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SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DEL JUZGADO C-A Nº 2 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE . TFUE ASCENDIENTE DE ESPAÑOL . CONCEPTO JURÍDICO A CARGO Y SITUACIÓN ECONÓMICA EN VENEZUELA .

Fuente:

Nuestra felicitación al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Castro Robredo


Comentario:

Sentencia del Juzgado del Contencioso-administrativo núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife de 27 de noviembre de 2018. Ascendiente de español extensa . Concedido

Fundamentos de Derecho:

•Segundo. Se debe traer a colación la STS de 18.07.2017 de la aplicabilidad a todo familiar extracomunitario de español del artículo 7.
En autos se ha probado la exacta situación económica en Venezuela del solicitante de la autorización de residencia. Hermana de español de 62 años, que desde el 2013 solo ha trabajado en Venezuela 4 semanas.

"Por lo tanto, se acredita que dicha reagrupada no percibe unos ingresos que le permitan vivir dignamente y requiere necesariamente de las remesas de su hijo español ". Las remesas ascienden a unas cantidades promediadas de alrededor de 50 euros mensuales, entre noviembre de 2013 y junio de 2017. Además le envió diferentes paquetes con bienes de primera necesidad (chocolate, camisetas, productos de droguería y aseo personal), en el lapso de temporal comprendido entre octubre de 2015 y marzo de 2017. Cumple el requisito de estar a cargo

FUENTE : MIGRARCONDERECHOS
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Enviado el: 30-11-2018

QUINTA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 06/11/2018 QUE CONSAGRA LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS DEL ARTÍCULO 7 DEL RD 240/2007 PARA CÓNYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE ESPAÑOL .

QUINTA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 06/11/2018 QUE CONSAGRA LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE MEDIOS ECONÓMICOS DEL ARTÍCULO 7 DEL RD 240/2007 PARA CÓNYUGES EXTRACOMUNITARIOS DE ESPAÑOL .



Roj: STS 3783/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3783
 Nº de Recurso: 5468/2017
 Nº de Resolución: 1586/2018
 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
 Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
 Tipo de Resolución: Sentencia


SEGUNDO. Doctrina de este Tribunal Supremo.-




Las cuestiones de interpretación que se suscitan en este recurso han sido ya examinadas reiteradamente por esta Sala del Tribunal Supremo, desde la originaria sentencia en que se suscitó el mismo debate, sentencia 1295/2017, de 18 de julio, dictada en el recurso de casación 298/2016, interpuesto contra sentencia de la Sala de Cantabria y con pronunciamientos y fundamentos idénticos a la aquí recurrida.




Dicha doctrina ha sido reiterada en las ulteriores sentencias 1137/2018, de 3 de julio y 963/2018, de 11 de junio, dictada en el recurso de casación 1709/2017.




La fijación de una interpretación ya por esta Sala obliga a atenernos al mismo criterio, como se corresponde con la nueva configuración del recurso tras la reforma introducida en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por Ley 7/2015, por lo que debemos mantener lo ya declarado, siguiendo lo expuesto en la última de las sentencias mencionadas, claramente aplicable al caso de autos, por tener los mismos presupuestos fácticos, como se ha expuesto:


Enviado el: 30-11-2018

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA EL ARRAIGO SOCIAL NO SE PUEDE EXIGIR LOS REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN UNA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN EN ORIGEN ( PERO...)


Roj: STS 3784/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3784
 Id Cendoj: 28079130052018100437
 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Sede: Madrid
 Sección: 5
 Fecha: 08/11/2018
 Nº de Recurso: 1942/2017
 Nº de Resolución: 1603/2018
 Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
 Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
 Tipo de Resolución: Sentencia

Es indudable que una cosa es la mera exigencia formal que se impone en el artículo 124.1º.b) del Reglamento, que se cumple con la mero aportación del contrato de trabajo con la solicitud del interesado, y otra muy diferente es que la Administración no pueda, e incluso esté obligada en aras al interés general que subyace en sus potestades, examinar la eficacia probatoria de la documentación aportada por el interesado, toda ella y, por tanto, también el mencionado contrato laboral. Es decir, nada tiene que ver con la carga que se impone al interesado de aportar el mencionado contrato con la potestad de la Administración, una vez iniciado el procedimiento, para examinar dicha documentación y constatar esa viabilidad laboral.


En efecto, ya con carácter general, esa potestad de la Administración le viene reconocida, con toda lógica, en el artículo 77. 2º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando autoriza, en realidad impone, que cuando la Administración " no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija", poder abrir un trámite de prueba dando oportunidad al interesado para que aporte elementos probatorios sobre los hechos cuestionados. Pero es que, además, es evidente que la Administración debe constatar los hechos en que se funda la petición, más aún en una actividad, la laboral, de tan relevante repercusión e intervención de la Administración; y no otra cosa le viene impuesto a la Administración en el control de esa relación laboral que no puede negársele en el momento inicial de la misma, es decir, con la presentación de dicho contrato por el interesado.


Y es que no puede desconocerse que la relación laboral que se exige para la concesión de la autorización de residencia que nos ocupa, no viene establecida como un mero requisito formal que se agote en sí mismo.

Sería contrario a la lógica pretender que basta con la mera aportación formal de un contrato de esa naturaleza para estimar que es la aportación del documento el que vincula a la Administración, cuando es lo cierto que lo que el precepto exige es la realidad del contrato, la relación jurídica que el documento formaliza, contrato que debe tener las circunstancias que se impone en la norma, en concreto, una determinada duración, que ciertamente no ha de ser imperativamente cumplida, porque ello llevaría a revocar la autorización si se deja sin efecto antes del año exigido por el precepto, pero al menos deberá constatarse, cuando a la Administración le genere dudas al respecto, que en las condiciones existentes al momento de adoptar la decisión sobre la concesión de la autorización solicitada, el contrato aportado tiene perspectivas de poder ser real y efectivo en el tiempo que se impone.




De lo expuesto ha de concluirse que no se estima acertada la interpretación que se postula en el

escrito de interposición del presente recurso de casación, de estimar que es suficiente con la mera

aportación del documento para estimar acreditadas las condiciones que se imponen para la concesión del permiso por residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, en contraposición con lo exigido en el artículo 66 del Reglamento para el permiso de trabajo, como se ha sostenido por algunas Salas de esta Jurisdicción de algunos Tribunales de Justicia (sin carácter exhaustivo, sentencias 563/2018 del de Murcia


TERCERO. Interpretación que se propone de los preceptos a que se refiere el recurso.-

La conclusión de lo que se ha expuesto en el anterior fundamento han de interpretarse los artículos 64.3º.e) y 124.2º.b) del Reglamento de la Ley de Extranjería en el sentido de que, conforme al segundo de los mencionados preceptos y con exclusión de aquel primero, es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de " un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año", sin mayores requisitos; pero que ello no impide que la Administración, en la tramitación del procedimiento, pueda examinar la falta de viabilidad de la actividad empresarial en que se inserta el mencionado contrato, abriendo un periodo probatorio en que se puedan aportar pruebas para poder acreditarla, debiendo ser valoradas con libertad de criterio, pudiendo ser sometida al control jurisdiccional esa actividad probatoria

Enviado el: 30-11-2018

DECENAS DE AUTOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL ESTIMANDO LA MEDIDA CAUTELAR DE NO DEVOLUCIÓN PARA LAS LOS VENEZOLANOS/AS QUE SE LES HAN DENEGADO LA CONDICIÓN DE REFUGIADO .



  Nº de Resolución: 491/2018 -
 Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA -
 Nº Recurso: 905/2017 -
 Fecha: 14/11/2018 -
 Tipo Resolución: Auto


SEGUNDO.- El recurrente es nacional de VENEZUELA. Pues bien, la Sala tiene conocimiento de que ACNUR, dada la evolución de la situación en Venezuela, recomienda a las autoridades españolas, desde mayo de 2017, la no devolución, literalmente se habla de " algún tipo de protección internacional" y de garantizar la " no devolución a Venezuela". Por ello, realizada la correspondiente ponderación de intereses y sin perjuicio de la decisión que en su día adoptemos al analizar el fondo del asunto, la Sala considera que procede adoptar la medida cautelar de no devolución durante la sustanciación del presente recurso.

No procede imponer las costas al solicitante de la medida - art 139 LJCA-.

Enviado el: 30-11-2018

OTRO AUTO DE ADMISIÓN CASACIONAL ANTE EL TS DE 10/10/2018 . EXTINCIONES DE ARRAIGOS SOCIALES POR DESAPARICIÓN DE "CUALQUIERA" DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE A LA CONCESIÓN.

ROJ: ATS 10369/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10369A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3498/2018 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del RD 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11

Enviado el: 30-10-2018

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 27 DE JULIO DE 2018 . RESIDENCIA DE HIJOS MENORES NO NACIDOS EN ESPAÑA DE RESIDENTES LEGALES . " ATEMPERAR LAS EXIGENCIAS ECONÓMICAS ATENDIENDO A LA VIDA LABORAL PROLONGADA DE LOS PADRES" . CONVENIO DE COOPERACIÓN JUDICIAL ENTRE REINO DE ESPAÑA Y MARRUECOS

Fecha: 27/07/2018
Nº de Recurso: 40/2018
Nº de Resolución: 358/2018

(...)

-Los hijos que pretenden ser reagrupados son menores. Claudio nació en NUM002 .2003 y Elias nació el NUM003 .2006 y viven en España con sus padres y el resto de sus hermanos. Los menores se encuentran matriculados en Centros Educativos públicos españoles ( Claudio cursa 1º de la ESO en el Colegio IES DIRECCION000 y Elias cursa 5º de Primaria en el Centro de Primaria DIRECCION001 ) y asisten a clase con regularidad. Se aporta con la demanda los Certificados de los Centros doc.3. Este dato es significativo del grado de integración de los menores en España.

.- La familia consta de seis miembros. Junto con el padre y la madre residen cuatro hijos; Regina nació el NUM004 .2010 en Murcia y Carlos Daniel nació el NUM005 .2012 en DIRECCION001 (Murcia). Se aporta por el recurrente la copia de las comparecencias realizadas ante el Registro Civil de Cieza Murcia el 2 de febrero de 2015 a los efectos de solicitar la nacionalidad española por residencia para la hija menor Regina y para el hijo menor Carlos Daniel (nacidos en España; la Comparecencia se hace a los efectos de interesar que se remita el expediente a la Dirección General de Registros y del Notariado a los efectos de que se dicte resolución de nacionalidad española por residencia.

Por lo expuesto, atendiendo a las circunstancias concretas examinadas, esta Sala considera que las exigencias económicas establecidas por la normativa de extranjería pueden ser atemperadas. El recurrente y su esposa han acreditado disponer del uso de una vivienda adecuada en España, cuentan con unos ingresos mínimos para atender a las necesidades básicas de la familia y han acreditado una prolongada vida en laboral en España.

Si no se accede a la reagrupación, los menores deberían salir del territorio español lo cual sería una medida desproporcionada debiendo prevalecer en este concreto caso el superior interés de protección de los menores.




QUINTO .- En último lugar, en cuanto a la falta de aportación de la Legalización del acta de nacimiento de los menores Elias y Claudio . El Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativo entre el Reino de España y
el de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (BOE de 25 de junio de 1997) dispensa de la legalización en su artículo 40 que dicta : " Los documentos que provengan de las autoridades judiciales o de otras autoridades de uno de ambos Estados, así como los documentos cuya fidelidad y fecha, veracidad de la firma o conformidad con el original certifiquen dichas autoridades, estarán dispensados de legalización o de cualquier otra formalidad equivalente cuando deban presentarse en territorio del otro Estado. Los documentos deberán ir provistos de la firma y del sello oficial de la autoridad facultada para expedirlos, y en el caso de que se trate de copias, estar certificados conformes con el original por dicha autoridad. En cualquier caso, deberán  estar extendidos materialmente de tal forma que resulte evidente su autenticidad. En caso de existir serias dudas
acerca de la autenticidad documento se efectuará una comprobación por mediación de la autoridad central de
ambos Estados ". Las actas de nacimiento de los menores aportadas en vía administrativa fueron expedidas por el Ministerio
del Interior de Marruecos y están provistas de sello oficial y, en principio, dada la documentación aportada al expediente, no surgen dudas acerca de la autenticidad de los certificados de nacimiento. En todo caso, si la Administración cuestionaba la autenticidad de las actas de nacimiento, el requisito relativo a la falta de legalización del documento debió haberlo solventado en sede administrativa y por los cauces previstos en el Convenio citado.

Enviado el: 23-10-2018

LA OFICINA DE ACNUR EN ESPAÑA OFRECE INFORMACIÓN BÁSICA ACLARATORIA SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA NACIONALES VENEZOLANOS EN ESPAÑA



Información sobre protección internacional para nacionales venezolanos en España

La Oficina de ACNUR en España ha elaborado la presente nota para ofrecer información básica aclaratoria en relación a esta cuestión.




22 de octubre de 2018



Con base al elevado número de nacionales venezolanos que se han puesto en contacto con la Oficina de ACNUR en España, se ha elaborado la presente nota que tiene como objetivo ofrecer información básica aclaratoria en relación a esta cuestión.

¿Cuál es la posición actual del Estado español en relación a los solicitantes de asilo de Venezuela?

Las autoridades españolas están valorando la adopción de una solución adecuada para los solicitantes de asilo de Venezuela que no sean reconocidos como refugiados, sin que exista actualmente una posición definitiva.

En contra de algunas noticias publicadas en medios de comunicación y en redes sociales, no existe en la actualidad ningún procedimiento específico en curso para garantizar la permanencia en España por razones humanitarias a nacionales de Venezuela.

Recientemente se ha publicado en diferentes medios de comunicación información relativa a las decisiones judiciales de la Audiencia Nacional en relación a los recursos presentados por nacionales venezolanos a los que se había denegado la protección internacional. En las 5 decisiones de la Audiencia Nacional se ha reconocido a los interesados la protección humanitaria en base a la situación existente en la actualidad en Venezuela.

Estas sentencias están en línea con la Posición de ACNUR. Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos. 2018, Marzo 2018, disponible en esta dirección: http://www.refworld.org.es/docid/5aa076f74.html

¿Qué impacto tienen estas decisiones de la Audiencia Nacional adoptadas a partir de  junio de 2018?

1.Afectan exclusivamente a las personas que recurrieron judicialmente las decisiones denegatorias de sus solicitudes de asilo.
2.Estas decisiones se basan en el caso individual de cada recurrente.

Recomendaciones:

•Si usted es solicitante de asilo, le informamos que la autoridad competente para resolver su caso es la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Si quiere conocer el estado de tramitación de su expediente debe ponerse en contacto con dicha Oficina. Le recomendamos que lo haga a través de su abogado.
•Si su caso ya ha sido denegado, póngase en contacto con un abogado especializado para valorar la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses desde la notificación y/o la presentación de una nueva solicitud de asilo.
•Si usted no es solicitante de asilo, le recomendamos valorar con la asistencia de un abogado especializado la mejor opción teniendo en cuenta sus circunstancias.

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Enviado el: 23-10-2018

OTRO AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO ADMITIENDO CASACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRÓRROGA EN LOS ARRAIGOS FAMILIARES O EN CAMBIO LA MODIFICACIÓN A AUTORIZACIÓN TEMPORAL INICIAL DE TRABAJO .

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 4461/2017 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto


PRIMERO.- El escrito de preparación formalmente se ajusta a las exigencias establecidas en el artículo 89.2 de la Ley procesal como hemos señalado, concurriendo el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia previsto en el art. 8.2.a) LJCA.

SEGUNDO.- En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA en relación con el artículo 90.4 de la misma, procede admitir el recurso de casación con base en el art. 88.2.a) LJCA, precisando que la cuestión que, entendemos, tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si las autorizaciones de residencia por razones excepcionales de arraigo familiar ( art. 124.3 Reglamento de Extranjería ) son susceptibles de prórroga, o, por el contrario, el titular de este tipo de autorizaciones, deberá solicitar directamente -al finalizar su vigencia- la autorización de residencia temporal y trabajo (art. 130.4 en relación con el art. 202.1.2 del citado Reglamento). Identificando como normas que, en principio, será objeto de interpretación los arts. 130.4 y 202.2 en relación con el 124.3 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Enviado el: 19-10-2018

AUTOS DE ADMISIÓN CASACIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2018 SOBRE EXTINCIONES DE LOS ARRAIGOS SOCIALES Y DE AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA POR AUSENCIA DE MAS DE 6 MESES DEL TERRITORIO ESPAÑOL


ROJ: ATS 10369/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10369A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 3498/2018 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 

RESUMEN: Auto de admisión; determinar si el régimen establecido en el art. 162.2.b) del Real Decreto 557/11, de 20 de abril, permite a la Administración la extinción de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales por desaparición de cualesquiera de las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, o, si, por el contrario, dicha extinción sólo podrá tener lugar previa comprobación de que en el momento de acordarse la misma no se dan las circunstancias que permitirían la renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ex art. 71.2 del RD 557/11



 ROJ: ATS 10368/2018 - ECLI:ES:TS:2018:10368A

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso -
 Municipio: Madrid -
 Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO -
 Nº Recurso: 4112/2017 -
 Fecha: 10/10/2018 -
 Tipo Resolución: Auto
 
RESUMEN: Auto de admisión; determinar si la causa de extinción prevista en el art. 162.2.e) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, es aplicable incluso en aquellos casos que quede debidamente justificada la imposibilidad de permanecer en España durante el plazo establecido en el precepto.

Argumentó que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque el criterio de la sentencia recurrida es contradictorio con el sostenido por la sentencia -nº 173/13, de 11 de marzo- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria que, al respecto, declara: "El carácter objetivo de la causa de extinción del citado art. 162.2.e) RD 557/2011 -antiguo art. 75.2 f) RD 2353/2004 - parece ser incompatible, en principio, con la eficacia de eventuales causas de justificación de la ausencia del territorio nacional. Nótese que la finalidad de la norma consiste en privar de la autorización de residencia a quienes no les resulta necesaria por permanecer fuera del territorio nacional más tiempo que en éste. Tal situación se produce cuando se reside en el extranjero más de la mitad del plazo de un año con independencia del motivo determinante de ello. Ahora bien ello no puede suponer que no se admitan causas de justificación de la ausencia como la aquí expuesta en que el demandante que ha ido a recoger a su esposa para traerla a España por haberle concedido la reagrupación familiar, por una serie de circunstancias le haya resultado imposible regresar antes del transcurso del plazo de los seis meses, debido a la enfermedad de la esposa, la necesidad de atención médica hasta agosto de 2011 y el nacimiento de la hija de ambos que difiere a septiembre de 2011 el regreso a España, máxime cuando tendría derecho a una autorización de residencia de larga duración por haber residido legalmente y de forma continuada en territorio español durante cinco años a tenor del art. 148 RD 557/2011 "

Enviado el: 19-10-2018