratante, en nuestro caso se deniega la autorización solicitada por considerar que el empleador/empresario no cuenta con los medios económicos suficientes para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo formalizado con el interesado atendiendo a que en la declaración del Impuesto de Sociedades, modelo 200, resulta que el cociente de dividir los activos por operaciones corrientes, 321.916,30 €, y los pasivos por operaciones corrientes 310.034,09 € (casillas 136 y 228), da un resultado de 1,04 inferior al valor de 1,5, que, dice la resolución, es el aceptado como indicativo de solvencia suficiente. Es cierto que se entiende en general que el ratio de liquidez es un indicador más de la capacidad que un negocio tiene para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo; si es mayor que uno, supone que el activo circulante es mayor que el pasivo corriente, lo cual es una señal de salud de la empresa, y en este caso es superior a 1.

Por lo que este dato, sin mayor concreción ni argumentación, no establece un criterio infalible para valorar la capacidad económica de la empresa para la contratación del trabajador.

No existe norma alguna, o al menos no es citada por la Delegación del Gobierno, que avale dicha manifestación.

Es más, en otras ocasiones, como ha podido examinar la Sala en otros recursos de apelación, se ha tenido en cuenta tan solo la casilla 500 del modelo de declaración del Impuesto de Sociedades.

La sentencia recurrida desestima el recurso por considerar que la prueba practicada no desvirtúa las conclusiones alcanzadas por la Administración, y no examina el valor probatorio de la documental aportada por la parte actora.

Esta Sala no comparte estos razonamientos. Como vemos, se deniega la autorización solicitada únicamente en base a una simple operaciones aritméticas realizadas por la propia Administración con relación a ciertas casillas de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, de donde deriva, sin más explicación ni razonamiento científico o económico, que la sociedad contratante carece de la solvencia suficiente; sin tener en cuenta otros datos o circunstancias concurrentes, como son que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de las obligaciones de la Seguridad Social.

Además, consta un informe de inserción social y de arraigo del apelante elaborado por el Ayuntamiento donde consta que está insertado en su entorno utilizando los recursos existentes.

Por esta falta de motivación o justificación, el razonamiento expuesto en la resolución recurrida no puede estimarse suficiente para denegar la autorización de residencia. Por otro lado, de la documentación fiscal aportada se aprecia que la empresa tiene actividad económica y que el hecho de que no haya contratado a ningún trabajador desde el año 2015, no es motivo para negar que pueda realizar con garantías esta nueva contratación.

Enviado el: 27-10-2019

SENTENCIA DEL TSJ CASTILLA Y LEON ( SEDE VALLADOLID ) DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CONCEDE TFUE FAMILIAR COMUNITARIO PERMANENTE POR ACREDITAR QUE SIGUE A CARGO DEL NACIONAL ESPAÑOL

Fecha: 23/09/2019 Nº de Recurso: 233/2019 Nº de Resolución: 1074/2019

Así las cosas, el recurso de correr suerte estimatoria, ya que la cuestión suscitada se limita a determinar si la parte recurrente ha cumplido con la carga de acreditar que se encuentra "a cargo" de su madre. De la valoración de las pruebas practicadas teniendo en cuenta que el recurrente nacional de República Dominicana, nacido el  NUM000  de 1993, lleva viviendo en España desde el 30 de noviembre de 2012, está empadronado en el mismo domicilio de su madre en León, que sólo acredita ingresos económicos durante 10 meses en los dos años anteriores y recibir durante unos meses prestación por desempleo, que si bien era percibida al tiempo de presentar la solicitud (17,93 €/día) ya no la recibía en el momento del juicio, y teniendo en cuenta la testifical prestada por su madre en los autos, que ha manifestado que en todo el tiempo en que su hijo no ha tenido ingresos ha venido haciendo frente a las necesidades económicas de alimento y habitación de su hijo, así como las de ocio, hay que entender acreditado que concurre el presupuesto legal indicado pues, el haber trabajado algunos meses durante la época estival los dos años anteriores y percibir una prestación por desempleo no comporta que el recurrente haya adquirido una independencia económica que le permita no estar bajo el sustento de su progenitora; la situación actual del solicitante es la de desempleo por lo que no acreditando que disponga de medios económicos propios la única posibilidad de subsistir a sus necesidades es mediante el acogimiento y sustento de su progenitora. Por todo ello procede la estimación del recurso

Enviado el: 27-10-2019

SENTENCIA DEL TSJ CASTILLA Y LEÓN DE 20 SEPTIEMBRE DE 2019. NO AUTOMATISMO DE LA EXPULSIÓN DE RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN RELACIONADO CON EL ARTICULO 57.5 DE LA LOEX

 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Valladolid Sección: 2 Fecha: 20/09/2019 Nº de Recurso: 301/2018 Nº de Resolución: 1070/2019

TERCERO.- Pues bien, si el extranjero que ha sido condenado por una conducta dolosa que constituya en nuestro país "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados" (art. 57.2 LOEx), aun teniendo autorización de residencia de larga duración, puede ser objeto de expulsión, si bien valorando las circunstancias previstas en el art. 57.5 LOEx, es claro que también puede serlo el extranjero que no tenga autorización de residencia de larga duración, aunque se encuentre en el supuesto del último párrafo del número 5 del citado art. 57 LOEx, esto es, y por lo que aquí importa, que su cónyuge sea residente de larga duración y el expulsado que ha cometido el delito haya residido legalmente en España durante más de dos años, como aquí concurre.

La previsión que se contiene en ese párrafo, por lo que ahora interesa, de que "Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años... ", no supone que no pueda ser objeto de expulsión el extranjero cuando haya cometido un delito doloso al que la ley impone una pena mayor del año de privación de libertad, pues la comisión de un delito es mucho más grave que la comisión de una infracción administrativa como se dice en la sentencia de esta Sala de 25 de septiembre de 2015, a la que antes se ha hecho referencia. Ha de señalarse asimismo, frente a lo que se alega por la Abogacía del Estado en su escrito de oposición al recurso de apelación, que el "cónyuge", al que se refiere el último párrafo del art. 57.5 LOEx y al que no se puede imponer la sanción de expulsión, no es la persona que no ha cometido el delito, en este caso la esposa del recurrente Dª  Enriqueta , sino la que lo ha cometido -en este caso el aquí apelante-, y en la que concurran las circunstancias de haber residido legalmente en España durante más de dos años y que su "cónyuge" -en este caso, la citada Dª  Enriqueta - sea "residente de larga duración", que es una de las situaciones señaladas en el art. 57.5.b) a las que se remite, entre otras, el citado último párrafo de ese precepto, al referirse al "cónyuge que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente".

CUARTO.- Dicho lo anterior, tiene razón la parte apelante en su alegación de que para que fuera procedente su expulsión del territorio nacional no basta en este caso con la mera aplicación automática del art. 57.2 LOEx, pues era también necesario que la resolución administrativa que la acuerda hubiera tomado en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, así como su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado, circunstancias previstas en el art. 57.5.b) LOEx y que han de considerarse también aplicables cuando concurre, como aquí sucede, el supuesto previsto en el propio art. 57.5 en su último párrafo, lo que no se ha hecho en la resolución administrativa impugnada de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid de 19 de junio de 2017, que expresamente en su fundamento jurídico 3.d) considera inaplicable ese art. 57.5. Por ello, ha de estimarse el recurso de apelación y, con revocación de la sentencia de instancia que mantuvo la resolución administrativa impugnada, procede anular esa resolución. No está de más añadir que en el sentido antes expuesto, considerar que las circunstancias previstas en el art. 57.2.b) LOEx, que deben tomarse en consideración en la resolución administrativa que acuerda la expulsión del extranjero en relación con los residentes de larga duración, son también aplicables en el supuesto contemplado en el último párrafo del art. 57.5 LOEx, se ha pronunciado también la sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16 de enero de 2015 (apelación 156/2013).

Enviado el: 27-10-2019

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 30 SEPTIEMBRE DE 2019 . DENEGACION DE ARRAIGO FAMILIAR POR ANTECEDENTES PENALES POR VIOLENCIA DE GENERO.

Roj: STS 3060/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3060
Id Cendoj: 28079130052019100234 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 30/09/2019 Nº de Recurso: 7101/2018 Nº de Resolución: 1270/2019

QUINTO.- De acuerdo con la interpretación de las normas que se acaba de indicar y aun tomando en consideración los datos sobre el arraigo familiar que concurren en el interesado, es lo cierto que ni en las resoluciones administrativas ni en la sentencias impugnadas se ha llevado cabo una valoración de conjunto de las circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta el derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal como se enuncia en el artículo 7 de la Carta de Derechos, en relación con la obligación de atender al interés superior del niño, reconocido en el artículo 24, apartado 2, de la Carta, que puede determinar la denegación de la autorización por razones de orden público y la salvaguardia de la seguridad pública, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, del interés superior del niño y de los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia.

Pues bien, en este caso, aunque se hace constar el dato del empadronamiento, no se le da la relevancia que merece al hecho de que el interesado solo aparece empadronado en el domicilio familiar el 28 de marzo de 2016, menos de un mes antes de la solicitud de residencia por razones de arraigo, cuando el empadronamiento de los demás miembros de la familia se produjo en 2006 y 2008, lo que refleja la situación familiar en ese momento. Por otra parte, tampoco se valoran convenientemente los antecedentes penales, de 2013, por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, conductas que inciden directamente sobre el arraigo familiar y especialmente sobre la necesaria protección del menor contra cualquier forma de malos tratos (físicos, psíquicos, emocionales), y que el bien jurídico lesionado es objeto de especial protección por el ordenamiento jurídico español, mediante una legislación específica, en línea con las actuaciones sobre la materia desarrolladas en el ámbito europeo, que se reflejan en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, ratificado por España, en cuyo art. 1 señala como objetivos, entre otros, proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica; contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres; o concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
Añadiendo en art. 2 que el Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, incluyendo en el art. 3 las correspondientes definiciones. La preocupación por la protección de estos bienes jurídicos en el ámbito europeo se describe ampliamente en la resolución del Parlamento Europeo de 27 de octubre de 2017, sobre lucha sobre el acoso y abusos sexuales en la Unión Europea, que recoge las distintas actuaciones llevadas a cabo y alienta a continuar avanzando en las mismas.

Si esto ha de valorarse, como indicamos en la sentencia dictada en el recurso 6068/2018 , en los supuestos de expulsión de ciudadanos europeos, con mayor razón cuando el solicitante de la residencia es un nacional de un tercer estado que invoca como justificación de su derecho la situación de arraigo (padre de una menor española), que no resulta compatible con determinadas conductas delictivas que inciden negativamente en la situación de arraigo familiar, suponiendo una grave alteración de la convivencia familiar y con ello del ámbito en el que se desarrolla la vida del menor, y que han determinado la imposición de penas, como prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicación, que de hecho suponen la ruptura de la convivencia familiar. Todo lo cual adquiere mayor relevancia cuando se está invocando un derecho derivado de los derechos y protección del menor en su ámbito familiar.

Por todo ello procede estimar el recurso de casación y denegar la autorización temporal por arraigo familiar que se solicitó, casando la sentencia recurrida y dejando sin efecto la inicial del Juzgado lo Contencioso-Administrativo, con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Justo  contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Toledo de 18 de agosto de 2016, desestimatoria de reposición contra la de 20 de junio de 2016, que deniega la autorización de residencia por circunstancias excepcionales solicitada, que se confirman en cuanto a la desestimación de la solicitud formulada.



Enviado el: 26-10-2019

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 . CONCEDE EL ARRAIGO SOCIAL SIN CONTRATO CON LOS MEDIOS DE SU CÓNYUGE CON UNA PENSIÓN DE 786 EUROS .

Roj: STSJ MU 1882/2019 - ECLI: ES:TSJMU:2019:1882
Id Cendoj: 30030330022019100496 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Murcia Sección: 2 Fecha: 30/09/2019 Nº de Recurso: 1/2019 Nº de Resolución: 500/2019

De la anterior normativa se desprende que, para la obtención de una autorización de residencia por arraigo social, en caso de solicitarse aquella exención de la necesidad de contar con un contrato de trabajo, como es el caso que nos ocupa, se exige presentar "documentación acreditativa de contar con medios económicos suficientes o, en su caso, del cumplimiento de los requisitos previstos en relación con la actividad por cuenta propia" y, ello pudiera interpretarse en el sentido de acreditar, ya contar con aquellos medios económicos que se exigen para obtener una autorización de residencia temporal no lucrativa que contemplan los artículos 46 y 47 o, la del cumplimiento de los requisitos previstos en relación con la actividad por cuenta propia, a los que alude el artículo 64.1 por remisión del 105.3, para quienes pretende ejercer una actividad por cuenta propia.

En el caso que nos ocupa, consta aportado informe de arraigo social del Ayuntamiento de Jumilla en el que se expresa que reside con su esposo desde hacía nueve años y que sus medios de vida son los ingresos de su marido que es pensionista siendo perceptor de una pensión mensual de 786,90 €, sin que ella tuviera contrato de trabajo, concluyendo que el informe es favorable por haber quedado acreditado el tiempo exigido de permanencia en España y su marido es quien presenta medios de vida.

A continuación, ante la afirmación que se contiene en la resolución impugnada que la unidad familiar la forman no solo el matrimonio sino también cinco hijos, acompañó certificado de empadronamiento separado de éstos. En base a los ingresos del esposo, en la resolución impugnada, teniendo en cuenta que la unidad familiar está compuesta por siete miembros, el nivel de ingresos debería ser igual o mayor al 400 % del IPREM, al cual no alcanza el esposo de la recurrente.

El apelante rechaza que se le pudiera aplicar el artículo 54.1 el cual no es exigible al amparo de la letra del artículo 124 del Reglamento, más en este precepto se reclama que "cuenta con medios económicos suficientes", con lo que parece acertado tomar como parámetro el contemplado para la reagrupación familiar, supuesto al que se asemeja, por cuanto se pretende aquella autorización basándose en su permanencia en España y al vínculo conyugal con quien tiene autorización e ingresos propios.

La cuestión se circunscribe si debe tomarse como unidad familiar exclusivamente al esposo o también a los hijos de ambos residan o no en el mismo domicilio o de forma separada, a los efectos de computar los medios económicos de los que cuenta el esposo, máxime cuando nada consta acerca de la situación de los hijos, si tienen autorización de residencia por reagrupación familiar o no, o ésta es independiente de las de sus padres, teniendo ingresos propios.

Y ante situación expuesta y no constando que la residencia de los hijos la tuvieran por reagrupación familiar o fuera independiente únicamente computando a la esposa, que es la que aparece identificada únicamente en el informe del Ayuntamiento, cabrá entender que los ingresos del esposo son suficientes para mantener a la misma y proceda la estimación del recurso.
 

Enviado el: 26-10-2019

SENTENCIA DE LA AUDENCIA NACIONAL DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 . DENIEGA EL ASILO . RAZONES HUMANITARIAS

27/09/2019
Nº de Recurso: 700/2017

(...)

El Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de asilo, tras las modificaciones efectuadas por el Real Decreto 2393/2004, permite la permanencia en España bajo la forma de autorización de estancia a las personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y no cumplan los requisitos previstos en la Convención de Ginebra y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en las que se aprecie que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad; y a aquéllas otras personas en las que concurran razones humanitarias -que el Reglamento no especifica- distintas de las anteriores, siempre y cuando estén acreditadas en el expediente

Las razones humanitarias no se refieren a cualquier razón de tipo humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso.

Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con el disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que éstos tuvieran que volver a su país.

Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.

Como ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 2003, entre otras, " Nos encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la Administración pueda autorizar al extranjero en quien no concurran los requisitos del artículo 3.1 de la Ley a permanecer en España, confiriendo de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta del solicitante de asilo con un margen de discrecionalidad para resolver". En nuestro caso, no existen condiciones que permitan considerar que concurran alguna o algunas de las circunstancias a que se ha hecho referencia, de modo que carecería de fundamento la adopción de la medida interesada. 

Enviado el: 26-10-2019

SENTENCIA DEL TS DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS POR INMIGRACIÓN ILEGAL , EN CONCURSO REAL CON UN DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Nº de Resolución: 430/2019  Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal  Municipio: Madrid  Ponente: SUSANA POLO GARCIA  Nº Recurso: 10163/2019  Fecha: 27/09/2019  Tipo Resolución: Sentencia

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, en concurso real con un delito de trata de seres humanos con fines explotación sexual cometido por organización o asociación, y en concurso medial con un delito de prostitución coactiva. - Testimonios anónimos: publicidad, contradicción e igualdad de armas. Identificación: necesidad identidad conocida por las partes, no prueba única.

La citada testigo se ha pronunciado a lo largo del proceso en un sentido unívoco, no incurriendo en contradicciones, ni retractaciones, a lo que se une que es localizada, no porque directamente denuncie los hechos, sino gracias a la acción e investigación de la policía que ante la sospecha de que pudiera haber una menor en un burdel, efectúa una comprobación del mismo, identificando a esta testigo, a la cual es cierto que se le ofrece las ventajas que ofrece nuestra ley de extranjería, por su condición de víctima, pero no por ello el Tribunal le resta valor al citado testimonio "ya que la información que facilita permite localizar a la recurrente y a  Maite  , facilitando unos números de teléfono a través de los cuales, tras la averiguación de sus respectivos números IMEI, es posible interceptar sus conversación, las cuales permiten localizar a otra testigo (  NUM000 ) que ofrece un relato similar, como también la otra testigo (  NUM003  ) que surge igualmente gracias a aquel testimonio. El cual relata una mecánica de pagos entre ambas que corrobora la documentación bancaria intervenida, o cuanto menos supone un exponente de que es perfectamente creíble por ser acorde a lo en ella se refleja a pesar de la dificultad en identificar a los impositores.". Por otro lado, tiene en cuenta el Tribunal que la recurrente conoce a  Maite  , así como, que tal como recoge la sentencia en su declaración, también llego admitir haberse ofrecido a "ayudar" a esta testigo a venir a nuestro país desde Nigeria después de haber hablado sus respectivas familias, con lo que entiende la Sala que pretende justificar que su destino final, tal como igualmente manifiesta la testigo, fue su domicilio en Alicante, en el que permaneció durante un tiempo hasta que la puso a trabajar, no restando credibilidad a la testigo las manifestaciones de la Sra.  Virtudes  , la cual alude con total generalidad a la costumbre de entregar dinero, pero sin aportar ningún detalle útil y, además, afirmó que desconocía si había tenido alojada una chica que se dedicara a la prostitución, ni ninguna chica que le pagara, manifestaciones que no excluyen que ello pudiera existir. La valoración del Tribunal es lógica, siendo la prueba analizada suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

Enviado el: 26-10-2019

SENTENCIA DEL TSJ CASTILLA LEÓN. ARRAIGO FAMILIAR PREVIO AL INICIO DEL EXPEDIENTE DE EXPULSION POR EL 53.1 . REVOCA . TRAMITES PARA CASARSE

Fecha: 27/09/2019 Nº de Recurso: 172/2019 Nº de Resolución: 1115/2019


En definitiva conforme a la STJUE de 23 de abril de 2015, interpretando la Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, la sanción aplicable a los extranjeros cuando incurren en las conductas tipificadas como graves en el apartado a) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 es la de expulsión, que, no obstante, puede no llevarse a efecto cuando concurra alguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva retorno o, en su caso, en su art. 5, que determina la aplicación del principio de no devolución.


En el caso enjuiciado, concurre la excepción prevista en el art. 5 de la Directiva (la vida familiar, el arraigo familiar en nuestro ordenamiento), pues no puede negarse que este existe cuando desde el inicio del expediente de expulsión la recurrente pone de manifiesto y acredita que, al llegar a España con una carta de invitación el 17 de diciembre de 2015, vivió primero con una tía casada con un ciudadano español y en la actualidad con su novio don  Felipe  con el que en ese momento estaba tramitando su documentación para casarse, lo que ha hecho el 16 de agosto de 2018 y con el que ha suscrito un contrato de arrendamiento en Trebujana. Este caso, por ello, es diferente del caso contemplado en la sentencia de la Sala que cita la parte apelante pues en aquel el actor no hizo la menor alusión en sede administrativa de la persona con la que posteriormente se casó. Aquí el arraigo familiar es previo al inicio del expediente de expulsión.

Enviado el: 26-10-2019