A través del presente comunicado, las organizaciones abajo firmantes queremos dar a conocer públicamente los criterios de actuación que está llevando a cabo la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, en relación a la renovación de los permisos de residencia temporal de mujeres extranjeras madres de menores de nacionalidad española.

Estas madres consiguieron regularizar su situación gracias a la última reforma del Reglamento de Extranjería, tras años de calvario y de injusta interpretación por parte de las distintas Administraciones.

Con anterioridad a dicha reforma, existían ya numerosas sentencias judiciales, tanto de Tribunales Españoles como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que se establecía que debía concederse autorización de residencia (preferentemente de larga duración o de residencia permanente) a aquellas personas extranjeras que tuvieran a su cargo a hijos e hijas menores de nacionalidad española o comunitaria.

Dichas sentencias, así como las recomendaciones del Defensor del Pueblo, dieron lugar a que, con motivo de la reforma del Reglamento de Extranjería en abril de 2011, se introdujera la figura del arraigo familiar para progenitores de menores españoles. Así, y según queda recogido en el artículo 124.3.a del Real Decreto 557/2011, se podrá conceder una autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar “cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo”.

Sin embargo, nos consta que desde la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife se está procediendo a denegar de forma sistemática la prórroga o renovación del permiso de residencia a dichas madres al cumplirse el primer año de concesión del mismo, dejándolas en situación administrativa irregular, con los perjuicios que esto supone, tanto para ellas, como para sus hijos e hijas de nacionalidad española.

En Tenerife, tenemos conocimiento hasta el momento de veinticinco madres y dos padres que han quedado en situación administrativa irregular por este motivo. Y ello a pesar de que en el artículo 130 del Real Decreto 557/2011, relativo a la prórroga o cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se recoge, en su apartado 2, que “los titulares de una autorización (…) podrán prorrogar la autorización siempre que se aprecie por las autoridades competentes que persisten las razones que motivaron su concesión”.

Entendemos que este es el caso de estas madres y padres –mayoritariamente mujeres-, a quienes la Oficina de Extranjería está poniendo numerosas trabas a la hora de prorrogar o renovar la autorización de residencia por arraigo familiar, a pesar de seguir estando a cargo de menores españoles.

Asimismo, nos consta que a raíz de la denegación de estos permisos, algunas madres están siendo objeto de sanciones administrativas, que en algunos casos llegan a alcanzar los 500 euros, con lo que esto supone tanto para ellas como para sus hijos e hijas, dada su situación de especial vulnerabilidad.

Ante esto, requerimos a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y por ende a la Delegación del Gobierno en Canarias, que ajuste sus criterios de actuación a la legalidad vigente, y que cumpla correctamente con sus obligaciones de interpretación, armonización, coordinación e información en la aplicación de la normativa española y comunitaria en esta materia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de abril de 2013