Roj: STS 131/2026 – ECLI:ES:TS:2026:131
Fecha:29/01/2026
Nº de Recurso:7223/2023
Nº de Resolución:53/2026
Ponente:CARMEN LAMELA DIAZ

NUESTRA COMPAÑERA CONTRA EL MUNDO :  D.ª Sara María Rodríguez Trigo

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone por la representación de D. Pedro Miguel , contra el auto núm. 33/2023, de 5 de octubre, dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de fecha 25 de mayo de 2023, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, declarando la competencia de este Tribunal para continuar con el enjuiciamiento de D. Pedro Miguel .

El primer motivo se formula al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, por infracción del art. 24 CE. Señala que el Tribunal Superior de Justicia ignora sin motivación el certificado de nacimiento original, apostillado y traducido, que acredita su edad (15 años). Denuncia también que el Tribunal omite partes esenciales del informe médico forense que fija horquillas mínimas de 16,51 y 16,99 años, inferiores a 18.

Estima que la resolución es arbitraria, ilógica y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reiterado que, ante la duda, debe prevalecer la presunción de minoría. Conforme a la misma, continúa exponiendo, los documentos oficiales auténticos deben aceptarse salvo prueba en contra y las pruebas médicas no pueden desplazar documentos válidos.

Cita normativa de protección del menor, como la Convención de Derechos del Niño, LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, determinada doctrina de esta Sala y el dictamen de 29 de enero de 2021 del Comité de Derechos del Niño.

El motivo segundo se formula, por infracción de ley ( art. 849.1 LECrim), por indebida aplicación del art. 19 CP, art. 190.4 ROEX y LORPM.

Indica que la Audiencia Provincial reconoció la minoría basándose en el certificado oficial de nacimiento ( NUM000 de 2007) y el informe forense con horquilla mínima por debajo de los 18 años.

Considera que el Tribunal Superior de Justicia vulnera la ley porque desoye el art. 190.4 ROEX, que establece la obligatoriedad de atender a la horquilla de edad más baja, que en el informe se sitúa en 16,51 y 16,99 años, y pretende aplicarle el art. 318 bis CP con penas de adulto, rechazando las medidas de la LORPM. Inaplica el principio pro minoritate y el art. 39 CE.

El tercer motivose formula por error en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 LECrim. Sostiene que el certificado de nacimiento apostillado y traducido constituye prueba suficiente y válida conforme a los arts. 323 y 319 LEC y consta unido a los autos por lo que no puede basar su estimación el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en que los documentos no han sido aportados. Además, el informe refleja indubitadamente dos horquillas de años en los que constan sendas horquillas mínimas con resultado inferior a los 18 años.

Insiste en que el Tribunal Superior de Justicia afirma que no se aportaron originales, cuando sí constan en autos (certificado de nacimiento legalizado y traducido). Sólo valora una parte del informe forense y omite sus conclusiones clave. Ignora que los estudios médicos siempre fijan horquillas, y que debe aplicarse el límite inferior. Reitera el contenido del art. 190.4 ROEX y la cita de normas técnicas, protocolos médicos y jurisprudencia que exigen incluir y valorar la horquilla mínima. Se refiere también a la Instrucción 2/2001 de la Fiscalía General del Estado, que aconseja que, a falta de otros datos y a efectos de determinar si el sujeto es mayor o menor, debe presumirse que su edad es la establecida como límite inferior de dicha horquilla.

El cuarto motivo del recurso de deduce al amparo del art. 849.1 LECrim, por infracción de ley, y del art. 846 ter LECrim.

Entiende que el recurso de apelación del Ministerio Fiscal no debió admitirse, porque se trataba de un problema de competencia, no de jurisdicción, siendo el recurso procedente el de casación, no apelación. A su juicio, la reforma de la segunda instancia introducida por la Ley 41/2015 no puede usarse para endurecer la respuesta penal contra un menor. La verdadera víctima es el menor, que estuvo cuatro meses en prisión de adultos pese a la documentación acreditativa

Y en consonancia con ello el art. 3, después de definir en su apartado primero como «menor» a toda persona de menos de dieciocho años, en el párrafo último señala que «En relación con el párrafo primero, punto 1, cuando no se sepa si una persona ha alcanzado la edad de 18 años, se presumirá que es menor».

En la causa obran dos documentos relativos al nacimiento del investigado, aportados por su representación procesal y remitidos por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Puerto del Rosario. Se trata de una certificación literal de nacimiento y de una certificación en extracto apostillada. Tal como señala la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ambos documentos fueron aportados por fotocopia y no en original, circunstancia que ciertamente condiciona su fuerza probatoria, pero que no autoriza por sí sola a descartarla sin más.

Sobre esta circunstancia es necesario precisar que la aportación por fotocopia no convierte automáticamente el documento en inválido. La duda sobre la autenticidad exige algún dato objetivo que justifique un cuestionamiento razonable, no bastando con la mera condición de fotocopia. En nuestro caso, pese a las dudas que tales documentos han suscitado en el Tribunal Superior de Justicia, no existe en las actuaciones indicio alguno de manipulación, sustitución o irregularidad gráfica, más allá de la ausencia de original. Son documentos con apariencia formal adecuada, procedentes de la autoridad registral del país de origen, traducidos y presentados por la representación procesal del investigado.

 La ausencia del original reduce su valor pero no lo elimina, y su consideración conjunta con otros elementos probatorios es obligada. Esta exigencia se ve reforzada por el estándar internacional que emana de las decisiones del Comité de Derechos del Niño, cuyas resoluciones deben utilizarse como criterio hermenéutico conforme al art. 10.2 CE.

(…)

…el art. 166.4 del Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que, en continuidad con el art. 190.4 de la legislación precedente ( art. 190.4 RD 557/2011, de 20 de abril) establece que cuando la edad se determina mediante horquilla, debe considerarse menor al interesado si el límite inferior es inferior a los 18 años. Así se ha expresado también por esta Sala (vid STS
842/2014, de 10 de diciembre).

En el presente caso, el informe médico forense de 26 de abril de 2023, elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, fija dos horquillas de edad: una primera situada entre 16,99 y 21,72 años (radiología de muñeca) y una segunda entre 16,51 y 23,84 años (dentición y ortopantomografía). Ambas son plenamente compatibles con la fecha de nacimiento consignada en las certificaciones senegalesas ( NUM000 de 2007) y, en cualquier caso, sitúan el límite inferior claramente por debajo de los 18 años. De acuerdo con la normativa citada, así como con la propia naturaleza aproximativa de las técnicas radiológicas, cuya precisión es limitada, especialmente en población no europea, el dato determinante es que la horquilla mínima se sitúa en 16-17 años, lo que impone jurídicamente la consideración de minoría.

FELICITACIONES A NUESTRA ESTIMADISIMA COMPAÑERA D.ª Sara María Rodríguez Trigo .