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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018 . DOBLE SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL


Fecha: 18/12/2018
Nº de Recurso: 6321/2017
Nº de Resolución: 1797/2018
Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO


De tal diferenciación se concluye que <<Como consecuencia de ello, la distinción entre el régimen jurídico contemplado en el apartado primero del artículo 162 RD 557/2011 y el previsto en el apartado segundo no es baladí, pues revela que las extinciones que recogen ambos apartados no son mutuamente excluyentes.

Concretamente, la extinción que, al amparo del artículo 162.2 RD 557/2011, se produce de una autorización caducada (esto es, extinguida por transcurso del plazo de vigencia) tiene por objeto tildar de ilegal la residencia que se disfrutó durante el período en el que se hallaba en vigor, impidiendo así que una residencia no legal legitime al interesado a obtener una residencia posterior que traiga causa de la viciada.

Por lo expuesto, toda interpretación doctrinal o jurisprudencial que estime incompatibles o mutuamente excluyentes las extinciones recogidas en los apartados primero y segundo del artículo de continua referencia, impidiendo así la extinción de una autorización caducada, incurren en error al confundir la naturaleza y el carácter que la extinción ostenta al amparo del apartado primero (pérdida de vigencia con efectos ex nunc, sin viciar de ilegalidad el período de residencia disfrutado a su amparo), respecto del apartado segundo (extinción de autorización con efectos ex tunc, tildando de ilegal la residencia disfrutada bajo la autorización que se extingue e impidiendo que la misma pueda servir de base para la obtención de una residencia posterior a de la nacionalidad por residencia)>>.

DÉCIMO: Con base en los anteriores razonamientos al interrogante que presentaba interés casacional objetivo, debemos responder que la normativa en materia de extranjería regula un doble sistema de extinción de las autorizaciones de residencia temporal, dado que, en el supuesto del art. 162.1, se produce, la extinción por el transcurso del plazo para el que se hayan expedido, lo que justifica la ausencia de necesidad de un pronunciamiento administrativo, mientras que en los supuestos de las causas de extinción del artículo 162.2 RD 557/2011, se exige resolución del órgano competente para su concesión, conforme a los trámites previstos en la normativa vigente para los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.
Ambos supuestos resultan mutuamente excluyentes, dado que si la administración decide, tras comprobar el incumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y permanencia que la autorización de residencia temporal se extinga, ya no podría operar la extinción por el transcurso del tiempo de su vigencia y, al contrario, no parece posible que una autorización cuyos efectos han terminado por transcurso del tiempo, pueda a su vez resultar extinguida por incumplimiento.

Consecuentemente, no resulta posible a la Administración proceder a declarar extinguida por incumplimiento una autorización que ha dejado de surtir efectos por el vencimiento del plazo de su vigencia, lo que tampoco implica que tal circunstancia sea irrelevante, sino que tal valoración debe posponerse a un momento posterior, procediendo a valorar tal incumplimiento en el momento de comprobar la concurrencia o no de los requisitos previstos en el art. 147 para la residencia de larga duración.

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Enviado el: 14-01-2019

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018. NO ES POSIBLE OPTAR ENTRE LA SANCIÓN DE MULTA O EXPULSIÓN. LA MERA ESTANCIA IRREGULAR CONLLEVARÁ EXPULSIÓN


1)  Id Cendoj: 28079130052018100484
Sección: 5
Fecha: 19/12/2018
Nº de Recurso: 6533/2017
Nº de Resolución: 1818/2018

Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY


La parte recurrente muestra su discrepancia con la interpretación del Tribunal a quo, con apoyo en la circular 1/2015 de la Subcomisión de Extranjería de CGAE, alegando que como resulta del art. 28 de la LO 4/2000 en relación con el art. 24.1 y 2 del RD 557/2011 , que establecen la salida obligatoria a falta de autorización, con advertencia de expulsión en caso de incumplimiento de dicha obligación en el plazo establecido, la normativa española es conforme con las previsiones de los arts. 6.1 y 8.1 de la Directiva 2008/115/CE , que ofrece varias opciones como respuesta a las situaciones de irregularidad, alegando que la conclusión a que llega la STJUE y la recurrida aparecen viciadas por partir de una premisa incompleta al emplear el adverbio <<exclusivamente>> para acotar la sanción de multa, ya que esta lleva implícito la consecuencia de apercibimiento de salida de territorio nacional (decisión de retorno del art. 3.4 de la Directiva), señalando, con referencia a las sentencias que cita de otros órganos jurisdiccionales, que el marco normativo español referido a la estancia irregular es más beneficioso para los afectados.





TERCERO.- Interpretación que se propone de las cuestiones objeto del recurso

Debiendo proceder a dar respuesta a las cuestiones que constituyen el interés casacional objetivo, han de concluirse de la sentencia transcrita, conforme a la cual, de una parte, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión a que se ha hecho referencia, no es posible que en aplicación de los artículos 53.1º.a), en relación con los artículos 55.1º.b) y 57.1º, todos ellos de la Ley Orgánica de Extranjería, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión. De otra parte, en relación con la segunda de las cuestiones suscitadas en el presente recurso, conforme se razona en la sentencia transcrita anteriormente, debe concluirse que la mencionada doctrina es aplicable incluso a aquellos hechos que acontecieron con anterioridad a la fecha referida y a los procedimientos iniciados con anterioridad a la mencionada fecha de la sentencia.


EN EL MISMO SENTIDO

2) ROJ: STS 4386/2018 - ECLI:ES:TS:2018:4386

Nº de Resolución: 1817/2018 -
 Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY -
 Nº Recurso: 5248/2017 -
 Fecha: 19/12/2018 -
 Tipo Resolución: Sentencia
 
RESUMEN: Expulsión por estancia irregular en España con prohibición de entrada por un período de cuatro años.

Enviado el: 14-01-2019

AUTO DEL TSJ CASTILLA LA MANCHA DE 30 NOVIEMBRE 2018. CUESTION PREJUDICIAL AL TJUE SOBRE LA INTERPRETACIÓN O VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DEL TFUE POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL Y LA JURISPRUDENCIA AL EXIGIRSE EXCLUSIVAMENTE LA ACREDITACIÓN MEDIOS ECONÓMICOS PARA OBTENCIÓN DE LA TFUE A CONYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE ESPAÑOLES


Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Albacete
Sección: 2
Fecha: 30/11/2018
Nº de Recurso: 163/2017
Nº de Resolución: 579/2018
Procedimiento: Recurso de apelación. Contencioso
Ponente: RAQUEL IRANZO PRADES


4. Con carácter general, entendemos que esto sucede en el caso examinado, partiendo de la regulación del matrimonio en el Ordenamiento Jurídico español. Se trata de un matrimonio entre dos personas mayores de edad.

La ciudadana española no ha circulado intracomunitariamente.

El ciudadano marroquí no tiene orden de retorno ni prohibida su entrada en España. El matrimonio es válido y el Estado español no lo ha considerado fraudulento.

El derecho a una comunidad de vida común deriva del contenido mínimo del artículo 32 C.E. Por lo que se refiere a los deberes, los artículos 68 al 70 del Código Civil establecen: " Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente" ( art. 67 C.C.), y " los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal" ( art. 70 C.C.).

Ambos deberes devienen de imposible cumplimiento si la residencia legal del cónyuge extracomunitario del ciudadano español se hace depender de criterios económicos.

La Ley española establece como deber de los cónyuges el de vivir juntos. No se trata de una mera decisión de oportunidad o conveniencia.

No se trata de que a la ciudadana española le pueda "parecer deseable" por alguna razón que su cónyuge pueda residir con ella en territorio de la Unión.

Se trata de que la denegación de residencia a su cónyuge determina la necesidad de que la ciudadana española abandone el territorio de la Unión junto a su cónyuge extracomunitario, porque sólo así puede cumplir con el derecho y el deber establecido por la Ley española, y aplicable al matrimonio contraído.

La salida del territorio de la Unión sería en este caso una consecuencia obligada de la denegación de residencia al ciudadano de un tercer país.

Por eso entendemos que condicionar la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de la Unión del cónyuge extracomunitario de un ciudadano español a la disponibilidad de medios económicos, y a la acreditación de un seguro de enfermedad que cubra sus riesgos en España, es condicionar el derecho y el deber de disfrutar de un proyecto de vida común a la situación económica del ciudadano español, y así, determina con carácter general, a la ciudadana española que no ha circulado que no cuenta con medios económicos exigidos, a abandonar el territorio de la Unión con su cónyuge, para hacer efectivo el derecho-deber que establece el Ordenamiento Jurídico español de vivir juntos.

Para llegar a esa conclusión no es necesario que la convivencia pueda ser exigible judicialmente entre los cónyuges. Basta que exista legalmente ese deber- derecho, y que el ciudadano comunitario no pueda ejercerlo salvo abandonando el territorio de la Unión acompañando a su cónyuge extracomunitario.

5. Igualmente, y aunque se entendiera que lo expuesto en el ordinal anterior no determinara por sí solo la vulneración del art. 20 TFUE, esta Sala considera que sí lo vulneraría, en todo caso, la práctica del Estado español de rechazar de manera automática la agrupación familiar de un extracomunitario con una ciudadana de la Unión que nunca ha circulado por el solo hecho de no contar dicha ciudadana con un determinado nivel económico, sin que se haya examinado si entre el ciudadano de la Unión y el nacional del tercer país, existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse un derecho de residencia derivado de este último, el ciudadano de la Unión se vería obligado, de hecho, a abandonar el territorio de la Unión en
su conjunto y quedaría privado del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto.

Eso es lo que sucede en la práctica nacional española.

Para denegar la tarjeta de residente comunitario al Sr. Eulogio exclusivamente se atendió a la insuficiencia de recursos económicos de su esposa española.

No se entra a examinar el caso concreto ni las circunstancias particulares que concurren en el matrimonio de que se trata.

Rechazamos las alegaciones de la Abogacía del Estado cuando señala que la Sra. Aurora nada dijo acerca de que concurrieran algunas circunstancias relevantes en ese sentido.

Nada dijo porque ninguna posibilidad se le ofreció por el Estado español, que no permitió averiguar si existían circunstancias que evidenciaran una relación de dependencia entre los cónyuges que determinaran a la ciudadana española a salir de la Unión siguiendo a su cónyuge.

No se ofreció a los interesados la posibilidad de alegar y probar la posible existencia de circunstancias relevantes.

La práctica española no permite la valoración de cualquier otra circunstancia que pudiera ser relevante para acreditar una relación de dependencia que pudiera determinar la salida del territorio de la Unión del ciudadano comunitario.

Ni siquiera se entró a valorar la existencia acreditada de medios económicos suficientes del padre de Dª. Aurora con quien convivía el matrimonio, y que se ofreció de forma expresa a hacerse cargo del mantenimiento del cónyuge de su hija.

Es la prueba de que la práctica del Estado español atiende de manera exclusiva y automática al dato de la insuficiencia de recursos económicos propios del ciudadano español para denegar la tarjeta de familiar de residente comunitario a su cónyuge de un tercer país En definitiva, la práctica del Estado español, antes de denegar el derecho de residencia al ciudadano extracomunitario cónyuge de la española que no ha circulado, impide y rechaza la valoración de cualquier circunstancia concreta de los cónyuges que pueda determinar una relación de dependencia de tal naturaleza que hiciera salir del territorio de la Unión a la ciudadana española, acompañando a su cónyuge extracomunitario.

Esta Sala considera que esa práctica automática puede vulnerar el art. 20 del TFUE al privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y por cuanto antecedente, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª. RAQUEL IRANZO PRADES, Presidenta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.


LA SALA RESUELVE

1º) Suspender el curso del procedimiento, y antes de dictar sentencia,

2º) Someter al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco del presente recurso de apelación entablado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Ciudad Real 183/2016, de 8 de agosto las siguientes cuestiones o dudas prejudiciales sobre la interpretación del derecho comunitario:

PRIMERA.- Si la exigencia de que el ciudadano español que no ha ejercido su derecho de circulación haya de cumplir los requisitos del artículo 7.1 del R.D. 240/2007, como condición necesaria para el reconocimiento del derecho de residencia de su cónyuge extracomunitario conforme al artículo 7.2 del citado Real Decreto, puede suponer, en caso de no darse esos requisitos, la vulneración del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea si, a consecuencia de la denegación de ese derecho, el ciudadano español se viera obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto.

Todo ello partiendo de que el artículo 68 del Código Civil Español establece la obligación de los cónyuges de vivir juntos.

SEGUNDA.- Si, en todo caso, y al margen y en defecto de lo anterior, vulnera el artículo 20 del TFUE en los términos antes citados, la práctica del Estado español de la aplicación de manera automática de la regulación contenida en el artículo 7 del R.D. 240/2007, denegando el permiso de residencia al ciudadano de Unión  y que nunca ha ejercido la libertad de circulación, por la única y exclusiva razón de no cumplir éste los requisitos establecidos en ese precepto, sin que se haya examinado concreta e individualizadamente si entre ese ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer país existe una relación de dependencia de tal naturaleza que por cualquier razón y habida cuenta de las circunstancias concurrentes determinara que en caso de denegarse un derecho de residencia de un ciudadano de un tercer país, el ciudadano de la Unión no pudiera separarse del miembro de la familia del que es dependiente y hubiera de abandonar el territorio de la Unión.

Todo ello a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea entre otras, sentencia de 8 de mayo de 2.018, 82/16, K.A. y otros contra Belgische Staat.".

A dicho fin, expídase testimonio de la presente resolución y testimonio de las actuaciones del recurso entablado ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo y ante esta Sala y remítase todo ello con atenta comunicación a la Secretaria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rue du Fort Niedergrünewal, L-2952 Luxemburgo, facilitando una dirección de correo electrónico de este Tribunal para comunicaciones o aclaraciones que sean precisas y rogando acuse de recibo

Enviado el: 04-01-2019

GUIA DELITOS DE ODIO . FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA


Esta guía pretende orientar a abogados y abogadas en la materia de los delitos de odio. A lo largo del texto planea la importancia de su actuación, ya que su ámbito en este caso es una disputa sobre el respeto a la igualdad de todas las personas, uno de los cimientos de los derechos humanos.
Una actuación marcada por la casuística y, sobre todo, por el abanico de interpretaciones que se abre en el análisis jurídico; sin ir más lejos, por poner un ejemplo, de lo que sea o deba considerarse “fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio”, citando el artículo 510 del Código Penal. De hecho es una cuestión de no poca enjundia para jueces, fiscales y abogados si la gravedad legal de una determinada ofensa o agresión de este tipo es modulable según el contexto político y
social en el que se produce.
Pero, al fin y al cabo, el odio al otro por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, etc., tiene su base en la intolerancia y en la discriminación a ciertas personas a las que se identifica con un grupo determinado. Y es comprensible y razonable, en términos jurídicos y democráticos, que las personas de esos grupos puedan necesitar en ocasiones del esfuerzo extraordinario de la protección del Código Penal ante determinadas expresiones de esa intolerancia y discriminación.

El conocimiento preciso de lo que son los delitos de odio en nuestro ordenamiento jurídico se ha convertido, más que en una necesidad, en una obligación para los penalistas. El creciente protagonismo que dichos delitos han adquirido en el debate jurídico, social y político en los últimos tiempos es innegable y ha llamado la atención de todos los profesionales del ámbito de la Justicia.
Por si fuera poco, las redes sociales han multiplicado el número de vías por las que encuentra cauce el discurso del odio. El ciberodio es actualmente un problema de primera magnitud por cuanto requiere también nuevos recursos y conocimientos para poder identificarlo y, en su caso, perseguirlo. Y nos encontramos, además, con que la libertad de expresión parece estar siendo redefinida al ritmo de la interpretación judicial de denuncias por insultos y otras posibles expresiones de odio,
en un complejo ecosistema que se ha extendido al ámbito del arte, del humor, de la música, de la literatura o de la comunicación.
Esperamos que esta guía sea útil para comprender el alcance de esta cuestión, dar respuesta a los dilemas jurídicos que plantea y servir a la actuación letrada en la práctica del Derecho, dificultada cuando, como en este caso, atañe a materias tan complejas y sensibles.

Victoria Ortega
Presidenta de la Fundación Abogacía Española
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Enviado el: 27-12-2018

SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DEL JUZGADO C-A Nº 2 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE . TFUE ASCENDIENTE DE ESPAÑOL . CONCEPTO JURÍDICO A CARGO Y SITUACIÓN ECONÓMICA EN VENEZUELA .

Fuente:

Nuestra felicitación al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Castro Robredo


Comentario:

Sentencia del Juzgado del Contencioso-administrativo núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 27 de noviembre de 2018. Ascendiente de español extensa . Concedido

Fundamentos de Derecho:

•Segundo. Se debe traer a colación la STS de 18.07.2017 de la aplicabilidad a todo familiar extracomunitario de español del artículo 7.
En autos se ha probado la exacta situación económica en Venezuela del solicitante de la autorización de residencia. Hermana de español de 62 años, que desde el 2013 solo ha trabajado en Venezuela 4 semanas.

"Por lo tanto, se acredita que dicha reagrupada no percibe unos ingresos que le permitan vivir dignamente y requiere necesariamente de las remesas de su hijo español ". Las remesas ascienden a unas cantidades promediadas de alrededor de 50 euros mensuales, entre noviembre de 2013 y junio de 2017. Además le envió diferentes paquetes con bienes de primera necesidad (chocolate, camisetas, productos de droguería y aseo personal), en el lapso de temporal comprendido entre octubre de 2015 y marzo de 2017. Cumple el requisito de estar a cargo

FUENTE : MIGRARCONDERECHOS
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Enviado el: 30-11-2018

QUINTA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 06/11/2018 QUE CONSAGRA LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS DEL ARTÍCULO 7 DEL RD 240/2007 PARA CÓNYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE ESPAÑOL .

QUINTA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 06/11/2018 QUE CONSAGRA LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS DEL ARTÍCULO 7 DEL RD 240/2007 PARA CÓNYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE ESPAÑOL .



Roj: STS 3783/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3783
 Nº de Recurso: 5468/2017
 Nº de Resolución: 1586/2018
 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
 Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
 Tipo de Resolución: Sentencia


SEGUNDO. Doctrina de este Tribunal Supremo.-




Las cuestiones de interpretación que se suscitan en este recurso han sido ya examinadas reiteradamente por esta Sala del Tribunal Supremo, desde la originaria sentencia en que se suscitó el mismo debate, sentencia 1295/2017, de 18 de julio, dictada en el recurso de casación 298/2016, interpuesto contra sentencia de la Sala de Cantabria y con pronunciamientos y fundamentos idénticos a la aquí recurrida.




Dicha doctrina ha sido reiterada en las ulteriores sentencias 1137/2018, de 3 de julio y 963/2018, de 11 de junio, dictada en el recurso de casación 1709/2017.




La fijación de una interpretación ya por esta Sala obliga a atenernos al mismo criterio, como se corresponde con la nueva configuración del recurso tras la reforma introducida en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por Ley 7/2015, por lo que debemos mantener lo ya declarado, siguiendo lo expuesto en la última de las sentencias mencionadas, claramente aplicable al caso de autos, por tener los mismos presupuestos fácticos, como se ha expuesto:


Enviado el: 30-11-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA EL ARRAIGO SOCIAL NO SE PUEDE EXIGIR LOS REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN UNA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN EN ORIGEN ( PERO...)


Roj: STS 3784/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3784
 Id Cendoj: 28079130052018100437
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Sede: Madrid
 Sección: 5
 Fecha: 08/11/2018
 Nº de Recurso: 1942/2017
 Nº de Resolución: 1603/2018
 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
 Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
 Tipo de Resolución: Sentencia

Es indudable que una cosa es la mera exigencia formal que se impone en el artículo 124.1º.b) del Reglamento, que se cumple con la mero aportación del contrato de trabajo con la solicitud del interesado, y otra muy diferente es que la Administración no pueda, e incluso esté obligada en aras al interés general que subyace en sus potestades, examinar la eficacia probatoria de la documentación aportada por el interesado, toda ella y, por tanto, también el mencionado contrato laboral. Es decir, nada tiene que ver con la carga que se impone al interesado de aportar el mencionado contrato con la potestad de la Administración, una vez iniciado el procedimiento, para examinar dicha documentación y constatar esa viabilidad laboral.


En efecto, ya con carácter general, esa potestad de la Administración le viene reconocida, con toda lógica, en el artículo 77. 2º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando autoriza, en realidad impone, que cuando la Administración " no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija", poder abrir un trámite de prueba dando oportunidad al interesado para que aporte elementos probatorios sobre los hechos cuestionados. Pero es que, además, es evidente que la Administración debe constatar los hechos en que se funda la petición, más aún en una actividad, la laboral, de tan relevante repercusión e intervención de la Administración; y no otra cosa le viene impuesto a la Administración en el control de esa relación laboral que no puede negársele en el momento inicial de la misma, es decir, con la presentación de dicho contrato por el interesado.


Y es que no puede desconocerse que la relación laboral que se exige para la concesión de la autorización de residencia que nos ocupa, no viene establecida como un mero requisito formal que se agote en sí mismo.

Sería contrario a la lógica pretender que basta con la mera aportación formal de un contrato de esa naturaleza para estimar que es la aportación del documento el que vincula a la Administración, cuando es lo cierto que lo que el precepto exige es la realidad del contrato, la relación jurídica que el documento formaliza, contrato que debe tener las circunstancias que se impone en la norma, en concreto, una determinada duración, que ciertamente no ha de ser imperativamente cumplida, porque ello llevaría a revocar la autorización si se deja sin efecto antes del año exigido por el precepto, pero al menos deberá constatarse, cuando a la Administración le genere dudas al respecto, que en las condiciones existentes al momento de adoptar la decisión sobre la concesión de la autorización solicitada, el contrato aportado tiene perspectivas de poder ser real y efectivo en el tiempo que se impone.




De lo expuesto ha de concluirse que no se estima acertada la interpretación que se postula en el

escrito de interposición del presente recurso de casación, de estimar que es suficiente con la mera

aportación del documento para estimar acreditadas las condiciones que se imponen para la concesión del permiso por residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, en contraposición con lo exigido en el artículo 66 del Reglamento para el permiso de trabajo, como se ha sostenido por algunas Salas de esta Jurisdicción de algunos Tribunales de Justicia (sin carácter exhaustivo, sentencias 563/2018 del de Murcia


TERCERO. Interpretación que se propone de los preceptos a que se refiere el recurso.-

La conclusión de lo que se ha expuesto en el anterior fundamento han de interpretarse los artículos 64.3º.e) y 124.2º.b) del Reglamento de la Ley de Extranjería en el sentido de que, conforme al segundo de los mencionados preceptos y con exclusión de aquel primero, es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de " un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año", sin mayores requisitos; pero que ello no impide que la Administración, en la tramitación del procedimiento, pueda examinar la falta de viabilidad de la actividad empresarial en que se inserta el mencionado contrato, abriendo un periodo probatorio en que se puedan aportar pruebas para poder acreditarla, debiendo ser valoradas con libertad de criterio, pudiendo ser sometida al control jurisdiccional esa actividad probatoria

Enviado el: 30-11-2018

DECENAS DE AUTOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL ESTIMANDO LA MEDIDA CAUTELAR DE NO DEVOLUCIÓN PARA LAS LOS VENEZOLANOS/AS QUE SE LES HAN DENEGADO LA CONDICIÓN DE REFUGIADO .



  Nº de Resolución: 491/2018 -
 Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA -
 Nº Recurso: 905/2017 -
 Fecha: 14/11/2018 -
 Tipo Resolución: Auto


SEGUNDO.- El recurrente es nacional de VENEZUELA. Pues bien, la Sala tiene conocimiento de que ACNUR, dada la evolución de la situación en Venezuela, recomienda a las autoridades españolas, desde mayo de 2017, la no devolución, literalmente se habla de " algún tipo de protección internacional" y de garantizar la " no devolución a Venezuela". Por ello, realizada la correspondiente ponderación de intereses y sin perjuicio de la decisión que en su día adoptemos al analizar el fondo del asunto, la Sala considera que procede adoptar la medida cautelar de no devolución durante la sustanciación del presente recurso.

No procede imponer las costas al solicitante de la medida - art 139 LJCA-.

Enviado el: 30-11-2018

OTRO AUTO DE ADMISIÓN CASACIONAL ANTE EL TS DE 10/10/2018 . EXTINCIONES DE ARRAIGOS SOCIALES POR DESAPARICIÓN DE "CUALQUIERA" DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE A LA CONCESIÓN.

ROJ: ATS 10369/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10369A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3498/2018 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del RD 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11

Enviado el: 30-10-2018