Las malas prácticas de las Administraciones españolas en la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados (MENAS) vulneran sus derechos fundamentales, los excluyen del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones al resto de menores en situación de desamparo y les condena a vivir en la calle, con lo que esto supone para su integridad y desarrollo físico, psíquico y emocional