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AUTO DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 3 DE AGOSTO DE 2017 . DENEGANDO MEDIDAS CAUTELARISIMAS A SOLICITANTE DE ASILO POR CONDICIÓN SEXUAL . LO SORPRENDENTE ES LA ASEVERACIÓN DE LOS MAGISTRADOS SOBRE EL NIE DEL SOLICITANTE ( SEGURAMENTE EXPEDIENTADO )
Roj: AAN 788/2017 - ECLI: ES:AN:2017:788A
Fecha: 03/08/2017
Nº de Recurso: 87/2017
Nº de Resolución: 230/2017
Ponente: ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO
Ha de tenerse presente que la solicitud de asilo se ha centrado, desde el inicio, en la supuesta condición sexual del recurrente (homosexualidad) con remisión la situación particularizada de dicho colectivo en el país del que dice ser de origen. A estos efectos no ha de olvidarse que el recurrente fue interceptado en una patera, junto con otros 94, el 7-7- 2017 careciendo de cualquier documentación personal de la que pudiera resultar su efectiva identidad y nacionalidad aunque, sorprendentemente, la Letrado actuante, en la presentación via lexnet, da un numero de NIE vinculado al actor ( NUM000 ) que de ser cierto permitiría concluir que en algún momento ha tenido una residencia legal en nuestro país lo que vendía a cuestionar aún más la verosimilitud del relato. En todo caso es un extremo que debería aclarar la parte actora.
A ello se une que la solicitud de protección internacional no se produce hasta el 24-7-2017 con lo que ni siquiera fue inmediata en el tiempo una vez el Sr. Isidoro se encontraba en territorio Español (el ingreso en el CIE fue autorizado judicialmente el 9-7-2017) lo que sería coherente con la innata condición con la que se viene a vincular. Además el parco relato ofrecido ni siquiera remite a hechos actuales pues el único incidente que se refiere centrado en la actuación policial represora de su supuesta condición homosexual se remonta a 2014.
Por otro lado los informes de ACNUR se centran en la generalidad del colectivo LGTB en Marruecos sin remisión al caso concreto del promotor. En este marco general y relación con la homosexualidad en Marruecos, la SAN (2ª) de 12-2-2017 (rec 373/2014 ) con remisión a la SAN (2ª) de 12 de enero de 2016 (Rec. 138/2015 ) indica que con relación a la homosexualidad existen <<" (...) ocho países musulmanes que castigan con la pena de muerte los actos homosexuales -Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunos Estados del norte de Nigeria--. En Malasia se castiga con 20 años de prisión. En Bangla Desh con 10 años de cárcel. En Siria y en Jordania con 5 años y en Marruecos, Túnez, Argelia, Irak y Kuwait con penas de hasta 3 años. En Indonesia no está prohibida. No obstante lo anterior, en algunos países musulmanes existe una
tolerancia de facto. Sería el caso de Marruecos. En Marruecos, la homosexualidad es delito desde 1972. Elart 489 del Código Pena lprevé, para quienes "cometan actos lascivos o antinaturales con un individuo del mismo sexo", penas de 6 meses a 3 años y multas de 11 a 110 €. Sin embargo, a pesar de existir el delito, la aplicación judicial del artículo ha sido muy escasa. Así, en los informes del Departamento de Estado de EEUU. Home Office, Human Rigths (HRW) ACNUR y Amnistía Internacional (AI) de 2008 no se han referencia a persecuciones de homosexuales en Marruecos. No obstante, el informe en su páginas 4 y siguientes describe supuestos concretos de persecución ocurridos en los años 2007 que se tradujeron en una condena de 6 hombres a una condena de 10 meses -por participar en una fiesta privada, escenificando una boda entre hombre, grabada y difundida por internet-, confirmada en el año 2009. No obstante, el instructor del expediente reconoce que algunos medios de
comunicación españoles, relataron la detención de 21 personas acusadas de homosexualidad en Mequinez, si bien no se ha conseguido obtener ninguna información sobre el tema, más allá de la publicación en los periódicos españoles; sin que en ningún informe de las asociaciones de Derechos Humanos se ha referencia a tales hechos.
En los informes del Departamento de Estado de 2011, 2012 y 2013, no se mencionan casos de persecución por razón de la homosexualidad. Si bien, en el de 2013 se hace referencia a la prohibición de desembarco de los pasajeros de un navío en puerto marroquí al ser posible que parte del pasaje fuese homosexual. En el informe del Departamento de Estado relativo a 2013 se hace referencia a la situación general de punición de la homosexualidad y a la existencia, de facto, de hechos discriminatorios por razón de la orientación sexual, sobre todo a nivel local, con reducida frecuencia. Siendo infrecuentes las denuncias por esta causa. Se trata, esencialmente, de un estigma social. No obstante, se hace referencia a que en mayo, la corte de Souk el-Arbaa, condenó por prácticas de indecencia pública a 3 hombres a 3 años de prisión. Los informes de AI de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no mencionan casos de persecución por razón de orientación sexual en Marruecos.
Los informes de HRW de 2010, 2011, 2012 y 2013 no mencionas casos de persecución por razón de orientación sexual en Marruecos.....En septiembre de 2008, tuvo lugar en España el Primer Congreso Internacional sobre "Derechos Humanos y Sociedad Civil y Homosexualidad en los países de mayoría musulmana" y, en relación con Marruecos se concluyó que mientras oficialmente la homosexualidad se persigue; en el ámbito privado es tolerada, no manifestándose una situación de persecución de los homosexuales marroquíes" .
A ello se une que la solicitud de protección internacional no se produce hasta el 24-7-2017 con lo que ni siquiera fue inmediata en el tiempo una vez el Sr. Isidoro se encontraba en territorio Español (el ingreso en el CIE fue autorizado judicialmente el 9-7-2017) lo que sería coherente con la innata condición con la que se viene a vincular. Además el parco relato ofrecido ni siquiera remite a hechos actuales pues el único incidente que se refiere centrado en la actuación policial represora de su supuesta condición homosexual se remonta a 2014.
Por otro lado los informes de ACNUR se centran en la generalidad del colectivo LGTB en Marruecos sin remisión al caso concreto del promotor. En este marco general y relación con la homosexualidad en Marruecos, la SAN (2ª) de 12-2-2017 (rec 373/2014 ) con remisión a la SAN (2ª) de 12 de enero de 2016 (Rec. 138/2015 ) indica que con relación a la homosexualidad existen <<" (...) ocho países musulmanes que castigan con la pena de muerte los actos homosexuales -Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunos Estados del norte de Nigeria--. En Malasia se castiga con 20 años de prisión. En Bangla Desh con 10 años de cárcel. En Siria y en Jordania con 5 años y en Marruecos, Túnez, Argelia, Irak y Kuwait con penas de hasta 3 años. En Indonesia no está prohibida. No obstante lo anterior, en algunos países musulmanes existe una
tolerancia de facto. Sería el caso de Marruecos. En Marruecos, la homosexualidad es delito desde 1972. Elart 489 del Código Pena lprevé, para quienes "cometan actos lascivos o antinaturales con un individuo del mismo sexo", penas de 6 meses a 3 años y multas de 11 a 110 €. Sin embargo, a pesar de existir el delito, la aplicación judicial del artículo ha sido muy escasa. Así, en los informes del Departamento de Estado de EEUU. Home Office, Human Rigths (HRW) ACNUR y Amnistía Internacional (AI) de 2008 no se han referencia a persecuciones de homosexuales en Marruecos. No obstante, el informe en su páginas 4 y siguientes describe supuestos concretos de persecución ocurridos en los años 2007 que se tradujeron en una condena de 6 hombres a una condena de 10 meses -por participar en una fiesta privada, escenificando una boda entre hombre, grabada y difundida por internet-, confirmada en el año 2009. No obstante, el instructor del expediente reconoce que algunos medios de
comunicación españoles, relataron la detención de 21 personas acusadas de homosexualidad en Mequinez, si bien no se ha conseguido obtener ninguna información sobre el tema, más allá de la publicación en los periódicos españoles; sin que en ningún informe de las asociaciones de Derechos Humanos se ha referencia a tales hechos.
En los informes del Departamento de Estado de 2011, 2012 y 2013, no se mencionan casos de persecución por razón de la homosexualidad. Si bien, en el de 2013 se hace referencia a la prohibición de desembarco de los pasajeros de un navío en puerto marroquí al ser posible que parte del pasaje fuese homosexual. En el informe del Departamento de Estado relativo a 2013 se hace referencia a la situación general de punición de la homosexualidad y a la existencia, de facto, de hechos discriminatorios por razón de la orientación sexual, sobre todo a nivel local, con reducida frecuencia. Siendo infrecuentes las denuncias por esta causa. Se trata, esencialmente, de un estigma social. No obstante, se hace referencia a que en mayo, la corte de Souk el-Arbaa, condenó por prácticas de indecencia pública a 3 hombres a 3 años de prisión. Los informes de AI de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no mencionan casos de persecución por razón de orientación sexual en Marruecos.
Los informes de HRW de 2010, 2011, 2012 y 2013 no mencionas casos de persecución por razón de orientación sexual en Marruecos.....En septiembre de 2008, tuvo lugar en España el Primer Congreso Internacional sobre "Derechos Humanos y Sociedad Civil y Homosexualidad en los países de mayoría musulmana" y, en relación con Marruecos se concluyó que mientras oficialmente la homosexualidad se persigue; en el ámbito privado es tolerada, no manifestándose una situación de persecución de los homosexuales marroquíes" .
Enviado el: 31-08-2017
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 25 DE JULIO DE 2017. INSISTEN QUE ESTUDIAR NO ESTA VINCULADO CON LA INTEGRACION SOCIAL A LOS EFECTOS DE LA NACIONALIDAD. POR OTRO LADO LAS AUSENCIAS POR ESTUDIOS FUERA DE ESPAÑA NO PRESUPONE EL INCLUMPLIMIENTO DE LA RESIDENCIA CONTINUADA
Roj: SAN 3244/2017 - ECLI: ES:AN:2017:3244
Fecha: 25/07/2017
Nº de Recurso: 261/2015
Ponente: EDUARDO MENENDEZ REXACH
Por ello, ni la tarjeta de estudiante ni la ahora estancia por estudios constituyen residencia en el sentido legal a los efectos de la adquisición de la nacionalidad en el sentido del art. 22-3 del CC , ya que la simple estancia no es suficiente y ello resulta lógico si se considera que el estudiante sigue teniendo el domicilio, entendido como el centro de relaciones familiares, económicas y profesionales, en su país de origen y la estancia de estudios es precisamente la realización de estos sin otra pretensión de integración en el país que se realizan, ni cambio de su domicilio, así lo ha venido entendiendo esta Sala cuando considerando,precisamente que la residencia legal de un extranjero en España, a los mismos efectos de adquisición de la nacionalidad española que aquí se analizan, no se considera interrumpida por la realización de estudios en otro país ya que la existencia de cortos desplazamientos fuera de nuestro país no es suficiente para entender incumplido el requisito de la residencia legal ininterrumpida, pues, como ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de noviembre de 2000 , "la no presencia física ocasional y por razones justificadas en el territorio español, no presupone el incumplimiento del requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español", lo que a "sensu contrario"
es de aplicación en el presente caso.
es de aplicación en el presente caso.
Enviado el: 31-08-2017
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 25 DE JULIO DE 2017 . DENIEGA LA NACIONALIDAD PORQUE LA RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA DEBE CONTARSE DESDE LA FECHA EN LA QUE OBTUVO LA TARJETA COMUNITARIA TRAS MODIFICAR SU AUTORIZACIÓN EN REGIMEN GENERAL AL REGIMEN COMUNITARIO . ¿ Y ESTO , SI LLEVABA ENTRE REGIMEN GENERAL Y COMUNITARIO 5 AÑOS DE RESIDENCIA LEGAL ?
Roj: SAN 3244/2017 - ECLI: ES:AN:2017:3244
Id Cendoj: 28079230012017100431
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 25/07/2017
Nº de Recurso: 261/2015
Nº de Resolución:
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Ponente: EDUARDO MENENDEZ REXACH
Tipo de Resolución: Sentencia
El demandante es natural de Chile, nacido el NUM000 -1991, y la Administración le ha denegado la solicitud de concesión de la nacionalidad española al considerar que la residencia legal en España durante dos años no ha sido efectiva ni continuada en el tiempo inmediatamente anterior a la petición.
En su escrito de demanda, alega el recurrente, entre otros extremos, que lleva residiendo en España desde el año 2.008 de forma continuada y permanente, ya que el 10 de octubre de dicho año obtuvo su permiso de residencia temporal al estar vinculado al permiso de residencia de su padre, sin que en ningún momento haya perdido su permiso de residencia, que renovó en 2.009 hasta 2.012, y al haber contraído su padre matrimonio con una española obtuvo su permiso de residencia comunitario por reagrupación familiar, el cual está en vigor hasta el 24 de enero de 2.017, reconociendo expresamente que solicitó el 7 de octubre de 2.013 la nacionalidad española ante el Registro Civil de Arenys de Mar (Barcelona).
Y en efecto, según se desprende con toda claridad del informe del Ministerio del Interior obrante en el expediente, le fue concedida su primera autorización de residencia legal como familiar comunitario en fecha 25 de enero de 2.012; por lo que es claro que a la fecha de la solicitud de nacionalidad, el 7 de octubre de 2.013, no cumplía los dos años de residencia legal en España que exige el art. 22.1 del Código Civil ; debiendo añadirse que tampoco los cumplía el día 7 de enero de 2.014, fecha que afirma debe tenerse en cuenta para contabilizar el final del plazo de dos años, al corresponder a la incoación efectiva del expediente, tras otorgarle el Registro de Arenys de Mar un plazo de tres meses desde la solicitud para la aportación de documentos.
A tenor de lo que antecede, no cabe sino confirmar la resolución recurrida y desestimar el presente recurso, por cuanto que al demandante le era exigible el plazo de dos años de residencia legal en España dada su condición de iberoamericano, plazo que no cumplía en la fecha de presentación de la solicitud de nacionalidad, según lo expuesto.
En suma, y con abstracción de los requisitos de buena conducta cívica y de integración social, que no se han puesto en cuestión por la resolución recurrida, se impone de forma obligada la desestimación del recurso al carecer el demandante del requisito del tiempo de residencia en España que le era legalmente exigible, por lo que procede la confirmación de la resolución combatida.
Enviado el: 31-08-2017
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 24/07/2017 . CONFIRMA DENEGACIÓN NACIONALIDAD AÚN CARECIENDO DE ANTECEDENTES PENALES A FECHA DE SOLICITUD DE LA MISMA . "PROYECCIÓN SOCIAL DE LA CONDENA"
Roj: SAN 3324/2017 - ECLI: ES:AN:2017:3324
Id Cendoj: 28079230072017100357
Fecha: 24/07/2017
Nº de Recurso: 270/2016
Ponente: ERNESTO MANGAS GONZALEZ
5.- Sin embargo, las circunstancias que la demanda hace valer no pueden considerarse demostrativas de la buena conducta cívica de la solicitante, ya por referirse al antecedente causado por la sentencia penal condenatoria desde la perspectiva jurídico-penal [suspensión de condena, cancelación de antecedentes, etc.], siendo así que la perspectiva a tener en cuanta en el procedimiento administrativo de nacionalidad es la proyección social de la condena, que es la circunstancia determinante del incumplimiento del requisito de buena conducta cívica exigido por el C. Civil; ya por referirse a otros aspectos a considerar para la ponderación del arraigo de la solicitante, pero no para calibrar el cumplimiento del requisito de buena conducta [tiempo de residencia, relaciones familiares y laborales, etc.]. Por lo que las alegaciones de la demanda no permiten dar por acreditada la buena conducta cívica requerida para la concesión de nacionalidad por residencia, a falta de prueba sobre la concurrencia de otros elementos positivos que hubieran venido a contrarrestar los antecedentes desfavorables, al margen de los estrictamente referidos al arraigo, como requisito distinto del relativo a la buena conducta cívica. Y todo ello a la luz de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable, tal y como ha sido expuesta per esta Sala y Sección, así en sentencia de 16 de mayo de 2017 [P. O. 404/2016 ], conforme a la cual:
"El concepto buena conducta cívica se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos marcados explícita o implícitamente por el legislador, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del "plus" que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los "actos favorables al administrado", un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda, como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española. El cumplimiento de tal requisito viene determinado, por lo tanto, no solo por la ausencia de elementos negativos en la conducta del solicitante, como pueden ser transgresiones de las obligaciones de distinta naturaleza que el ordenamiento jurídico impone al ciudadano, sino por la acreditación positiva de un comportamiento conforme con los principios y valores cívicos de la comunidad en la que se integra, que ha de resultar más expresiva, convincente y concluyente cuando median situaciones y actuaciones que, al margen de la trascendencia penal, merecen una valoración negativa a efectos de cumplir con tal requisito de buena conducta cívica (...) Por otro lado, no se invocan o acreditan elementos de carácter positivo en relación con la conducta cívica, como podrían ser actividades de la parte recurrente en beneficio de la comunidad o al servicio de proyectos o entidades altruistas y sin ánimo de lucro. La residencia en España, la integración familiar o la ocupación laboral pueden resultar indicativas de la integración social, pero no de buena conducta cívica..."
Enviado el: 31-08-2017
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 18 DE JULIO DE 2017 . CONSAGRA LA EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS Y SEGURO MEDICO PRIVADO PARA LOS FAMILIARES EXTRACOMUNITARIOS DE UN ESPAÑOL , CONFORME AL ARTÍCULO 7 DEL RD 240/2007
El Tribunal Supremo aplica las limitaciones a la reagrupación familiar a españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación
La Sala Tercera concluye que esas limitaciones no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar reconocido en la Constitución
Autor:Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Cantabria que concedió la reagrupación familiar a una ciudadana cubana cuya pareja de hecho es un ciudadano español que tenía unos ingresos de 426 euros mensuales. El Tribunal Supremo anula esa reagrupación y concluye que los requisitos fijados en el artículo 7 del Real Decreto 240/07 sobre entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de los Estados miembros son también de aplicación a los nacionales españoles que no hayan salido de España.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso explica en su sentencia que aunque a un ciudadano español no se le puede limitar- salvo en los casos legalmente previstos- su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español (art. 19 CE) esto no obsta “para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos europeos”.
El Tribunal añade que “los presupuestos de los que deriva el derecho de residencia del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previos en el art. 7, y una vez surgido ese derecho, se aplicará el artículo 8, de naturaleza meramente procedimental”. El artículo 7 del Real Decreto 240/07 fija una serie de exigencias que deben cumplir los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para conseguir la residencia en territorio español. Entre otras condiciones, se requiere que el solicitante disponga para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia.
La Sala concluye que esas limitaciones a la reagrupación familiar de extranjeros por españoles residentes en España no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar, reconocido en el art. 18. 1 de la Constitución Española.
La sentencia recoge todos los antecedentes normativos así como sentencias anteriores del TS para concluir que anulada la Adicional Vigésima del Reglamento de Extranjería, “ el Real Decreto 240/07 -con independencia y al margen de la Directiva- en cuanto disposición de Derecho interno, es también aplicable a la reagrupación de familiares extranjeros ( cualquiera que sea su nacionalidad) de españoles, hayan -o no- hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el Espacio Común Europeo, y, concretamente, su art.7”.
En el marco del nuevo recurso de casación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso admitió el recurso y fijó, como interés casacional, si se debe aplicar, o no, el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles y qué norma jurídica debe interpretarse.
El Tribunal Supremo ha analizado la solicitud de reagrupación familiar de una ciudadana nacida en Cuba, que reside en Santander con un ciudadano español. Ambos están registrados como pareja de hecho en el Registro de Parejas de hecho Cantabria y carecen de ingresos propios, a excepción de un subsidio de 426 euros que el hombre recibe mensualmente. Un juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Santander y después el TSJ de Cantabria concedieron la reagrupación familiar de la pareja, que previamente había denegado la Delegación del Gobierno de Cantabria.
La Abogacía del Estado recurrió la sentencia de la Sala de Cantabria y justificó, ante el Tribunal Supremo, la existencia de interés casacional al entender que esa sentencia se apartaba del criterio marcado por el propio TS en sentencias anteriores. El tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado y anula las sentencias anteriores, confirmando la resolución de la Delegación del Gobierno de Cantabria de 28 de octubre de 2015 por la que se denegó la solicitud de la recurrente al no cumplir ninguno de los requisitos contemplados en el mencionado artículo 7 del RD 240/07 para la obtención de dicha tarjeta.
Más informaciónLa Sala Tercera concluye que esas limitaciones no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar reconocido en la Constitución
Autor:Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Cantabria que concedió la reagrupación familiar a una ciudadana cubana cuya pareja de hecho es un ciudadano español que tenía unos ingresos de 426 euros mensuales. El Tribunal Supremo anula esa reagrupación y concluye que los requisitos fijados en el artículo 7 del Real Decreto 240/07 sobre entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de los Estados miembros son también de aplicación a los nacionales españoles que no hayan salido de España.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso explica en su sentencia que aunque a un ciudadano español no se le puede limitar- salvo en los casos legalmente previstos- su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español (art. 19 CE) esto no obsta “para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos europeos”.
El Tribunal añade que “los presupuestos de los que deriva el derecho de residencia del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previos en el art. 7, y una vez surgido ese derecho, se aplicará el artículo 8, de naturaleza meramente procedimental”. El artículo 7 del Real Decreto 240/07 fija una serie de exigencias que deben cumplir los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para conseguir la residencia en territorio español. Entre otras condiciones, se requiere que el solicitante disponga para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia.
La Sala concluye que esas limitaciones a la reagrupación familiar de extranjeros por españoles residentes en España no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar, reconocido en el art. 18. 1 de la Constitución Española.
La sentencia recoge todos los antecedentes normativos así como sentencias anteriores del TS para concluir que anulada la Adicional Vigésima del Reglamento de Extranjería, “ el Real Decreto 240/07 -con independencia y al margen de la Directiva- en cuanto disposición de Derecho interno, es también aplicable a la reagrupación de familiares extranjeros ( cualquiera que sea su nacionalidad) de españoles, hayan -o no- hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el Espacio Común Europeo, y, concretamente, su art.7”.
En el marco del nuevo recurso de casación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso admitió el recurso y fijó, como interés casacional, si se debe aplicar, o no, el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles y qué norma jurídica debe interpretarse.
El Tribunal Supremo ha analizado la solicitud de reagrupación familiar de una ciudadana nacida en Cuba, que reside en Santander con un ciudadano español. Ambos están registrados como pareja de hecho en el Registro de Parejas de hecho Cantabria y carecen de ingresos propios, a excepción de un subsidio de 426 euros que el hombre recibe mensualmente. Un juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Santander y después el TSJ de Cantabria concedieron la reagrupación familiar de la pareja, que previamente había denegado la Delegación del Gobierno de Cantabria.
La Abogacía del Estado recurrió la sentencia de la Sala de Cantabria y justificó, ante el Tribunal Supremo, la existencia de interés casacional al entender que esa sentencia se apartaba del criterio marcado por el propio TS en sentencias anteriores. El tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado y anula las sentencias anteriores, confirmando la resolución de la Delegación del Gobierno de Cantabria de 28 de octubre de 2015 por la que se denegó la solicitud de la recurrente al no cumplir ninguno de los requisitos contemplados en el mencionado artículo 7 del RD 240/07 para la obtención de dicha tarjeta.
Enviado el: 27-07-2017
AUTO DE 26 DE JUNIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ADMITIENDO POR INTERES CASACIONAL SI EL ARTÍCULO 57.2 DEBE SER INTERPRETADO LA PENA PREVISTA EN ABSTRACTO O PENA EFECTIVAMENTE IMPUESTA
Roj: ATS 6695/2017 - ECLI: ES:TS:2017:6695A
Id Cendoj: 28079130012017201298
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 26/06/2017
Nº de Recurso: 1321/2017
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
Tipo de Resolución: Auto
Id Cendoj: 28079130012017201298
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 26/06/2017
Nº de Recurso: 1321/2017
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
Tipo de Resolución: Auto
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo.
La Sección de Admisión acuerda:1º) Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la procuradora Dª María del Mar Portales Yagüe, en representación de D. Rafael , contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla-, de fecha 30 de noviembre de 2016, dictada en el recurso de apelación número 602/2016 , interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Sevilla de fecha 16 de julio de 2016 , dictada en el procedimiento abreviado nº 4/16.
2º) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en concreto, su inciso «delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año » debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente o bien a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto.
3º) Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección quinta de esta Sala Tercera, a la que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y firman. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez Manuel Vicente Garzon Herrero Octavio Juan Herrero Pina Eduardo Calvo Rojas Joaquin Huelin Martinez de Velasco Diego Cordoba Castroverde Jose Juan Suay Rincon Jesus Cudero Blas
Enviado el: 18-07-2017
SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 20 DE JUNIO DE 2017 . CONCLUYE QUE UN FAMILIAR CIUDADANO DE LA UE ( CÓNYUGE DE ESPAÑOL DIVORCIADO ) CESA SU CONDICIÓN DESDE EL MOMENTO QUE NOTIFICA SU DIVORCIO , PERO SUBSIDIARIAMENTE TIENE DERECHO A LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN CUANDO SE CADUCA LA TFUE .
SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS (Santa Cruz de Tenerife ) de 20 de junio de 2017
Numero de procedimiento: 83/2017
Sentencia 282/2017
Ponente: Don Rafael Alonso Dorronsoro
Supuesto de hecho
Subsahariano se divorcia de española que comunica su divorcio una vez recibida la Sentencia el día 3 de julio de 2015 y su autorización TFUE se caduca el 19 de Enero de 2016. En ese momento le explican que no puede solicitar la modificación de su autorización por cese, porque sigue teniendo la condición de TFUE hasta la caducidad de su autorización. Un mes antes de que se le caduca presenta TFUE permanente y en uno de los requerimientos solicitándole medios económicos se expresa la intención de solicitar nuevamente la TFUE permanente sin la necesidad de medios económicos y SUBSIDIARIAMENTE LA AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN DEL REGIMEN GENERAL.
Sentencia
La Sentencia del TSJ estima parcialmente la demanda y , entiende que no cabría la permanente comunitaria porque ceso su condición familiar comunitaria ,conforme al artículo 9.4 , 10 y 8.5 del RD 240/2007, cuando comunicó el divorcio
No obstante achaca a la Administración la información inadecuada conforme al artículo 20.2 LOEX y 35 de la Ley 30/92 vigente en el momento de la presentación de la solicitud , llegando a la conclusión que no se cumplió por parte de la Administración con el derecho que tenía el recurrente puesto que le indicó un procedimiento que inevitablemente , por los recursos económicos que disponía la Administración denegaría su solicitud , cuando tenía a su alcance mucho más probable para sus aspiraciones , la solicitud de residencia de larga duración
Anula las resolución administrativa dictada y ordena la retroacción de las actuaciones a la fecha de la solicitud inicial a fin de que por la Oficina de Extranjeros se tramite su solicitud como solicitud de residencia de larga duración requiriendo al interesado para que aporte la documentación necesaria , concretamente , el pago de la oportuna tasa , y debiendo la Administración comprobar de oficio sus antecedentes penales en España , hecho lo cual , si no se aprecia el incumplimiento de algún requisito legal deberá reconocerse el derecho y expedirse la tarjeta de residencia de larga duración
FELICITACIONES A NUESTRA COMPAÑERA NAYRA MESA MESA DEL ILLUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Enviado el: 30-06-2017
SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 24 DE FEBRERO DE 2017. NUEVO ARRAIGO SOCIAL INFANTIL . INVENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LO DENIEGAN . ¿EL JUEZ PARECE CONFIRMAR LA POSIBILIDAD DEL ARRAIGO INFANTIL? ?
Roj: STSJ ICAN 367/2017 - ECLI: ES:TSJICAN:2017:367
Fecha: 24/02/2017
Nº de Recurso: 162/2016
Nº de Resolución: 98/2017
Ponente: RAFAEL ALONSO DORRONSORO
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Objeto del recurso
Constituye el objeto del presente recurso de apelación la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la resolución de fecha 2 de julio de 2015 dictada por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, por la que se deniega la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo social al no acreditar que hubiera residido en España de forma continuada los tres años anteriores a la solicitud.
La Sentencia apelada estima no sólo incumplido el período mínimo de residencia en España de tres años, previsto en el art. 124.2 del Reglamento de Extranjería , sino que también incumple el requisito previsto en el inciso b) del citado precepto al no contar con un contrato de trabajo.
La representación procesal de la parte actora recurre en apelación la sentencia dictada por considerar que, ciertamente, la menor, que cuenta con 7 años de edad, incumple el requisito de contar con un contrato de trabajo, pero dada la documental aportada no se puede manifestar que no tiene arraigo en España, sin que el incumplimiento del plazo de tres años, por unos pocos meses, sea razón para que la misma sea expulsada del territorio español, sin que los razonamientos de la Sentencia apelada sean motivos para desestimar el recurso interpuesto.
La Administración demandada contesta al recurso solicitando su desestimación por entender que la apelante se limita a reiterar las alegaciones realizadas en la primera instancia.
SEGUNDO: Es cierto que la exigencia de que la menor, de 7 años de edad, tenga contrato de trabajo es absurda y que no cabe introducir el incumplimiento de dicho requisito mediante la Sentencia ahora apelada, puesto que la resolución administrativa impugnada no aludió en ningún momento a dicha cuestión. Pero ello no resuelve el principal escollo que tiene la menor para acceder a lo que solicitó, un permiso temporal de residencia y trabajo. El problema, como ya se indicó en vía administrativa es el incumplimiento del plazo de 3 años de permanencia continuada en España. A fecha de esta Sentencia sigue sin haberse cumplido el indicado plazo, ello se realizará el 13 de junio de 2017 , momento en que la interesada podrá solicitar, en su caso, una nueva solicitud ( ARRAIGO INFANTIL ???) o formular ya desde ahora una solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar, conforme a lo dispuesto en los arts. 52 y siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que, de hecho, es lo que debió solicitar y que probablemente hubiera determinado la concesión de la autorización a la vista de la documentación aportada.
El error en la solicitud formulada no es posible corregirlo en vía judicial y puesto que ciertamente se incumple, al menos, el requisito de la permanencia continuada en España por tres años, necesariamente debe desestimar el recurso de apelación interpuesto que, como señala el Abogado del Estado, no hace más que repetir las alegaciones genéricas de la primera instancia sin atender al criterio técnico del arraigo social reflejado en el art. 124.2 del Reglamento de Extranjería
Enviado el: 30-06-2017
SENTENCIA DEL TSJ CANARIAS DE 30 DE MARZO DE 2017 . LA ESTANCIA EN PRISIÓN PREVENTIVA NO SE COMPUTA COMO TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA PARA EL ARRAIGO SOCIAL ¿?
Roj: STSJ ICAN 338/2017 - ECLI: ES:TSJICAN:2017:338
Id Cendoj: 35016330022017100054
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 2
Fecha: 30/03/2017
Nº de Recurso: 281/2016
Nº de Resolución: 75/2017
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: EMMA GALCERAN SOLSONA
En consecuencia, habiendo quedado debidamente probado el periodo en que estuvo en prisión preventiva, antes referido, mediante el correspondiente certificado del Subdirector de Régimen del Centro Penitenciario Las Palmas, en el caso de autos no concurre el requisito de la acreditación de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, en orden a sustentar una solicitud por arraigo social
En efecto, para ello debe tomarse en consideración que la solicitud fue presentada el día 26 de marzo de 2015, habiendo estado en prisión preventiva dos años de los tres años anteriores a la solicitud, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 124-2 RD. 557/11 , en relación con el art. 31-3 de la Ley Orgánica 4/2000 , procede confirmar la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra el acto administrativo que denegó la solicitud de autorización de residencia temporal por razones de arraigo , presentada al amparo del art. 124-2 del Real Decreto mencionado, sin que la conclusión a que se ha llegado haya sido desvirtuada con los documentos acompañados, visto el propio contenido de los partes médicos y demás documentos, y tampoco evidentemente por la sentencia de la Sala que acordó suspender la salida obligatoria de España pero desestimó expresamente la pretensión de concesión cautelar de la autorización de residencia en cuestión
Enviado el: 29-06-2017
