Cuando nos acercamos al aniversario de la entrada en vigor de la actual Ley 10/2012 sobre tasas judiciales, quizás resulte conveniente recordar que uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Justicia para su imposición consistió en la comparación con otros sistemas judiciales de nuestro entorno, como el francés, que creó mediante la Ley n º 2011-900 de 29 de julio de 2011, en su art.  54 (V), una contribución o tasa para determinados procedimientos judiciales y actuaciones ante un tribunal administrativo.

Desde el 1 de octubre de 2011, en el sistema judicial francés, esta contribución ha venido siendo exigida a la parte que inicia el procedimiento, convirtiéndose, como en el caso español, en una condición de admisibilidad de la demanda.  La norma, aprobada por decreto publicado en el Diario Oficial francés el 29 de septiembre 2011 establecía una cuantía fija de 35€, lejos de las desproporcionadas cuantías impuestas por nuestra Ley 10/2012.

A pesar de la abismal diferencia de las cuantías, Christiane Taubira, Ministro de Justicia, ha reconocido públicamente que este sistema es injusto y penaliza a las personas más vulnerables. Precisamente por estas razones, el proyecto francés de la ley de finanzas de 2014, suprimirá desde el 1 de enero de 2014 esta tasa.