(…) Además, la denegación de la suspensión no impide que el proceso alcance en su momento su finalidad legítima (si el recurrente obtuviese una sentencia favorable ningún obstáculo existiría para que volviera a España, e incluso poder ser indemnizado). El derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 de la Constitución Española ) no se vulnera por denegar la suspensión de la orden de expulsión, pues como señala el Tribunal Constitucional ( STC 66/1984 ) el derecho a la tutela judicial se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste con información (y contradicción que resulte menester) resuelva sobre la suspensión