Los inmigrantes sin papeles tendrán más difícil recibir atención sanitaria a partir del próximo 1 de septiembre. Esta es una de las medidas de recorte incluidas en el Real Decreto-Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado la semana pasada por el Gobierno y que se publicó martes en Boletín Oficial del Estado (BOE).