Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  Municipio: Madrid  Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY  Nº Recurso: 4541/2019  Fecha: 13/12/2019  Tipo Resolución: Auto

RESUMEN: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si procede la denegación automática de la solicitud de tarjeta de residencia (temporal) de familiar de ciudadano de la Unión Europea (ciudadano español residente en España y que no ha ejercido el derecho de libre circulación por el Espacio común Europeo) por no cumplirse alguno de los requisitos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, o si, por el contrario, han de examinarse las circunstancias concurrentes, en particular, las personales y familiares y la posible afectación al derecho recogido en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con tal precepto, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 8 de mayo de 2018 [C-82/16], K.A. y otros contra Belgische Staat; y en caso de considerarse procedente el examen mencionado, y, de entenderse afectado el derecho recogido en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cómo debe incidir ello en la decisión relativa a la solicitud de la tarjeta mencionada.

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HECHOS PRIMERO. - La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia -nº 140/19, de 23 de abril-, confirmatoria en apelación (n º 45/19) de la sentencia -nº 285/18, de 28 de noviembre- dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, que había desestimado el P .A. 261/18 deducido por la representación procesal de D.ª  Casilda  contra la resolución -11 de octubre de 2017, confirmada en alzada por otra de 27 de diciembre siguiente- del Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, que denegó la tarjeta de residencia (temporal) de familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada por aquélla (de nacionalidad venezolana), como cónyuge de D.  Adriano , ciudadano español

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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.-

El escrito de preparación presentado cumple con carácter general las exigencias que impone el art. 89.2 de la LJCA, y, en relación específicamente con lo dispuesto en el art. 89.2.f), la Sección considera que, conforme a lo más arriba expuesto, la parte recurrente ha realizado el imprescindible esfuerzo argumental, con singular referencia al caso, de la concurrencia, al menos, de los supuestos previstos en el artículo 88.2.c) y 88.2.f) LJCA. Y , aunque a fecha actual existen ya sentencias de la Sección Quinta de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que determinan, con carácter general, la aplicabilidad del artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles [vid., sentencias de 18 de julio de 2017, 11 de junio de 2018, 3 de julio de 2018, 30 de octubre de 2018, 6 de noviembre de 2018, 23 de mayo de 2019, 3 de junio de 2019, 6 de junio de 2019, 10 de junio de 2019 y 7 de junio de 2019, RCAS 298/16, 1709/17, 4181/17, 3047/17, 5468/17, 3292/17, 4854/17, 4546/18, 3893/18 y 5719/17], lo cierto es que no se ha analizado expresamente la cuestión jurídica que específicamente aquí se plantea, esto es, si el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el citado artículo 7 conlleva de forma automática la denegación de la solicitud de tarjeta de residencia (temporal) de familiar de ciudadano de la Unión Europea (ciudadano español residente en España y que no ha ejercido el derecho de libre circulación por el Espacio común Europeo) o si han de ponderarse las circunstancias personales y familiares concurrentes y la posible afectación al derecho recogido en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, siendo de destacar que invoca expresamente la recurrente a tal efecto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 8 de mayo de 2018 [C-82/16], K.A. y otros contra Belgische Staat, lo cual permite a esta Sala apreciar la conveniencia de un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que esclarezca la cuestión para reafirmar, reforzar o completar aquel criterio o, en su caso, para matizarlo, precisarlo, o corregirlo, en los términos que la Sección de Enjuiciamiento tenga por conveniente

Sede: Coruña (A) Sección: 1 Fecha: 25/09/2019 Nº de Recurso: 32/2019 Nº de Resolución: 413/2019

TERCERO : Procedencia de otorgamiento de la autorización de residencia solicitada en base al  artículo 124.2 del RD 557/2011 y de la revocación de la orden de expulsión.De lo anteriormente argumentado se deriva que no cabe denegar la autorización de residencia por la concurrencia de antecedentes penales, pues se trata de un requisito del artículo 124.2 del RD 577/2011 que la Administración no tuvo en cuenta, y que, como hemos visto, la Abogacía del Estado esgrimió en esta vía jurisdiccional para completar la fundamentación de la resolución administrativa impugnada, lo cual resulta improcedente, de modo que, una vez que ha quedado acreditado que el demandante cumplía la exigencia de permanencia continuada en España durante los tres años anteriores a la solicitud deducida, procede revocar la sentencia de primera instancia y otorgar la postulada autorización. En el suplico de la demanda se solicitaba también que se revocase la orden de expulsión que se había dictado en resolución de 7 de septiembre de 2017 por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, con prohibición de entrada durante tres años, con amparo en lo previsto en el artículo 241.2 del RD 557/2011 . Dicho precepto establece: " Cuando en el marco de un procedimiento relativo a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales de las previstas en los artículos 31bis , 59 , 59bis o 68.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , se comprobase que consta contra el solicitante una medida de expulsión no ejecutada por concurrencia de una infracción de las previstas en las letras a ) y b) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , ésta será revocada siempre que del análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales ". En consecuencia, también procede la revocación de la mencionada orden de expulsión.

FUENTE : Consejo General del Poder Jucial ( Cendoj )

Fecha: 23/09/2019 Nº de Recurso: 233/2019 Nº de Resolución: 1074/2019

Así las cosas, el recurso de correr suerte estimatoria, ya que la cuestión suscitada se limita a determinar si la parte recurrente ha cumplido con la carga de acreditar que se encuentra "a cargo" de su madre. De la valoración de las pruebas practicadas teniendo en cuenta que el recurrente nacional de República Dominicana, nacido el  NUM000  de 1993, lleva viviendo en España desde el 30 de noviembre de 2012, está empadronado en el mismo domicilio de su madre en León, que sólo acredita ingresos económicos durante 10 meses en los dos años anteriores y recibir durante unos meses prestación por desempleo, que si bien era percibida al tiempo de presentar la solicitud (17,93 €/día) ya no la recibía en el momento del juicio, y teniendo en cuenta la testifical prestada por su madre en los autos, que ha manifestado que en todo el tiempo en que su hijo no ha tenido ingresos ha venido haciendo frente a las necesidades económicas de alimento y habitación de su hijo, así como las de ocio, hay que entender acreditado que concurre el presupuesto legal indicado pues, el haber trabajado algunos meses durante la época estival los dos años anteriores y percibir una prestación por desempleo no comporta que el recurrente haya adquirido una independencia económica que le permita no estar bajo el sustento de su progenitora; la situación actual del solicitante es la de desempleo por lo que no acreditando que disponga de medios económicos propios la única posibilidad de subsistir a sus necesidades es mediante el acogimiento y sustento de su progenitora. Por todo ello procede la estimación del recurso

Roj: STS 3060/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3060
Id Cendoj: 28079130052019100234 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Fecha: 30/09/2019 Nº de Recurso: 7101/2018 Nº de Resolución: 1270/2019

QUINTO.- De acuerdo con la interpretación de las normas que se acaba de indicar y aun tomando en consideración los datos sobre el arraigo familiar que concurren en el interesado, es lo cierto que ni en las resoluciones administrativas ni en la sentencias impugnadas se ha llevado cabo una valoración de conjunto de las circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta el derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal como se enuncia en el artículo 7 de la Carta de Derechos, en relación con la obligación de atender al interés superior del niño, reconocido en el artículo 24, apartado 2, de la Carta, que puede determinar la denegación de la autorización por razones de orden público y la salvaguardia de la seguridad pública, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, del interés superior del niño y de los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia.

Pues bien, en este caso, aunque se hace constar el dato del empadronamiento, no se le da la relevancia que merece al hecho de que el interesado solo aparece empadronado en el domicilio familiar el 28 de marzo de 2016, menos de un mes antes de la solicitud de residencia por razones de arraigo, cuando el empadronamiento de los demás miembros de la familia se produjo en 2006 y 2008, lo que refleja la situación familiar en ese momento. Por otra parte, tampoco se valoran convenientemente los antecedentes penales, de 2013, por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, conductas que inciden directamente sobre el arraigo familiar y especialmente sobre la necesaria protección del menor contra cualquier forma de malos tratos (físicos, psíquicos, emocionales), y que el bien jurídico lesionado es objeto de especial protección por el ordenamiento jurídico español, mediante una legislación específica, en línea con las actuaciones sobre la materia desarrolladas en el ámbito europeo, que se reflejan en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, ratificado por España, en cuyo art. 1 señala como objetivos, entre otros, proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica; contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres; o concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Añadiendo en art. 2 que el Convenio se aplicará a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, incluyendo en el art. 3 las correspondientes definiciones. La preocupación por la protección de estos bienes jurídicos en el ámbito europeo se describe ampliamente en la resolución del Parlamento Europeo de 27 de octubre de 2017, sobre lucha sobre el acoso y abusos sexuales en la Unión Europea, que recoge las distintas actuaciones llevadas a cabo y alienta a continuar avanzando en las mismas.

Si esto ha de valorarse, como indicamos en la sentencia dictada en el recurso 6068/2018 , en los supuestos de expulsión de ciudadanos europeos, con mayor razón cuando el solicitante de la residencia es un nacional de un tercer estado que invoca como justificación de su derecho la situación de arraigo (padre de una menor española), que no resulta compatible con determinadas conductas delictivas que inciden negativamente en la situación de arraigo familiar, suponiendo una grave alteración de la convivencia familiar y con ello del ámbito en el que se desarrolla la vida del menor, y que han determinado la imposición de penas, como prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicación, que de hecho suponen la ruptura de la convivencia familiar. Todo lo cual adquiere mayor relevancia cuando se está invocando un derecho derivado de los derechos y protección del menor en su ámbito familiar.

Por todo ello procede estimar el recurso de casación y denegar la autorización temporal por arraigo familiar que se solicitó, casando la sentencia recurrida y dejando sin efecto la inicial del Juzgado lo Contencioso-Administrativo, con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Justo  contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Toledo de 18 de agosto de 2016, desestimatoria de reposición contra la de 20 de junio de 2016, que deniega la autorización de residencia por circunstancias excepcionales solicitada, que se confirman en cuanto a la desestimación de la solicitud formulada.