Sentencia del Juzgado del Contencioso-administrativo núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 27 de noviembre de 2018. Ascendiente de español extensa . Concedido

Fundamentos de Derecho:

•Segundo. Se debe traer a colación la STS de 18.07.2017 de la aplicabilidad a todo familiar extracomunitario de español del artículo 7.

En autos se ha probado la exacta situación económica en Venezuela del solicitante de la autorización de residencia. Hermana de español de 62 años, que desde el 2013 solo ha trabajado en Venezuela 4 semanas.

"Por lo tanto, se acredita que dicha reagrupada no percibe unos ingresos que le permitan vivir dignamente y requiere necesariamente de las remesas de su hijo español ". Las remesas ascienden a unas cantidades promediadas de alrededor de 50 euros mensuales, entre noviembre de 2013 y junio de 2017. Además le envió diferentes paquetes con bienes de primera necesidad (chocolate, camisetas, productos de droguería y aseo personal), en el lapso de temporal comprendido entre octubre de 2015 y marzo de 2017. Cumple el requisito de estar a cargo

FUENTE : MIGRARCONDERECHOS

Es indudable que una cosa es la mera exigencia formal que se impone en el artículo 124.1º.b) del Reglamento, que se cumple con la mero aportación del contrato de trabajo con la solicitud del interesado, y otra muy diferente es que la Administración no pueda, e incluso esté obligada en aras al interés general que subyace en sus potestades, examinar la eficacia probatoria de la documentación aportada por el interesado, toda ella y, por tanto, también el mencionado contrato laboral. Es decir, nada tiene que ver con la carga que se impone al interesado de aportar el mencionado contrato con la potestad de la Administración, una vez iniciado el procedimiento, para examinar dicha documentación y constatar esa viabilidad laboral.

Sería contrario a la lógica pretender que basta con la mera aportación formal de un contrato de esa naturaleza para estimar que es la aportación del documento el que vincula a la Administración, cuando es lo cierto que lo que el precepto exige es la realidad del contrato, la relación jurídica que el documento formaliza, contrato que debe tener las circunstancias que se impone en la norma, en concreto, una determinada duración, que ciertamente no ha de ser imperativamente cumplida, porque ello llevaría a revocar la autorización si se deja sin efecto antes del año exigido por el precepto, pero al menos deberá constatarse, cuando a la Administración le genere dudas al respecto, que en las condiciones existentes al momento de adoptar la decisión sobre la concesión de la autorización solicitada, el contrato aportado tiene perspectivas de poder ser real y efectivo en el tiempo que se impone.




De lo expuesto ha de concluirse que no se estima acertada la interpretación que se postula en el

escrito de interposición del presente recurso de casación, de estimar que es suficiente con la mera

aportación del documento para estimar acreditadas las condiciones que se imponen para la concesión del permiso por residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, en contraposición con lo exigido en el artículo 66 del Reglamento para el permiso de trabajo, como se ha sostenido por algunas Salas de esta Jurisdicción de algunos Tribunales de Justicia (sin carácter exhaustivo, sentencias 563/2018 del de Murcia


TERCERO. Interpretación que se propone de los preceptos a que se refiere el recurso.-

La conclusión de lo que se ha expuesto en el anterior fundamento han de interpretarse los artículos 64.3º.e) y 124.2º.b) del Reglamento de la Ley de Extranjería en el sentido de que, conforme al segundo de los mencionados preceptos y con exclusión de aquel primero, es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de " un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año", sin mayores requisitos; pero que ello no impide que la Administración, en la tramitación del procedimiento, pueda examinar la falta de viabilidad de la actividad empresarial en que se inserta el mencionado contrato, abriendo un periodo probatorio en que se puedan aportar pruebas para poder acreditarla, debiendo ser valoradas con libertad de criterio, pudiendo ser sometida al control jurisdiccional esa actividad probatoria

ROJ: ATS 10369/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10369A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3498/2018 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del RD 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11

Información sobre protección internacional para nacionales venezolanos en España

La Oficina de ACNUR en España ha elaborado la presente nota para ofrecer información básica aclaratoria en relación a esta cuestión.




22 de octubre de 2018



Con base al elevado número de nacionales venezolanos que se han puesto en contacto con la Oficina de ACNUR en España, se ha elaborado la presente nota que tiene como objetivo ofrecer información básica aclaratoria en relación a esta cuestión.

¿Cuál es la posición actual del Estado español en relación a los solicitantes de asilo de Venezuela?

Las autoridades españolas están valorando la adopción de una solución adecuada para los solicitantes de asilo de Venezuela que no sean reconocidos como refugiados, sin que exista actualmente una posición definitiva.

En contra de algunas noticias publicadas en medios de comunicación y en redes sociales, no existe en la actualidad ningún procedimiento específico en curso para garantizar la permanencia en España por razones humanitarias a nacionales de Venezuela.

Recientemente se ha publicado en diferentes medios de comunicación información relativa a las decisiones judiciales de la Audiencia Nacional en relación a los recursos presentados por nacionales venezolanos a los que se había denegado la protección internacional. En las 5 decisiones de la Audiencia Nacional se ha reconocido a los interesados la protección humanitaria en base a la situación existente en la actualidad en Venezuela.

Estas sentencias están en línea con la Posición de ACNUR. Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. 2018, Marzo 2018, disponible en esta dirección: http://www.refworld.org.es/docid/5aa076f74.html

1.Afectan exclusivamente a las personas que recurrieron judicialmente las decisiones denegatorias de sus solicitudes de asilo.
2.Estas decisiones se basan en el caso individual de cada recurrente.

•Si usted es solicitante de asilo, le informamos que la autoridad competente para resolver su caso es la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Si quiere conocer el estado de tramitación de su expediente debe ponerse en contacto con dicha Oficina. Le recomendamos que lo haga a través de su abogado.
•Si su caso ya ha sido denegado, póngase en contacto con un abogado especializado para valorar la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses desde la notificación y/o la presentación de una nueva solicitud de asilo.
•Si usted no es solicitante de asilo, le recomendamos valorar con la asistencia de un abogado especializado la mejor opción teniendo en cuenta sus circunstancias.

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RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si la causa de extinción prevista en el art. 162.2.e) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, es aplicable incluso en aquellos casos que quede debidamente justificada la imposibilidad de permanecer en España durante el plazo establecido en el precepto.

Argumentó que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque el criterio de la sentencia recurrida es contradictorio con el sostenido por la sentencia -nº 173/13, de 11 de marzo- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria que, al respecto, declara: "El carácter objetivo de la causa de extinción del citado art. 162.2.e) RD 557/2011 -antiguo art. 75.2 f) RD 2353/2004 - parece ser incompatible, en principio, con la eficacia de eventuales causas de justificación de la ausencia del territorio nacional. Nótese que la finalidad de la norma consiste en privar de la autorización de residencia a quienes no les resulta necesaria por permanecer fuera del territorio nacional más tiempo que en éste. Tal situación se produce cuando se reside en el extranjero más de la mitad del plazo de un año con independencia del motivo determinante de ello. Ahora bien ello no puede suponer que no se admitan causas de justificación de la ausencia como la aquí expuesta en que el demandante que ha ido a recoger a su esposa para traerla a España por haberle concedido la reagrupación familiar, por una serie de circunstancias le haya resultado imposible regresar antes del transcurso del plazo de los seis meses, debido a la enfermedad de la esposa, la necesidad de atención médica hasta agosto de 2011 y el nacimiento de la hija de ambos que difiere a septiembre de 2011 el regreso a España, máxime cuando tendría derecho a una autorización de residencia de larga duración por haber residido legalmente y de forma continuada en territorio español durante cinco años a tenor del art. 148 RD 557/2011 "