Andalucía Acoge, SOS Racismo y la APDHA han formalizado demanda ante el Alto Tribunal, solicitando que se declaren nulos ocho aspectos que vulneran derechos fundamentales y convierten a los CIE en centros con peores condiciones que las de las cárceles.

La demanda se centra en la impugnación de los artículos del Real Decreto 162/2014, en vigor desde el 15 de marzo, ya que el texto presenta  contradicciones con lo dispuesto en la Ley de Extranjería, en la normativa europea e incluso con la doctrina del Tribunal Constitucional. Según José Luis Rodríguez Candela, Coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, “nuestra demanda señala aspectos que claramente abren las puertas a la discrecionalidad en detrimento de los derechos de los internos. Son muchos los ejemplos: la posibilidad de realizar registros personales con desnudo integral alegando genéricos motivos de seguridad; la retirada de objetos al considerarlos no autorizados, sin que se haya especificado cuáles son ni quién es competente para tomar esa decisión; o la posible suspensión por la dirección del CIE de las comunicaciones de la persona interna con familiares o amigos, algo que la Ley de Extranjería reserva a la autoridad judicial”.

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