Se advierte aquí, ya mismo, un motivo de nulidad de la resolución, puesto que en el expediente sometido a nuestra consideración ningún trámite se ha seguido, constatando de su consulta que tras la resolución de la autorización de residencia permanente de 19/08/2008, sólo consta el informe policial al que se hace referencia, fechado el 4 de junio de 2009 y acto seguido, el 10/06/2009, la resolución objeto del recurso, lo que da lugar a que apreciemos, no ya una mera infracción de los trámites del procedimiento sino la omisión absoluta del mismo. Sobre cuestión análoga se pronuncia el Tribunal Supremo, Sala 3ª, en la sentencia de 19 de julio de 2007 (recurso 4/2006 , fundamento de derecho).

TERCERO.- La apreciación «inexactitud grave de las alegaciones formuladas por el titular para obtener dicha autorización de residencia», supone para la Administración un margen de apreciación que no puede realizar con omisión de un procedimiento que permita la defensa de su titular. Sólo en el supuesto -hipotéticode que en la vía penal se hubiese declarado la falsedad del contrato de trabajo, cabría plantear que existe resolución motivada sin más actuaciones que la resolución y su notificación. Fuera del mismo es evidente que apreciar la obtención de la autorización de manera fraudulenta requiere una valoración por la Administración de la conducta del actor, que no puede realizar sin darle trámite de audiencia y posibilidad de defensa. Máxime cuando, como refiere la parte, en el momento de la obtención de la autorización la legislación aplicable sólo requería la residencia legal y continuada en territorio español durante cinco años. Resultando del informe de vida laboral incluido en el expediente administrativo (fº 7), que habiendo presentado la solicitud el 30 de abril de 2008 (servicio de correos) el alta en la empresa cuestionada "Joaquín Vinhas Manuel", sólo era de cinco días antes, del 25/04/2008.

FELICITACIONES a la letrada  Sra. Fernández-Paradela Toraño