SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2020 (*)

«Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión Europea — Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación — Solicitud de tarjeta de residencia temporal del cónyuge, nacional de un tercer país — Denegación — Obligación de subvenir a las necesidades del cónyuge — Falta de recursos suficientes del ciudadano de la Unión — Obligación de los cónyuges de vivir juntos — Legislación y práctica nacionales — Disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión — Privación»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1)      El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión Europea que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga, para sí y su cónyuge, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social, sin que se haya examinado si entre ese ciudadano de la Unión y su cónyuge existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse un derecho de residencia derivado a este último, el ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión Europea en su conjunto y quedaría privado, en consecuencia, del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto.

2)      El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no existe una relación de dependencia que pueda justificar la concesión de un derecho de residencia derivado al amparo de ese artículo por el mero hecho de que un nacional de un Estado miembro, mayor de edad y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, y su cónyuge, mayor de edad y nacional de un tercer país, estén obligados a vivir juntos en virtud de las obligaciones que dimanan del matrimonio según el Derecho del Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión Europea.

 Primero.-Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

1ª) El artículo 6.1, párrafo segundo de la Directiva 2013/32/UE establece el supuesto para cuando las solicitudes de protección internacional se formule ante otras autoridades que no sean competentes para registrarlas conforme a su Derecho nacional, en cuyo caso los Estados miembros velarán por que el registro se realice en el plazo máximo de los seis días hábiles siguientes a la formulación de la solicitud. ¿Debe interpretarse en el sentido de considerar a los jueces y juezas de instrucción competentes para resolver sobre el internamiento o no de extranjeros conforme a la ley nacional española como una de esas "otras autoridades" que sin ser competentes para registrar la solicitud de protección internacional, los solicitantes pueden manifestar su voluntad de hacerlo?

2º) Si es considerada, una de esas autoridades ¿Debe interpretarse el artículo 6.1, de la Directiva 2013/32/UE que el juez o jueza de instrucción debe informar a los solicitantes sobre dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes de protección internacional, y que en caso de solicitarse debe dar traslado al órgano competente conforme a la ley nacional para el registro y tramitación de la solicitud de protección internacional, y a la autoridad administrativa competente para que se concedan al solicitante las medidas de acogida contempladas en el artículo 17 de la Directiva 2013/33/UE?.

3º) ¿Debe interpretarse los Artículos 26 de la Directiva 2013/32/UE y el artículo 8 de la Directiva 2013/33/ UE en el sentido de que no procede el internamiento del ciudadano de tercer estado salvo que concurran los requisitos del artículo 8.3º de la Directiva 2013/33/UE, por encontrarse el solicitante protegido por el principio de no devolución desde que realiza dicha manifestación ante el juez o jueza de instrucción?

Segundo.- Solicita que se siga el trámite del procedimiento prejudicial de urgencia por cumplirse las exigencias del artículo 107 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia. Tercero.- Suspender el procedimiento hasta la resolución del incidente prejudicial.

DÉCIMO: Con base en los anteriores razonamientos al interrogante que presentaba interés casacional objetivo, debemos responder que la normativa en materia de extranjería regula un doble sistema de extinción de las autorizaciones de residencia temporal, dado que, en el supuesto del   art. 162.1, se produce, la extinción por el transcurso del plazo para el que se hayan expedido, lo que justifica la ausencia de necesidad de un pronunciamiento administrativo, mientras que en los supuestos de las causas de extinción del      artículo 162.2 RD 557/2011   , se exige resolución del órgano competente para su concesión, conforme a los trámites previstos en la normativa vigente para los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones. Ambos supuestos resultan mutuamente excluyentes, dado que si la administración decide, tras comprobar el incumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y permanencia que la autorización de residencia temporal se extinga, ya no podría operar la extinción por el transcurso del tiempo de su vigencia y, al contrario, no parece posible que una autorización cuyos efectos han terminado por transcurso del tiempo, pueda a su vez resultar extinguida por incumplimiento.

Consecuentemente, no resulta posible a la Administración proceder a declarar extinguida por incumplimiento una autorización que ha dejado de surtir efectos por el vencimiento del plazo de su vigencia, lo que tampoco implica que tal circunstancia sea irrelevante, sino que tal valoración debe posponerse a un momento posterior, procediendo a valorar tal incumplimiento en el momento de comprobar la concurrencia o no de los requisitos previstos en el art. 147 para la residencia de larga duración."

La consecuencia de la anterior doctrina es doble: por una parte, resulta claro que no es posible extinguir por la vía del art. 162 las autorizaciones que ya han perdido vigencia como consecuencia de su carácter temporal, pero por otra parte señala cuál es la vía correcta para que la Administración tenga en cuenta este tipo de circunstancias, que desde luego no son inocuas. Así, lo correcto es tener en cuenta estas circunstancias y valorarlas en cuanto a la situación administrativa actual del extranjero, sin acudir a dejar sin efecto autorizaciones o situaciones jurídicas que ya no existen en el mundo jurídico. La doctrina del Tribunal Supremo es clara, y conlleva la estimación de la demanda.

Roj: STSJ CV 5626/2019 - ECLI: ES:TSJCV:2019:5626
 Sede: Valencia Sección: 5 Fecha: 30/12/2019 Nº de Recurso: 1209/2017 Nº de Resolución: 1000/2019 Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: MIGUEL ANGEL NARVAEZ BERMEJO

Esta cuestión está abordada por la sentencia del TSJ de Navarra 41/2019, de 21 de febrero, recurso de apelación 12/2019, que toma como referencia la percepción de la ayuda al momento de la resolución de expulsión, en los siguientes términos: " Alega la apelante que no se ha tenido en cuenta que percibe renta básica reconocida por la resolución 783/2018 de 4 de mayo y que aporta como documento 4 de la demanda.

Sobre esta cuestión tiene manifestada esta Sala en sentencia 121/2011 de 22 de marzo APL 243/2010 Roj: STSJ NA 842/2011 - ECLI:ES:TSJNA:2011:842 . ( ...)

Sobre la alegada percepción de renta básica y su incidencia ex artículo 57.5 . d) LOEX. Alega también la percepción de renta básica lo que conforme al artículo57.5 d) LOEX impedía la imposición de la sanción de expulsión.

Debemos rechazar tala alegación: a) En primer lugar debe señalarse que la apelante percibió tal renta básica ( al amparo del Decreto Foral 120/1999) desde el 1- 12-2009 hasta el 31-12-2009 . Esas son las fechas que toma en consideración el Juez a quo y que constan acreditadas en documento aportado en el juicio y no la fechas que refiere el apelante en su escrito de apelación (señala que percibió la renta básica del 1-1-2010 hasta el 31-5-2010). En cualquier caso, las fechas son posteriores a la fecha de la resolución administrativa esto es lo relevante como a continuación se expone. b) Al respecto señalar que el art. 57.5 d) de la citada Ley de Extranjería determina: " La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art. 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentran en los siguientes supuestos: d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral" . c) Pues bien es necesario, para que tenga la relevancia jurídica que se pretende, que la renta básica se perciba de presente en el momento de la resolución administrativa. Y así se deriva de la propia dicción de la LOEX "no podrá ser impuesta", y de la propia finalidad de la LOEX y del Decreto regulador de la renta básica , pues ésta tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas de los que carezcan de recursos económicos (exposición de motivos y art.1 Decreto Foral 120/1999 ) vinculado a un objetivo de reinserción socio-laboral para "evitar la simple consolidación de la ayuda sin un objetivo de inserción" (exposición de motivos).

d) En este sentido se apunta en nuestra STJ Navarra 1-9-2009, Ap 218/2009, al señalar: "Con ello parece que pudiera darse el invocado supuesto del art. 57.5 d), pero véase que el precepto está concebido en términos estrictos que no permiten interpretaciones extensivas ni analógicas, ya que bien a las claras determinan que la expulsión no puede decretarse, en este supuesto, cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación... ("los que sean beneficiarios..." dice textualmente) es decir en presente...". O en nuestra STJ Navarra 28-12-2009, Ap 193/2007.

e) No es de aplicación al caso la doctrina evolutiva recogida por esta Sala (además de que en este caso en la fecha de esta Sentencia tampoco percibe la apelante la renta básica) pues ésta se refiere y es aplicable a datos fácticos, aún con evidente trascendencia jurídica (nacimiento de hijos españoles, matrimonio con español...... y cuyo fundamento trasciende del estricto y propio interés, de extranjero: protección del nacional, protección de la familia ...... ), pero no a hechos-datos jurídicos o institutos/relaciones jurídicas públicas o privadas, como es el caso. Ello cohonesta perfectamente con la naturaleza y finalidad de la renta básica pues, como hemos dicho, tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas de los que carezcan de recursos económicos vinculado a un objetivo de fondo de reinserción socio-laboral para "evitar la simple consolidación de la ayuda sin un objetivo de inserción".

Por ello si en la fecha de la resolución administrativa no se percibe de presente tal prestación asistencial (que constituye un hecho jurídico y no un dato fáctico sometido al criterio evolutivo), la sanción de expulsión en el ámbito de extranjería puede imponerse, pues es evidente que se ha constatado de presente la inexistencia de una infracción (con los requisitos que establece la LOEX y no la normativa reguladora de la renta básica) que revela, desde el punto de vista de la normativa de extranjería, la inidoneidad jurídico-económico-socio-laboral de su permanencia en España.

Ello hace irrelevante la percepción posterior de la renta básica que tiene como finalidad primera y propia atender las necesidades básicas de los que carezcan de recursos económicos aun teniendo, para que no sea una ayuda sin estímulo alguno, un objetivo de inserción, que no es incompatible con la aplicación de la LOEX en los términos expuestos." En aplicación de esta doctrina, al ser posterior a la resolución que acuerda la expulsión (11 de abril de 2018) la resolución que reconoce la renta básica al recurrente (4 de mayo de 2018), no puede tenerse en cuenta en orden a no imponer la expulsión".

Nº de Resolución: 22/2020  Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  Municipio: Madrid  Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE  Nº Recurso: 6078/2018  Fecha: 15/01/2020  Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: EXTRANJEROS. EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO POR ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y REDUCCIÓN DE SALARIO. PRESTACIÓN ASISTENCIA