TERCERO.- La resolución dictada en la vía administrativa se sustentó en el artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, apreciando que la conducta personal del extranjero constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.
La conducta valorada consistió en la existencia de investigaciones policiales del recurrente y un hermano, implicados en una red de favorecimiento de matrimonios de conveniencia. Fue detenido en Lisboa, permaneciendo un tiempo en prisión provisional y existe una orden de detención cursada por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de San Javier, Murcia, que el 11/12/2014 informó que las actuaciones penales continuaban en fase de instrucción.
También se alude a que el interesado se empadronó en Arona el 26/06/2013 en tanto su cónyuge lo hizo el 1/09/2014.

CUARTO.- La sentencia apelada, considera la Sala, valora correctamente los hechos que fueron considerados en la vía administrativa. La existencia de las diligencias policiales, cuando no han sido corroboradas en una posterior sentencia condenatoria, no constituyen un indicio sólido en el que proceda sustentar la denegación de la autorización, en tanto que el principio de presunción de inocencia se opone, sin otros elementos de juicio, a concluir sobre la existencia de datos a partir de los cuales resulte que el actor supone un peligro para la seguridad ciudadana o el orden público.

Ahora se aporta una condena penal en Portugal. Se trata de un documento en el que no se sustentó la resolución de la Subdelegación del Gobierno. Además, el propio precepto citado ya señala que la existencia de condenas penales anteriores no constituye, por sí solo, razón para denegar la tarjeta. También se alude a que incluso su propio matrimonio puede ser simulado, cuestión en la que procede señalar que en tanto no se anule despliega todos los efectos que resultan de la subsistencia del vínculo, y frente al único dato formal esgrimido (la diferentes fecha en que se empadronan en el municipio de Arona) se
alza la presunción de convivencia a la que alude el artículo 69 del Código Civil .