SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 11 de abril de 2019 (*)

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia — Artículo 7, apartado 3, letra c) — Derecho de residencia por más de tres meses — Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro durante un período de quince días — Paro involuntario — Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a seis meses — Derecho al subsidio para solicitantes de empleo (jobseeker’s allowance)»

En el asunto C‑483/17,

(...)

40. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la posibilidad de que un ciudadano de la Unión que haya dejado temporalmente de ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantenga su condición de trabajador sobre la base del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38 y el derecho de residencia que le corresponde, en virtud del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, se basa en la premisa de que ese ciudadano esté disponible o sea apto para reincorporarse al mercado de trabajo del Estado miembro de acogida en un plazo razonable (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Prefeta, C‑618/16, EU:C:2018:719, apartado 37 y jurisprudencia citada).

El artículo 7, apartados 1, letra a), y 3, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,  debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un Estado miembro que ha ejercido su derecho de libre circulación y ha adquirido en otro Estado miembro la condición de trabajador en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva gracias a la actividad que ha ejercido en el mismo durante un período de dos semanas —en virtud de un contrato que no es de duración determinada— antes de quedar en paro involuntario mantiene la condición de trabajador durante un período adicional de al menos seis meses en el sentido de estas disposiciones, siempre que se haya inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, de conformidad con el principio de igualdad de trato reconocido en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38, dicho nacional tiene, en consecuencia, derecho a percibir prestaciones de asistencia social o, en su caso, de seguridad social en las mismas condiciones que si fuera nacional del Estado miembro de acogida.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 12 de marzo de 2019 (*)

«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 20 TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Nacionalidades de un Estado miembro y de un tercer Estado — Pérdida ipso iure de la nacionalidad de un Estado miembro y de la ciudadanía de la Unión — Consecuencias — Proporcionalidad»

En el asunto C‑221/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), mediante resolución de 19 de abril de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de abril de 2017, en el procedimiento entre

M.G. Tjebbes,

G.J.M. Koopman,

E. Saleh Abady,

L. Duboux







En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:



El artículo 20 TFUE, a la luz de los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que prevé, con sujeción a determinados requisitos, la pérdida automática de la nacionalidad de dicho Estado miembro por imperativo de la ley (ipso iure), pérdida que lleva consigo, en el caso de las personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, siempre que las autoridades nacionales competentes —con inclusión, en su caso, de los tribunales nacionales— estén en condiciones de examinar, con carácter incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de arbitrar el mecanismo adecuado para que las personas afectadas recuperen ex tunc la nacionalidad en el momento en que soliciten la obtención de un documento de viaje o de cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad. En el marco del referido examen, las autoridades y los tribunales nacionales mencionados deberán verificar si la pérdida de la nacionalidad del Estado miembro de que se trate, que entraña la pérdida de la ciudadanía de la Unión, resulta conforme con el principio de proporcionalidad en lo que atañe a las consecuencias que tenga para la situación de cada persona afectada, y, en su caso, para la situación de los miembros de su familia, desde el punto de vista del Derecho de la Unión.

Fecha: 25/03/2019
Nº de Recurso: 270/2019

SEGUNDO. - Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por Dª Miriam , en nombre y representación de su hija menor de edad, Irene , contra la sentencia -nº. 492/18, de 29 de mayo - de La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, revocatoria en apelación (547/16 ) de la sentencia -23 de junio de 2016- dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo nº. 168/16 , deducido frente a resolución del Subdelegado del Gobierno en Valencia, de 9 de diciembre de 2015, por la que se acuerda denegar la autorización de residencia de larga duración presentada a favor de la menor Irene , ( titular de autorización de residencia temporal, por reagrupación familiar con extranjera, titular de autorización de residencia de larga duración) confirmada en reposición, por resolución de 26 de febrero de 2016.

A tal efecto, se precisa que la cuestión que se entiende que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en: si conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, en los supuestos de renovación de la autorización de residencia de larga duración de los menores reagrupados por sus padres, titulares de autorización de tarjeta de larga duración, es exigible la acreditación de medios económicos, y empleo, y cuál es el margen que permite la minoración de tal exigencia, cuando el familiar reagrupado sea menor de edad.

Y las norma que en principio serán objeto de interpretación: artículo 54.3 , 58.3 y 148.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, versus el artículo 61.3 b) del Real Decreto 557/2011 , que aplica la sentencia recurrida en casación, así como los artículos 11 , 12 , 13 y 14 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y el artículo 18 y 39 CE .

Nº de Recurso: 331/2018
Nº de Resolución: 117/2019
Ponente: GEMA QUINTANILLA NAVARRO

CUARTO .- Decisión del Tribunal.

En primer lugar, como bien argumenta la Sentencia apelada, es de aplicación el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Señala el artículo 2 que el presente real decreto se aplica también, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, que a continuación se relacionan: a) A su cónyuge, (...). b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal (...) c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada (...). Conforme al art. 8.1 del RD 240/2007 " los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea (...) especificados en el artículo 2 del presente real decreto , que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España por un período

El Artículo 10 del RD sobre el "Derecho a residir con carácter permanente" dispone que " son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea (...) y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto".

En segundo lugar , el menor (representado por madre) presentó la solicitud de tarjeta de residencia permanente como familiar de ciudadano de la Unión al amparo del Real Decreto 240/2007. Para que la Administración estimara la solicitud, debía acreditar que habían trascurrido cinco años de residencia en España y que se mantenían las circunstancias iniciales. Estos datos fueron debidamente apreciados por el Juzgador a quo.

Como bien argumenta la Sentencia apelada, es un hecho acreditado -y no controvertido- que la Sra. Tarsila contrajo matrimonio con D. Calixto , nacional español, el día 15 de julio de 2010. El matrimonio seguía inscrito en el Registro Civil cuando se presentó la solicitud de tarjeta permanente de familiar de residente comunitario para el hijo menor Jose Ramón . Asimismo, la Sra. Tarsila obtuvo la tarjeta de residencia permanente por ser cónyuge de español, válida hasta el 5 de septiembre de 2025 y ese permiso de residencia no ha sido extinguido por la Delegación del Gobierno. A ello se añade que, no resulta acreditado el cese de la convivencia. En el acto de la vista de Procedimiento Abreviado, el Sr. Calixto señaló que convive con su esposa y su hijo y que si bien era cierto de que se había empadronado en otros municipios ello era por motivos fiscales.

Por lo tanto, la Sentencia recurrida llevó a cabo un correcto análisis de la prueba y la conclusión alcanzada se comparte por esta Sala pues se acreditó que se cumplían las circunstancias exigidas para el reconocimiento del derecho a residir con carácter permanente previsto en el Real Decreto 240/2007. El recurso de apelación debe ser desestimado.

Fecha: 01/03/2019
Nº de Recurso: 300/2018
Nº de Resolución: 105/2019

La resolución recurrida es la de la Delegación del Gobierno en Murcia de 22 de diciembre de 2017, por la que se deniega al interesado la autorización de residencia por arraigo solicitada, por considerar que la empresa contratante carece de capacidad económica para hacer efectivo el contrato de trabajo. Se añade que el extranjero tiene una orden de expulsión vigente, dictada el día 8 de julio de 2011. Se aporta también por el interesado dicha resolución, en la que se acuerda su expulsión, de conformidad con el artículo 57.2 de la L.O. 4/2000 , por haber sido condenado a pena de prisión de un año y nueve meses por sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Lérida por delito de falsificación de documento público

(...)

Centrándonos en el caso que nos ocupa, tanto el juez de instancia como el apelante, e incluso el Abogado del Estado, confunden el acto impugnado -la denegación de una autorización de residencia- con una orden de expulsión que fue dictada en el año 2011. Ahora bien, por distintas circunstancias no fue recurrida -o se archivó el recurso- en su momento, y ahora el interesado ha formulado contra la misma recurso extraordinario de revisión. Lo cierto es que no cabría en rigor suspender la denegación de la autorización, pero tampoco la inadmisión o la desestimación del recurso extraordinario de revisión, únicamente la orden de expulsión, pero ahora no es susceptible de impugnación por las razones que hemos expuesto. No cabe desconocer, sin embargo, que el recurrente ha acreditado que con su inmediata salida del territorio nacional se producirían unos perjuicios irreparables a sus cuatro hijos, todos ellos menores y nacidos en España y titulares de autorizaciones de residencia de larga duración, al igual que su esposa, y con los que convive. Así, estos menores tendrían que estar separados de su padre o bien abandonar España para acompañarle a su país de origen, Nigeria. Ha de atenderse al superior interés de la familia, y especialmente a la protección de los menores, pues en caso contrario se conculcaría el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia recogida en el artículo 39 de la Constitución , así como el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor .

Por el contrario, no se justifica que con la medida cautelar se produzca una grave perturbación de los intereses

generales o de tercero, por lo que procede acordar la suspensión de la obligación del recurrente de salida del
territorio nacional.