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SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 14 DE JULIO . REVOCA EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN POR MERA ESTANCIA IRREGULAR ADUCIENDO ARTÍCULO 5 DE LA DIRECTIVA 2008/115 .ARTÍCULO 39 CE Y LA LEY 1/1996 DE PROTECCIÓN JURIDICA DEL MENOR . ARRAIGO FAMILIAR Y VIDA FAMILIAR

Roj: STSJ M 7978/2016 - ECLI:ES:TSJM:2016:7978
Id Cendoj: 28079330022016100577
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Nº de Recurso: 398/2016
Nº de Resolución: 591/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA
Tipo de Resolución: Sentencia

el actor es padre de un hijo menor de edad nacido en España, de madre residente legal

Así las cosas, la aplicación de lo expuesto habría de conducir, en principio, al mantenimiento de la sanción de expulsión a fin de garantizar la plena eficacia de las normas comunitarias interpretadas en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015 (asunto C- 38/14 , Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa y José Ángel).

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que frente a la anterior conclusión únicamente puede prevalecer, en las circunstancias y en el contexto del presente recurso de apelación, la vida familiar del extranjero, pues la propia Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en su art. 5 , prevé que " Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta: (...) b) la vida familiar ".

Pues bien, en el presente caso atendida la prueba documental practicada en los autos, ha resultado acreditada una situación de arraigo familiar, que aunque sobrevenida, ha de ser tenida en cuenta a los efectos que nos ocupan, pues dicha prueba pone de manifiesto que el actor es padre de un hijo menor de edad nacido en España, de madre residente legal.

Tal situación de arraigo familiar ha de conducir a la estimación de la apelación del recurrente pues, en definitiva, no se pueden obviar las circunstancias familiares concurrentes y debidamente acreditadas, de manera que en el presente caso resultan afectados por la expulsión intereses de relevancia constitucional, tales como los contemplado en el artículo 39 de la Constitución , en orden a la protección y asistencia integral de los hijos durante su minoría de edad. Esto es, la expulsión decretada afectaría a los mandatos de los apartados 1 , 3 y 4 del artículo 39 de la Constitución referidos a la protección de la familia, al deber de los padres de prestar asistencia de todo tipo a sus hijos, y a la protección de los niños según los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. A lo que se une lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor que establece como principios rectores de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor, así como su mantenimiento e integración en el medio familiar y social, en concordancia con el derecho a la vida familiar derivado de los artículos 8.1 CEDH y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Enviado el: 27-09-2016

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA LA MANCHA DE 21 DE JULIO 2016. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA DIRECTIVA 2008/115 , LA SENTENCIA DEL TJUE DE 23 DE ABRIL Y LA NORMATIVA NACIONAL

Roj: STSJ CLM 2126/2016 - ECLI:ES:TSJCLM:2016:2126
Id Cendoj: 02003330022016100677
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Albacete
Sección: 2
Nº de Recurso: 203/2015
Nº de Resolución: 261/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: RAQUEL IRANZO PRADES
Tipo de Resolución: Sentencia
..

HECHO DESFAVORABLE : EVITAR SU IDENTIFICACIÓN , MULTA ANTERIOR
PROCEDIMIENTO PREFERENTE EXPULSIÓN POR MERA ESTANCIA IRREGULAR


El hecho de que el ciudadano extranjero presentado no llevara la documentación que acredite su identidad y nacionalidad, contraviniendo el deber establecido en el artículo 4.1 de la L.O. 4/2000 de 11 de enero , supone serias dificultades para proceder a su expulsión. Dificultades impuestas voluntariamente por él mismo ante una posible identificación en un control de extranjería, ya que era conocedor de su situación de ilegalidad en nuestro país.

NO OBSTANTE :
El apoderamiento apud-acta, CON SU PASAPORTE , existía en el proceso contencioso-administrativo y debió ser abordado y valorado por el Juzgador a fin de entender que no concurría la causa sobre la que la Administración dictó resolución de expulsión


(...)

Una decisión como esta no solo resulta compatible con el Derecho europeo, sino que, en los casos en que se trate de la primera vez que se encarta al extranjero, es precisamente la que más se adecúa al mismo. Pues en efecto lo que no se adecúa, en los casos de primer encartamiento, es el aplicar directamente una expulsión, con prohibición de entrada, pues no es eso lo que la Directiva 2008/115/CE y la STJUE establecen, sino, como regla general, una decisión de retorno a cumplir voluntariamente y sin prohibición de entrada obligatoria (art. 11 ).

En este sentido, no obstante, debemos distinguir los siguientes supuestos de expulsión que se pueden presentar, pues no todos son equivalentes a este respecto:

a) Expulsión acordada por la Administración en el procedimiento ordinario del art.63.bis de la Ley Orgánica 4/2000 : en este caso " la resolución en que se adopte la expulsión...incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días ". En este caso la medida parece adecuada y no debería ser modificada, pues parece responder perfectamente al esquema de los arts. 6, 7 y 8 de la Directiva: obligación de salida voluntaria entre siete y treinta días y ejecución forzosa mediante expulsión si no se cumple. Quedaría no obstante el posible problema de que, cuando se cumple voluntariamente la salida, en principio la medida no tiene por qué ir automáticamente acompañada de una prohibición de entrada (art. 11 de la Directiva); no obstante el art. 11 permite que se aplique también en casos de decisiones de retorno, luego la Ley española, al así preverlo, debería considerarse que ha hecho aplicación lícita de esta habilitación.

b) Expulsión acordada por la Administración en el procedimiento preferente del art.63 de la Ley Orgánica 4/2000 : En estos casos "se acordará la expulsión sin que quepa la concesión del período de salida voluntaria " y " la ejecución de la orden de expulsión se efectuará de forma inmediata ". Esta medida de ejecución inmediata es la que en los alegatos de la parte se contempla como posiblemente contraria a la Directiva, en tanto que ésta previene como medida primaria la orden de salida voluntaria en un plazo, y sin prohibición de entrada. Ahora bien, no puede olvidarse que la Directiva permite no dar opción de salida voluntaria, sino expulsar directamente y con prohibición de entrada cuando haya " riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta, o si la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional " (arts. 74, 8.1 y 11.1). Y justamente este procedimiento especial se aplica a los supuestos de los arts. 53.1.d, 53.1.f, 54.1.a, 54.1.b, y 57.2, o bien, tratándose del 53.1.a, a los casos de riesgo de incomparecencia, cuando el extranjero evitara o dificultase la expulsión o representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional; es decir, se aplica a supuestos en los que se dan circunstancias claramente afines a las que se contemplan en la directiva para la expulsión directa. Ahora bien, es aquí
donde la doctrina del Tribunal Supremo, afianzada sobre la base de que el derecho español opta por regular el régimen como régimen de naturaleza sancionadora, puede seguir teniendo un eco, en el sentido de que deberá motivarse suficientemente por la Administración que se dan las circunstancias que justifican la aplicación del procedimiento preferente y de la expulsión automática aneja al mismo, y en otro caso deberá preferirse a la expulsión la multa, eso sí, con la orden de salida del derecho español o "decisión de retorno" de la Directiva, para respetar así el contenido de la STJUE. En este sentido, asiste la razón al interesado cuando indica que la doctrina del Tribunal Supremo y la STJUE siguen teniendo un cierto ámbito de convivencia

c) Por último, expulsión automática a un extranjero al que le constaba una orden de salida anterior (sea por multa, por denegación de un permiso o por cualquier otra circunstancia): ya hemos visto más arriba cómo en estos casos, bajo el imperio de la antigua doctrina del Tribunal Supremo, la Sala ha vacilado acerca de si una anterior orden de salida constituía o no "elemento negativo" que permitiera acordar la suspensión.

 Ahora bien, a la vista de la STJUE y de la Directiva de referencia, debe considerarse que en estos casos no procedería confirmar la expulsión y no sustituirla por multa con orden de salida, pues el art. 8 de la Directiva precisamente establece que la falta de cumplimiento de una "decisión de retorno" (orden de salida) dará lugar a la expulsión, y así lo confirma la STJUE. Siendo también correcto, conforme al art. 11, que se aplique la prohibición de entrada

Podemos observar cómo el TSJ de Murcia, en sentencias tales como la de 30 de diciembre de 2015 (recurso 78/2015 ) y otras muchas viene anulando las decisiones de expulsión con prohibición de entrada, sustituyéndolas por la declaración de que la Administración requiera al extranjero para que retorne a su país de origen de forma voluntaria en el plazo de entre 7 y 30 días, sin perjuicio de que en el caso de que no lo lleve a cabo tome las medidas necesarias para proceder a su expulsión, con la consiguiente prohibición de entrada en tal caso. Criterio con el que coincidimos, pero solamente cuando se trate del supuesto b) de los que se han indicado más arriba y no haya una justificación suficiente, a la vista de los criterios allí señalados, para acordar la expulsión, y además con la diferencia de que en nuestro caso entendemos que la norma europea debe aplicarse en la forma en que la ley española determina, de modo que habrá que imponer también la multa prevista por la Ley Orgánica 4/2000 y no sólo la orden de salida.

En caso de que el interesado incumpla la orden de salida el art. 8 de la Directiva establece su ejecución forzosa (expulsión). Esta expulsión no tiene en la Directiva carácter sancionador, sino de mera ejecución de la orden de salida. Cabe preguntarse si, regulándose en la ley española la expulsión como una sanción, en caso de incumplimiento de la orden de salida sería preciso un nuevo expediente sancionador para su ejecución; ahora bien, no siendo tal cuestión decisiva en el presente caso no procede que nos pronunciemos sobre la misma evidentemente.
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Enviado el: 21-09-2016

SENTENCIAS EN LOS ASUNTOS C-165/14 ALFREDO RENDÓN MARÍN Y C-304/2014 DEL TJUE DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DERECHO A RESIDENCIA DE PROGENITOR EXTRANJERO DE HIJO MENOR CIUDADANO DE LA UE , CON ANTECEDENTES PENALES

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2016

Alfredo Rendón Marín contra Administración del Estado

Petición de decisión prejudicial planteada por Tribunal Supremo

Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Derecho de residencia en un Estado miembro de un nacional de un tercer Estado que tiene antecedentes penales — Progenitor que tiene la guarda exclusiva de dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión — Primer hijo que tiene la nacionalidad del Estado miembro de residencia — Segundo hijo que tiene la nacionalidad de otro Estado miembro — Legislación nacional que excluye la concesión de una autorización de residencia a dicho ascendiente debido a sus antecedentes penales — Denegación de la residencia que puede llevar aparejada la obligación de que los hijos menores de edad abandonen el territorio de la Unión
Asunto C-165/14


El Derecho de la Unión no permite ni denegar automáticamente una autorización de residencia a un nacional de un país no miembro de la UE que tiene la guarda exclusiva de un ciudadano menor de la UE ni expulsarlo del territorio de la UE debido únicamente a que tiene antecedentes penales

Para que pueda ser adoptada, una medida de expulsión debe ser proporcionada y basarse en la conducta personal del nacional de un país no miembro de la UE, conducta que ha de constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida

Debido a sus antecedentes penales, dos nacionales de países no miembros de la UE recibieron la notificación de una denegación de autorización de residencia y de una decisión de expulsión, respectivamente, por parte de las autoridades de los Estados miembros de acogida y de nacionalidad de sus hijos menores de edad cuya guarda ejercen y que tienen la ciudadanía de la Unión. El Sr. Alfredo Rendón Marín es el padre de un hijo de nacionalidad española y de una hija de nacionalidad polaca, sobre los que ejerce la guarda exclusiva (asunto C-165/14). Los dos menores siempre han vivido en España. Por su parte, CS es la madre de un menor de nacionalidad británica que reside con ella en el Reino Unido y cuya guarda tiene en exclusiva (asunto C-304/14).

Se llama la atención de la prensa sobre el hecho de que el asunto C-304/14 ha sido tramitado de manera anonimizada por el órgano jurisdiccional británico remitente, que adoptó una decisión en este sentido («Anonymity Order») con objeto de proteger los intereses del hijo de CS.

El Tribunal Supremo de España y el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Tribunal Superior Sala de Inmigración y de Asilo del Tribunal Superior de Londres, Reino Unido) preguntan al Tribunal de Justicia si la existencia de antecedentes penales puede, por sí sola, justificar la denegación de un derecho de residencia o la expulsión de un nacional de un país no miembro de la UE que tiene la guarda exclusiva de un ciudadano menor de la UE.

Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que, de manera automática, exige la denegación de una autorización de residencia o la expulsión de un nacional de un país no miembro de la UE que tiene la guarda exclusiva de un ciudadano menor de la UE debido únicamente a que dicho nacional tiene antecedentes penales, cuando dicha denegación o dicha expulsión obligan al menor a abandonar el territorio de la Unión.

El Tribunal de Justicia explica en primer lugar que la Directiva sobre la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE y de los miembros de sus familias 1 se aplica a los ciudadanos de la UE y a los miembros de sus familias que se trasladen a, o residan en, un Estado miembro distinto del Estado del que tengan la nacionalidad. Por consiguiente, esta Directiva se aplica a la situación del Sr. Rendón Marín y su hija de nacionalidad polaca, pero no se aplica a la del Sr. Rendón Marín y su hijo de nacionalidad española, ni a la de CS y su hijo de nacionalidad británica: en efecto, esos menores siempre han residido en el Estado miembro del que tienen la nacionalidad. Por tanto, sólo el Sr. Rendón Marín y su hija polaca pueden beneficiarse de un derecho de residencia en virtud de la Directiva.

A continuación, el Tribunal de Justicia indica que el Tratado FUE confiere a toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro el estatuto de ciudadano de la Unión. En virtud de ese estatuto, todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que el hijo del Sr. Rendón Marín y el hijo de CS, ciudadanos de la UE, pueden acogerse a tal derecho. El Tribunal de Justicia precisa que el Tratado FUE se opone a cualquier medida nacional que pueda privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la UE. Se produce una privación de esta índole cuando la denegación de un permiso de residencia a un nacional de un país no miembro de la UE o su expulsión tienen por efecto obligar a su hijo, ciudadano de la UE del que tiene la guarda exclusiva, a acompañarlo y, por consiguiente, a abandonar el territorio de la Unión.


No obstante, el Tribunal de Justicia puntualiza que el estatuto de ciudadano de la UE no afecta a la posibilidad de que los Estados justifiquen una excepción al derecho de residencia de los ciudadanos de la UE o de los miembros de sus familias (con independencia de que ese derecho se ejerza en virtud de la Directiva o del Tratado) por razones, en particular, de orden público o de seguridad pública. Tal excepción debe respetar la Carta y el principio de proporcionalidad y basarse en la conducta personal del interesado, para determinar si éste representa una amenaza real, actual y suficientemente grave para la sociedad del Estado miembro de acogida. Para apreciar si esta excepción es conforme con el principio de proporcionalidad, es preciso tomar en consideración determinados criterios, tales como la duración de la residencia, la edad, el estado de salud, la situación familiar y económica, la integración social y cultural, la importancia de los vínculos del nacional con su país de origen y el grado de gravedad de la infracción.

En lo que atañe a la situación del Sr. Rendón Marín, el Tribunal de Justicia explica que la condena penal que se le impuso en 2005 no puede, por sí sola, motivar una denegación de la autorización de residencia, sin evaluar su conducta personal ni el posible peligro que el interesado podía representar para el orden público o la seguridad pública.

Por lo demás, el Tribunal de Justicia, admite que, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro pueda adoptar una medida de expulsión invocando la excepción relacionada con el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de la seguridad pública, conceptos que han de ser objeto de interpretación estricta. Para justificar tal medida de expulsión, es necesario evaluar si, habida cuenta de las infracciones penales cometidas por un nacional de un país no miembro de la UE que tiene la guarda exclusiva de un ciudadano menor de la UE, su conducta personal constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad. A este respecto, es preciso tener en cuenta los antedichos criterios. El Tribunal de Justicia considera que, en el caso de CS, corresponde al órgano jurisdiccional británico apreciar concretamente su grado de peligrosidad, ponderando los intereses en liza (a saber, el principio de proporcionalidad, el interés superior del niño y los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia).
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Enviado el: 16-09-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 131/2016 DE 18 DE JULIO DE 2016. NO AUTOMACIDAD DE LA EXPULSIÓN DEL ARTÍCULO 57.2 DE LA LOEX . DEBE PONDERARSE LAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES Y DE ARRAIGO AL ACORDAR LA EXPULSIÓN .

Sala Segunda. Sentencia 131/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo 5646-2014. Promovido por don Boujemaa Akabli en relación con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimatoria, en apelación, del recurso interpuesto frente a resolución sancionadora en materia de extranjería dictada por la Subdelegación del Gobierno en Valencia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativa y judicial que no ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 140/2009).

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/15/pdfs/BOE-A-2016-7896.pdf


FELICITACIONES A LA  JOVEN COMPAÑERA ABOGADA  VALENCIANA FARAH ATTARI STOUTI  QUE HA CONSEGUIDO LLEGAR AL TC , SE LE ADMITA LA DEMANDA Y CONSEGUIR UNA SENTENCIA FAVORABLE


COMENTARIO DE UN COMPAÑERO ABOGADO VALENCIANO HIPOLITO GRANERO  : SOBRE LA NATURALEZA SANCIONADORA, O NO, DE LA EXPULSION PREVISTA EN EL ART. 57.2 LOEX, Y EL SUPUESTO DE RESIDENCIA SEGURA O DE NO EXPULSIÓN DEL ART. 57.5.b) LOEX.

 

En la reciente S.T.C. 131/2016[1], de 18 de Julio (B.O.E. de 15.08.2016), de la que es Ponente la Magistrado Sra. Asúa Batarrita –que formuló, junto con el Magistrado Sr. Valdés Dal-Ré, un duro Voto Particular a la S.T.C. 186/2013-, se resuelve, estimándolo parcialmente, un recurso de amparo planteado por extranjero titular de autorización de residencia de larga duración frente a resoluciones administrativa y judicial en las que se aplica el art. 57.2 LOEX sin ponderar las circunstancias familiares y de arraigo alegadas y acreditadas.

 

En el pronunciamiento del T.C. se deja sentado que en los supuestos de posible aplicación a los residentes de larga duración de la causa de expulsión del art. 57.2 LOEX debe tenerse en consideración el art. 57.5.b) LOEX –y así en parte del párrafo tercero del Fundamento Jurídico 6 de la S.T.C. 131/2016 dispone que en el asunto sometido a su enjuiciamiento “el órgano judicial debió ponderar las ‘circunstancias de cada supuesto’ y ‘tener en cuenta la gravedad de los hechos’, sin que pudiera ampararse, como hizo, en la imposibilidad legal de realizar tal ponderación”-, pero se desaprovecha la ocasión de dejar zanjada la polémica acerca de la naturaleza, sancionadora o no, de la expulsión del art. 57.2 LOEX –ya que en otra parte del mismo párrafo tercero del Fundamento Jurídico 6 de la S.T.C. 131/2016, con ocasión de pronunciarse frente a la objeción de admisibilidad del recurso de amparo que plantea la Abogacía del Estado (que “considera que tal medida no se acuerda en ejercicio del ius puniendi del Estado, y que, en consecuencia, no serían aplicables las exigencias de motivación que se han expuesto” para las sanciones de expulsión), el T.C. no rechaza la objeción por considerar que la expulsión del art. 57.2 LOEX pudiera tener naturaleza de sanción, sino por cuanto que, sea o no sanción, la ponderación de las circunstancias concurrentes debía llevarse a cabo por el Tribunal “al estar en juego, asociados a derechos fundamentales como los contemplados en los arts. 18.1 y 24.2 CE…, una pluralidad de intereses constitucionales como el de protección social, económica y jurídica de la familiar (art. 39.1 CE) en relación con el mandato del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, sobre los derechos del niño, al que conduce la previsión del art. 39.4 CE …”-

 

En resumen: la S.T.C. 131/2016 deja sentado que a los residentes de larga duración a los que sea de posible aplicación el art. 57.2 LOEX se les deben ponderar las circunstancias concurrentes según el art. 57.5.b) LOEX, pero no se pronuncia sobre el carácter sancionador o no de la causa de expulsión del art. 57.2 LOEX –aunque concluye que, con independencia de la naturaleza sancionadora o no que se le atribuya a la expulsión del art. 57.2 LOEX, siempre deben ponderarse las circunstancias concurrentes-.

 

Hipólito-Vte. Granero Sánchez.

03.09.2016.

Enviado el: 11-09-2016

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL TJUE MACIEJ SZPUNAR, 08.09.2016 .DENEGACION RESIDENCIA A NACIONAL 3º ESTADO QUE ASUME GUARDA Y CUSTODIA HIJO MENOR .



23.      La Sra. H.C. Chávez-Vílchez, ciudadana venezolana, entró con un visado de turismo a los Países Bajos en 2007-2008 para visitar al Sr. Koopman, nacional neerlandés. El 30 de marzo de 2009 la pareja tuvo una hija, Angelina, a la que el Sr. Koopman reconoció y que, por tanto, posee nacionalidad neerlandesa. Los tres vivieron en Alemania hasta 2011. En junio de 2011, el Sr. Koopman instó a la Sra. Chávez-Vílchez a abandonar su domicilio con la hija de ambos. La Sra. Chávez-Vílchez y su hija abandonaron Alemania y acudieron posteriormente al centro de acogida de emergencia del municipio de Arnhem (Países Bajos), donde residieron durante cierto tiempo. La Sra. Chávez-Vílchez asume desde entonces la guarda y custodia de su hija y ha declarado que el Sr. Koopman no contribuye ni a la manutención ni a la educación de ésta.

24.      La Sra. Pinas, nacional surinamesa, fue titular de un permiso de residencia desde 2004, que fue revocado en 2006. Está domiciliada en Almere (Países Bajos) y es madre de cuatro hijos. Una de ellos, Shine, nació el 23 de diciembre de 2009 de su relación con el Sr. Mawny, de nacionalidad neerlandesa. Fue reconocida por su padre y posee, por tanto, la nacionalidad neerlandesa. La Sra. Pinas y el Sr. Mawny tienen la guarda y custodia de su hija, pero viven separados y este último no contribuye a su manutención. Existe contacto entre ambos, pero no se ha pactado ningún régimen de visitas.

25.      La Sra. Nikolic llegó a los Países Bajos en 2003 procedente de uno de los países de la antigua Yugoslavia. Al no poseer ningún documento de identidad, no se ha podido comprobar su nacionalidad. El órgano jurisdiccional remitente afirma que es posible que sea croata. Su solicitud de permiso de residencia fue rechazada en 2009. El 26 de enero de 2010 nació su hija Esther, fruto de su relación con el Sr. van de Pluijm, nacional neerlandés. La menor fue reconocida por el Sr. van de Pluijm y posee, por tanto, la nacionalidad neerlandesa. La Sra. Nikolic está domiciliada en Ámsterdam (Países Bajos) y posee la guarda y custodia de su hija. Ambas viven en un centro de acogida de su municipio. La Sra. Nikolic ha declarado que la convivencia con el padre de su hija es imposible dado que éste sigue un programa de vivienda asistida.

26.      La Sra. García Pérez, nacional nicaragüense, llegó a los Países Bajos en 2001-2002 procedente de Costa Rica, acompañada del Sr. Schwencke, nacional neerlandés. El 9 de abril de 2008 nació una niña, Angely, fruto de la relación entre ambos. Ésta fue reconocida por el Sr. Schwencke y posee por tanto la nacionalidad neerlandesa. La Sra. García Pérez está domiciliada en Haarlem (Países Bajos) y posee la guarda y custodia de su hija. El Sr. Schwencke, cuyo lugar de residencia actual se desconoce, no contribuye a la manutención de su hija. De los datos del padrón se desprende que se trasladó a Costa Rica el 8 de julio de 2009. La Sra. García Pérez tiene un segundo hijo, cuyo padre no es el Sr. Schwencke. La familia se encuentra en un centro de acogida municipal.

27.      La Sra. Uwituze, nacional ruandesa, dio a luz a una niña, Habibatou, el 12 de diciembre de 2011. El Sr. Fofana, de nacionalidad neerlandesa, reconoció a la menor, que posee por tanto la misma nacionalidad que su padre. El Sr. Fofana no contribuye ni a la manutención ni a la educación de su hija. Ha declarado no poder ni querer hacerse cargo de ella. La Sra. Uwituze está domiciliada en Bois-le-Duc (Países Bajos) y vive con su hija en un centro de acogida municipal.

28.      La Sra. Wip, nacional surinamesa, dio a luz a dos hijos, Shalomie, el 25 de noviembre de 2009, y Joe, el 23 de noviembre de 2012. Tanto su padre, el Sr. Panka, como los dos menores poseen la nacionalidad neerlandesa. A pesar de que la relación de pareja finalizó, el Sr. Panka mantiene contacto con sus hijos varias veces a la semana. Recibe una prestación de asistencia social y un subsidio familiar. El subsidio familiar lo transfiere a la Sra. Wip, pero no contribuye de ninguna otra forma a la manutención de los menores. La Sra. Wip está domiciliada en Ámsterdam.

29.      La Sra. Enowassam, nacional camerunesa, llegó a los Países Bajos en 1999. Su hija Philomena nació el 2 de mayo de 2008 fruto de su relación con el Sr. Arrey, de nacionalidad neerlandesa. El Sr. Arrey reconoció a Philomena, que posee por lo tanto la nacionalidad neerlandesa. Aunque viven separados, la Sra. Enowassam y el Sr. Arrey poseen la guarda y custodia compartida de su hija. Philomena está empadronada en el domicilio del Sr. Arrey, pero reside en realidad con su madre, domiciliada en La Haya (Países Bajos). Están alojadas en un centro de acogida de emergencia del municipio de La Haya. Se ha establecido un régimen de visitas entre el Sr. Arrey y su hija. Ésta reside en casa de su padre tres fines de semana al mes y, a veces, también pasa las vacaciones con él. El Sr. Arrey abona 200 euros al mes en concepto de pensión alimenticia. También percibe un subsidio familiar que transfiere a la Sra. Enowassam. El Sr. Arrey declara no poder hacerse cargo de su hija porque trabaja a jornada completa.

30.      La Sra. Guerrero Chávez, nacional venezolana, llegó a los Países Bajos el 24 de octubre de 2007 y, posteriormente, volvió a Venezuela el 2 de noviembre de 2009. Regresó a los Países Bajos en enero de 2011 y actualmente está domiciliada en Schiedam (Países Bajos). El 31 de marzo de 2011 nació Salamo, fruto de su relación con el Sr. Maas, nacional neerlandés. El Sr. Maas reconoció al menor, que posee por tanto la nacionalidad neerlandesa. El Sr. Maas y la Sra. Guerrero Chávez ya no mantienen una relación y viven separados, pero la Sra. Guerrero Chávez y su hijo viven en el domicilio del padrastro y el hermano del Sr. Maas. El Sr. Maas mantiene un contacto casi diario con el menor, pero no está dispuesto a hacerse cargo de él y contribuye a los gastos de forma limitada. La Sra. Guerrero Chávez se ocupa diariamente de su hijo, cuya guarda y custodia asume


V.      Conclusión

114. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Centrale Raad van Beroep (Tribunal central de apelación, Países Bajos) de la siguiente manera:

«1)      El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue a un progenitor nacional de un Estado tercero, que asume la guarda y custodia efectiva de su hijo de corta edad, ciudadano de la Unión, el derecho a residir en el Estado miembro de residencia de este último, del que es nacional, en la medida en que estas decisiones privarían al menor del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, cuando no se haya demostrado que el otro progenitor, que es ciudadano de este mismo Estado miembro, puede asumir en exclusiva la guarda y custodia efectiva del menor. A este respecto, no basta con demostrar que no cabe excluir que este otro progenitor pueda hacerse cargo concretamente del menor.

2)      Incumbe a las autoridades competentes del Estado miembro plantear de oficio y demostrar que la guarda y custodia efectiva del menor puede ser asumida por el otro progenitor. Corresponde a estas autoridades tener en cuenta el conjunto de circunstancias del asunto, respetando siempre los principios de proporcionalidad y del interés superior del menor.»
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Enviado el: 09-09-2016

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA EN SU PRÁCTICA TOTALIDAD LA REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LA EXCLUSIÓN DE LA MISMA A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR .

El TC avala en su práctica totalidad la reforma del Sistema Nacional de Salud. 29/07/2016

La ley impugnada, explica la sentencia, supone un “giro” en la anterior política que, desde la creación del SNS, ha ido encaminada hacia una “progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada”. El principal cambio es la introducción de los conceptos de asegurado o beneficiario del SNS, lo que ha supuesto la exclusión de algunos colectivos. En cualquier caso, como ya ha tenido ocasión de señalar el Tribunal, la “universalización legislativamente proclamada ha sido más bien un objetivo” y su consecución ha dependido de distintas circunstancias, “entre las que ocupan un lugar destacado las económicas”. Con todo, “la universalidad (…) no puede (…) confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los servicios sanitarios”.

(...)

El segundo reproche se refiere a la exclusión del SNS de los extranjeros empadronados, pero sin autorización de residencia en España. A este respecto, el Tribunal explica que el derecho a la asistencia sanitaria es de “configuración legal”, lo que implica
que corresponde al legislador su regulación y que, además, puede “ser modulado en su aplicación a los extranjeros”. Según la doctrina constitucional, “el derecho de los extranjeros a beneficiarse de la asistencia sanitaria será determinado y podrá ser limitado por las normas correspondientes. El legislador puede tomar en consideración el dato de su situación legal y administrativa en España y, por ello, exigir a los extranjeros la autorización de su estancia o residencia como presupuesto para el ejercicio de algunos derechos constitucionales (…)”.

En la anterior regulación, el derecho de acceso a las prestaciones sanitarias con cargo a los fondos públicos ya estaba vinculado a una determinada situación jurídica, como es el empadronamiento en el municipio de residencia. Ahora, tras la reforma impugnada, se vincula el derecho de acceso a la obtención de la condición de asegurado o beneficiario. La ley también prevé que los extranjeros no registrados y sin permiso de residencia en España reciban asistencia sanitaria en los siguientes supuestos: “a) de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; b) de asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

En conclusión, el Tribunal considera que, dentro del margen del que dispone el legislador, la nueva regulación “no responde a una opción arbitraria, sino a la preservación de bienes o intereses constitucionalmente protegidos, como el mantenimiento
del sistema sanitario público”. Todo ello, añade, teniendo en cuenta “las posibilidades del sistema en un momento de intensas complicaciones económicas”; “observándose, en la distinción entre extranjeros con autorización de residencia y los que carecen de ella, la debida proporcionalidad y dando cumplimiento a las obligaciones internacionales en la
materia”.

Finalmente, la sentencia señala que la nueva regulación “no excluye el acceso a las prestaciones sanitarias” para aquellos que no estén en las situaciones descritas en la ley, sino que tiene en cuenta la situación legal “para exigir la correspondiente contraprestación”.

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Enviado el: 08-08-2016

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE JULIO DE 2016 . DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COLARABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

ROJ: STS 3800/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3800
Nº Sentencia: 1993/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Municipio: Madrid -- Sección: 3
 Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
 Nº Recurso: 2920/2015 -- Fecha: 27/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: COLABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
 
 

 ROJ: STS 3803/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3803
Nº Sentencia: 1990/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Municipio: Madrid -- Sección: 3
 Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
 Nº Recurso: 3856/2015 -- Fecha: 27/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES: COLABORACIÓN CON AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.



Ya esta Sección ha tenido ocasión de manifestar (sentencia de 25 de septiembre de 2013, dictada en el recurso 2667/2102 ), que "la expresión PODRÁ que le otorga un carácter graciable en cuanto expresa un derecho a "pedir" pero no a "obtener" previa valoración de circunstancias y con informe de la Secretaria de Estado de la Seguridad" lo que nos lleva, como expresamos en nuestra sentencia de 10 de mayo de 2013 (recurso 2003/2012 ), a sostener que "Esta discrecionalidad no implica que la Administración no motive la denegación de esa autorización, ya que está obligada legalmente a ello a fin de evitar la arbitrariedad prohibida en nuestra carta magna (artículo 9 )" y ello máxime cuando lo que se está valorando es una situación de hecho que sirve de base para la concesión o denegación. Sentado lo anterior, ha de resaltarse que la resolución recurrida motiva la denegación de la solicitud del recurrente por el argumento esencial de que no se ha acreditado la supuesta colaboración con las autoridades administrativas sino que lo que se ha producido es el cumplimiento de una orden judicial de desalojo sin incidencias.

Enviado el: 02-08-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE JULIO DE 2016 . LAS RAZONES HUMANITARIAS VINCULADAS O NO CON UNA SITUACIÓN DE RIESGO , CONFLICTO O INESTABILIDAD EN SU PAÍS DE ORIGEN .VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE DE ASILO EN NUESTRO PAÍS .

ROJ: STS 3836/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3836
Nº Sentencia: 1973/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Municipio: Madrid -- Sección: 3
Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE  Nº Recurso: 374/2016 -- Fecha: 26/07/2016
Resumen: Asilo. Permanencia por razones humanitarias. Presencia en España de un hijo menor de nacionalidad española. Utilización de este cauce para impedir el cumplimiento de una orden de expulsión por motivos de orden público.



Y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, establece en su artículo 125 que << Se podrá conceder una autorización por razones de protección internacional a las personas a las que el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme a lo previsto en los artículos 37.b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado en la normativa sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos que prevea la norma de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre>>.

Es por ello que conforme a la normativa vigente, la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen.

Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería.


TERCERO.-

(...)

Y solo cuando se encontraba en un centro de internamiento para proceder a su expulsión de nuestro territorio presentó una solicitud de asilo basada en una supuesta persecución en su país de origen a raíz de unos hechos acaecidos durante una visita a Ecuador dos años antes (2011), relacionada con una pelea entablada con otras personas, incluyendo entonces como motivo de permanencia por razones humanitarias el ser padre de un niño de nacionalidad española residente en España.

El hecho de tener un hijo de nacionalidad española sin duda puede ser tomado en consideración para ponderar la proporcionalidad de una medida de expulsión, tal y como se desprende de la STS de 26 de enero de 2005 (rec. 1164/2001 ) y de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional al afirmar, respecto a la correcta interpretación y aplicación del derecho a la vida familiar, derivado de los artículos 8.1 CEDH y art. 7 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 10.1 , 39.1 y 39.4 de la Constitución , que <<los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que asegurar el orden público y la seguridad ciudadana, en coherencia con la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo >>
.
Pero esta ponderación se ha de producir al tiempo de discutir la legalidad de la orden de expulsión, pues es allí donde se puede evaluar la importancia y gravedad de las razones que han llevado a acordar su expulsión del territorio español frente a la situación personal, económica y familiar en la que quedaría su hijo.

No es este el caso que nos ocupa, en el que el recurrente no consta impugnase la orden de expulsión ni que adujera entonces ser padre de un menor de nacionalidad española, circunstancia que, sin embargo, invoca al hilo de una petición de asilo carente de toda consistencia y que ha sido rechazada tanto en vía administrativa como en la sentencia de instancia, sin que el recurrente cuestione en casación la denegación del asilo.

La existencia de un hijo menor de nacionalidad española, como causa que justifique su permanencia en nuestro país por razones humanitarias, planteada con motivo de su petición de asilo, no puede analizarse desvinculada de los antecedentes expuestos, ni convertirse en un hecho autónomo que permita eludir el cumplimiento de la orden de expulsión por motivos de orden público -no en vano tanto el art. 37.b como el art. 46.3 de la Ley de asilo al prever la permanencia por razones humanitarias se remiten a las previsiones de la ley de extranjería-, pues ni puede ponderarse en este proceso la legalidad y proporcionalidad de la orden de expulsión en su día acordada, ajena al objeto del recurso que nos ocupa, ni la simple alegación de ser padre de un menor de edad de nacionalidad española, sin acreditar ninguna otra circunstancia relacionada con la custodia, alimentos, residencia de su otro progenitor etc.., puede ser evaluada como una causa de permanencia de carácter excepcional, tratándose más bien de un último intento de eludir el cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión por motivos de orden público, cuya legalidad no fue rebatida en su día.

Enviado el: 02-08-2016

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE JULIO . ASILO VS PERMANENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS . TRATA DE SERES HUMANOS . ARTÍCULO 125 Y 144 DEL RD 557/2011

 
 

ROJ: STS 3821/2016 - ECLI:ES:TS:2016:3821
Nº Sentencia: 1972/2016
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
 Municipio: Madrid -- Sección: 3
 Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE
 Nº Recurso: 2320/2015 -- Fecha: 26/07/2016
 Tipo Resolución: Sentencia
 Resumen: Asilo. Permanencia por razones humanitarias.

La sentencia de instancia denegó el asilo por entender que la recurrente salió de su país de origen por su propia voluntad, aunque engañada por una organización dedicada al tráfico de seres humanos, y no consta que las autoridades nigerianas o sus agentes ejercieran sobre ella tratos inhumanos o degradantes o no le brindaran la protección adecuada. No obstante, aplicando el artículo 31.4 y 5 del Real Decreto 203/1995 o subsidiariamente el art. 125 del Real Decreto 557/2011 considera que concurren razones humanitarias en la recurrente para autorizar su permanencia en España. Y ello por entender que de la prueba existente queda acreditado que se ha sido objeto de un proceso de trata de mujeres




SEGUNDO . El recurso resulta contradictorio en los términos en los que se plantea. Los razonamientos jurídicos en los que se sustenta muestran que la discrepancia se centra en el precepto legal aplicado por la sentencia impugnada para conceder la permanencia en España por razones humanitarias, pero mostrándose conforme con la decisión alcanzada. De hecho, se afirma que <<la sentencia de instancia debería haber autorizado la permanencia en España de doña Adelaida en los términos previstos en la normativa de  extranjería en base a las razones humanitarias del art. 144 del reglamento de extranjería y no por el artículo 125 como argumenta la sentencia de la Audiencia Nacional>>. Y ello por entender que el cauce normativo propuesto por el representante del Estado es más ventajoso y tuitivo para la recurrente.

Sin embargo, se termina solicitando de este Tribunal Supremo que se case y anule la sentencia recurrida y, en su lugar, <<se dicte sentencia otra por la que se declare conforme a derecho la resolución del Ministerio del Interior denegatoria del asilo solicita y de la protección subsidiaria>>, lo que conllevaría no solo la denegación del asilo solicitado sino también la permanencia en España. En efecto, la resolución administrativa, cuya confirmación se solicita, denegó el asilo y la protección subsidiaria a la solicitante sin concederle la permanencia por razones humanitarias, por lo que de accederse a lo solicitado en el suplico la recurrente en la instancia se vería privada de la posibilidad de permanecer en España por razones humanitarias, posibilidad que, sin embargo, no combate el representante del Estado, es más, la acepta expresamente, llegando incluso a sostener que su recurso combate el cauce normativo utilizado por la sentencia de la Audiencia Nacional porque va en perjuicio de solicitante y reduce la protección que le dispensa la normativa de extranjería.

Existe, por tanto, una patente contradicción entre lo argumentando y el suplico de su recurso de casación, que lo hace inviable en los términos planteados, pues no es posible acceder a lo solicitado en base a los argumentos jurídicos esgrimidos en el mismo.

Pero, con independencia de esta contradicción, y aunque atendiésemos tan solo a los razonamientos jurídicos de su recurso, tampoco podría estimarse el mismo. El recurso discrepa del artículo aplicado por el tribunal sentenciador para conceder la permanencia en España, entendiendo que en lugar del art. 125 debería haber aplicado el art. 144 del Reglamento de extranjería, por cuanto el aplicado reduce <<la protección ya prevista, y más tuitiva, para la víctima de trata en la mencionada normativa de extranjería>>.

De modo que, planteado en tales términos, el recurso estaría destinado a discutir la fundamentación jurídica pero no el fallo y lo haría en defensa de la legalidad y de los intereses de la solicitante. Pero ni el recurso de casación es un cauce adecuado para discrepar de algunos de los razonamientos contenidos en la fundamentación jurídica, si se muestra conforme con la decisión alcanzada, ni el Abogado del Estado ostenta legitimación para defender los intereses de terceros, en este caso los de la solicitante de asilo ( STS 2 de febrero de 2000, recurso 1379/1995 y ATS 16 de septiembre de 2014, (recurso 2036/2013 ), sin olvidar que la afectada ni ha recurrido la sentencia de instancia ni se muestra conforme con la tesis del Abogado del Estado
a la que expresamente se opone en casación.

Y todo ello independientemente de que la previsión del art. 46.3 de la Ley 12/2009 , autorizando la permanencia en España por razones humanitarias <<en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración", permite acudir al artículo 125 del Real 557/2011, de 20 de abril, en el que se regula la autorización de residencia temporal por razones de protección internacional a las que, entre otros supuestos, se autorice la permanencia en España <<conforme a lo previsto en los artículos 37.b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria>>, esto
es, por razones humanitarias. Lo cual no es óbice para que pueda accederse a esta protección por otras vías, tal y como contempla el 144 del Real 557/2011, de 20 de abril, que regula la obtención de la autorización de residencia y trabajo referida a los supuestos en los que la víctima de trata de un delito de trata de seres humanos haya colaborado con la investigación del delito o tomando en consideración su situación personal


Bajo la dirección letrada de Don Pablo de Antonio Hernanz

Enviado el: 02-08-2016