Como acertadamente interpretó la Sala de instancia en sus autos, apreciamos que lo que realmente constituye el objeto del debate en este asunto es si el órgano jurisdiccional debe o no acordar cautelarmente una decisión que asegure que el solicitante de asilo no se verá obligado a salir de España durante la pendencia del recurso jurisdiccional interpuesto contra la resolución denegatoria de su solicitud de protección internacional.

Y, a este respecto, tras analizar el supuesto contemplado alcanzamos la conclusión de que la aplicación de los anteriores razonamientos nos debe llevar a la desestimación del recurso de casación, con confirmación de los autos recurridos, puesto que la Sala a quo ha razonado pormenorizadamente la concurrencia de la excepción prevista en el artículo 46.6 de la Directiva 2013/32, que se presenta de forma clara y ostensible, pues el propio solicitante invocaba una desfavorable situación económica y social, motivación que es ajena a la institución del asilo.