Considera que excluir a un colectivo de la asistencia puede afectar a la salud pública

Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago

Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria

El Gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares

Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud, sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atención sanitaria universal. Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional –la sentencia tendrá que esperar– echa por tierra el acceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando la suspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes