El Gobierno da un paso para impedir que las personas sin papeles llamen a casa desde los locutorios y cibercafés o hagan uso de las conexiones a Internet de estos establecimientos. Lo ha hecho de forma discreta en un artículo –el 24– que ha pasado inadvertido en el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Consejo de Ministros: la normativa obliga a los negocios privados, como locutorios, cibercafés o desguaces, entre otros, a «cumplir las obligaciones de registro documental e información impuestas por la autoridad competente». Para ello, los usuarios deberán presentar su documentación, según ha adelantado El Confidencial. Algo de lo que carecen los sin papeles.