Nº de Resolución: 396/2019 - Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR -Nº Recurso: 10619/2018 - Fecha: 24/07/2019 -

La Sala examina las distintas fases en las que se articula el delito de trata de seres humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Así, explica que hay una primera fase de captación, que equivale al reclutamiento de la víctima, en la que se utiliza el engaño, combinado a veces con la coacción, para lograr el "enganche" o aceptación de la protesta y para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación. La segunda fase de la actividad delictiva es la de traslado -dentro del país o con cruce de fronteras- que consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, incluso a pie. Esta fase, según la sentencia, está relacionada con la técnica del "desarraigo", cuyo objetivo es aislar a la víctima de sus redes sociales de apoyo - familia, amistades y vecinos- para conseguir su aislamiento y, de esa manera, el tratante puede mantener el control y explotarla. La Sala explica que el "desarraigo" se materializa con el traslado de la víctima al lugar de explotación. La última fase es la de explotación que consiste, según la Sala, en la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, incluidos actos de pornografía o producción de materiales pornográficos. La sentencia explica que, tras la tipificación del delito de trata de seres humanos como delito autónomo, L0 5/2010, la diferenciación entre el tráfico ilícito de migrantes -artículo 318 bis Código Penal- y la trata de personas -artículo 177 bis Código Penal- ha sido confusa. Aunque ambas conductas entrañan el movimiento de seres humanos, generalmente para obtener algún beneficio, la Sala destaca, sin embargo, que en el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un propósito de explotación, principalmente sexual. Por otro lado, la sentencia reitera la jurisprudencia de la Sala sobre el delito de trata de seres humanos que afirma que se cometen tantos delitos como víctimas, por lo que no es posible considerar un único delito ni un delito continuado.

Roj: SAN 2477/2019 - ECLI: ES:AN:2019:2477
Id Cendoj: 28079230052019100364 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 29/05/2019 Nº de Recurso: 69/2018 Nº de Resolución: Procedimiento: Procedimiento ordinario Ponente: JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES Tipo de Resolución: Sentencia

OCTAVO .- Pues bien, ponderando los criterios expuestos en el Fundamento Jurídico Quinto y analizadas las circunstancias expuestas, consideramos que:

1º.- No cabe duda de la naturaleza y gravedad de la infracción cometida por el recurrente, al estar condenado por pertenencia e integración a grupo terrorista.

2º.- Que su residencia en España tiene cierta duración, 16 años.

3º.- Que el tiempo transcurrido desde la infracción es de, al momento de esta sentencia, 5 años; y su conducta en prisión es de rechazo al terrorismo, realizando estudios y vinculándose a actividades sociales.

4º.- Tanto la nacionalidad de su esposa como de sus hijas es española.

5º.- Contrajo matrimonio en el año 2010, y de las circunstancias laborales y familiares, se desprende, en principio, que la efectividad de una vida familiar estable; teniendo tres hijas, de edades entre los  NUM003  y 2 años.

6º.- De lo declarado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que confirma la de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, anteriormente, citadas, no se hace referencia sobre el conocimiento de la esposa del recurrente de los hechos imputados a su marido.

7º.- No cabe duda que la expulsión, teniendo en cuenta las edades de las hijas, escolarizadas en España, la relación laboral de la esposa y la carencia de vínculos familiares en Argentina, supondría un efecto negativo en el grupo familiar, cuando los vínculos sociales y familiares son más sólidos. Pues bien, de la apreciación conjunta de todas estas circunstancias, se puede apreciar los efectos negativos de la expulsión sobre la situación personal, familiar, laboral y social, en la que el "arraigo social" se pone de manifiesto por la larga residencia en España y la formación del grupo familiar, cuyos miembros, que ostenta la nacionalidad española, están incorporados, también, desde la perspectiva laboral y educativa

(...)

Pues bien, en el presente caso, si bien el Instructor del expediente se refiere a alguno de los datos objetivos que con anterioridad hemos expuesto, lo cierto es que no hace una valoración, primero, específica de cada uno de ellos, ni, tampoco, en segundo lugar, de la repercusión conjunta de los mismos en la situación personal, familiar, laboral y social del recurrente. En este sentido, si bien el recurrente conoce el criterio general por el que se acuerda su expulsión, sin embargo, la resolución impugnada no aplica los criterios exigidos en estos supuestos, pues no se debe olvidar que estamos ante una medida excepcional, que exige también una motivación excepcional; de forma que la expulsión, a la luz de las apreciaciones que hemos puesto de manifiesto en el Fundamento Jurídico Octavo, aparece como desproporcionada

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife de 20 de mayo de 2019. Concede autorización por razones humanitarias. Extranjera que tiene que cuidar a su madre: se concede autorización razones humanitarias enfermedad sobrevenida

Segundo. (...). En el caso que ahora nos ocupa, la madre de la actora instó esta clase de autorización y le fue concedido. q El caso que ahora examinamos, se fundamenta en el artículo 123.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, conforme al cual: «1. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcionales que concurran, se podrá o conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés público, previstos en los artículos siguientes».

Fuente:
Nuestra felicitación al letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Alejandro Ruiz Menéndez

http://www.migrarconderechos.es/jurisprudenceMastertable/jurisprudencia/SJCA_Tenerife_20_05_2019

Roj: SAN 2735/2019 - ECLI: ES:AN:2019:2735
Id Cendoj: 28079230082019100395 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 8 Fecha: 24/06/2019 Nº de Recurso: 1149/2017

Para valorar las circunstancias personales de la recurrente, vinculadas a las causas de asilo invocadas y a la situación real y actual de Venezuela, contamos con información solvente de diversos organismos internacionales, que vienen a evidenciar un alarmante empeoramiento de la situación social del país, que, además de la inobservancia del debido respeto a derechos básicos de la persona, compromete el acceso de los ciudadanos a bienes básicos como alimentos o medicinas.

Es por ello que entiende el tribunal que, en la actual situación, se ha de valorar la situación de los peticionarios de esta medida de protección teniendo en cuenta sus particulares circunstancias, a la luz de la información más reciente sobre el país de origen.

Y , además de la Posición de ACNUR de marzo de 2018, en la que se recomienda la no devolución de los ciudadanos venezolanos a su país de origen, la Resolución emitida por la Inter-American Comission on Human Rights, de marzo de 2018, habla de "violaciones múltiples y masivas de los derechos humanos de la mayoría de la población venezolana, con impactos particulares en los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, libertad de movimiento, protección judicial, salud, alimentos y trabajo, entre otros" ; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos (ACNUDH) , en su documento "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin" , al que se hace referencia en sentencia de esta Sala (Secc. 2ª) de 26/06/18 , afirma que "no se persigue a los causantes de muertes en las protestas; que la fuerza se usa de forma excesiva, causándose muertes en operaciones de seguridad; que se realizan detenciones arbitrarias y sin la garantía del debido proceso; torturas y malos tratos; se producen ataques y restricciones al espacio democrático; que se existe una situación de grave violación del derecho a la salud y la alimentación".

Por otra parte, hemos de tener en cuenta la resolución del Ministerio del Interior de fecha 28/02/2019 "sobre autorización de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional a las personas de nacionalidad venezolana con expedientes resueltos desfavorablemente con anterioridad a febrero de 2019"; la Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos, de ACNUR de marzo de 2018; la resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de marzo de 2018; el Informe "violaciones de los Derechos Humanos en el República Bolivariana de Venezuela" de ACNUDH, de junio de 2018; y la Resolución del Parlamento Europeo, sobre "la situación en Venezuela", de febrero de febrero de 2018. Todo ello justifica que se autorice su permanencia en España por razones humanitarias, al menos hasta que la situación del país de origen ofrezca unas mínimas garantías de seguridad y atención de las necesidades básicas.

Procede, pues, la estimación parcial del recurso

Fecha: 26/03/2019 Nº de Recurso: 891/2017 Nº de Resolución: 234/2019

TERCERO . - La sentencia apelada tras la cita parcial de la sentencia de la Sala Tercera-Sección del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2016 , realiza una valoración de la prueba en los siguientes términos: a) La solicitante recibía de su hijo la cantidad entre 15.000 y 50.000 bolívares mensuales que ingresaba en la cuenta de su madre y D.  Landelino  , esposo de su madre. b) La pensión de la solicitante, que pasó de 11.577 VEF a 15.051,15 VEF , la considera insuficiente tomando como referencia los tikets de productos de alimentación que aportó la demandante.

QUINTO . - Procede analizar en primer lugar si la parte demandante -hoy apelada- logró demostrar, como afirma la sentencia del Juzgado que la solicitante Dña.  Hortensia  estaba viviendo a cargo del su hijo residente en España y nacionalizado en 2014. La solicitud de tarjeta de residente comunitaria es de 6 de abril de 2016 y los envíos de dinero comienzan en mayo de 2015. La Sala examina la documentación con los siguientes envíos:

(,,,)

Examinados los números observamos que la pensión de la solicitante osciló de 11.577 pesos a 15.051,15 pesos, manifiestamente insuficiente para los precios existentes en Venezuela en ese momento. Ciertamente, las cantidades enviadas por el hijo -reagrupante- son pequeñas pero en relación a su pensión podemos afirmar que eran una notable ayuda que le permitió vivir. La Sala desestima el recurso de la Abogacía del Estado